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Fiscal dice que aún no monta centro de escuchas telefónicas por culpa de Hacienda

Después de 27 meses de contar con la ley que faculta al Estado a usar el espionaje de las telecomunicaciones para investigar crimen organizado, El Salvador carece del centro de escuchas telefónicas. El fiscal Romeo Barahona atribuyó la responsabilidad al Ejecutivo porque no le ha entregado fondos suficientes para pagar los salarios del personal.

Miércoles, 13 de junio de 2012
Patricia Carías

El fiscal general, Romeo Barahona, atribuyó el lunes al Ministerio de Hacienda la falta de un centro de intervenciones telefónicas que en boca de políticos ya era una necesidad urgente hace tres años, y que a pesar del donativo que Estados Unidos hiciera en 2010 para que arrancara su funcionamiento, sigue siendo solo un sueño para ayudar a combatir la delincuencia organizada.

Barahona llegó a la Asamblea Legislativa y se excusó con que no tiene presupuesto suficiente para echar a andar el centro de vigilancia. 'Ustedes le dijeron al Ministerio de Hacienda que tenía que dar los fondos para montar el centro, y a estas alturas todavía no se nos han asignado. La Fiscalía no ha recibido los fondos para la fundación y desarrollo cel centro de intervenciones telefónicas', dijo el funcionario.

Agregó que solicitó un presupuesto para 88 plazas en el centro y que solo recibió para 22.

Barahona fue llamado por los diputados de la comisión de Legislación de la Asamblea, donde querían saber los avances en el centro de espionaje telefónico, que solo es posible montar después de que la legislatura ratificó una reforma constitucional en mayo de 2009 para que se pueda espiar las comunicaciones de cualquier tipo. Posteriormente, la Asamblea, tras una larga batalla de meses, emitió la Ley Especial de Intervenciones Telefónicas en febrero de 2010, que entró en vigencia en marzo de ese año. Sin embargo, a pesar de que la posibilidad de escuchas telefónicas con orden judicial era apremiante, han pasado 27 meses desde cuando la normativa entró en vigencia y aún no hay centro de vigilancia.

En el ínterin, la exembajadora de Estados Unidos Carmen Aponte y el presidente Mauricio Funes apremiaron públicamente a Barahona para que apresurara el montaje del centro. Aponte aprovechó el programa de televisión Sin su permiso para emplazar al fiscal a que firmara el convenio con Estados Unidos, mediante el cual se concretaría el donativo millonario que permitiría -supuestamente- montar el centro e iniciar operaciones. Funes al menos en dos ocasiones ha dicho a la prensa que espera que el fiscal dé los pasos necesarios para echarlo a andar.

Este lunes, Barahona responsabilizó del retraso precisamente al Ejecutivo, por supuestamente no darle los fondos necesarios.

La primera solicitud de presupuesto que la Fiscalía presentó a Hacienda fue en julio de 2010, cuatro meses después de vigente la ley. Pidió 22 millones de dólares. Estos fondos, de acuerdo con Barahona, cubrirían el presupuesto desde octubre de 2010 hasta diciembre de 2011 y serían utilizados para comprar equipo, unidades móviles y el inmueble del centro, además de cubrir las plazas del personal y mantenimiento. La solicitud fue rechazada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

En octubre de ese año, la Asamblea emitió una recomendación para que los 14.5 millones de dólares encontrados en barriles enterrados en Zacatecoluca y Lourdes, producto del narcotráfico, fueran utilizados para el montaje del centro y la compra del local en el que este funcionaría. Fue hasta diciembre de este mismo año que la institución recibió el dinero dado que el Banco Central de Reserva tuvo que validar la cantidad encontrada. A este monto se le sumaron 5 millones de dólares que donó el gobierno de los Estados Unidos con concepto de equipo y capacitación. Con esto, la Fiscalía contó con 19.5 de los 22 millones que había solicitado.

Según Estados Unidos, el donativo que hicieron bastaba para adquirir el equipo y echar a andar el centro. Sin embargo, el fiscal ha parecido en desacuerdo puesto que sucesivamente ha ido demandando fondos adicionales. A mediados de 2011, Barahona volvió a solicitar a Hacienda los 2.5 millones restantes. Esa vez, el ministerio desembolsó unicamente 420 mil dólares, cantidad que cubriría desde octubre a diciembre de 2011. A la fecha, la Fiscalía aún no logra que el centro de escuchas funcione en toda su capacidad dado que desde ese entonces no ha recibido más dinero de las arcas del Estado.

“La asignación de recursos no se ha dado y yo he hecho que lo que me compete que es solicitar. Los recursos son la contrapartida que el Estado me tiene que dar porque los gobiernos que ayudan no dan para salarios”, explicó Barahona.

Según Barahona, es necesario que Hacienda desembolse al menos 1.7 millones más para cubrir salarios de los empleados del centro. El fiscal explicó que en el presupuesto de la Fiscalía para este año no se había incluido la cantidad para salarios (un millón 730 mil dólares) que solicitó la institución. “No nos dieron el dinero”, se excusó.

Sin embargo, la visión desde el Ejecutivo es otra. Hace dos semanas el mismo presidente Funes hizo un llamado a Barahona pidiéndole que explicara el estado del centro de escuchas telefónicas. “Yo no sé si ya se compró el equipo. Si ya se preparó o no a la gente. Si ya se compró el local donde va a funcionar. No sé. Eso es lo que (quiero que) explique. Eso fue lo que yo le pedí a los diputados. Por lo tanto, yo acompaño esa pieza de correspondencia en el sentido de que el fiscal debería explicar”, dijo el mandatario en sus declaraciones el 1 de junio, sin mencionar los problemas de presupuesto.

No obstante, para el FMLN, partido que promovió la comparecencia de Barahona por el retraso, los argumentos de este fueron suficientes. “Cuando usted vino por primera vez a la comisión, los avances eran mínimos, pero ahora vemos que ya está un 90% del trabajo. Lo felicito”, dijo el diputado Jaime Valdez.

Los aplaudos también vinieron del partido Concertación Nacional, cuyo diputado Antonio Almendáriz incluyó una crítica al Ejecutivo. “Lo felicito, fiscal, porque aún así usted está actuando. Muchos creen que con el dinero de los barriles era suficiente, pero no fue así. Me sorprende que a estas alturas no le den el dinero para los salarios del personal”, dijo.

La comisión concluyó que la responsabilidad para echar a andar el centro ahora es del Ejecutivo, por lo que los legisladores pusieron el ojo en el ministro de Hacienda. Roberto d´Aubuisson, de Arena, pidió citar a Cáceres. “Después de todo lo que se ha gastado en esto, el gobierno no puede dar 1.7 millones... con todo lo que se gasta en publicidad bien lo habría hecho ya”.

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