A las 8 de la noche de este jueves y después de una semana de haber sido notificados por la Sala de lo Constitucional, los partidos FMLN, Gana, Concertación Nacional y el Partido de la Esperanza acordaron ignorar la sentencia que los obliga a elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia en sustitución de los designados en 2006 y 2012 y recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia para pedirle que les dé la razón.
Con 50 votos en favor, 32 en contra del partido Arena y con la abstención del diputado de CD, los legisladores concretaron su discurso de que ellos, autonombrados defensores de la Constitución, van a impedir que los magistrados constitucionalistas violen la ley primaria con sus resoluciones y por eso harán caso omiso del fallo.
Durante la mañana, con nueve votos a favor, la Comisión Política emitió el dictamen en favor de que la Asamblea prepare un recurso para llevar la sentencia de la Sala a la Corte Centroamericana, con sede en Nicaragua. Más tarde, ya en la sesión plenaria, los legisladores se trenzaron en un debate de casi cinco horas antes de votar. Mientras FMLN, Gana, CN y Pes dijeron que la Sala de lo Constitucional viola la Constitución en su sentencia porque la elección adelantada de los magistrados hecha el 30 de abril de 2006 y la elección anticipada de magistrados hecha en abril pasado no transgrede ningún precepto constitucional.
La Sala recibió en mayo una demanda ciudadana contra la Asamblea Legislativa argumentando que había violado el orden constitucional al elegir dos veces Corte Suprema: la que nombró en julio de 2009, y la que nombró finalizando su período en abril pasado. Los magistrados resolvieron en favor de que la segunda elección es inconstitucional. Sin embargo, los legisladores se rehúsan a aceptar el fallo y le subieron volumen a su discurso de advertencias a los magistrados. Antes del fallo estuvieron presionando a la Sala con una campaña de discursos en que sostenían que los magistrados iban a crear una crisis institucional si daban la razón a los ciudadanos demandantes.
Una vez se produjo el fallo, que ordenó a los diputados repetir tanto el escogimiento correspondiente a los cinco magistrados propietarios que ingresarían en 2006, como los cinco que se incorporarían en estos días, los partidos FMLN, Gana, CN y Pes comenzaron a trabajar en cómo desobedecer la sentencia. Para sustentar su posición convocaron a una serie de abogados, entre ellos dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, que no solo les dijeron que la Asamblea actuó bien, sino que les propusieron acudir a la Corte Centroamericana de Justicia.
Mauricio Gutiérrez Castro, uno de los expresidentes de la Corte, fue uno de los consejeros y sugirió llevar el litigio al tribunal centroamericano. Gutiérrez Castro tiene en su historial, según la Comisión de la Verdad, haber obstaculizado en 1991 las investigaciones de la matanza de El Mozote cuando dirigía la Corte Suprema. 'El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, ha tenido una injerencia indebida y negativa, con criterios políticos parcializados, en el procedimiento judicial que se sigue en el caso', concluyó la Comisión de la Verdad.
Este jueves, el FMLN utilizó la propuesta surgida de esa consulta para dar el siguiente paso. “La Corte Centroamericana es quien puede resolver este conflicto. A esta instancia le debemos respeto y obediencia como ente de justicia internacional”, dijo Sigfrido Reyes, diputado del FMLN y presidente de la Asamblea.
Además de llevar el fallo a la Corte Centroamericana, los diputados acordaron comenzar un nuevo proceso de consultas con juristas nacionales para buscar opciones a una situación en que cinco magistrados nombrados en 2006 y los cinco que deberían incorporarse a partir de este mes se encuentran en un vacío, mientras la Asamblea no haga de nuevo la elección.
Los diputados han señalado como una falla de la sentencia de la Sala que un argumento es que una misma legislatura no debe hacer más de una elección de magistrados, y ahora les están ordenando a la misma legislatura que haga dos nombramientos inmediatos. Asimismo, al presidente de la Corte, Belarmino Jaime, le han criticado que haya participado en el proceso de admisión de la demanda contra la Asamblea, porque él, como potencial afectado -ya que los diputados decidieron sacarlo de la Sala de lo Constitucional a partir de julio- se convirtió en juez y parte.
El acuerdo aprobado esta noche dice que las consultas adicionales que hagan 'permitirían resolver la problemática interna que se ha generado en cuanto al funcionamiento orgánico de la Corte Suprema y el orden institucional”.
La Sala de lo Constitucional ha insistido en que no está en conflicto con nadie y que no es parte, ya que lo único que ha hecho es atender las demandas ciudadanas contra la Asamblea y su atribución es considerar si alguna decisión cuestionada por la ciudadanía efectivamente vulnera la Constitución.
Para algunos legisladores las nuevas consultas no solo permitirían conocer nuevas opciones que aliviaran la situación mientras la Corte Centroamericana emite una sentencia, sino que estas abrirían una oportunidad más para que de no estar de acuerdo con el fallo, la Asamblea pueda buscar una nueva salida política. “No sabemos si llevándolo a la Corte vamos a llegar a un acuerdo. Podemos discutir después de conocer el fallo. Ahorita solo hay un acuerdo básico que nos permite no caer en desacato dado que se acude a una instancia que deja en suspenso la situación”, dijo el diputado Rodolfo Parker, del Pes.
Sin embargo, legisladores de CN y Gana descartaron un nuevo desacato.
El diputado de Gana, Guillermo Gallegos, aseguró que de conocer la resolución de la Corte, su partido se sometería al cualquier resultado. “Una cosa es el fallo de la Corte y otra las medidas que tomemos aquí en la Asamblea, si la Corte dice que hay que acatar el fallo, hay que acatarlo”, dijo. A Gallegos se unió Roberto Angulo, jefe de bancada de CN quien secundó las palabras de su colega ganista. La primera consulta hecha por la Asamblea se llevó a cabo el martes pasado, en la que también participó Agustín García Calderón, otro expresidente de la Corte Suprema, también marcado por su administración: durante su gestión como presidente, el máximo tribunal desarticuló la sección de Probidad, que vigilaba las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos para tratar de detectar enriquecimiento ilícito.
Otro expresidente de la Corte, José Domingo Méndez, fue invitado a la consulta pero este no participó. Según Reyes, Méndez nunca respondió a la invitación. Méndez es ahora un activista defensor de la Sala de lo Constitucional.
En cuanto a resolver la crisis en el sistema judicial a corto plazo, los partidos contemplaron varias opciones sin llegar a ningún acuerdo. Una de estas planteaba la posibilidad de ratificar a los magistrados que fueron elegidos en 2006 y 2012. Sin embargo, los partidos discreparon por la situación del actual presidente de la Corte, Belarmino Jaime. Por un lado, Arena, CD y Pes propusieron que se acatara la sentencia tal cual fue emitida de forma que Jaime permaneciera en la Sala de lo Constitucional, aunque ya no fungiera como presidente del Órgano Judicial. FMLN, Gana y CN insistieron en que este debe salir de la Sala. “Yo pienso que Belarmino ya se manifestó en contra de la Asamblea y creo que con 56 votos la Asamblea ya dijo que él debe moverse de la Sala, yo no me voy a oponer a la mayoría calificada. Y si la Asamblea ya dijo que hay que moverlo, hay que moverlo”, dijo Roberto Angulo, jefe de bancada de CN.
Esta mañana, la diputada de Arena Carmen Elena Calderón de Escalón propuso en la Comisión Política que ratificaran, únicamente, los magistrados elegidos en 2006, de forma que se pudiese aliviar un poco la crisis judicial. “¿Por qué no buscamos una solución a la par de hacer consultas? Ratifiquemos a los de 2006”, propuso. Sin embargo, ningún otro partido estuvo de acuerdo, argumentando que la medida sería una contradicción. “No podemos entrar en la contradicción de llevarlo a la Corte Centroamericana y estar avalando parte de la sentencia”, concluyó Mario Tenorio, de Gana.
Por la tarde, durante la sesión plenaria los diputados continuaron la discusión y una vez más los partidos expusieron por casi cinco horas sus posturas. En medio del desarrollo de la plenaria, representantes del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (Sitoj) y de la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia (Unajud) llegaron hasta el Salón Azul de la Asamblea para pedir que los diputados valoraran, a partir de la Constitución, la legalidad en el nombramiento de los magistrados de 2009. Es decir, los magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González, Sidney Blanco y Belarmino Jaime, todos miembros de la Sala de lo Constitucional, y la magistrada María Luz Regalado, integrante de la Sala de lo Civil.
Precisamente los primeros cuatro son los que con sus fallos a partir de 2010 resultaron incómodos para los partidos políticos, porque repetidas sentencias golpearon el poder y control de esas organizaciones para disponer cómo se integra la Asamblea Legislativa más allá de la voluntad de los electores.
Los delegados de Sitoj y Unajud alegaron que en 2009 habían acudido a la Sala de lo Constitucional, donde interpusieron un recurso de inconstitucionalidad. En ese momento, la Sala contestó que era improcedente, por lo que ahora ambas instituciones recurrieron a la Asamblea para que esta, a pesar de que no le corresponde, interprete la Constitución.
La iniciativa fue recibida por los diputados Roberto Lorenzana y Santiago Flores, del FMLN; Roberto Angulo y Francisco Merino, de CN, y Guillermo Gallegos, de Gana. “Es que se han pasado estos señores”, dijo Gallegos, después de imprimir su firma en la pieza de correspondencia, refiriéndose a los magistrados constitucionalistas. Lorenzana se comprometió de inmediato a pedir una dispensa de trámites en el pleno para tratar la pieza durante esta sesión plenaria.
Los legisladores también acordaron que la comisión Política de la Asamblea se mantenga abierta permanentemente, de forma que pueda sesionar cuando sea necesario con tal de encontrar una solución a la crisis en el sistema de justicia lo antes posible.
Finalmente, a las 8 de la noche Sigfrido Reyes llamó a votar, y a los 50 votos en favor se agregaron 32 votos en contra de Arena, y una abstención del diputado Douglas Avilés, de CD.
