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FMLN, Gana, CN y Pes se saltan sentencia y fuerzan instalación de nueva Corte Suprema

A las 8 de la noche de este jueves, los diputados de los partidos que se niegan a acatar la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la ilegalidad en la elección de magistrados de la Corte Suprema, tenían listo un decreto de reforma a la Ley Orgánica Judicial que quitaría a la presidencia del máximo tribunal la exclusividad para convocar a sesiones de Corte plena.

Jimena Aguilar, Sergio Arauz y Patricia Carías

 
 

Los diputados del FMLN impulsaron la noche de este jueves, en una maniobra sorpresiva y negociada bajo la mesa con los partidos Gana, CN y Pes, reformas a la Ley Orgánica Judicial para saltarse el fallo de la Sala de lo Constitucional que impediría que los nuevos magistrados elegidos en abril pasado asuman sus cargos este domingo.

A las 10 de la noche el diputado Santiago Flores pidió modificar la agenda de la sesión plenaria para mocionar una disposición transitoria que suprime dos artículos de la Ley Orgánica Judicial hasta el 30 de julio. La propuesta se ha negociado oculta de la luz pública a tal punto que los diputados de Arena pidieron que se les entregue una copia del borrador de los cambios para poder estudiarlos. "Se les dará una copia, diputado", respondió el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, del FMLN, ante el requerimiento de Donato Vaquerano, de Arena.

Hasta las 10:30 p.m. de este jueves, no sería posible la instalación de los cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque la Sala de lo Constitucional resolvió una demanda ciudadana contra la legislatura, determinando que esa elección violó la Constitución. La Sala ordenó a la Asamblea repetir tanto esa elección como la de los cinco magistrados hecha el 30 de abril de 2006. Los diputados de los partidos FMLN, Gana, CN y Pes decidieron ignorar el fallo judicial y buscaron la manera de burlar la autoridad del presidente de la Corte, Belarmino Jaime, que hasta ahora es quien tiene la potestad de convocar a sesiones de Corte plena. Y dado que para la Sala de lo Constitucional y Jaime la elección de los nuevos magistrados es inválida, él no ha convocado a toma de posesión para este domingo.

La disposición transitoria que suprime dos artículos de la Ley Orgánica Judicial permitiría salvar ese obstáculo, quitando a la presidencia de la Corte la atribución exclusiva de llamar a Corte plena, y entregándole a cualquier magistrado dicha potestad.

La argumentación previa que se hace en el decreto asegura que es una disposición que permitirá en casos de urgenia que Corte Plena sesione y adopte resoluciones legítimamente. El decreto de reforma transitoria tendrá efectos hasta el 30 de julio, y determina que tanto el artículo 27, ordinales 2o. y 5o., como el 50, dejan de regir el funcionamiento de la Corte.

Según los ordinales mencionados del artículo 27 son funciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia coordinar la Corte plena y convocar a los magistrados de la Corte para que sesione Corte plena. El artículo 50 establece que Corte plena la conforman todos los magistrados y que para poder sesionar es necesaria la presencia del presidente más siete magistrados. Además, establece que las decisiones deben tomarse con un mínimo de ocho votos. Ahora, por lo tanto, ya no hace falta la presencia del presidente para integrar Corte plena.

La disposición que aprobaron el jueves por la noche, determina que cuando se considere "urgente o necesario", Corte plena podrá reunise sin que haya sido convocada y sin el Presidente o de quien lo sustituya, por sobre el artículo 50. "Los magistrados asistentes designarán de entre ellos a quien presida esa sesión de Corte plena", agrega el decreto aprobado por FMLN, CN, Gana y Pes.

Además, los diputados establecieron en dicha disposición que los magistrados podrán deliberar y tomar decisiones sin la presencia del presidente, con un mínimo de ocho votos, y que podrán sesionar en cualquier lugar que estimen conveniente, tal y como lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica Judicial.

Este viernes, el presidente de la República, Mauricio Funes, anunció que estaba listo para firmar el decreto y, por lo tanto, para dar el último paso que necesita la reforma para convertirse en ley. La decisión del gobernante coincide con la coordinación que el presidente tuvo el 2 de junio de 2011 con la derecha legislativa para intentar maniatar a la Sala de lo Constitucional. En esa ocasión, los diputados aprobaron el decreto 743 que obligaría a la Sala a resolver inconstitucionalidades solo por unanimidad. El presidente Funes ya había reservado espacio en el Diario Oficial para publicar el decreto que él iba a sancionar.

La trama de esta nueva maniobra estaba resuelta al menos desde la tarde. Mario Ponce, diputado de Concertación Nacional, había confirmado a las 7:30 p.m. a El Faro que la reforma estaba siendo negociada a última hora con todos los partidos, a excepción de Arena: "Quieren darle potestades a Corte plena, para que Corte plena puede sesionar sin necesidad de que el presidente de la Corte Suprema convoque", explicó. Ponce, al momento de dar sus declaraciones, aclaró que él no estaba dentro de los impulsores de la medida, pero no quiso revelar si votaría o no por la medida.

El diputado de CN, quien en repetidas ocasiones se ha desvinculado de la posición oficial de su partido, dijo poco antes de las nueve de la noche del jueves que él ve a dichas reformas a futuro, no para solucionar el problema de la Corte esta semana. Según el diputado, podría ser útil que Corte Plena tenga un mecanismo parecido a la Asamblea, donde la mayoría pueda tomar decisiones sola. Sin embargo lamenta que la situación haya escalado hasta este nivel. "Lamentablemente se llegó a esta situación por la poca madurez política de los actores políticos", dijo el legislador.

Mario Tenorio, de Gana, dijo a este periódico que el espíritu de la reforma era asegurar que el próximo domingo los magistrados electos en 2012, cuya elección fue declarada incostitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte, tomen posesión del cargo sin necesidad de que el todavía presidente de la Corte, Belarmino Jaime, convoque.

A las 10:25 de la noche, los diputados se disponían a votar por la reforma transitoria. Con 50 votos favorables, la Asamblea aprobó la dispensa de trámites y en ese momento el presidente de la legislatura llamó a debatir la propuesta de enmiendas. Tardaron aproximadamente una hora más para, finalmente, con 50 votos, aprobar las enmiendas.

Asamblea demandó a Órgano Judicial, no a Sala

A tres días de que tomen posesión de sus cargos los magistrados de la Corte elegidos este año e invalidados por la Sala de lo Constitucional, la Asamblea volvió a practicar uno de los deportes que la caracterizan y que no desapareció con la llegada del FMLN a su presidencia: la de los "madrugonazos".

Cuando el presidente de la Asamblea Sigfrido Reyes asumió el cargo por primera vez, en febrero de 2011, anunció que con él iban a terminarse los pactos bajo la mesa resueltos en votaciones nocturnas e inconsultas. Este jueves fue un diputado de su partido, Santiago Flores, quien pidió la reforma de la agenda.

En una sesión plenaria que comenzó 40 minutos más tarde de la hora prevista, los diputados retomaron una vez más el ataque a una Sala de lo Constitucional que tres semanas antes resolvió una demanda ciudadana contra la Asamblea por las elecciones de magistrados de 2006 y 2012. Esta vez, la discusión comenzó después que una secretaria de junta directiva insistiera en leer las últimas notificaciones que enviara la Sala de lo Constitucional a la Asamblea.

La semana anterior, los diputados se negaron a acatar la sentencia de la Sala, que les ordenaba elegir nuevamente a los magistrados correspondientes a 2006 y a 2012, y en su lugar acudieron a la Corte Centroamericana de Justicia a plantear un supuesto conflicto entre poderes. En su reclamo ante la Corte Centroamericana denunciaron al Órgano Judicial, no a la Sala de lo Constitucional. El viernes pasado, la Corte Centroamericana dispuso admitir la demanda de la Asamblea y ordenar al Órgano Judicial salvadoreño suspender los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad. La Sala, sin embargo, declaró el lunes pasado inaplicable la orden del tribunal ístmico, alegando que no tiene jurisdicción en materia de constitucionalidad.

En la sesión plenaria del jueves, la discusión de fondo era a quién le correspondía responder las notificaciones de la CCJ, si a la Sala o a la Corte Suprema. Los partidos demandantes argumentaban que la tarea era de la Corte Suprema, dado que en su solicitud es esta la institución demandada y no la Sala. Y es que los demandantes adaptaron su solicitud a las atribuciones que da el estatuto de creación a la CCJ, de forma que esta no tuviese que rechazar la demanda, alegando que su competencia era únicamente en conflictos entre poderes. "Comparezco a demandar al Órgano Judicial (...), por actos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema", esgrimieron en la demanda.

Dada esa discusión, FMLN, Gana, CN y Pes alegaban que no podían aceptar las notificaciones de la Sala declarando la inaplicabilidad de la decisión de la CCJ, porque esa notificación correspondía hacerla a la Corte Suprema. El partido Arena insistía en que las notificaciones de inaplicabilidad de la Sala debían conocerse en el pleno.

"No es la Corte que está en conflicto, es la Sala. Pero no podemos demandar a la Sala porque no tiene existencia legal, por eso se demanda a la Corte", expuso el diputado del FMLN Jaime Valdez. "Es como que se demandara a la Comisión de Trabajo de la Asamblea, no se puede, se debe demandar al Órgano", dijo.

A diferencia de las comisiones de trabajo de la Asamblea, cada una de las Salas de la Corte Suprema sí tienen potestad de tomar decisiones que se convierten en ley. En cambio, una comisión legislativa solo puede proponer al pleno de diputados, y solo estos pueden tomar decisiones que se puedan transformar en ley.

El artículo 183 de la Constitución, además, establece a qué organismo corresponde el control constitucional en el país: "La Sala de lo Constitucional es el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio". Por eso los magistrados constitucionalistas declararon inaplicable la notificación de la CCJ que atentaba contra el texto constitucional.

Bloqueo a diputados de Arena

A las 10:40 de la mañana del jueves, cuando estuvieron presentes la mayoría de diputados en el salón azul de la Asamblea, el presidente en funciones, Alberto Romero, había dado por iniciada la sesión. Minutos más tarde, cedió la palabra a Carmen Elena Calderón de Escalón, secretaria de la junta directiva. Ella inició su intervención lanzando una acusación contra el presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, quien había sometido a votación en la junta directiva la inclusión de las notificaciones de la Sala. "El día de ayer en la junta directiva no se aceptó que se pusiera en agenda las notificaciones que enviaba la Sala de lo Constitucional", reclamó la diputada arenera. "Por esa razón yo quisiera incorporar las notificaciones y voy a darle lectura: Ante la Sala de lo Constitucional se inició el proceso de inconstitucionalidad...", comenzó leyendo Escalón.

En ese mismo momento se originó un retumbo como el tropel de caballos que obligó a la legisladora a alzar la voz. "Bum, bum, bum...", se escuchó en el salón, mientras los diputados del FMLN golpeaban con sus manos sus escritorios para entorpecer la intervención, neutralizando lo que la diputada de derechas decía. Acto seguido comenzó a cortarse el sonido del micrófono del escritorio de Escalón y los diputados de izquierda seguían golpeando sus mesas. Entonces intervino Romero. "Niña Milena, niña Milena...", dijo, y le cerró el micrófono por completo. "Está pidiendo la palabra Lourdes Palacios", dijo. Nunca aludió a la interrupción que hicieron los diputados del FMLN ni a la interferencia en el micrófono.

Cuando recibió la palabra, la efemelenista Lourdes Palacios señaló que Escalón había abusado en su intervención dado que leyó parte de unas notificaciones que no estaban en agenda. "No puede hacer uso de la palabra leyendo el contenido de las notificaciones si ni siquiera está en la agenda", alegó. Una vez más Escalón solicitó la palabra. "Arena se da por notificada sobre lo que la Sala dice en donde declara inaplicable por inconstitucional la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia y por esa razón se debe de leer aquí en pleno legislativo, yo no estoy leyendo toda la declaración. Estoy leyendo nada más la parte donde dice que por aritmética política no nos han dejado conocer en el pleno...". Una vez más el tropel de manotazos interrumpió a Escalón y el micrófono de esta se cerró. "Bum, bum, bum...". Esta vez los diputados areneros se unieron a las intervenciones con aplausos en señal de apoyo a su correligionaria.

Romero entonces cedió otra vez la palabra a Palacios. "Presidente, yo le solicito que de manera responsable ponga orden en esta sesión plenaria", alegó Palacios. Y continuó: "Si usted está dejando que se hable de un punto que no está considerado en la agenda es irresponsable. Si la diputada De Escalón quiere dar su opinión, vaya a darle su opinión política a los señores de la prensa pero no en este pleno", concluyó. Y sonaron los aplausos en la bancada del FMLN.

En un tercer intento de los areneros, Margarita Escobar, también secretaria de junta directiva, intervino en la discusión para solicitar formalmente la modificación de agenda. Y una vez más sonó el tropel. "Bum bum, bum...". Cerca de 20 minutos los legisladores mantuvieron una confrontación que más tarde algunos diputados como Rodolfo Parker calificarían como "inmadurez política".
Fue hasta que asumió la presidencia Sigfrido Reyes cuando el debate acabó. "No vamos a dar más la palabra para hablar sobre temas que no se han incluido en la agenda y si se vota por ellos entonces vamos a dar la palabra", dijo.

Así comenzó una discusión que se mantuvo por tres horas en la sesión plenaria. El FMLN junto a Gana, CN y Pes reiteraron que estaban en contra de acatar las sentencias y Arena volvió a hacer un llamado a los partidos para hacer lo contrario. El diputado de CD, Douglas Avilés no estuvo presente en el pleno.

En el transcurso de la sesión los diputados también especularon los posibles escenarios para este 1 de julio. Un día antes, Reyes dijo que estarían dispuestos a ayudar a restablecer el orden dentro de la Corte, pero no explicó a qué se refería con eso, solo dijo que los magistrados deberán tomar posesión de su cargo el domingo.

Una de las cinco personas nombradas este año aseguró que el domingo llegarán todos los nuevos magistrados -surgidos de la elección declarada inconstitucional por la Sala- a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a tomar posesión de sus cargos porque consideran que su elección es legítima y que lo pueden hacer porque la Corte Centroamericana de Justicia suspendió el acto reclamado. "Hemos sido nombrados por el Órgano competente, que es la Asamblea Legislativa, han dado todos los parámetros que da la ley para los nombramientos, por lo tanto nosotros somos legítimos", dijo Elsy Dueñas de Avilés a este periódico.

El escenario que hasta este viernes se prevé es que las cinco personas que fueron elegidas como magistrados por la legislatura anterior la última semana de abril, lleguen el domingo a la Corte a tratar de tomar posesión de los cargos que ellos consideran legítimos. Ante este desenlace, Donato Vaquerano, jefe de bancada de Arena, alegó que la acción rompería el estado de derecho. "Si se comete un delito, el país tiene instituciones responsables para defender la Constitución y restablecer el orden", comentó. Vaquerano no quiso tipificar la acción que han prometido los abogados nombrados.

Los cinco elegidos no están solos, al menos según aseguró Sigfrido Reyes en conferencia de prensa el miércoles pasado cuando dijo que estarían dispuestos a sesionar extraordinariamente el sábado cuando un periodista le preguntó sobre la posibilidad de hacer una plenaria el domingo para destituir magistrados. Reyes aseguró que si no se dejaba que estos tomaran posesión, se estaría cometiendo un delito. Asimismo, dijo que estarían vigilantes de que la Corte funcione de manera "normal" el domingo.


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