Los magistrados Florentín Meléndez, presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, y Ovidio Bonilla, el abogado a quien en abril los diputados nombraron como nuevo presidente del máximo tribunal, están a la cabeza cada uno de dos ejércitos formados por personal del Órgano Judicial: cada uno tiene el apoyo de un grupo de jueces y de empleados que los consideran la autoridad legítima de la institución, y a la vez advierten que no acatarán ninguna instrucción o disposición proveniente del líder del clan rival.
La existencia de dos órganos judiciales que en conjunto suman más de 5 mil empleados, entre ellos 556 jueces de todos los niveles y especialidades, es un hecho más allá de las sentencias de inconstitucionalidad, de las exigencias de la Asamblea Legislativa y del posicionamiento del fiscal general. La división implica incluso la dicotomía al máximo nivel, pues la Corte Suprema de Justicia, con sus cuatro salas, ha iniciado a emitir sentencias que eventualmente podrían ser objetadas por las partes afectadas, argumentando la ilegalidad en los cargos.
Los jueces están agremiados en vario colegios, algunos de los cuales ya tomaron partido claro, y advierten que no acatarán ninguna instrucción proveniente de quien consideren ilegítimo. Lo mismo ha sucedido con el gremio de abogados -no jueces- que laboran en el Órgano Judicial, y con los empleados administrativos.
Hasta este jueves solamente tres de las ocho asociaciones de jueces más grandes habían sentado postura: la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (Amjues), la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador y la Asociación de Jueces de Paz de El Salvador (Ajupes). Pero hay jueces que, por su propia cuenta, y en algunos casos discrepando de las asociaciones que integran, tomaron posición respecto a la instalación de la Corte paralela forzada por los diputados de FMLN, Gana, CN y Pes.
La controversia por la presidencia de la Corte ha causado tal descontento que en algunas de estas asociaciones de jueces hubo discrepancias, escepticismo y hasta rupturas entre sus miembros. Amjues, que se atribuye y a la que otras organizaciones le reconocen agrupar a más del 60% de los jueces (más de 350 jueces), se pronunció la semana pasada en favor de la Sala de lo Constitucional, demandando de la Asamblea Legislativa que acate las sentencias que declararon inconstitucionales las elecciones de magistrados de 2006 y 2012. Por lo tanto, Amjues desconoció a Ovidio Bonilla.
Esta semana, El Faro consultó al presidente de Amjues, el magistrado de la Cámara de lo Civil de Santa Ana Wilfredo García, que junto a los demás miembros de la junta directiva de la Asociación emitieron el comunicado. Sorprendentemente, dijo no poder dar una postura oficial. “No podemos decir nada al respecto. Las decisiones del presidente son administrativas y hasta el momento no han perjudicado ninguna prestación”, comentó, vía telefónica.
En el caso de la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador, que era dirigida por Elsy Dueñas de Avilés, magistrada de la generación de 2012 que reclama la legalidad de su nombramiento, el colegio se pronunció en favor de Ovidio Bonilla como presidente de la Corte.
En el Foro de Jueces Democráticos e Independientes, liderados por otra magistrada electa por la Asamblea este año, están divididos. El foro es dirigido por la jueza Doris Luz Rivas Galindo, a quien los diputados nombraron magistrada el 24 de abril, pero su elección, al igual que la de Bonilla y Dueñas de Avilés, fue declarada inconstitucional. Sin embargo, en este grupo, las diferencias han sido tales que algunos de sus miembros incluso decidieron abandonar la organización, en rechazo a la posibilidad de apoyar a Bonilla. Este es el caso del juez de Paz de Zaragoza, Samuel Lizama, quien renunció a su cargo como tesorero en la asociación por sus diferencias en cuanto a qué Corte se reconocería. Otro de los que abandonó la organización fue el magistrado Antonio Durán, quien ahora está fungiendo como magistrado suplente en la Corte de Meléndez. “No hay una postura oficial. En el fondo el problema es lo de las dos Cortes, algunos apoyan y otros no”, explicó Lizama.
En favor de Meléndez y de las sentencias de la Sala está otra organización: la que integran 174 jueces de Paz (de 357 en todo el país) afiliados a la Asociación de Jueces de Paz de El Salvador (Ajupes), quienes este miércoles aseguraron estar a favor de que se cumpla la Constitución y que se acaten las sentencias de la Sala de lo Constitucional. El Faro contactó vía telefónica a la vicepresidenta de Ajupes, la jueza de Paz Ana Alicia Sánchez Umaña. “La ley es clara, quien asume la presidencia es Meléndez. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer pero yo no le voy a decir nuestra postura aunque la tenemos clara, pero no se lo voy a decir porque es un problema político, entonces que lo resuelvan los políticos”, dijo.
Algunos jueces que están ligados a más de una asociación decidieron independizar su postura. Uno de ellos es el juez sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, quien desconoce a Ovidio Bonilla como presidente de la Corte. “Si quieren que se cumplan las sentencias, no deben hacerle caso a Ovidio Bonilla”, dijo.
Arévalo Ortuño coincide con Sánchez en que de no resolverse la crisis en los próximos días se podría generar una verdadera crisis institucional. “Estamos conscientes de que vamos a entrar en un crisis de esta semana a la otra”, dijo Sánchez. De acuerdo con estos jueces, uno de los principales problemas que genera la duplicidad de Cortes son las resoluciones que emitan cualquiera de la Salas y que estén relacionadas directamente con los tribunales, es decir, que les manden hacer acciones concretas, como liberar a un preso, detener o iniciar un proceso. Es precisamente en este punto donde los jueces deberán decidir a qué Corte responden.
Según Arévalo Ortuño, otra de las áreas en las que se verán afectados los jueces son los conflictos de competencia. Los jueces deberán decidir a qué Corte plena remiten los casos que consideran que nos son de su competencia para que sean los máximos jueces del país quienes decidan a qué tribunal les corresponden. Asimismo, los permisos personales, los descansos con goce de sueldo son otras de las áreas sobre las que los jueces acuden directamente a la presidencia de la Corte.
Aparte de los jueces, los empleados también han tomado partido. Esta semana se pronunciaron los Abogados del Órgano Judicial (Aboges) quienes, a pesar de señalar que la Sala de lo Constitucional se había extralimitado en sus funciones, dijeron estar de acuerdo con que estas sentencias se deben cumplir. “No compartimos la resolución de la Sala, ha habido extralimitación. No somos dueños de la verdad absoluta, pero es una postura ecléctica. Una propuesta: se ratifique elección de 2006 y 2012, pero que no cambien al magistrado Belarmino Jaime, porque viola el principio de independencia judicial. No le veo solución jurídica sino política”, dijo Santos Guerra Grijalba, presidente de la organización.
En la práctica la duplicidad de autoridades ya ocasionó problemas de carácter administrativo y en el área de procedimientos judiciales. El lunes pasado, cuando Meléndez asumió el cargo, este explicó que una de las primeras decisiones que habían acordado en la Corte plena que preside fue no continuar con el trabajo en su totalidad sino limitarse a cuestiones administrativas hasta que se resolviera la controversia entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional. “Hemos decidido admisibilidades, inadmisibilidades, improcedencias, alguna que otra sentencia en materia de hábeas corpus, pero nada que pueda generar una noticia sobre temas de trascendencia nacional”, dijo Meléndez este miércoles a la prensa, refiriéndose al tipo de actividades que están realizando.
Sin embargo, los “magistrados” dirigidos por Bonilla comenzaron desde este miércoles a resolver sentencias. Una de las primeras acciones de Roxana Núñez, Lolly Claros, Elsy Dueñas y Salomón Padilla fue firmar un documento en el que declaraban nula una admisión que hizo la Sala de lo Constitucional, dirigida por Meléndez, el pasado 4 de julio.
Con la admisión del amparo en contra de la Sala de lo Contencioso Administrativo, los magistrados constitucionalistas habilitaron a la Superintendencia de Competencia a cobrar una multa por 3.9 millones a dos grandes empresas harineras del país, Molsa y Harisa. “La Superintendencia de Competencia puso el amparo porque nosotros declaramos ilegal cómo se había realizado el procedimiento de multa. La sala nos corre traslado, pero les salió al revés porque nosotros no reconocimos que ellos estuvieran integrados”, explicó Núñez a La Prensa Gráfica. Ante las resoluciones que comenzaron a firmar los “magistrados” en la Corte de Bonilla, Meléndez se limitó a advertir que se ponía en riesgo la estabilidad de la Corte.
Esta mañana, Bonilla suspendió la reunión de Corte Plena en la que participan los “magistrados” de 2006 y 2012. Según este la suspensión fue por motivos de seguridad, dado que en el edificio de la Corte unos empleados de seguridad responden a Meléndez y otros a su Corte. Minutos más tarde, Carolina Mayorga, una empleada de la Corte, brindó una conferencia de prensa en la que leyó un comunicado firmado por empleados del máximo tribunal, en el que pidieron a Bonilla y los otros abogados nombrados en abril pasado, que desistan de su pretensión de que sono magistrados. Mayorga aseguró que el comunicado tenía respaldo de la gran mayoría de empleados, unos 5 mil, según dijo.
Pero, además, esta tarde el fiscal general advirtió a Bonilla y a los otros abogados que según el fiscal no son magistrados, que deben abstenerse de seguir tomando decisiones que puedan ser delitos graves. El fiscal ya investiga si ha habido delito en la irrupción en el despacho de la presidencia de la Corte y otras instalaciones del palacio judicial, y este jueves recordó a Bonilla que carece de protección constitucional porque su nombramiento fue invalidado mediante sentencia judicial.
La Corte presidida por Bonilla repartió presidencias de las salas de la Corte, y según el fiscal estas actuaciones carecen de validez jurídica. Por lo tanto, la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo en el caso de las multas a las harineras por prácticas que violan la libre competencia sería nula.
* Con reportes de Efren Lemus.
