Inocente Orlando Montano, uno de los 20 militares salvadoreños acusados de participar en el asesinato de los jesuitas en 1989 en la UCA de San Salvador, se declaró culpable este martes de haber violado la ley migratoria de Estados Unidos, según un cable de la agencia de noticias Associated Press (AP) y el periódico The Boston Globe.
La sentencia judicial está programada para dictarse el 18 de diciembre y la pena de prisión, según dijo la fiscal Carmen Ortiz a la agencia AFP, el ex militar salvadoreño enfrenta una pena acumulada de hasta 45 años por los seis cargos (tres por mentir en su solicitud migratoria y tres por cometer perjurio) y 1,5 millones de dólares de multa.
Montano es uno de los 20 militares con orden de captura internacional librada por la Audiencia Nacional de España en junio del año pasado, acusado del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija, perpetrado por miembros del Batallón Atlacátl en las instalaciones de la UCA en 1989. Sin embargo, su detención en Estados Unidos fue porque se detectó que mintió en los formularios migratorios que llenó en los Estados Unidos desde 2002, aunque no está claro si ese fue el año de su ingreso a ese país.
La admisión de culpa por parte de Montano se da cuatro meses después de que la Corte Suprema de Justicia en El Salvador denegara a España la extradición de otros trece militares que fueron localizados en San Salvador y que también tenían orden de captura internacional.
Al admitir que mintió en sus declaraciones migratorias, la Audiencia Nacional española podría pedir su extradición desde Estados Unidos y que enfrente los cargos en España por crímenes de guerra cometidos en El Salvador, porque al admitir su culpabilidad Montano acepta también la posibilidad de ser removido de Estados Unidos hacia otro país. El juez del caso, Douglas P. Woodlock, le recordó a Montano del juicio pendiente en España, adonde podría ser deportado.
Montano era el viceministro de Seguridad del gobierno salvadoreño cuando ocurrió el asesinato de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989 y según el auto de de la Audiencia española participó activamente en el siniestro.
En noviembre de 2011, Montano fue acusado por la Fiscalía estadounidense ante la corte distrital de Massachusetts de haber cometido fraude y perjurio en violación a las leyes migratorias. Según la acusación, el militar retirado respondió “no” en los formularios cuando se le preguntaba si había tenido un pasado militar. Los primeros documentos que llenó Montano, en 2002, eran para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que el gobierno estadounidense concedió a los damnificados de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001.
El coronel Montano fue viceministro de Seguridad hasta marzo de 1992. Luego se retiró de las Fuerzas Armadas en 1994 y en algún momento viajó a los Estados Unidos. Montano fue detenido durante la tercera semana de agosto de 2011 en el Estado de Virginia, a 650 kilómetros de Boston, Massachusetts, donde el militar había estado viviendo “por una década”, según dijo a El Faro en una entrevista telefónica en abril del año pasado.
La captura de Montano, en agosto, se dio en Virginia porque según la fiscalía estadounidense, Montano intentaba llegar a México y luego alcanzar su país natal 'porque estaba al tanto de la acusación internacional en su contra y estaba buscando El Salvador', en el entendido de que ahí podía encontrar protección legal. Por esos días, los militares con orden de captura que estaban en El Salvador se acuartelaron en una brigada militar, donde la Policía Nacional Civil adujo que no podía ingresar.
El militar ahora tiene 70 años, y según el auto de la Audiencia Nacional de España “participó activamente en la decisión y diseño del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de su empleada doméstica y de la hija de esta”.
El documento de la Audiencia agrega que Montano, “además de oficial del ejército y miembro del gobierno, tenía a su cargo la Radio Cuscatlán, emisora oficial del Estado desde el 11 de noviembre de 1989, que difundió, días antes de los asesinatos, amenazas de muerte contra el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría y los jesuitas de esa universidad, a los que se acusaba de ser terroristas y cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”.
El coronel, ex viceministro de Seguridad Pública, es implicado en el asesinato de los jesuitas porque “participó activamente en la decisión y diseño del asesinato, el 16 de noviembre de 1989, de los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de su empleada doméstica y de la hija de esta”, según el auto emitido por el juez Eloy Velasco.
Ya a finales del año pasado Montano estuvo a punto de declararse culpable de los cargos migratorios en Estados Unidos, sin embargo, a último minuto, cambió de estrategia y pidió posponer la audiencia que se celebraba en la Corte de Massachusetts. Por esos días, en El Salvador, 13 militares activaban una disputa diplomática y jurídica entre España y El Salvador por la orden de captura internacional contra estos y que el gobierno salvadoreño no cumplió. Montano parecía estar esperando a ver lo que sucedía en su país de origen. La Corte Suprema de Justicia salvadoreña denegó la solicitud de detención, en mayo pasado.
La abogada Almudena Bernabeu, representante del Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA) como querellante en el caso ante la Audiencia Nacional de España, celebró la declaración e culpabilidad de Montano porque, dijo, evita que violaciones de derechos humanos como el asesinato de los jesuitas permanezcan en la impunidad. 'Aun cuando sea de forma analógica,el asesinato de los jesuitas, Celina y Dona Julia Elba, no se va a ignorar. El alegato del fiscal norteamericano se funda en (que Montano) mintió, precisamente, sobre ese hecho; no en mentir en abstracto, es decir, en mentir y cometer fraude en cuanto a su participación en violaciones de derechos humanos de esa naturaleza'.
Contactada vía telefónica, Bernabeu dijo a este periódico que esperaba que ahora que Montano está en prisión se inicie el proceso de deportación hacia España, para atender allá el juicio en la audiencia Nacional. La abogada recordó que, debido a la protección que la Corte Suprema de Justicia de el Salvador brindó a los otros 19 acusados que se encuentran en territorio salvadoreño, Montano podría ser el único que enfrente las acusaciones en Madrid. Es decir, que El Salvador sería el único país que no cooperó para que se pudiera administrar justicia en el caso.
'Por supuesto, para mi como abogada en el caso lo más importante es que esté en la cárcel, se exponga su responsabilidad, y eventualmente, que se pueda abrir la fase oral en España, donde se celebraría un juicio con todas las garantias por aquel odioso crimen. El Juez Woodlock le recordaba hoy a Montano que tiene una extradicion por este crimen pendiente contra él...y creo que eso es muy significativo', dijo Bernabeu.
