Entre mayo y junio de 2010 las tormentas Agatha y Álex se desparramaron sobre el río Torola. En cuestión de horas, el río se desbordó y comenzó a comerse la montaña. Una montañita, en realidad, pero en la que se apoyaba el dique de uno de los proyectos más caros en la historia de la producción hidroeléctrica de El Salvador: la presa El Chaparral.
El agua rebalsó un túnel de 379 metros de longitud y rompió la ataguía de 25 metros de largo y 15 de ancho que desviarían el río. La lluvia también confirmó que el margen derecho, donde se iba construir el dique, es un montículo de arcilla que se desparrama como un polvorón. Un lugar donde parece imposible construir una presa.
Pero cuando Agatha y Álex azotaron El Chaparral, el gobierno salvadoreño ya había desembolsado un anticipo de $65.9 millones y pagado una parte de los $19.7 millones que estaban destinados para las obras de desviación del río, pese a que el estudio de factibilidad patrocinado por la cooperación japonesa había recomendado a CEL realizar más estudios.
“La continuidad y grado de meteorización de la toba (formación de suelo suave que no tiene resistencia) intercalada deberán ser identificados con el objetivo de evaluar la estabilidad del lecho rocoso. Además, el ancho y materiales de la falla a lo largo del río deberán ser confirmados para el diseño del tratamiento de cimientos de la fundación de la presa. Se recomienda el mapeo geológico y perforaciones para la extracción de testigos (muestras)”, sugirió el estudio de la compañía japonesa Jpower, en el 2004.
CEL, empero, pasó a las siguientes etapas del proyecto: el diseño básico de la presa a cargo de la empresa brasileña Intertechne, consultoría que finalizó en el 2006. Y dos años más tarde, el 26 de septiembre de 2008, el entonces presidente de la autónoma Nicolás Salume adjudicó el contrato para la construcción a la compañía italiana Astaldi Sosieta Per Asioni.
Era un contrato cerrado. De esos que en el lenguaje de los negocios se les llama contratos llave en mano y se caracterizan porque el margen para modificar precio y plazo de la entrega de la obra es casi nulo. Las empresas sobrevaloran ofertas, pero asumen la responsabilidad total de cumplir a rajatabla con los tiempos del contrato so pena de multas. Astaldi aceptó esa regla: a cambio de $219.1 millones se comprometió a concluir todos los servicios de ingeniería, provisión de equipo y construcción el 12 de febrero del 2013. Salume estaba convencido de que se cumpliría con ese plazo. “Solo Dios puede detener El Chaparral”, dijo en una entrevista que concedió a La Prensa Gráfica, en el 2009.
Pero un año después de esas declaraciones llegaron las tormentas. Y entonces las obras se paralizaron porque descubrieron que la millonaria obra de concreto casi tenía la fragilidad de un castillo de arena. Astaldi lo llamó “nuevas condiciones geológicas geotécnicas e hidrogeológicas” que dificultaban continuar la construcción: el desplazamiento de la margen derecha de la montaña; accidentes tectónicos y condiciones de “fracturación imprevisibles” (falla del cauce del río); y falta de resistencia del estribo derecho. Los italianos pedían $52.3 millones más para superar esos problemas y continuar la obra.
La supervisión de CEL, en cambio, nunca creyó que la montaña se estaba moviendo y recriminó negligencia de la constructora. “En el diseño básico se establece la necesidad de colocar en los taludes de excavación para la presa anclajes pasivos (…) para prevenir deformaciones o relajaciones de la roca. Estas consideraciones no han sido tenidas en cuenta por Astaldi. Desde el comienzo de la obra se ha venido excavando el estribo derecho de forma desordenada y sin ningún patrón de soporte sistemático”.
Un mes antes de que las tormentas Aghata y Álex se desparramaran sobre el río Torola, en abril de 2010, la constructora no había presentado memorando de diseño sobre los análisis de estabilidad de los taludes temporales o definitivos, escribieron en su informe los técnicos de la supervisión. Esos son algunos de los argumentos que llevaron a CEL a rechazar el reclamo de Astaldi por falta de sustento técnico, el 12 de agosto de 2010.
Ya con las obras de construcción paralizadas, los meses que siguieron sirvieron para el movimiento de piezas de ataque y contraataque: CEL culpaba a Astaldi. Astaldi culpaba a CEL. La constructora amenazaba con un arbitraje y CEL se preparó para esa guerra: contrataron a la firma estadounidense Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle para revisar el contrato y analizar un posible litigio en la Cámara de Comercio Internacional.
Esa guerra fría duró dos años. Y los posibles escenarios para solucionar el problema dependieron de quién ocupaba la presidencia de CEL: Salume llegó a la presidencia de CEL en octubre de 2004 y renunció en febrero de 2011; le relevó Irving Pavel Tóchez, quien renunció en diciembre del 2011. En febrero de 2012, Leopoldo Samour fue nombrado en el cargo.
Ocho meses después de la llegada de Samour a la presidencia de CEL, la Junta Directiva que dirige dio el primer paso firme para negociar, en secreto, un acuerdo directo con Astaldi. Según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) un acuerdo directo consiste en que las partes contratantes solucionan sus diferencias sin otra intervención que la de ellas mismas.
El 9 de junio de 2012 el acuerdo ya estaba cocinado. Un ejecutivo de CEL, quien pide reserva de su identidad por no estar autorizado para revelar detalles de la negociación, cuenta que se logró documentar técnicamente el pago de $85 millones por las obras realizadas. Sin embargo, otros $23.5 millones solo tienen respaldo jurídico; es decir, que se canceló para evitar un arbitraje internacional, pero sin establecer de quién era la responsabilidad de que la obra se construyera en un sitio inadecuado, tampoco se documentó qué parte del proceso falló y, mucho menos, quién o quiénes son los responsables.
Eso está plasmado en el mismo documento de acuerdo directo entre CEL y Astaldi: “Las partes han acordado dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo y sin responsabilidad para las partes, salvo la que se derive del presente acuerdo, permitiendo a CEL la selección de otro u otros contratistas que prosigan con la obra”.
En total, CEL pagará $108.5 millones a Astaldi. CEL está pagando casi el 50% del monto total del contrato, pese a que un informe de supervisión que data del 30 de junio de 2010 establece que el avance de la construcción de las obras era de un 23.67%, pese a que el avance programado a esa fecha debía ser de 41.9%. Sin embargo, en un campo pagado del 20 de julio de 2012, CEL dice que “de acuerdo con la supervisión de las obras, el valor actual de las mismas presenta un 38% del monto total del contrato”.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución que abrió un expediente por denuncia de pobladores que se sienten afectados por la construcción de la presa, también tiene sus dudas sobre el pago del arreglo directo. “Es bien fácil que en un mal manejo de un contrato algo no salió bien y entonces digan: paguemos porque hay que pagar. ¿Y quién es el responsable de esto, pues? ¿De quién fue la falla?”, cuestionó el procurador Óscar Luna, el pasado mes de septiembre.
El Faro ha pedido dos entrevistas a Samour para que preguntarle si, pese a la negociación, la CEL aplicó multas y cobró las garantías establecidas en el contrato. El funcionario tampoco ha explicado por qué se hará una contratación directa y no una licitación pública cuando se retomen los trabajos de construcción de la presa, así como otros detalles relacionados con el futuro de la presa. La primera gestión de entrevista data del 29 de agosto y la segunda del 23 de octubre. Samour no ha respondido.
La semana pasada, este periódico también buscó a los representantes de Astaldi. Una empleada de esa empresa respondió que el encargado estaba fuera del país, pero prometió tramitar la solicitud.
Once meses de confidencialidad
Cuando iniciaron las conversaciones para el arreglo directo, el 30 de noviembre de 2011, la Junta Directiva de CEL autorizó un convenio de confidencialidad para tratar las diferencias y controversias surgidas en la construcción de la presa El Chaparral y evitar así un arbitraje internacional. La justificación de esa negociación era la siguiente: “Con el objeto de evitar el deterioro de la inversión realizada, poniendo en riesgo la misma que hasta la fecha asciende a $85 millones, según cuantificación de la supervisión de la obra, se siguieron las recomendaciones”, se lee en un documento en poder de El Faro. Se trata de la carta que CEL envió a Astaldi para negociar el acuerdo directo, así como las claúsulas que rigen el acuerdo. El documento fue elaborado por el equipo jurídico y la firma de abogados externos que asesora a CEL, quienes a su vez citan que se apoyaron en informes de auditores internos y externos para pactar los términos del acuerdo.
Seis meses después de iniciada la negociación, el 9 de julio de 2012, Samour envió una carta a Astaldi. “En cumplimientos de acuerdos de Junta Directiva, por este medio solicitamos arreglo directo para encontrar solución a los reclamos planteados durante la ejecución del contrato CEL-4143-S; para lo cual los convocamos a una reunión en nuestras oficinas, a las catorce horas del día once de los corrientes”.
La carta está dirigida al apoderado legal de Astaldi Mario Pieragostini, quien la recibió dos días después: 11 de julio. A juzgar por las fechas había prisa para firmar el acuerdo. Ese mismo día, a las dos de la tarde, Samour y el representante legal de Astaldi, Mario Pieragostini firmaron el acuerdo directo.
“CEL ha ponderado que los costos sostenidos reclamados por Astaldi son solo parte de las reclamaciones que en caso de recurrir al arbitraje; por lo que para la consideración de costo-beneficio CEL ha tomado en cuenta que enfrentar una demanda de arbitraje podría ser por un monto muy superior a esos costos sostenidos”. En un comunicado CEL dice que, en caso de arbitraje, la pérdida para el Estado sería de $27 millones anuales.
Los $28.7 millones que CEL pagará a Astaldi serán desembolsados en cuatro pagos. Según el acuerdo, el último desembolso para resarcir los costos, gastos, lucro cesante, daños y perjuicios que provocó la terminación anticipada del contrato a la constructora estaba programado para la segunda semana de octubre. CEL no ha confirmado si ya realizó los desembolsos porque todos los términos del acuerdo están regidos por una cláusula de confidencialidad.
“Ambas partes convienen que en la celebración de este acuerdo así como sus términos serán consideradas como información confidencial por lo que no se divulgará ni se utilizará para cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento del presente acuerdo sin el acuerdo de la otra parte”.
El acuerdo directo dice que después de siete días del pago de los $28.7 millones, las partes firmarán un finiquito: CEL eximirá de cualquier responsabilidad a la constructora; mientras que Astaldi entregará el sitio de la obra. Y pese a que la autónoma habla de un nuevo contrato directo con una nueva empresa, el documento deja abierta la posibilidad de un contrato de arrendamiento de dos años de equipos e instalaciones, propiedad de Astaldi.
Pese al tropiezo en el primer intento de construir la obra, pese a los gastos de consultorías técnicas y legales por los problemas de suelo en el margen derecho de la montaña, el Gobierno no renuncia a la idea de construir una presa en la zona baja de la cuenca del Río Torola, entre los municipios de San Luis La Reina y Carolina, en San Miguel. “Hay que concluirla. Hay que seguirle apostando, obviamente bajo nuevas condiciones que sean beneficiosas para el país. No podemos renunciar a la construcción de energía hidroeléctrica”, dice el secretario técnico de la presidencia, Álex Segovia.
Al inicio del Gobierno de Funes, en julio de 2009, uno de sus funcionarios, el exsuperintendente general de electricidad y telecomunicaciones, Tomás Campos, pidió la suspensión de la obra por irregularidades en el proceso de concesión que SIGET otorgó a CEL, así como anomalías en el proceso de licitación.
La instancia del Ejecutivo que fue creada para depurar la corrupción interna dice no haber recibido ninguna alerta al respecto. Marcos Rodríguez, subsecretario de Transparencia, señaló que no recibió ninguna denuncia interna, pese a que esas sospechas se plasmaron en documentos que llegaron hasta la Presidencia de la República.
El funcionario agregó que de los 307 casos investigados por esa oficina -de los cuales 111 han sido remitidos a la Fiscalía General de la República (FGR) por graves sospechas de corrupción-, el de El Chaparral no es ninguno de esos casos.
