Desde que la MS-13 y la Barrio 18 alcanzaron una tregua en el país, a partir del mes de marzo de este año, han brotado preguntas como: ¿En verdad se trata de una tregua o ha habido una negociación? Si se negoció, ¿quién negoció con quién? ¿Qué se negoció? ¿Qué sostenibilidad tiene esta situación sin precedentes?
Los funcionarios del Gobierno de El Salvador han ofrecido respuestas cambiantes y contradictorias a estas interrogantes, yendo de la negación a la aceptación de la negociación que habría dado paso a la tregua, y de la negación a la aceptación de su participación en todo el proceso, llegando en última instancia a asumir incluso su autoría intelectual. Esto ha generado señalamientos hacia la falta de transparencia acerca de esta audaz estrategia, la que por mucho ha sido la más eficaz para reducir de forma significativa las cifras de homicidios desde la firma de los Acuerdos de Paz. El discurso oficial parece estar saturado y estático.
El enfoque que vulgarmente podría llamarse “empresarial” ha resultado prometedor para fines de describir, explicar y hasta predecir e intervenir sobre el comportamiento del crimen organizado. Esta perspectiva de análisis sostiene que las bandas del crimen organizado se manejan como empresas, con todo lo ilícitas que puedan ser. Así, estos grupos, y en específico sus liderazgos más destacados, constituyen agentes racionales que toman decisiones orientadas a elevar sus ganancias, fortalecer sus cadenas logísticas, construir alianzas con diferentes actores, respetar jerarquías de mando flexibles debido a la rotación de su personal derivado de su carácter ilegal, emplear la violencia como cualquier recurso sólo cuando es preciso y se justifica, etc.
Pero esta lógica admite matices, por cuanto atiende a ciertos perfiles concretos dentro de las maras o pandillas, no a todos, por lo que no se niega que, por ejemplo, entre los pandilleros “rasos” exista un genuino interés en disminuir la violencia, producto de la acumulación de cansancio respecto de los riesgos e inconvenientes –para ellos y sus familias– de estar activos y de que no es veraz que las pandillas les garanticen su supervivencia económica. Se trata de quienes no han sacado demasiado provecho de la actividad criminal de las maras o pandillas ni han adoptado todavía la mentalidad empresarial. Estos perfiles, no obstante, no son los que están encabezando y marcando las condiciones de la negociación y la tregua, sino otros para los que con certeza sería mucho más difícil renunciar a un lucrativo estilo de vida delictivo que han fraguado durante años.
Desde este punto de vista, y con la ventaja que da el paso del tiempo para hacer una lectura en retrospectiva, se puede plantear lo siguiente:
1) ¿En verdad se trata de una tregua o ha habido una negociación? La tregua es sencillamente impensable sin una negociación. En términos muy simples, hacer una tregua supone cesar hostilidades entre enemigos, posponiendo la continuación y eventual finalización de un conflicto. Esto requiere realizar algún tipo de negociación, implícita o explícita, con o sin la asistencia de un tercer actor en calidad de parte interesada o de mediador externo, a fin de arribar a un cierto acuerdo básico de entendimiento nuevo. La posible existencia de una tregua, por tanto, no es excluyente con la ocurrencia de una negociación; de hecho, la primera no puede suceder sin la segunda.
2) Si se negoció, ¿quién negoció con quién? Si se acepta que la negociación ha sido el camino más seguro hacia la tregua, o como mínimo el más probable, en principio ésta pudo acaecer de manera voluntaria entre las pandillas o pudo estar orquestada por el Gobierno. Los hechos llevan a presumir que la posibilidad de que en algún momento las maras o pandillas y el Gobierno, ambos con una actitud de pragmatismo, se sentaran a la mesa de negociación es la más plausible, puesto que los dos han obtenido réditos sustanciales y han asumido como propia la defensa del proceso.
3) ¿Qué se negoció? Resulta imposible suponer que el basamento de la negociación y posterior tregua habría sido la obtención de beneficios sociales para los miembros de las maras o pandillas y sus familias. De haber sido así, estos grupos –o sus liderazgos– serían pésimos negociadores, ya que objetivamente eso no es algo que el Gobierno pueda cumplir en el corto plazo. Las limitaciones políticas, técnicas, administrativas y financieras del aparato gubernamental siguen siendo las mismas antes y después de la tregua. En ese escenario, las maras o pandillas habrían entregado resultados inmediatos a cambio de promesas, algo poco probable. Es más probable que se haya tratado de una negociación de beneficios directos para ambas partes. Lo que el Gobierno sí puede hacer es, por ejemplo, suavizar el régimen penitenciario y en especial facilitar el ordenamiento de los mercados delictivos, lo que desembocaría –como ha sucedido– en una reducción de los delitos violentos, pero no de los no violentos. No estoy argumentando que sea esto lo que en efecto hizo el Gobierno, sino sugiriendo ejemplos de cosas que sí tendría sentido que éste brindara en la mesa de negociación.
4) ¿Qué sostenibilidad tiene esta situación sin precedentes? La cuestión de la sostenibilidad de la tregua ha sido puesta en entredicho por la ausencia de transparencia a lo largo del proceso. Quien hace esa valoración encuentra una conexión innecesaria y extrema entre la calidad de la negociación y su ventilación pública; asimismo, olvida que hubiese sido contraproducente abordar abiertamente desde el comienzo la opción de la tregua, puesto que se habrían producido resistencias razonables en distintos sectores, las cuales han sido manejadas solamente gracias a los resultados que se han venido registrando. Por ahí no va el asunto. En realidad, la sostenibilidad del proceso depende de dos aspectos compatibles: a) La prosperidad empresarial que en varios mercados ilegales descubran las maras o pandillas en este nuevo statu quo (dentro de los cuales, sin ser el único, despunta el del narcotráfico); y b) La capacidad de intimidación que puedan tener los pandilleros recluidos en las cárceles sobre los que están en la calle, utilizando un mecanismo de control muy clásico entre las pandillas, de conformidad con el cual los miembros que están en la calle deben colaborar con aquellos que guardan prisión debido a que en algún momento caerán en el sistema penitenciario y una vez ahí se pueden saldar deudas del pasado. Y es que la cárcel y la calle conforman un binomio, una mancuerna que funciona como conjunto, a veces con más eficiencia que en otras. En una frase, la sostenibilidad de la tregua depende de que se mantengan los términos de la negociación.
La negociación y tregua con y entre las pandillas ha generado oportunidades para la sociedad, tales como la disminución de los delitos violentos –en particular el homicidio– y la consecuente apertura para que el Gobierno recupere su presencia territorial por medio de programas sociales en zonas que eran inaccesibles. Sin embargo, a la vez se sobrevienen amenazas como el avance en la consolidación de las maras o pandillas como grupos del crimen organizado, con el subsecuente incremento de delitos no violentos como la corrupción política (por medio de la penetración del Estado) y el lavado de activos (a través de la legalización de los negocios de las pandillas y del contubernio con empresarios deshonestos). Esto implicaría, entre otras posibilidades, un decrecimiento de su membresía dura –especialmente entre los perfiles “rasos”–, la ampliación de su base de aliados y la reafirmación de sus actuales liderazgos. Si no se les da tratamiento a estas amenazas, las vidas que hoy se están salvando tendrían un precio que se pagaría con muertes y otras dificultades en el futuro, malogrando las bondades de la tregua.
Esta estrategia, en suma, ahí donde se ha empleado –El Salvador no es el único caso– sin ninguna duda ha sido efectiva para el manejo del problema, aunque no de su solución, sobre todo si se le impulsa desligada de otras medidas. La solución sigue pasando por llevar adelante, entre otras acciones, programas sociales ambiciosos (al estilo del histórico Plan Marshall) y medidas de fortalecimiento institucional, particularmente orientadas a la profesionalización de la investigación criminal y al combate de la corrupción política y del lavado de activos.
Teniendo en cuenta eso, cabe la pregunta: si las soluciones definitivas son siempre de mediano y largo plazo, ¿qué hacemos mientras tanto? Con la tregua se ha dado una buena salida para el manejo de la problemática, con un éxito sin antecedentes ni parangón en el país. No hay duda de que el “mientras tanto” también es importante.
