Corte de Cuentas exonera a tres expresidentes del ISTA por contratar a promotores fantasma

Los cheques existen, los contratos también, y también los testimonios de quienes fueron contratados para trabajar como promotores sociales del Instituto Salvadoreño de Transformación Agracia (ISTA), aunque nunca hicieron dicho trabajo. Sin embargo, la Corte de Cuentas de la República, encargada de vigilar el buen uso de los fondos públicos, declaró limpios de responsabilidad a tres ex presidentes del ISTA por el manejo de un programa de ayuda a exparamilitares por un monto de 1.6 millones de dólares.

Los expresidentes del ISTA Miguel Tomás López Iraheta (1999-2007), José Armando Zepeda Valle (2007-2009) y Magdaleno Guzmán Díaz (marzo-junio 2009) son investigados por la Fiscalía por permitir que terceras personas se adueñaran ilegalmente de fondos públicos. En la mira están más de 800 personas contratadas por el ISTA entre 2002 y 2008, durante los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca.

Los exfuncionarios usaron dinero de un convenio con el Ministerio de Gobernación, “Seguridad ciudadana en el sector agropecuario”, para contratar a un centenar de promotores sociales, a quienes se les encargó elaborar una base de datos que permitiera perfilar a los expatrulleros que debían ser beneficiados con tierras, créditos y capacitaciones. Las investigaciones muestran que los contratistas no hicieron ese trabajo. Algunos de ellos nunca llegaron a trabajar al ISTA y otros eran empleados de esa institución que recibían una especie de sobresueldo, aunque nunca hicieron nada para el proyecto de los expatrulleros.

Esos contratos existen, los cheques con que el ISTA pagó sus salarios también existen, lo único que no existe es la evidencia de que todos los promotores hayan cumplido con su trabajo. Lo dicen ellos mismos. El caso del abogado Manuel Antonio Bonilla Linares es un ejemplo.

Cuando el abogado de San Vicente fue entrevistado por fiscales anticorrupción, Bonilla Linares reconoció que recibió honorarios del ISTA como promotor social, durante los años 2005 y 2006. En los documentos, en la apariencia, todo está legal, pero un detalle destacado es que él nunca llegó a trabajar al ISTA sino que durante el tiempo que duraron sus 11 contratos siguió trabajando en su despacho jurídico.

Pero los cheques del ISTA no eran fortuitos. Para la campaña electoral municipal y legislativa de 2006, durante el gobierno arenero de Antonio Saca, a Bonilla Linares le pidieron en la institución que apoyara la campaña del partido Arena porque “tenía contactos con las comunidades”. También se convirtió en candidato al concejo de Tecoluca y fue el principal promotor de la campaña en ese municipio.

El de Bonilla Linares solo es un caso. Otros nueve miembros de las Asociaciones Cooperativas de Producción Agropecuarias Integradas (Acopai) también están en la lista de promotores, pero algunos de ellos han declarado que nunca dejaron de trabajar en esa organización, pese a que recibían un salario como promotores del ISTA. Entre esos contratados está Adelmo Rivas, diputado de Arena, quien asegura que cumplió con su contrato, pero la Fiscalía dice que esa afirmación aún está bajo investigación.

La lista de contratos irregulares incluye el de dos guardaespaldas del expresidente ISTA López Iraheta que recibían un salario como promotores, pero que nunca dejaron de custodiar al funcionario, incluso cuando él ya no dirigía esa institución. Otros contratados con fondos de Gobernación eran ordenanzas, empleados del archivo y colaboradores administrativos del ISTA, que recibían un sobresueldo con la condición de apoyar la campaña política de Arena.

La decisión de usar recursos estatales para apoyar al partido Arena se puede explicar porque López Iraheta, aparte de presidente del ISTA, era director ejecutivo del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena (Coena). El Faro buscó una explicación del exfuncionario por medio de su abogado, Fidel Marinero, pero no correspondió a la llamada telefónica que se le realizó a su despacho.

También se buscó a Magdaleno Guzmán, expresidente del ISTA y hoy alcalde de Santa Isabel Ishuatán, quien soltó una sola frase al teléfono: “Después de un hecho consumado alguien quiere decir que no se hizo bien”. Luego la llamada se cortó y Guzmán ya no respondió a otras llamadas que se hicieron a su despacho.

Pese a la contratación de miembros de Acopai, pese a que guardaespaldas de Tomás López estaban en la lista de promotores, la Corte de Cuentas no encontró ningún indicio de esas anomalías. Lejos de encontrar indicios de la malversación de fondos, esa institución entregó una constancia de que 13 funcionarios y empleados públicos relacionados con la ejecución del proyecto “Seguridad ciudadana en el sector agropecuario, componente II” hicieron un impecable trabajo, entre ellos los tres expresidentes del ISTA  y otros cuatro mandos medios acusados de malgastar fondos públicos.

“Practicado el respectivo análisis al informe se concluye que este no refleja hallazgos u observaciones que puedan dar origen a responsabilidad administrativa o patrimonial (…) Resuelvo declarar exentos de responsabilidad administrativa o patrimonial a los señores…”, reza una resolución de la Dirección Jurídica, fechada el 9 de junio de 2011, cuando Hernán Contreras estaba haciendo sus últimos días como presidente de la Corte. 

Ese documento, en realidad, sólo concluye un trámite de la exoneración: los auditores destacados en la Dirección de Auditoría Seis no pudieron hallar los hilos que llevaran a la trama de corrupción. Ellos hicieron un examen especial al proyecto entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de julio de 2007, pero no hicieron ningún reproche al manejo del proyecto.

La Ley de la Corte de Cuentas dice que cuando una auditoría no encuentra hallazgos u observaciones para un juicio de cuentas, el presidente de la contraloría debe firmar una resolución que exonere a los funcionarios. La misma ley, empero, faculta al presidente a delegar esa función en otra dependencia de la institución. Desde el 25 de mayo de 2011, esas resoluciones las firma la Dirección Jurídica.

El jueves de la semana pasada, El Faro pidió una explicación a la Corte de Cuentas sobre su incapacidad de hallar irregularidad alguna en el mismo caso en que la Fiscalía ha encontrado malversación de fondos, peculado e incumplimiento de deberes. Al cierre de esta nota, la institución que dirige Sánchez Trejo no había respondido.

Es posible que la Corte de Cuentas solo haya revisado los documentos de los cuales se deduce que todo fue legal. Yohana Rivas, una de las fiscales que investiga el caso, lo explica así: “El dinero del convenio se podía utilizar para el pago de salarios de promotores y se ha verificado que sí se utilizó para eso. El problema se detectó cuando entrevistamos a algunas personas que habían sido contratadas como promotores sociales y coordinadores del proyecto, y las personas dijeron: miren, nosotros nunca hemos realizado esas actividades”.

Y aunque acumulan amplios expedientes por corrupción, los tres expresidentes del ISTA pueden presumir que tienen el finiquito de la Corte de Cuentas y usaron ese documento para que un juez no los enviara a la cárcel. “El juez de paz consideró que no existían suficientes elementos, principalmente porque ya hay una auditoría de la Corte de Cuentas que no realizó ningún reparo durante los períodos que ejercieron como presidentes del ISTA. No se les encontró responsabilidad de ninguna clase”, dice Adelmo Rivas, el diputado.

Y aunque para la Corte de Cuentas es un caso cerrado, los fiscales han pedido al Juzgado Quinto de Instrucción que ordene una auditoría financiera contable para establecer cuántos de los 818 promotores contratados entre el 2002 y 2008 no cumplieron con su trabajo y cuánto dinero ganaron irregularmente. Ese análisis, paradójicamente, debe realizarlo peritos de la Corte de Cuentas, la misma institución que ya le entregó finiquito a los exfuncionarios investigados.

Además de los tres expresidentes del ISTA, el finiquito también se entregó al exgerente financiero Julio Roberto Ramírez Zepeda, a los exjefes de recursos humanos, Salvador Edmundo Lemus y Edgardo Juan Ricardo Lemus Saurbrey; y al exasesor del Ministerio de Gobernación Jorge Alberto Murcia Recinos. A todos ellos la Fiscalía los acusa de cómplices necesarios en la malversación de fondos, mientras que a todos ellos la Corte de Cuentas les dio una constancia de buena gestión en su labor. 

El caso de las anomalías en la contratación de promotores nació de una denuncia que presentó el exministro de Gobernación Humberto Centeno, el 2 de octubre de 2009. Centeno incluyó en su denuncia de corrupción a los exministros Francisco Bertrand Galindo, René Mario Figueroa y Juan Miguel Bolaños, funcionarios del más alto nivel que debían velar por la correcta ejecución de los fondos del programa.

Los fiscales establecieron que en una prórroga al convenio, que data del 31 de julio de 2003, se estableció que el monitoreo técnico, administrativo y financiero era responsabilidad del Viceministerio de Gobernación, que luego –durante el gobierno de Antonio Saca- se convirtió en Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Esa dependencia nombró al coronel Jorge Alberto Murcia Recinos, quien enviaba informes al viceministerio de que se habían realizado las tareas de control, verificación y monitoreo de las actividades que el ISTA desarrolló con financiamiento de Gobernación. Los informes no hablan de anomalías, razón por la cual la Fiscalía acusa al coronel de complicidad necesaria en el peculado y la malversación de fondos. Contra los exministros denunciados, los fiscales anticorrupción no presentaron acusación. 

Y en la resolución de la Corte de Cuentas referente al caso también se entrega un finiquito al exministro René Figueroa y al exviceministro Ástor Escalante, quien ahora es el candidato favorito de los partidos FMLN y Gana para que se convierta en fiscal general.

No es la primera vez que la Corte de Cuentas falla en su labor de detectar e informar posibles actos de corrupción en el ISTA, tal como su ley se lo ordena. En 1997, el ISTA regaló 514 parcelas a una cantidad similar de sus empleados. Un año después, la Corte de Cuentas cuestionó esa entrega porque determinó que la ley de la reforma agraria salvadoreña establecía que esas tierras debían ser entregadas a campesinos sin tierra o colonos con vocación agrícola. 

Más de una década después, en el año 2009, la presidenta del ISTA, Carla Alvanés, denunció ante la Fiscalía la entrega ilegal de tierras, pero cuando los fiscales anticorrupción intentaron procesar a los responsables, la mayoría de exfuncionarios fue exonerada porque los delitos ya habían prescrito.

El pasado enero, el director de auditoría uno de la Corte de Cuentas, Élmer Enrique Arias Pacheco, defendió que posiblemente su institución no informó a la Fiscalía  “por falta de fogueo” para detectar un posible delito.

El 22 de agosto del año pasado, El Faro también reveló que tres diputados recibieron tierras que el ISTA compró para beneficiar a campesinos desposeídos, como parte de la reforma agraria que se promovió a inicios de la década de los ochenta. El presidente de la Corte de Cuentas, Marcos Gregorio Sánchez Trejo, dijo que no investigaría esas adjudicaciones porque el caso ya había sido investigado por sus antecesores, pero los documentos de la misma Corte de Cuentas establecían lo contrario: la entrega de esas tierras nunca fue ni ha sido auditada.

Otras anomalías denunciadas con anterioridad tampoco fueron investigadas. El 21 de marzo de 2007, El Faro publicó que Tomás López había autorizado la parcelación de Áreas Naturales Protegidas para favorecer a un familiar suyo en el área de La Joya y a simpatizantes de Arena en Tecoluca, ambas localidades en San Vicente. En este último caso, incluso se le entregaron a los beneficiarios certificados de propiedad firmados por López con la leyenda “Gobierno del presidente Elías Antonio Saca González” y el escudo nacional, pero fechados 10 de junio de 2003, un año antes de que Saca recibiera la presidencia.

López renunció a la presidencia del ISTA después de esas publicaciones y Saca anunció que la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Presidencia había iniciado una investigación. Los resultados de esas pesquisas nunca se conocieron. El Tribunal de Ética se declaró incompetente para investigar el caso, mientras que la Fiscalía, dirigida por Félix Garrid Safie, justificó que no investigaría nada porque el caso tenía un matiz político. Para la Corte de Cuentas ese fue el primero de cinco casos donde le falló el olfato: no realizó auditorías que investigaran esas anomalías.