El secretario general de la Universidad Tecnológica habla pausado y en extremo detallista cuando quiere articular bien sus reflexiones. En esta entrevista, René Portillo Cuadra, ex decano de Derecho de la UTEC, da respuestas con abundantes ejemplos para ilustrar sus ideas. Da la impresión de que este abogado siempre está tratando de convencer a un jurado en un juicio.
Portillo Cuadra fue uno de los primeros abogados que ante la opinión pública se puso del mismo lado de la Sala de lo Constitucional cuando los magistrados emitieron sus primeras sentencias que afectaron el mundo político partidario en 2010, y que de inmediato les supuso un ataque de parte de los diputados. “No estoy de acuerdo con el principio doctrinario que la Sala usa para modular los efectos de las sentencias, pero de eso a desobedecer las sentencias y a resistirme a cumplirlas hay una gran distancia y ese es el principal error”, dice.
Probablemente sea su postura sobre este tema que dividió en dos al país –entre los que apoyaban a la Sala y los que no- el punto de unión más visible con los apostolados de Arena. El otro factor de convergencia está más escondido: Portillo Cuadra deja entrever que está desencantado del gobierno de Funes y del FMLN, aunque también reconoce la responsabilidad en la situación del país de los gobiernos previos, los de Arena, partido que ahora lo considera un precandidato a la vicepresidencia de la República para el quinquenio 2014-2019. Portillo Cuadra, sin embargo, no se da por enterado y dice que no fijará posición hasta que le hagan una notificación oficial de parte del equipo del candidato presidencial Norman Quijano.
La entrevista se da en la quinta planta del edificio Los Fundadores, sobre la 1a calle poniente en el centro de San Salvador, un jueves por la tarde. La grabadora se enciende cuando como por un acto instintivo Portillo Cuadra explica que el principal problema del país es la ausencia de institucionalidad.
“No es con leyes que el país mejora o vence la pobreza, porque de nada sirve si no hay dinero, financiamiento ni recursos para implementarlas, como ocurre con la Ley para evitar la violencia contra las mujeres, o el Instituto de acceso a la información pública, o la Lepina. Hay inflación legislativa pero solo para temas superfluos”, dice.
En El Salvador, cumplir las leyes es algo excepcional. Si usted tuviera que definir qué tipo de leyes deben comenzar a cumplirse antes que las demás, ¿cuáles elegiría?
Los países que han fortalecido su institucionalidad primero han vencido la corrupción, en segundo lugar han hecho una apuesta seria a darle cumpimiento a los derechos fundamentales de las personas y, en tercer lugar, han hecho dentro del Estado un binomio que garantiza un equilibrio social: gestionan la cosa pública como empresa privada y garantizan los derechos de las personas como ente público.
¿Y la ciudadanía qué papel juega? ¿Se aplica que los ciudadanos tenemos los gobernantes que nos merecemos?
Es un proverbio popularizado sobre todo en América Latina, pero que es insuficiente para explicar la realidad que hay que vencer. Esta realidad es la pobreza, la exclusión social, la violencia, la marginalidad y el desempleo. Creo que la institucionalidad se logra grantizando que quienes cambien primero su mentalidad en la gestión de la cosa pública sea la clase política, los tomadores de decisión quienes deben respetar un precepto que está en la Constitución que dice que el interés público tiene primacía sobre el interés particular. Y así entro al segundo punto de este enfoque estructural del que estamos hablando: los partidos políticos han representado un valladar desde los Acuerdos de Paz de 1992, pues antes, durante la guerra y el militarismo, eran familias con poder económico, acompañados de la Fuerza Armada y de una clase política bastante elitista, quienes gestionaban la cosa pública. Pero desde los Acuerdos, los partidos se han adueñado de la verdad, ya no solo de la gestión de la cosa pública, pues viven divorciados de la sociedad civil, de las mayorías.
Entonces, sí: los pueblos tienen los gobernantes que se merecen.
El modelo político que tenemos, donde existen los partidos políticos, permite ese divorcio. Tú ves, por ejemplo, que se resisten a ser controlados en sus finanzas, se resisten a tener democracia interna, generalmente se resisten a abrir sus elecciones a primarias, y todo eso hace que el sistema político sea un estanco dirigido y gobernado, por lo general, por cúpulas que toman decisiones por los demás militantes de ese partido. En el caso del FMLN, después de tener primarias instituidas, se reserva el derecho de elegir a sus candidatos a través de una comisión política de 40, 50 iluminados que deciden por todos los demás. Esa es la razón por la cual, la estructura del Estado, del gobierno y la estructura económica en estos tres años del FMLN, no ha variado en relación a los gobiernos anteriores, incluso de los gobiernos militares.
En junio pasado, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa convocó a abogados para escuchar su punto de vista sobre el Decreto 743 que pretendía limitar la actividad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Habla del estilo de gobierno interno del FMLN como si fuera lo mismo que la conducción del Estado.
El FMLN está gobernando en alianza con el candidato al que ellos inscribieron, Mauricio Funes, y el FMLN es el partido oficial y muchos de los ministerios están en manos de ellos. Entonces, cuando el presidente Funes dice 'les guste o no les guste este bulevar se llama X', lo que recuerda es a Luis XIV: “El Estado soy yo”. Es una expresión autoritaria que solo se observa en gobiernos tiránicos y despóticos. Y cuando el FMLN elige una fórmula presidencial solo a través de una Comisión Política sin consultar a las bases, vemos que es una forma autocrática y tiránica de entronizar a dos personas como candidatas. Hay coincidencia. No vemos que haya cambiado nada o muy poco. Eso es lesivo para la institucionalidad, porque los partidos quieren caminar muy poco en democratizarse y por ende democratizar su gestión.
Sánchez Cerén dijo en abril pasado: “El país está esperando más cambios. No ha visto lo que se prometió del proceso de cambio, no se ha llevado adelante'.
Eso es importante para demostrarte que no ha habido los cambios que la población esperaba.
¿Usted los esperaba?
Fijate que el FMLN de la guerrilla tuvo su principal bastión logístico e ideológico en los sindicatos de este país. Los trabajadores organizados siempre fincaron sus esperanzas en que cuando el FMLN tomara posesión del Ministerio de Trabajo se iba a dignificar el trabajo en el país; pero si tú analizás la gestión del ministerio, gerenciado por una persona directamente de la estructura del FMLN, te darás cuenta de que no ha cambiado en lo absoluto y que no ha garantizado la tutela efectiva de los derechos laborales de este país. Ni siquiera ha propuesto una reforma de trabajo que garantice que El Salvador se va a ubicar en el primer mundo: aun hay empresas que no pagan horas extraordinarias, hay trabajadores que trabajan más de la jornada ordinaria que la Constitución establece, hay empresas que siguen pagando menos del salario mínimo, hay empresas que siguen negándole las vacaciones y el aguinaldo a los trabajadores. ¿Y a dónde está el Ministerio de Trabajo con su exitosa gestión? Otro ejemplo: el Ministerio de Educación. Prometieron erradicar el analfabetismo, pero los pasos que se han dado son excesivamente pequeños en relación a la demanda que el pueblo requiere para alfabetizarse. Los cambios que tú ves han tenido que ver en prestaciones hacia los alumnos, que se traducen en dinero, pero no en calidad académica, educativa. Es bueno que tengan cuadernos, lapiceros, zapatos, uniformes, por supuesto que sí, pero es una parte y, por otra parte, son programas mal gerenciados porque hay pagos retrasados a los distribuidores, es como un programa hecho a medias.
¿Era posible más allá de hacer cambios visibles lograr cambios estructurales? Es como el caso de la ciudad de San Salvador, donde los problemas también son estructurales y hubo una clara apuesta por resolver problemas visibles, de infraestructura pública.
Bueno, te lo digo de otra forma: para poder hacer cambios estructurales en la capital de cualquier país del mundo es necesario que exista un consenso entre el gobierno central y el gobierno local, de lo contrario, no se puede porque en países como el nuestro los gobiernos locales no tienen la capacidad financiera suficiente para hacer transformaciones estructurales. Estos cambios también requieren de consensos y no los hemos tenido. Será hasta que el mismo partido esté en el gobierno central y el local que se van a acabar los problemas de pobreza y la marginalidad. Todo esto tiene que ver con la estructura económica y social de un país endeble, y es por eso que El Salvador crecerá, en 2012, no más de 1.3%, cuando Nicaragua está creciendo al 4.7%, cuando Panamá está creciendo al 6%. No obstante hacer la inversión más grande, tenemos el rezago económico más grande.
¿Qué tanto este panorama es consecuencia de una ausencia de institucionalidad desde la firma de los Acuerdos de Paz? Desde 1992, la economía nunca creció a grandes pasos, a excepción de los años inmediatos al fin de la guerra, por lógica y con una administración buena, eso sucede siempre después de una guerra.
Totalmente de acuerdo contigo. El deterioro progresivo de la institucionalidad no es fortuito, si no que es producto de que históricamente la institucionalidad ha estado al servicio del partido que gobierna, y eso ha sido desde siempre. Ahora, lo que pasa es que el programa de gobierno del presidente Funes y del FMLN vendió la esperanza de cambiar esa institucionalidad o por lo menos de pegar los primeros pasos en dirección de un cambio visible, pero cuando tú analizas todo el bloqueo que desde Casa Presidencial se hizo a la Sala de lo Constitucional, el poco interés desde el gobierno y el partido de turno en elegir fiscal general, el bloqueo al Instituto de Acceso a la Información Pública, entonces lo lógico es pensar que el gobierno no tiene como apuesta principal crear institucionalidad, si no, más bien, acomodar su gestión de gobierno a determinados intereses que probablemente son partidarios y personales pero no son intereses de país.
En otras palabras, ¿usted no le cree al presidente cuando dice que la crisis mundial y el legado de los 20 años de Arena no le han permitido enrumbar al país?
Echarle la culpa a factores endógenos y exógenos del país es más bien una forma de justificar la incapacidad en el gerenciamiento del Estado. A este gobierno no hay manera de medirle su efectividad. Durante la XXIV convención del FMLN (en 2008) revelaron su plan de gobierno, después hicieron un plan anticrisis y después un Plan Quinquenal de cuatro años. ¿Con base en cuál medimos su efectividad? El Plan Quinquenal dice cosas muy buenas, pero no dice cómo se van a cumplir; el gobierno ha dicho que no le ha dado cumplimiento porque la crisis mundial de 2008 afectó mucho a El Salvador, pero eso también es aplicable para Guatemala, Honduras y Nicaragua porque también su socio es Estados Unidos. Tampoco se debe a la dolarización porque tú ves que Panamá y Ecuador están dolarizados y tienen un crecimiento superior al de nosotros. Si dicen que es la violencia, respondo que Colombia durante la gestión de Álvaro Uribe, con todo y guerra, mostró un crecimiento mayor al del resto de países de Suramérica.
¿Se siente desencantado con las promesas que no se cumplieron? Usted dice que el lastre de poca institucionalidad viene desde los Acuerdos de Paz, que 2009 fue un parteaguas...
Y lo fue. Pero la desilusión y la desesperanza está presentes todos los días en los salvadoreños, incluso en gente que votó por él. Unos hasta han ido al Muro de los Lamentos. ¿Por qué hay desesperanza, entonces? En primer lugar, ningún partido de ninguna ideología puede sacar adelante un país divorciado del sector productivo, no digamos empresarial, y es lo primero que hace el presidente Funes. Se pueden tener diferencias ideológicas, como en toda democracia, pero no es cierto que se construya el país a partir de humillar y reclamar en público al sector privado o jugar una doble agenda, sobre todo cuando hay un sector privado más ligado a Arena que al FMLN. Le faltó astucia y sagacidad política al presidente Funes, le faltó sentido común para poderse acercar a los empresarios sin necesidad de hacer lo que ellos decían.
Discrepar en público con el empresariado es hasta normal para un gobierno que se dice de izquierda. Pero vamos a los hechos, las reformas fiscales y otras medidas han aumentado históricamente la recaudación tributaria.
No dudo que la reforma fiscal y que el eventual impuesto a la seguridad los distanció más. Pero ahí volvemos al punto, un gobierno tiene que tener sagacidad para acercarse a los sectores y conseguir consensos. Lo demostró con los préstamos: el secretario de Asuntos Estratégicos ha mostrado flexibilidad y sagacidad en la negociación del préstamo de salud pero no solamente ha habido divorcio con el sector productivo, también ha habido otros factores que han desilusionado y desencantado a la población, como el de la educación, que no ha sido el mejor ejemplo de gestión pública; tampoco el ministerio de Obras Públicas ha sido el mejor ejemplo de equidad en el desarrollo de la obra vial. Un ejemplo, no podemos calificar de exitosa esta gestión solo por el bulevar Monseñor Romero, porque es un tramo muy pequeño que ayudó a descongestionar el tráfico del Gran San Salvador. Veamos la carretera Panamericana, en el tramo de San Vicente a San Miguel, es casi un camino vecinal, siendo tan importante esa vía para el país. El Fovial ha pasado de ser un ejemplo de gestión pública en Latinoamérica a ser un proyecto quebrado.
A ver si entiendo: usted piensa que ninguna gestión presidencial como la de los últimos tres años y medio había propiciado un declive tan sorprendente en la calidad de vida de los salvadoreños.
Depende de cómo lo veamos. Si lo vemos desde el punto de vista de la esperanza con la que se vendió un gobierno del cambio, ha sido un fracaso. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de lo que ha sido El Salvador en los últimos 20 o 30 años, pues digamos que no ha cambiado mucho porque sigue habiendo un analfabetismo pronunciado, sigue existiendo marginalidad y pobreza en el país. Te puedo decir que se ha profundizado el desempleo con este gobierno, se ha profundizado la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y eso ha venido en ascenso en los últimos tres años. Ahora, no podemos ser ingenuos y decir que la culpa de todos los males la tiene el FMLN en estos tres años de gobierno, no, porque hay factores sociales, económicos, que le anteceden a los tres años de gobierno del presidente Funes y que ciertamente conforman un pasado estructural difícil de vencer en tres años.
Hacia el final del último gobierno de Arena, la pobreza había aumentado y retornó a los niveles de 2004.
Igual con el tema del analfabetismo, igual el tema de la exclusión social. Pero si tú ves el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, no solo en los últimos tres años, sino que durante los últimos ocho años, incluyendo la gestión del presidente (Antonio) Saca, esos índices se han mantenido invariables. No podemos solo echarle la culpa a estos tres años.
Usted fue de los primeros abogados con posiciones destacadas en defender la independencia de la Sala de lo Constitucional desde que en 2010 emitió la resolución para habilitar las candidaturas no partidarias. ¿Cree que los partidos han suavizado sus posturas?
La Sala ha dictado sentencias incómodas para todos los partidos, para el presidente, para los grandes medios de comunicación, para poderes que no están tan visibles que son poderes reales, como el caso de los militares, quienes vieron dentro de la Sala un potencial enemigo que podía ratificar la extradición a España. La forma más autocrática y tiránica de resolver esta situación fue pensar en la destitución de los magistrados y así fue como surgió la confrontación entre poderes. El resultado de ese montón de errores que cometió el bloque de partidos fue hace dos días, cuando la relatora de las Naciones Unidas, Gabriela Knaul, dice en su resolución preliminar cuatro afirmaciones: se socavó la independencia del poder judicial producto de la crisis; fue un error haber recurrido a la Corte Centroamericana de Justicia pues se trata de un tribunal de integración económica, no constitucional; se puso en peligro la independencia de la Sala de lo Constitucional al haberle prohibido publicar sus sentencias en el Diario Oficial y haber iniciado una comisión de investigación para destituirlos; y por último, se socavó fuertemente la independencia judicial cuando legislativamente se hizo todo un cerco para evitar que la Sala estuviera articulada y cuando los diputados abrieron una investigación de sus nombramientos. Desde la guerra, El Salvador no había sido objeto de un informe de Derechos Humanos ante Naciones Unidas.
Quienes aprobaron el Decreto 743 fueron todos los partidos, menos el FMLN.
Todos se equivocaron pero solo dos rectificaron.
Arena solo rectificó cuando comprobó que la Sala no iba a resolver contra la Ley de Amnistía.
Sí, no lo hicieron por convencimiento sino por conveniencia. Pero bueno, te voy a hacer otra afirmación. El PNUD dice en un informe que El Salvador es de los países más polarizados del mundo, así como también es uno de los países más consumistas del mundo, así como también es uno de los tres con más degradación ambiental en el mundo. Estamos también entre los tres países más violentos del mundo. Todos estos problemas tienen a su base que los partidos políticos se resisten a renunciar a tener control de las instituciones, aunque tampoco se trata de que la sociedad civil tenga que copar todas las instituciones. Se trata de justicia, transparencia, idoneidad y de respetar la constitucionalidad del país. ¿A qué me refiero? Los funcionarios de segundo grado deberían de ser personas transparentes, alejadas de los partidos políticos y deberían ser personas electas a partir de su idoneidad, y aquí me refiero a todos. Si el gobierno no transparenta la elección de estos funcionarios, la institucionalidad seguirá secuestrada por los mismos intereses de hace 20, 30, 40 años. Hay que dar espacio a que personas con visiones distintas e intereses no partidarios asuman la conducción de instituciones clave como la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura.
¿No es muy ingenuo pensar eso? Ante cualquier actuación de estas instituciones, la Asamblea y los partidos políticos pueden decir que son decisiones ilegales, como sucedió y sucede con las Sentencias de la Sala de lo Constitucional.
Yo te voy a decir algo: cuando me invitaron a la Asamblea a la consulta pública para discutir las sentencias de la Sala, yo afirmé que no estoy de acuerdo con un principio doctrinario que utiliza la Sala que tiene como propósito modular los efectos de la Sentencia. De la aplicación de ese principio se puede colegir que la Sala le está diciendo a la Asamblea cómo resolver los problemas. Pero de eso a desobedecer las sentencias y a resistirme a cumplirlas hay una gran distancia y ese es el principal error. Se han enfrentado a una excesiva función de la Sala de quererle decir a la Asamblea cómo deben cumplir los efectos de las sentencias, versus la soberbia de los partidos políticos que se resisten a cumplirlas. Esa polarización solo refleja que se está privilegiando la visión de país y te lo reitero, una cosa es que yo no esté de acuerdo. Estoy de acuerdo con que la Sala diga qué es constitucional y qué no lo es, punto. Pero cómo resolver ese lío en la Asamblea, ya es cosa muy propia del legislador.
¿Pero le ha parecido hasta ahora que la Asamblea ha respetado el espíritu de las sentencias?
En el derecho parlamentario hay un derecho de libre configuración, que significa que la forma, el contenido y el alcance de una ley es un derecho exclusivo de la Asamblea. Pero seamos francos en esto, el conflicto no se dio porque la Sala se vio disputando el poder o porque a la Asamblea no le gustaba que le violaran el derecho de la libre configuración. Se dio, sencillamente porque las sentencias tocaron estructuras de intereses partidarios, históricos, tradicionales. Estos cuatro magistrados no obedecían órdenes de ningún poder, entonces se quebró ese aparente acuerdo político que había entre las instituciones y quienes los gerencian para mantenerse intactos.
Hablando de los partidos políticos, estos se niegan a reformas internas, por ejemplo, para transparentar su financiamiento. Siguen creyendo que se rigen bajo derecho privado y no público.
Los partidos en todas partes del mundo se niegan a ser controlados, porque así hay más libertad de movimiento, de decisión y actuación. Pero veamos: las iglesias, los sindicatos, las cooperativas, las sociedades y las empresas y toda entidad corporativa están reguladas, excepto los partidos políticos. Eso es lo que no es posible en un estado de derecho. Me agrada que al menos haya 59 artículos ya aprobados de la nueva ley de partidos políticos porque ellos también han visto la necesidad de regularse para así evitar la competencia desleal entre ellos. Pero hay tres temas que son la piedra en el zapato: el financiamiento, el cuoteo del sector femenino en la participación de estructuras del partido y las reglas de democracia interna. En este último tema, resolvieron que los estatutos de cada partido definirán cómo elegirán sus autoridades, es decir, quedamos igual que antes. En el tema del financiamiento aún están discutiendo cuáles serán los montos mínimos y máximos que los partidos deberían de recibir de personas naturales o jurídicas. Yo disiento del monto, aunque debe haber una cantidad razonable como techo, pero el punto no es ese. El punto de fondo es la eficacia en la auditoría de esos fondos.
¿Cree usted que el ojo público tiene derecho a escrutar los fondos de los partidos?
Yo diría que más que el pueblo tiene derecho a saber cómo se gasta, me atrevería a decir que el pueblo tiene derecho a saber cuál es la procedencia de ese dinero. Si el dinero se gasta en una actividad política legal, bien, pero la procedencia del dinero sí creo que debe saber de dónde viene, y ahí tenemos legislaciones que tienen más de 100 años que son como la punta de lanza en este tema. La legislación de Estados Unidos permite saber cuánto dona una persona y quién lo dona y no pasa nada, y no pasa absolutamente nada, lo que pasa es que estamos venciendo paradigmas que no son fáciles de vencer.
Arena se opone a que se escruten los fondos de los partidos argumentando que la información puede provocar persecusiones tanto políticas como de delincuencia contra los donantes.
Tienen sus pro y sus contras, yo no te digo que tengan que transparentarse con nombres y apellidos, pero me parece que las cantidades sí deben ser objeto de una auditoría.
¿De qué sirve saber la cantidad si no se sabe de quién viene?
Bueno, pero aquí vamos al tema de la licitud y de la auditoría, porque por ejemplo en Costa Rica no se dice quién dona pero sí se dice la cantidad donada, y se conoce solamente la transferencia a través de vías lícitas. Se lleva un libro de contabilidad que al final de cada evento es entregado al equivalente del TSE aquí para verificar esas cuentas. Al menos hay un mínimo de control sobre esos fondos, pero aquí ni siquiera ha habido un mínimo.
¿Los fondos deberían auditarlos el TSE o la ciudadanía también?
Yo creo que es el Tribunal o una dependencia suya, ahí sí estoy convencido porque es la máxima autoridad en materia electoral como lo dice la Constitución.
¿Y el acceso a ver esos fondos?
Bueno, en las demás legislaciones es de acceso público, excepto en algunas en donde lo que no es de acceso público es de los donantes.
¿Y eso lo ve posible en El Salvador?
No, no lo creo. Si somos pragmáticos, no lo creo, jamás los partidos políticos van a permitir eso. Es más, eso es lo que ya está negociado y se dijo que no se iba a saber quiénes iban a ser los donantes. Difícilmente se logrará algo distinto.
A usted se le menciona dentro de una lista como precandidato del partido Arena para la vicepresidencia de la República junto a otras cartas como Mario Salaverría (exviceministro de Agricultura), Milagro Navas (alcaldesa de Antiguo Cuscatlán y miembro del Coena), Orlando Cabrera Candray (diputado y director ejecutivo de Arena), Donato Vaquerano (jefe de diputados y miembro del Coena), Margarita Escobar (diputada y miembro del Coena), José Barahona (empresario en Estados Unidos), y la abogada Claudia Umaña. ¿No le incomoda estar en una misma lista con otras personas que por su trayectoria política han contribuido por acción u omisión a que el país tenga el actual sistema del cual usted se lamenta?
Primero respondo lo de la precandidatura no oficial: tú lo dijiste muy bien, muy probablemente yo sea un precandidato no oficial, porque como no se me ha hecho una invitación oficial no puedo contestar si aceptaría esa precandidatura no oficial. Lo que sí te puedo decir es que la única manera de transformar la institucionalidad es desde adentro, no desde afuera. Con estas palabras yo no te digo que sí aceptaría, ni tampoco te digo que no aceptaría, lo que te estoy diciendo de transformar la realidad es siendo parte de ella.
Antes me dijo que los partidos políticos tienen que incluir gente que no sean de sus filas. ¿Usted se ve así?
Los que estamos en esa lista tenemos cualidades distintas, pero los postulados, las visiones y los anhelos muy probablemente son iguales, es decir, todos queremos transformar la realidad de este país, pensamos que la pobreza y la exclusión debe vencerse, también creemos que hay que facilitar el empleo digno para las personas, que el analfabetismo se erradique.
Con la diferencia de que los otros contendientes, con su actuación política partidaria, han propiciado de alguna u otra manera que el país se encuentre como está. ¿Tienen ellos las credenciales para ser vicepresidente?
Creo que sí las tienen y no podemos hablar de nombres en particular pero al menos genéricamente sí te puedo decir que son personas muy valiosas desde el punto de vista de sus perspectivas políticas, y creo que en la medida en que el pueblo no les endose la confianza y no sepamos cuál es su nivel de gerenciamiento o su capacidad para dirigir la cosa pública no podríamos juzgarlos a priori.
¿Por qué cree que apareció su nombre?
No lo sé, tendríamos que preguntarle al doctor (Norman Quijano).
Uno ve los perfiles y puede encontrar coincidencias entre todos, pero también divergencias. ¿Cómo un partido permite que se filtre un nombre aparentemente apartidario en una mecánica tan propia de las contiendas electorales?
Lo que pasa es que la misma dinámica de los partidos va teniendo transformaciones y cambios en el tiempo, y lo que une a las personas no necesariamente es su pasado ni su procedencia, sino sus anhelos, sus aspiraciones, sus principios. Yo te digo, yo me considero una persona muy respetuosa de la libertad de empresa, muy respetuosa de la institucionalidad, de los derechos fundamentales, me considero una persona comprometida con mi país desde la trinchera en la que me toque trabajar y estoy seguro de que las personas que aparecen en esa lista están comprometidas con todo esto. ¿Por qué fijarnos en aquello que nos puede desunir cuando hay cosas que nos pueden unir? Pienso que es ver el punto negro en la hoja en blanco.
Por lo que hemos hablado, usted aspira a lo mismo que aspiran el FMLN y Arena, con la diferencia de que unos dicen que quieren profundizar los cambios y otros dicen que tienen que buscar otra alternativa muy distinta. ¿A usted le gustaría profundizar los cambios o cree que debe haber una transformación completa en la administración estatal?
Es que lo que ha fracasado no es ni el régimen político ni la forma de gobierno, lo que ha fracasado es quién ha gerenciado el gobierno, que es distinto, pero la estructura no es mala. Lo que pasa es que cuando vemos que hay personas que muy probablemente han abusado del poder político y han privilegiado los intereses particulares por sobre los intereses generales, entonces sabemos que no era cierto lo que dijeron antes. La prueba más clara de ese desencanto es que de las últimas legislativas de marzo de 2012, tanto el FMLN como los partidos que lo acompañaron en algún momento, fracasaron y perdieron muchos bastiones electorales significativos, hubo absentismo, y eso es producto de la desesperanza. Si tan bien estuvieran con los cambios que ellos dicen, pues hombre, hubieran ganado mayoría legislativa en la Asamblea. Eso es así. Volvemos otra vez al tema de los pesos y contrapesos.
