Luis Martínez, fiscal general, nombró este miércoles a Paula Patricia Velásquez, jueza décimo primera de Paz de San Salvador, como fiscal adjunta de la república, con lo que la dirección de la institución encargada de perseguir el crimen y defender los intereses del Estado y la sociedad, queda a cargo de dos rostros relativamente frescos en puestos de máxima relevancia en el sistema de justicia salvadoreño.
'Vamos a apoyar al fiscal general para modernizar la Fiscalía y hacer la diferencia en cuanto a los anteriores', expresó esta tarde Velásquez en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación.
Según la información compartida por la Radio102.9 en las redes sociales, Velásquez explicó además que presentaría su permiso ante la Corte Suprema de Justicia para dejar su cargo como jueza y asumir como fiscal.
La jueza explicó que con Martínez se conocen desde hace tiempo y que fue durante las vacaciones de fin de año cuando este le propuso que asumiera el cargo y ella aceptó.
El fiscal general dijo que analizó varios perfiles antes de decidirse por el de la jueza. 'Evaluamos diferentes profesionales y se destaca la capacidad, experiencia y valores éticos de la abogada Velásquez', dijo Martínez durante la ceremonia de nombramiento de Velásquez.
La jueza Velásquez saltó a la luz pública en 2000, cuando tuvo a cargo la depuración del caso de presunta corrupción en el que se vieron involucrados Juan Torres, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fedefut) en los años 90, y los directivos Roger Barberena y Guillermo Valiente.
La jueza, en noviembre de ese año, resolvió sobreseimiento definitivo a los imputados, argumentando que las acusaciones de peculado y negociaciones ilícitas procedían en el caso de empleados o funcionarios públicos, pero que en el caso de la directiva de la Fedefut, los imputados no tenían esa investidura y por lo tanto no había fundamento en las acusaciones de la Fiscalía. 'Mi resolución tendrá controversias', dijo Velásquez en aquella ocasión, antes de anunciar su fallo, según registra una nota publicada por El Diario de Hoy.
El caso pasó un año en apelaciones y finalmente una cámara de lo penal revocó la sentencia de la jueza en noviembre de 2001 y ordenó que la causa pasara de una vez a un tribunal de instrucción. Ya en esa etapa, Torres estaba acusado de malversación de fondos, peculado y administración fraudulenta, como parte de una supuesta red de corrupción a la que la Corte de Cuentas vinculó con el manejo irregular de más de 30 millones de colones del presupuesto de la Fedefut en una auditoría realizada al ejercicio 1996.
La figura de fiscal adjunto ha sido sumamente relevante en un país donde la Asamblea Legislativa en más de una ocasión ha dejado sin nombramiento de fiscal general a la institución. Según el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, el fiscal adjunto suple las ausencias del fiscal general. Esto aplica en caso de que el fiscal general cese en sus funciones. En 2009, el entonces fiscal Félix Garrid Safie nombró a Ástor Escalante como fiscal adjunto. En abril, después de que los tres años del mandato de Safie terminaran, y dado que los diputados en la Asamblea Legislativa no encontraban un acuerdo para nombrar a un nuevo fiscal, Escalante asumió el cargo y fungió en este hasta septiembre de ese año, cuando los legisladores, con la ayuda del presidente Mauricio Funes, acordaron nombrar a Romeo Barahona.
Escalante volvió a aparecer el año recién pasado cuando el 24 de abril la Asamblea Legislativa lo nombró fiscal general 2012-2015, pero la elección fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Fue solo hasta noviembre cuando la Asamblea nombró al abogado Luis Martínez como nuevo fiscal.
Martínez aseguró que el actual fiscal adjunto, Ovidio Portillo, quien por motivos de salud dejó la Fiscalía en noviembre de 2012, continuará laborando en la Fiscalía como asesor. Portillo había sido designado adjunto por el exfiscal Barahona.
