El expresidente Alfredo Cristiani envió el pasado 13 de diciembre una carta de respaldo a favor de quien fuera su viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, para el proceso que le sigue el gobierno de Estados Unidos en Massachusetts por mentir en su declaración migratoria de ingreso a ese país.
Montano ya se declaró culpable, y la parte acusadora ha solicitado entre 15 y 24 meses de prisión por los seis cargos que se le imputan (tres por mentir en sus solicitudes de inscripción y prórroga del TPS y tres por cometer perjurio). El juez del caso, Douglas Woodlock, podría otorgarle una pena menor o sustituir estas medidas por una deportación a El Salvador, aunque ya adelantó que en la sentencia considerará si Montano mintió en su declaración para ocultar un pasado vinculado a crímenes de guerra, ya que negó haber pertenecido al ejército.
A partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el gobierno y el Congreso de ese país han solicitado investigar y castigar a violadores de derechos humanos que se encuentren en su territorio, lo cual comprometió la situación de Montano.
El exviceministro está procesado en la Audiencia Nacional de España, junto a otros 19 militares, de haber participado en el asesinato de los sacerdotes jesuitas perpetrado en la UCA en 1989 y España ha solicitado ya formalmente a Estados Unidos su extradición.
Si su sentencia incluye prisión, esto ampliaría el margen para llevar a cabo el proceso de extradición; pero si el juez decide deportarlo a El Salvador prácticamente cerraría las posibilidades del juicio en Madrid, porque la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha denegado ya la posibilidad de extraditar a alguno de los acusados.
La defensa de Montano en Massachusetts ha argumentado que el proceso en su contra o la solicitud de extradición a Madrid no deben influir en el proceso por fraude migratorio, y que su cliente es una persona que no amerita prisión, por lo que solicitó a Cristiani una recomendación para incluirla en el juicio.
La carta del expresidente Cristiani, admitida en la Corte de Distrito de Massachusetts el 28 de diciembre, está dirigida al juez Woodlock, y en ella Cristiani manifiesta conocer a Montano desde 1989, “cuando fui electo Presidente de la República, y conociendo los antecedentes del señor Montano le solicité que se uniera a mi gabinete como viceministro de Seguridad Pública, un cargo que fue desempeñado satisfactoriamente por él, demostrando ser un oficial profesional, responsable y bien entrenado”.
El Faro intentó hablar con el expresidente Cristiani, pero solo confirmó la autoría de la carta a través de su asistente: 'Sí se envió esa carta pero no hay nada que inferir con respecto a ella. La familia de él (Montano) solicitó esa constancia'.
Montano conocerá su sentencia el próximo 15 de enero.
El caso en España
Atendiendo una demanda interpuesta por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Audiencia Nacional de España abrió un juicio en 2008 contra 20 militares salvadoreños acusados de participar en el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija, perpetrado por el Batallón Atlacatl en la UCA, en 1989. Entre los procesados se encuentran todos los miembros de la cúpula militar en ese año, incluyendo a Montano.
Cables diplomáticos estadounidenses dados a conocer por WikiLeaks revelan que Cristiani fue antes retirado de la lista original de acusados en la Audiencia Nacional gracias al envío de parte de El Salvador de comisiones de alto nivel a Madrid encabezadas por dos firmantes de los Acuerdos de Paz: el ex dirigente efemelenista Salvador Samayoa y el ex canciller Óscar Santamaría.
A principios de agosto de 2011, y a solicitud del juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, la Interpol decretó alerta roja contra 10 de los militares procesados, que obtuvieron refugio en instalaciones militares salvadoreñas para evitar la detención policial. Posteriormente fueron puestos a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, que negó la legalidad de una eventual detención de los acusados. Meses después la misma Corte negó la posibilidad de extraditarlos, dando casi por cerrada la posibilidad de llevar a cabo el juicio reclamado en Madrid por el juez Velasco.
Sin embargo, la captura en Estados Unidos de Montano abrió nuevamente esa posibilidad, al no encontrarse en territorio salvadoreño y por tanto no estar protegido por la resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Si el juez Woodlock resuelve mantenerlo en prisión, esto permitiría a España avanzar la solicitud de extradición de Montano, y con ello una de las últimas posibilidades de celebrar el juicio por la masacre de los jesuitas en la Audiencia Nacional.
Uno de los acusados, el exteniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, que era el segundo al mando de la Escuela Militar, admitió en una entrevista que los soldados que perpetraron la masacre partieron de la escuela y lo hicieron con el conocimiento de toda la cúpula militar.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, la orden de asesinar a los sacerdotes jesuitas fue dada por el ministro de Defensa, René Emilio Ponce, al coronel Guillermo Alfredo Benavides, en una reunión en la que participó toda la cúpula militar.
