Una corte federal de Massachussets pospuso este martes hasta el 1 de marzo la fecha en que se emitirá sentencia definitiva contra Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública salvadoreño (1989 – 1992), quien enfrenta un proceso migratorio en Estados Unidos que lo podría exponer a la posibilidad de extradición a España, donde está acusado por el asesinato de los sacerdotes jesuitas ocurrido en 1989.
El juez Douglas Woodklock debía decidir este martes si Montano permanecería en cárcel estadounidense o si sería deportado a El Salvador por conflictos con la ley migratoria. Pero el juez postergó la fecha para dictar sentencia debido a nuevos documentos vertidos por la parte acusaddora y la defensa.
La pena de cárcel que pidió la Fiscalía en un documento el 8 de enero es de 51 meses, pues argumenta que los dos delitos cometidos por Montano, fraude y perjurio, son de mucha gravedad, y que además Montano tiene antecedentes criminales en El Salvador. La ley federal en Estados Unidos establece una pena carcelaria con base en dos factores: la gravedad del delito y los antecedentes criminales. El tiempo mínimo de cárcel que podría enfrentar es de 10 meses, explicó Carolyn Patty Blum, abogada del Center for Accountability and Justice (CJA), institución que en el caso jesuitas que ventila la Audiencia Nacional en España ha fungido como querellante.
Para descartar antecedentes criminales, los defensores de Montano presentaron al juez solvencias de Centros Penales y de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, el juez Woodlock determinó este martes que el pasado militar de Montano es un elemento que podría tomar en cuenta en su sentencia, según explicó el CJA.
Woodlock dijo que podría revisar el pasado de Montano en respuesta a un petitorio presentado a última hora, el lunes 14 de enero, en el que los abogados de Montano reclamaban que la pena máxima que podía aplicársele a su defendido era de 10 meses, y que además el juicio debía ceñirse únicamente a asuntos migratorios, que fueron por los que fue detenido en agosto en Virginia, y no por el pasado militar del coronel de 70 años.
El abogado de Montano, Óscar Cruz Jr., también pidió al juez que se acusara a su defendido solo por dos cargos (uno de fraude y uno de perjurio) y no por seis ( tres por fraude y tres por perjurio).
Woodlock determinó, en primer lugar, que los antecedentes militares de Montano sí serán algo que podría considerar para emitir su sentencia, y con ello dejó entrever que estudiará el documento que presentó el fiscal John Capin con el fin de mostrar cuál fue la participación del exmilitar en el contexto en el que fueron asesinados los seis jesuitas en la UCA. Este documento es un estudio efectuado por la profesora universitaria Terry Lynn Karl, de la Universidad de Stanford. Consta de 50 páginas en las que se ahonda en tres temas: la masacre de los seis sacerdotes, la responsabilidad de Montano y del resto del alto mando de la Fuerza Armada salvadoreña, así como otras violaciones a los derechos humanos atribuidas a él.
'Mi opinión es que, si se demuestran, los alegatos relacionados a los actos del señor Montano con los militares son cuestiones que me hacen pensar en un aumento', dijo el juez Woodlock en cuanto a los años de cárcel que podría sentenciarle a Montano, según la agencia Associated Press.
En cuanto a la cantidad de cargos imputados a Montano, el juez de Massachussets determinó que serán seis debido a que cada uno de ellos fue presuntamente cometido en tiempos distintos. Montano ingresó a Estados Unidos después de los terremotos en El Salvador en 2001, y desde 2002 llenó formularios migratorios en los que negó que había pertenecido a las fuerzas armadas salvadoreñas. Según el fiscal John Capin, Montano mintió para seguir siendo elegible para el beneficio migratorio que, a través del TPS (Estatus de Protección Temporal, por sus siglas en inglés), recibieron muchos salvadoreños tras los sismos.
Además de estas decisiones, el juez determinó posponer el desarrollo de la audiencia hasta el 1 de marzo. El funcionario otorgó un mes y medio de tiempo para que los abogados defensores del exmilitar se defiendan del informe de la profesora Karl, y también para que la Fiscalía responda a la petición interpuesta por la defensa este lunes 14 de enero.
El juicio se desarrolló en el edificio Joseph Moakley, que lleva ese nombre en honor al congresista estadounidense que investigó la masacre de los jesuitas en 1990. Montano llegó pasadas las 9:30 ayudado de un bastón.
Montano es uno de los 20 militares con orden de captura internacional librada por la Audiencia Nacional de España en junio del año pasado, acusado del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y su hija, perpetrado por miembros del Batallón Atlacatl en las instalaciones de la UCA en 1989. Sin embargo, su detención en Estados Unidos fue porque se detectó que mintió en los formularios migratorios que llenó en los Estados Unidos desde 2002, aunque no está claro si ese fue el año de su ingreso a ese país.
Montano se declaró culpable en septiembre de haber violado la ley migratoria de Estados Unidos, según un cable de la agencia de noticias Associated Press (AP) y el periódico The Boston Globe. La admisión de culpa por parte de Montano se produjo cuatro meses después de que la Corte Suprema de Justicia en El Salvador denegara a España la extradición de 13 militares que fueron localizados en San Salvador y que tenían orden de captura internacional por su participación en el crimen de los religiosos y sus dos colaboradoras.
Según la acusación, el militar retirado respondió “no” en los formularios cuando se le preguntaba si había tenido un pasado militar.
El coronel Montano fue viceministro de Seguridad hasta marzo de 1992. Se retiró de las Fuerzas Armadas en 1994 y en algún momento viajó a los Estados Unidos. Montano fue detenido durante la tercera semana de agosto de 2011 en el Estado de Virginia, a 650 kilómetros de Boston, Massachusetts, donde el militar había estado viviendo “por una década”, según dijo a El Faro en una entrevista telefónica en abril del año pasado.
