La Compañía Salvadoreña de Seguridad (Cosase), propiedad de Miguel Menéndez -uno de los fundadores del movimiento Amigos de Mauricio-, ha obtenido contratos con el gobierno del presidente Mauricio Funes que promedian los 4.2 millones de dólares anuales, con lo que se ha convertido en el proveedor al que el Ejecutivo otorga la tajada más grande del pastel de servicios de seguridad privada.
Menéndez, un empresario que hasta antes de la candidatura presidencial de Funes había apoyado al partido Arena, fue fundador de la organización Amigos de Mauricio, que posiblemente fue decisiva para que el partido FMLN pudiera ganar una elección presidencial.
Comparado con los contratos que el mismo Menéndez obtuvo durante la gestión presidencial de Antonio Saca, “Mecafé” ha triplicado sus ingresos gracias a los negocios con el actual gobierno.
Según el Ministerio de Hacienda, desde el 29 de julio de 2009 hasta enero de 2013, el Ejecutivo ha invertido en seguridad privada para pozos de ANDA, clínicas de Fosalud, hospitales, parqueos y vigilancia en oficinas administrativas de ministerios y autónomas, la cantidad de 30.6 millones de dólares. Cosase ha conseguido afianzar contratos por casi la mitad de ese monto: 14.6 millones de dólares en este período de 3 años y cinco meses.
Cosase ganó el 47.7 % del monto total de servicios de seguridad privada por medio de licitaciones públicas o compras directas. La hegemonía de Cosase sobre el resto de empresas dedicadas al rubro de la seguridad privada es tal que si las otras cinco compañías que más cuantiosos contratos han obtenido durante la presente administración juntaran sus ingresos por contratos con el gobierno, todavía les harían falta 3.4 millones de dólares para igualar los ingresos de la empresa de “Mecafé” en el mismo período.
Cuando Funes tomó las riendas del gobierno, el 1 de junio de 2009, Cosase era una compañía ya consolidada, con una trayectoria de 18 años, con 15 contratos firmados con el anterior gobierno, pero su máximo triunfo había sido conseguir una adjudicación con el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), por un monto de 701 mil dólares. El problema a la hora de establecer la comparación exacta entre lo ganado por Cosase en los períodos de Saca y Funes es que Comprasal, la página web que registra las compras del Estado, no reporta los contratos en ningún rubro del primer año de gestión de Saca. Por ello, las comparaciones que pueden hacerse tienen base en los números disponibles: el período 2005-2008 de Saca versus el período 2009-2013 de Funes. Lo que estos años sí permiten es establecer un promedio anual del monto de los contratos que la empresa de Menéndez ganaba con la administración anterior y los que gana con la actual. Una simple división entre el monto ganado y los años en los que se ha ganado arroja que Cosase ganaba 957 mil 475 anuales en contratos durante los últimos años de Saca y 3 millones 658 mil 759 anuales durante la gestión Funes. El amigo del presidente ha triplicado, si hacemos las cuentas a la baja, sus ingresos por servicios prestados al Ejecutivo. Apuntando hacia arriba, no es lejano a la realidad reformular y decir que casi ha cuadruplicado el monto de sus contratos. Cuando Funes dijo en su discurso de toma de posesión, el 1 de junio de 2009, “el bien público no puede ser confundido con el bien personal, y la ética de los favores tiene que ser sustituida por la ética de la competencia sana y democrática”, Cosase ya era una empresa reconocida por la prestación de servicios de seguridad, la custodia de furgones, el traslado de valores y el monitoreo de sistemas de alarmas. Con esas credenciales el gobierno de Antonio Saca le adjudicó, entre 2005 y 2008, 2.8 millones. En esa época, Menéndez era una persona que simpatizaba con el partido Arena; de hecho, integró un club de colaboradores llamado “Todos sumamos”, cuyo propósito era consolidar una red de medianos contribuyentes para ese partido. Pocos meses antes de las elecciones de 2009, Menéndez se alejó del partido Arena y por acercamientos con Luis Lagos, un político de derecha, se sumó a la consolidación del movimiento Amigos de Mauricio, una organización que consiguió sedes en 70 municipios del país y que, según sus cálculos, aportó unos 200 mil votos para el triunfo electoral del mandatario. Una vez Funes se sentó en la silla presidencial, algunos pasaron a ocupar puestos claves en el gabinete de gobierno. Miguel Menéndez estaba entre estas, y funes lo hizo presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco). En los primeros dos años de gobierno, Menéndez regentaba una oficina pública y, al mismo tiempo, su empresa seguía participando y ganando contratos con el Ejecutivo porque la ley que regula las compras estatales no se lo impedía. Durante la última semana de mayo de 2010, El Faro anticipó que el primer gobierno de izquierdas prometía una época de bonanza económica para Cosase. Entre 2009 y 2010, esa compañía ganó 15 contratos por 2.5 millones de dólares. Esa cifra implica que durante el primer año del gobierno de Funes, Menéndez casi igualó lo que había ganado durante tres años con el gobierno de Saca. Y venían tiempos mejores. Esos tiempos, sin embargo, no estuvieron exentos de uno que otro cuestionamiento. Durante el primer año de gobierno, desde el mismo gabinete de Funes surgieron denuncias que ponían en entredicho la honradez de Cosase y la acusaban de realizar prácticas parecidas a las que supuestamente ejercía Serconse, la empresa propiedad del otrora dirigente del partido Arena Adolfo Tórrez. Tórrez no solo era uno de los más cercanos colaboradores de Antonio Saca en los asuntos del partido Arena, sino también propietario de esa compañía que ganó millonarios contratos en el Seguro Social y en el Ministerio de Obras Públicas. Tórrez murió la madrugada del 2 de junio de 2009, pocos días después que El Faro revelara una conversación telefónica en la que pedía medio millón de dólares al exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, para desvanecer las acusaciones por lavado de dinero y corrupción que pesaban contra el exlegislador, detenido en los Estados Unidos. Silva Pereira está acusado en Guatemala de ser el autor intelectual del asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacen, pertenecientes al partido Arena. El 11 de agosto de 2010, el entonces presidente del Seguro Social, Óscar Kattán, denunció que Serconse tenía 481 plazas fantasmas y Cosase otras 49. Además, dijo que las dos empresas habían cobrado por servicios de seguridad que nunca brindaron al Seguro Social. La denuncia de Kattán en contra de la empresa de Menéndez pasó casi inadvertida, no hubo investigación y Cosase siguió participando y ganando licitaciones del Ejecutivo. Menéndez renunció al Cifco en 2011, pero su salida del gabinete no significó perder presencia en las decisiones del Ejecutivo. Fuentes de Casa Presidencial y personas cercanas a las direcciones del FMLN y Gana, el partido que con sus votos legislativos ha apoyado muchas de las decisiones complicadas de Funes, aseguran que el dueño de Cosase sigue siendo una de las personas que tiene acceso privilegiado al presidente. Las fuentes aseguran que Menéndez comenzó como un apoyo de campaña, siguió como un amigo al que frecuenta para disparar en su polígono de tiro, y continuó como un contratista del Estado. Mientras algunos ministros y diputados ven que Menéndez es, para el presidente, una especie de consejero privilegiado; los datos de las compras estatales que reporta el Ministerio de Hacienda confirman que Cosase, entre finales de julio de 2009 y enero de este años ha obtenido del Ejecutivo la adjudicación de 74 contratos. En las adjudicaciones a favor de la empresa de Menéndez destaca, por ejemplo, un contrato por 3.4 millones de dólares que le concedió la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para 2011. Otro contrato millonario lo firmó hace un mes, en enero. Cosase se comprometió a dar seguridad a las oficinas centrales y unidades de Fosalud y, a cambio, recibirá la cantidad de un millón de dólares. En los últimos dos años, Cosase ha ampliado su cartera de clientes. Hay dependencias del Ejecutivo que recién han iniciado una relación comercial con esa compañía: el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Cultura de la Presidencia, la Secretaría Técnica de la Presidencia y la Corporación Salvadoreña de Turismo, institución que le dio un contrato para la vigilancia en sus oficinas centrales, así como en el parque El Boquerón y en el complejo turístico del Puerto de La Libertad. Los registros de Comprasal durante el gobierno de Saca consignan un gasto de 9.7 millones de dólares en seguridad privada, dato que contrastado con los 30 millones en menos de cuatro años en el gobierno de Funes, sugiere que ahora el gobierno paga más por servicios privados de seguridad. El Faro preguntó al secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, por qué el presupuesto para seguridad privada del Ejecutivo casi se ha triplicado en comparación con los registros que dejó el anterior gobierno. También se le consultó por qué Cosase es la empresa que ha ganado más contratos, y si eso no le resulta un dilema ético a la administración Funes, teniendo en cuenta el perfil de Menéndez. Rivas prometió consultar qué instancia del gobierno podía dar una respuesta, pero al cierre de esta nota esa explicación aún no había sido proporcionada. Las mismas preguntas se hicieron al diputado independiente Sigifredo Ochoa Pérez, de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, y cuya familia está vinculada a la empresa de seguridad privada Grupo Los Seis. El exdiputado de Arena asegura que el incremento del gasto en seguridad privada obedece a que las instituciones prefieren contratar a guardias de seguridad privados y no tener ese personal en planilla. Cuando se le pregunta por qué cree que uno de los amigos del presidente Funes es el más privilegiado en ese rubro, el diputado sonríe, y cuando se le menciona los 14.6 millones, pone cara de sorpresa: “Habría que ver si hubo licitación o no hubo licitación, o simplemente fue una contratación directa. Habría que ver qué es lo que ha pasado. Sería bueno buscar por qué se lo han dado o por qué no se lo dieron (los contratos)”. Ganar con licitación o sin ella La ley de compras del Estado (Lacap) permite que cuando la compra de un bien o servicio no supere los 53 mil dólares, los funcionarios puedan aplicar la libre gestión, un mecanismo que en teoría es ágil porque se evita la burocracia que genera la competencia en una licitación. En los últimos tres años, Cosase ha ganado 28 de estos contratos. De nuevo, en este tipo de contrato, la compañía de “Mecafé” ha sacado una amplia ventaja a sus competidores. Los ingresos de Cosase por libre gestión son de 750 mil en ese período, el doble de lo que consiguió Sistemas de Seguridad y Limpieza, la compañía que ocupa el segundo lugar en ganancias de este rubro. Cosase, sin embargo, no solo ha ganado grandes contratos, sino que los registros estatales muestran una serie de compras de servicios por algunas pocas decenas de dólares o, a lo sumo, por unos pocos miles de dólares. Por ejemplo, se quedó con un contrato de 75 dólares (setenta y cinco) para abastecer de cinco sprays para defensa personal al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP), y también obtuvo un contrato por 40 dólares que pagó el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) para que un guardia custodiara el traslado de unas escrituras. En la lista de pequeñas compras donde no existió licitación está, por ejemplo, la contratación de dos escoltas para el presidente de la Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain), por un monto de 4 mil 612 dólares. El Faro preguntó a la unidad de comunicaciones de esa dependencia cuál es la justificación de ese contrato que data de 2011 y cómo se llegó a establecer que Cosase era la mejor opción. Al cierre de esta nota no habían respondido. En el caso del ISTA, hay otros tres contratos de gestión directa: 40 dólares para pagar a un custodio que vigiló una entrega de escrituras; otros 400 dólares por la vigilancia de una entrega de escrituras en una cooperativa de Sonsonate; y 99.50 dólares para pagar a un guardia privado que resguardara el equipo, mobiliario y bebidas durante una entrega de escrituras en la hacienda La Labor, en Ahuachapán. Un técnico de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones del ISTA, quien pidió reserva de su identidad porque no estaba autorizado para hablar sobre el tema, explicó que esa institución decidió hacer esas compras de libre gestión porque ese servicio no está incluido en el contrato general de vigilancia y seguridad por 22 mil dólares, el cual también ha ganado Cosase. “Los agentes no están contratados para ese fin (traslado de escrituras), no se puede tomar a uno de ellos y dejar descubierta a la institución. Son situaciones eventuales”. Al preguntarle al técnico cómo se ha garantizado la transparencia y competencia de esos contratos, respondió que tres días antes de que se necesite el servicio se publica un anuncio en el sitio de Comprasal para que las empresas puedan hacer sus ofertas. Pocas empresas compiten por el contrato, dice, porque no les interesa ofrecer el servicio por un día: “Ellos buscan contratos grandes, no eventualidades”. Y ante esa supuesta indiferencia del resto de compañías, el camino queda despejado para que Cosase añada estas pequeñas sumas a su cuenta final. Al otro lado del río, empresas de seguridad que no son Cosase hablan en voz baja de una competencia en la que creen que están predestinados al fracaso. El Faro contactó a los representantes de dos empresas que han ganado contratos con el gobierno, pero piden no revelar sus nombres porque creen que se les excluirá de futuras licitaciones. Dicen que hay indicios de que las normas técnicas, la forma de evaluación y los requerimientos de las licitaciones llevan en algunos casos dedicatoria para que gane determinada empresa. “El año pasado hubo licitaciones tan inverosímiles... ejemplo: el CNR licita sus servicios de seguridad sólo para tres meses y debes instalar el servicio en menos de 17 días. Nadie te garantiza que vas a tener prórroga, así que la inversión que haces en equipo la debes costear para tres meses y eso te da un precio astronómico. Nadie le hizo frente a esa licitación. ¿Quién quedó? Cosase. Y así hay más licitaciones que al revisar las condiciones y bases de competencia nadie en su sano juicio querrá participar. No digo que todas las licitaciones, pero si revisas el pastel de servicios de seguridad que tiene Cosase, verás que tienen lo que tienen por algo”, cuenta una de las fuentes consultadas. La semana pasada, este periódico llamó en reiteradas oportunidades a la oficina de Cosase para preguntar respecto al tema. Luego de varias llamadas, una empleada dijo que Miguel Menéndez estaba fuera del país. Al cierre de esta nota, la oficina de Menéndez no había correspondido. Información privilegiada La oficina de Asistencia Legal y Anticorrupción (ALAC El Salvador) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), considera que hay un evidente problema ético cuando uno de los arquitectos de la campaña del presidente aparece –meses después- ganando e incrementando el monto de sus contratos con el Estado. “Es un tema bien sensible. Cuando se trata de una persona que ayudó a financiar la campaña, eso implica que obviamente el dueño tuvo acceso a información privilegiada por ser uno de los financistas. Hay una transgresión ética”, dice Roberto Burgos, coordinador de ALAC El Salvador. Burgos recuerda que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por El Salvador el 25 de junio de 2004, recomienda que los funcionarios hagan una declaración de interés para transparentar cualquier gestión que realicen ante el Estado. “La Convención ofrece que los funcionarios realicen declaraciones de interés, que se transparente las sociedades a las que pertenecen, a los partidos políticos, que queden reflejados sus intereses y quiénes son sus acreedores para que sea más clara su relación con el Estado”. Según el Registro de Comercio, Cosase forma parte de una especie de conglomerado empresarial. Los informes financieros elaborados por el auditor Irving Pavel Tóchez, expresidente de CEL y ex director de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, consignan que esa empresa de seguridad tiene cuentas relacionadas con la empresa Mecafé, S.A. de C.V.; con Anfara, S.A. de C.V.; con Romel, S.A. de C.V.; con Fam S.A. de C.V., y con Security Advance Product, S.A. de C.V. En las directivas de todas esas empresas aparecen nombres de personas que también aparecen en Cosase. En la visión de Burgos, aunque Menéndez ya dejó la presidencia del Cifco, su salida del gabinete no debería de eximirlo de hacer una declaración de interés porque como miembro del movimiento Amigos de Mauricio tuvo como compañeros a personas que ocupan puestos claves en el Ejecutivo. “Ya no es funcionario, pero habría que revisar esos procesos para ver si tuvo acceso a información privilegiada. Es una suposición, pero es posible”, expone. En noviembre de 2010, la Subsecretaría de Transparencia informó que había revisado 15 de las contrataciones que Cosase ganó durante el primer año de gobierno de Funes y certificaba que 10 de esas contrataciones fueron transparentes, pero que cinco le generaban dudas. La Subsecretaría, sin embargo, no abrió una investigación porque no hubo denuncia. Cuando Funes era aún candidato, firmó un compromiso ante Transparencia Internacional capítulo El Salvador, que estaba adscrita a Funde. Su compromiso era que, en caso de ganar, establecería un gobierno que promoviera la transparencia y la ética en la administración pública. El presidente de Funde, Roberto Rubio, se ha convertido en un crítico frecuente del gobierno, porque considera que tiene déficit en transparencia y rendición de cuentas. Esos reclamos, más los informes a cargo de Funde -como el de Presupuesto Abierto, o los de ALAC, que han hecho públicos algunos rechazos de la Presidencia a ciertos pedidos de información-, tienen una intención política de beneficiar al partido Arena y desgastar a la administración, según lo ha dicho el mismo presidente Funes. Lo dijo el pasado 1 de febrero. “Aliados para la Democracia, Funde, Iniciativa Social para la Democracia, la ANEP misma, que a mí no me cabe ninguna duda que por su proceder al final terminan siendo ápices del partido Arena, nos piden a nosotros transparencia, por eso me pregunto: ¿qué es este ataque de transparencia que les ha dado? Ahora tienen un ataque de transparencia y han pasado años y años mudos, distraídos, haciéndose de la vista gorda ante todo tipo de irregularidades y ante la falta de acceso a la información”. Funes defiende la transparencia de su gobierno, pero Burgos asegura que hay una deuda que aclarar en cuanto a la inversión que el Ejecutivo hace en seguridad privada. “Esto de la seguridad privada es un gasto que se viene arrastrando desde el Gobierno anterior, recuerde que había un personaje, (Adolfo) Tórrez, que era el que controlaba todo de una manera inexplicable. Parecería que solo estamos cambiando las personas”.
