La vida afuera de los tribunales donde se lleva el juicio permanece igual. No hay plantones ni pancartas, contrario a lo que uno podría imaginar, en la enorme plaza de tribunales frente a la entrada. Ni siquiera ha sido necesario un cordón de seguridad. Ahí siguen los vendedores de baratijas y los mecanógrafos judiciales dispuestos a redactar un acta en dos minutos con sus viejas Olivetti. Los jugadores callejeros de ajedrez que remachan cada jaque o pérdida de un alfil con frases más propias de jugadores de dominó de barrio. Los maleantes, los esquineros piropeando muchachas y los coordinadores de microbuses. El olor a marihuana y el de comida frita que emana de los comedores.
Pero aunque el centro de Guatemala parezca no saberlo, hay muchas cosas pasando. El proceso contra el general Ríos Montt tiene un poder transformador, y también un poder explosivo, que tiene nerviosos a muchos. Los periódicos guatemaltecos están llenos de columnas de opinión denunciando este juicio como algo orquestado por la comunidad internacional y los enemigos del ejército; como una venganza de los ixiles impropia en tiempos de paz y reconciliación; como una construcción falsa porque “en Guatemala nunca hubo genocidio”; como una trampa tendida por querellantes guerrilleros.
El presidente Otto Pérez y la mayor organización gremial empresarial han negado públicamente el genocidio; grupos de eminentes ciudadanos, incluyendo dos ex vicepresidentes, publican comunicados advirtiendo de los riesgos de que este juicio traiga de nuevo violencia política; la Asociación de Veteranos Militares manda a sus miembros decir en los medios de comunicación que el tribunal no es competente y que Guatemala es objeto de una nueva agresión internacional. Y los abogados de los generales, en el primer día del juicio, declararon que se trataba de una larga campaña internacional para fabricar la historia de que el Estado guatemalteco cometió genocidio. El abogado Francisco García Gudiel, ese que fue expulsado por la jueza Barrios, alcanzó a decir antes que la guerra afectó a todos los guatemaltecos y que tenían que “olvidar y vivir en paz”. Este juicio, dijo, ha sido impulsado por organizaciones internacionales enemigas de la democracia.
Hay varios extranjeros asistiendo al juicio. Hay, por supuesto, periodistas y relatores de organizaciones civiles. Hay representantes de instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la justicia transicional; académicos canadienses y estadounidenses; mujeres feministas europeas enfundadas en ropas indígenas; representantes de Naciones Unidas y embajadores de varios países. Esta mañana acudió a ver el juicio el de Estados Unidos, Arnold Chacón. Recientemente, en una entrevista concedida a este periódico, la fiscal Claudia Paz y Paz respondió a la presencia o acompañamiento de la comunidad internacional: “Cuando ocurren delitos tan graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no solo los guatemaltecos son los afectados, sino todo el mundo”.
Al contrario de la jueza Barrios, para quien el mundo parece reducirse a lo que sucede en estas paredes, el querellante Edgar Pérez parece estar todo el tiempo consciente de la importancia de este juicio allá afuera. A un perito le dijo a medio interrogatorio que sabía que alguna gente les llamaba izquierdistas o enemigos de la paz. Y el primer día del juicio dirigió algunas palabras también para los que, allá afuera, criticaban el proceso por genocidio: “Las mentiras y el silencio destruyen la verdad”, les dijo. Y advirtió que una decisión judicial basada en la evidencia no puede negarse.
Pérez revisa documentos todo el tiempo. Es el representante de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), una de las organizaciones que abrieron este juicio hace una década y que se mantuvieron, durante todos estos años, buscando todos los huecos que les permitiera la ley, todas las apelaciones para liberar documentos militares, todos los tribunales necesarios hasta que lograron sentar a estos dos acusados.
Bajo de estatura, con un bigote que domina su rostro rojo, Pérez sonríe, parece que siempre sonríe. Comparte mesa con Héctor Reyes, abogado que representa al Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la otra organización que abrió el juicio y que llegó incluso a Madrid a intentar en la Audiencia Nacional un proceso contra el general Ríos Montt. En la mesa también está el fiscal Orlando López, del Ministerio Público. Son los tres abogados con derecho a interrogar.
En esa mesa, además, hay siempre al menos otras cinco personas para ayudar con papeles y revisión de documentos. Atrás de ellos, acomodadas en el desorden de una actividad frenética, hay media docena de enormes cajas de plástico transparentes que contienen archivos, documentos, reportes de testigos, planes operacionales del ejército. Los asistentes abren las cajas y buscan antes de la presentación de nuevos peritos; una mujer en una de las sillas de esa mesa escribe en una computadora con internet móvil y escribe todo el tiempo. Los que no buscan documentos tienen documentos en las manos y subrayan, y pasan páginas, y escriben con un lápiz. Es una oficina completa montada en el tribunal.
La defensa de los generales, en cambio, es un espacio vacío. No hay cajas atrás de ellos ni asesores ni asistentes. Apenas los dos generales sentados con dos o tres abogados, dependiendo del día. Nada más. Ni siquiera han intentado poner a prueba las acusaciones en contra de sus representados. Su estrategia de interrogatorios se ha limitado a intentar desvirtuar a los peritos de la acusación y a intentar demostrar que los generales no tenían ni control sobre las tropas ni mando para diseñar los operativos. Pero les ha salido tan mal que sus propios peritos han terminado dando la razón a la fiscalía. Les ha salido tan mal que todos creen que su verdadera estrategia será deslegitimar el juicio; pedir la nulidad mediante algún tecnicismo como el del abogado expulsado de la primera jornada o negativas de la jueza a que ellos presenten documentos fuera de agenda.
Les ha salido tan mal que uno de los peritos de la defensa terminó disculpándose por referirse, para la preparación de su reporte, a una ley que no existía; otro olvidó firmar su reporte y la fiscalía exigió que se retirara de las pruebas; diez peritos programados no se presentaron; uno más, llamado a demostrar que Ríos Montt no tenía capacidad de mando, terminó diciendo que Ríos Montt era el máximo jefe militar.
Los abogados de los militares se tocan la frente con mucha frecuencia. Se quitan los lentes, gesticulan. Ríos Montt, en cambio, nunca se inmuta. Parece estar siempre a punto de iniciar uno de sus famosos sermones en la Iglesia del Verbo de la que fue pastor durante tantos años. Escribe en su cuaderno, o dibuja algo. No reacciona a lo que dicen los testigos o los peritos. Apenas habla con su abogado, poco, para decirle que necesita ir al baño. Así que el abogado pide permiso a la presidenta del tribunal y Ríos Montt abandona la sala dos o tres veces por jornada. Regresa un par de minutos después. Siempre, siempre sonriente. Como si en vez de un juicio este fuera un examen profesional. Apenas mira, de vez en cuando, a los peritos militares que han venido a hablar en su defensa. Pero ni siquiera les dedica una mirada cuando ellos salen, que invariablemente intentan verlo, como esperando un veredicto del general a su participación. Él tiene siempre, para entonces, la vista en su cuaderno. Y dibuja algo. Apenas lo vi levantar la cabeza, y reaccionar, cuando en la silla de los peritos había algún militar retirado y la jueza o alguno de los abogados que interrogaban le llamaban “General”. Invariablemente Ríos Montt levantó la cabeza y buscó al interrogador.
Hoy el abogado querellante Edgar Pérez interroga a un perito de la defensa. Manuel Conde Orellana, que fuera presidente de la Comisión de Gobierno para las negociaciones, parece un motivador de personal. Habla con el tono del optimismo y el camino al éxito y parece seguro de que la modulación de su voz y las palabras grandilocuentes bastan para convencer a cualquiera de cualquier cosa. Cuando la defensa, para la que él testifica, objeta alguna pregunta de la acusación, Conde objeta la objeción y pide que le permitan responder. No importa cuántas veces le digan que tiene que ver a los jueces y no a los abogados que lo interrogan, Conde se sienta como si estuviera en la sala de su casa y mira a todo mundo a los ojos. A Pérez eso no le gustó y terminó desesperado por las respuestas retóricas con la voz engolada del perito. “Solo responda sí o no”, le gritó, y la jueza tuvo que intervenir para corregirle la plana al querellante y para pedirle al testigo que no mirara a los abogados.
—Señor perito, me disculpo con usted porque me puso nervioso con su mirada —dice, inquieto, Pérez.
—Le acepto la disculpa –dice Conde, pero lo vuelve a ver.
—Ahora le voy a hacer unas preguntas… ¿Reconciliación es sinónimo de impunidad?
—Definitivamente no. Sin ley no hay reconciliación. Pero la ley debe darse en un juicio justo en el que ninguna parte tiene ventajas ni desventajas.
Pérez es el más emotivo de los tres querellantes. En cambio Orlando López, representante del Ministerio Público, nunca cambia el tono de voz. Es un fiscal relativamente joven que ha hecho su carrera en la fiscalía de Derechos Humanos, y le ha tocado acusar en casos del conflicto armado. Este, desde luego, es su caso estrella. Pero uno de sus compañeros en la fiscalía me dijo que no le causa ninguna emoción. “Al contrario. Estos son casos en los que nadie levanta la mano voluntariamente para agarrarlos. Porque traen demasiada exposición mediática y un gran nivel de riesgo”, dice.
A Conde lo sometió a un sencillísimo interrogatorio:
—¿Su reporte es científico?
—Sí. Científico y humanístico.
—¿Qué método utilizó?
—Me basé en mis propias experiencias y mi visión de muchos años trabajando por la paz y la reconciliación entre los guatemaltecos.
—¿Y cuál fue su método para hacer este reporte?
—Mi método fue basarme en mi propia experiencia y mis escritos
—¿Y qué fuentes consultó?
—Eso y otros escritos.
—Gracias.
Cuando la jueza lo dejó libre, Conde pidió permiso para saludar de uno en uno a todos los abogados y acusados. Después se quedó un rato posando para las cámaras y abandonó el salón.
La jueza pide ingresar al siguiente perito de la defensa, el general José Luis Quilo Ayuso. Exjefe del Estado Mayor. Miembro de la Asociación de Veteranos de Guatemala y un activo opositor al juicio.
Quilo Ayuso ha venido como experto en la estructura militar y en la cadena de mando. Presenta sus conclusiones diciendo que el Comandante en Jefe de las Fueraas Armadas no tiene el mando supremo y que el S-2 o G-2, a cargo de inteligencia, es un asesor del jefe del Estado Mayor que recolecta información sobre el enemigo, sobre el terreno y las condiciones atmosféricas. Ha dicho también que el Alto Mando del Ejército no es propiamente un órgano militar porque no tiene capacidad operativa. Y aquí es donde los querellantes comienzan a tejer:
—¿Sabe quién era el comandante en jefe del ejército en 1982?
—Por supuesto que sí.
—¿Puede decirnos quién?
—José Efraín Ríos Montt.
—¿Usted ha participado fuera de este tribunal en actividades a favor de los sindicados?
—Sí.
—¿Usted ha afirmado en un programa de televisión 'estamos en un juicio en desventaja, porque estamos siendo juzgados por un tribunal que no es competente'?
—Sí, lo he dicho.
—¿Podría por favor decirnos qué es mando?
—Mando es la capacidad de dirigir a un grupo de personas.
—¿El comandante general del ejército tiene mando?
—Sí tiene.
—¿Los planes de operaciones son autorizados por el jefe del Estado Mayor?
—Sólo los que de él emanan.
—¿Quién coordinó la elaboración del Plan Victoria 82?
—Lo ordenó el Presidente de la República, lo firmó el jefe del Estado Mayor.
—¿Y el anexo?
—El jefe de inteligencia.
—Gracias.
***
La otra tribuna, la que se sitúa atrás de la mesa de los acusados, suele estar un poco más vacía. Es lugar frecuentado por periodistas, por fotógrafos buscando mayor cercanía con Ríos Montt y por algunos -pocos- amigos de los acusados.
Aquí suele venir un hombre muy elegante, con la barba blanca recortada, la camisa sin corbata y todo el día se pasea mirando el juicio. Saluda siempre a cualquier familiar de los acusados que haya venido. Se llama Ricardo Méndez Ruiz, director de la llamada Fundación Contra el Terrorismo. También viene siempre un enfermero del Hospital Militar, aunque no todos los días es el mismo. Está asignado al general Rodríguez Sánchez, porque desde hace un año pidió salir de prisión por cuestiones de salud y es atendido ahí. Ríos Montt, en cambio, tiene prisión domiciliar.
También viene un nieto de Ríos Montt, casi todos los días. Viene solo y no parece que guste de cruzar palabras con nadie. Y viene también, a veces, una hija del general Rodríguez Sánchez. Pero al frente, junto a la puerta de entrada y salida de los acusados, se sienta siempre la hija de Ríos Montt, Zury, política del Frente Republicano Guatemalteco que fundó su padre, que llegó a presidir el Congreso de Guatemala y que pretendió iniciar, de la mano de su padre, una dinastía política a través del FRG, pero el partido comenzó a hundirse tras la salida del presidente Alfonso Portillo y las acusaciones de corrupción en su contra, hasta que ahora no queda ya casi nada. Apenas compañía unas cuantas horas al día a su padre en este tribunal. Apenas los rencores contra quienes lo abandonaron. Apenas la incertidumbre de los resultados de un juicio en el que para Ríos Montt no es, acaso, tan importante la sentencia como el papel que la historia le deparará después.
En cambio los ixiles, dice Rigoberta Menchú, están reclamando su dignidad. Pero ese reclamo no termina tampoco con este juicio. “Debajo de estos edificios se ha negado la realidad indígena. Ellos quisieran que con este juicio se cerrara el ciclo de 1954 a 2012. ¡No, señores!”
