Cuando un diputado de la Asamblea Legislativa es acusado de ser narcotraficante se queda más solo que nunca. Sus colegas de partido dicen que apenas lo conocen, o dicen que logró colarse en el partido en un momento en el que no prestaban atención a los nuevos fichajes. Los demás diputados, los demás miembros del órgano del Estado al que el supuesto narcotraficante pertenece, piden que se le investigue de la manera más rigurosa, que se decida su futuro cuanto antes. Eso sí, lejos de esta Asamblea, no aquí, ni mucho menos con su concurso. El diputado de la coalición PCN-PDC, Wilver Alexander Rivera Monge, está ahora más solo que nunca.
El anonimato legislativo en el que vivía Rivera Monge empezó a destartalarse el 15 de de marzo, cuando en Guatemala fue capturado un señor salvadoreño de nombre Jorge Ulloa Sibrián y de apodo El Repollo. Ese señor fue deportado a El Salvador y acusado por la Fiscalía junto a 12 personas de pertenecer a un grupo de centroamericanos dedicados a transportar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Hasta entonces, el diputado todavía gozaba su discreto papel en el Estado. Sin embargo, semanas después, El Faro sacó a la luz que la Fiscalía tenía en su poder la declaración de dos testigos. Uno de esos testigos está en Estados Unidos y lo interroga la Agencia Antidrogas de ese país (DEA). El otro está en El Salvador, y lo interroga la Fiscalía. Ambos testigos dicen que eran parte de una red de tráfico de cocaína liderada por El Repollo. Ambos testigos dicen que el diputado Rivera Monge también lo era. El anonimato del diputado se fue al traste y los periodistas empezaron a buscar al diputado. En sus únicas declaraciones, el legislador dijo a La Prensa Gráfica que él no sabía que El Repollo era quien dicen que es, y que por eso hizo varias compraventas con él. Sobre las declaraciones de los testigos, no dijo nada. La Fiscalía no ha ordenado su captura, pero cuando se les ha preguntado al respecto, jefes policiales y fiscales han contestado añadiendo suspenso a la trama: faltan más capturas, faltan más capturas.
Este jueves 25 de abril la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa luce bastante ordinaria. Por ratos, en la mañana, algún diputado habla sobre la naturaleza, la madre tierra, la necesidad de sembrar árboles en estos días cercanos al Día de la Tierra. Nadie le presta mucha atención, por no decir que nadie le presta nada de atención. Uno lee el periódico, otros conversan alrededor de una curul, otros dan una pequeña caminata por el área de prensa, otros simplemente no están. Lo normal.
En la salita de prensa que está detrás de donde los diputados hacen pleno, hay un teléfono. Desde ese teléfono se puede marcar a las extensiones de cada diputado. Es mejor que llamarles desde una oficina, porque en este caso es posible ver si están sentados en la curul, si ignoran la llamada, si cuelgan enojados.
Suena el teléfono en la curul del diputado Roberto Angulo. Él es diputado por San Vicente y jefe de la fracción legislativa del Partido de Conciliación Nacional (PCN). El diputado Rivera Monge, el que es acusado de narcotraficante por dos testigos, llegó a su cargo de diputado suplente en 2012, y ostenta ese puesto hasta 2015. Llegó como suplente del pecenista que representa a Chalatenango, Reynaldo Cardoza, miembro de la junta directiva de la Asamblea. Rivera Monge llegó gracias a una coalición entre el PCN y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), y según explican sus compañeros, su perfil fue seleccionado por Cardoza, su padrino en estos menesteres de la política partidaria. En fin, suena el teléfono en la curul del diputado Roberto Angulo.
—Aló, diputado Angulo, recientemente se hizo público que la Fiscalía tiene en su poder las declaraciones de unos testigos que aseguran que hay un narcotraficante entre ustedes, se llama Wilver Alexander Rivera Monge y es diputado suplente de su partido…
—Aaaah, no, yo no, hermano. Nosotros no hemos tenido ninguna reunión, y es el jefe del partido el que tiene que hablar. Hablen con el jefe.
—Pero es que ya lo intentamos. Pedimos formalmente a la gente de prensa de su partido una entrevista con su secretario general, Manuel Rodríguez, pero dicen que él no responde. Queremos saber si no han indagado sobre las acusaciones, si no les parece escandalosa la posibilidad de…
—¡Ya me estás haciendo preguntas que no quiero contestar! Hablen con el jefe, él les puede decir algo. Yo no, yo no, hermano.
Cuelga.
En la sesión plenaria sigue el tema del ambiente. Sigue el ambiente distendido.
Casi a la par de la curul de Angulo está la de Antonio Almendáriz, también colega de partido del diputado acusado de narcotraficante, y miembro de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea.
Suena su teléfono. Se le repite la pregunta que se le hizo a Angulo.
—No, el vocero para estos temas es el jefe de fracción, el diputado Angulo, así lo nombró el Consejo Ejecutivo del partido, como jefe de fracción y vocero en la Asamblea. Llámele al diputado Angulo.
Se asume que las alocuciones sobre el ambiente que pocos atienden no permiten que los diputados escuchen las llamadas telefónicas de sus vecinos de curul. Se le explica al diputado Almendáriz que el diputado Angulo dijo hace unos minutos que le preguntáramos a otro acerca del diputado Rivera Monge. El diputado Almendáriz acepta hablar, y responde con una de las ya institucionalizadas respuestas en estos casos.
—Nosotros respetamos las instituciones. Que el fiscal investigue como debe ser. Que caiga todo el peso de la ley. Nadie está por encima de la ley.
Se le explica al diputado Almendáriz que nadie pretende que los diputados sustituyan la labor del fiscal general. Simplemente que llama la atención que por tercera vez, un miembro de su partido relacionado con el cargo de diputado suplente esté en el ojo de la Fiscalía por pertenencia a grupos de narcotráfico. A enumerar: uno, Roberto Silva Pereira, que fue diputado suplente del ex dirigente pecenista Elizardo González Lovo. Estados Unidos aún no decide si lo deporta a El Salvador, donde enfrenta cargos de lavado de dinero y corrupción. Guatemala también lo requiere. Lo acusa de ser el autor intelectual del asesinato de tres diputados salvadoreños del partido Arena, miembros del Parlamento Centroamericano. Fueron asesinados en 2007 cuando se dirigían juntos en una camioneta hacia una reunión del organismo en Guatemala. Torturados, asesinados e incinerados. Una hipótesis de los fiscales del caso fue que el asesinato se debió a una venganza porque Arena votó para quitar el fuero al diputado. Otra hipótesis es que el diputado se vengó de sus socios por haberlo desaforado. Otra hipótesis es que se trató de un ajuste de cuentas por negocios de drogas. Dos, Fredis Osmín Escobar, que está cumpliendo una condena de 15 años por lavado de dinero para la banda de Los Perrones, que dominaba el tráfico de cocaína en el oriente del país. En 2006, el PCN lo postuló como candidato a diputado suplente por el departamento de La Unión. No ganó. Tres, el diputado Rivera Monge, el diputado del que ahora mismo sus colegas de partido no quieren hablar.
Por todos ellos se le pregunta al diputado Almendáriz. Por todos esos colegas de su partido.
—Mire, debido al caso de Silva algunos diputados hicimos algunas observaciones (al interior del partido). No se tomaron en cuenta. Eran dudas sobre la honorabilidad… No me tomaron en cuenta.
—¿Dudas sobre la honorabilidad de quién, diputado?
—Bueno, cada quién llevaba a quien quería y no decía nada. A mí muchas veces se me ha propuesto gente con gran capacidad económica. Por sospechas, les he dicho que no.
El diputado Almendáriz repara en que acaba de admitir la falta de controles en su partido, e intenta echar todo en el saco del pasado.
—Eso era antes, ahora hay más apertura, más controles y consultas con las instancias correspondientes, Policía y Fiscalía.
—Pero, diputado, el diputado Rivera Monge se incorporó a sus filas en estos últimos tiempos, en 2012, cuando ya eran un partido bajo un dirigencia nueva, la actual.
—Sí, pero era el tiempo de Concertación Nacional (una resolución de la Sala de lo Constitucional había obligado al partido a cambiar de nombre e inscribirse nuevamente para poder participar en las elecciones). Tuvimos muy poco tiempo de formación de cuadros, no tuvimos la oportunidad de hacer eso (ser cuidadosos) la última vez, andábamos corriendo, recogiendo firmas.
Como quien dice, si hubieran tenido tiempo, quizá el diputado Rivera Monge no sería diputado.
Las lecturas a las que pocos prestaban atención por fin han terminado. Se ha anunciado un receso en la sesión de este día, y los diputados desfilan poco a poco por la alfombra roja del pleno.
Donato Vaquerano es el jefe de bancada de Arena y hace una pausa en su camino para escuchar un par de preguntas. Como era de esperar, él también cree que la Fiscalía debe investigar. Aunque es obvio, recuerda que el diputado Rivera Monge no es de su partido.
—Ahora, diputado, se le pregunta como miembro de este órgano del Estado: ¿cree que la Asamblea Legislativa es permeable ante el crimen organizado?
—El crimen organizado no solo puede permear órganos del Estado, puede permear partidos políticos completos, esa es una de las grandes luchas nuestras. Recordemos lo que ha sucedido a nuestro partido, en el caso de Silva Pereira fue comprobado que diputados nuestros fueron asesinados, y esto para mandar un mensaje al partido Arena, ya que el partido Arena votó por desaforar a Silva Pereira. (En el caso del diputado Rivera Monge) Lo que nosotros tenemos que hacer es que si hay pruebas que determinen que se ha cometido un delito, pues desaforarlo, para que sea juzgado como cualquier ciudadano.
—¿No le parece a usted que uno de los mecanismos más útiles para detectar si alguien participa del crimen organizado es transparentar las cuentas y el financiamiento de todos los partidos?
—No nos quedemos cortos, también tiene que ver el enriquecimiento, diputados mismos, los funcionarios deberían de aclarar su patrimonio y de dónde viene.
—Pero ustedes no han hecho nada. La ley para determinar enriquecimiento ilícito…
—Claro que hemos hecho una cantidad de propuestas al respecto… El tema importante está en la cuestión de los votos. Aquí tenemos señalamientos de que se ha hecho ofrecimientos a nuestros elementos (compra de diputados), se han hecho públicos, pero lo que se nos pide es que nosotros presentemos pruebas, pero nosotros no tenemos acceso a las cuentas de los diputados. Nosotros aquí hemos estado siendo acosados, destruidos como partido, y con dinero oculto, y nosotros: ¡Miren lo que está pasando! ¡Miren lo que está pasando! Y ellos: ¡Se están desgranando! ¡Se están desgranando! Lo que pasa es que estamos permitiendo la intervención de dinero que no sabemos de dónde viene y en grandes cantidades. ¡Qué error más grave!
—Volvamos al tema, fue durante la gestión presidencial de Arena que se impidió a la sección de Probidad tener acceso a cuentas bancarias de funcionarios sospechosos de enriquecimiento ilícito.
—Le voy a decir una cosa: cuando habla del historial de un partido político, definitivamente en Arena se pudieron haber cometido cosas censurables, pero afortunadamente las personas que pudieron haber hecho cosas de esta naturaleza ya no están en Arena.
—¿Y si viniera una ley para verificar el origen de los fondos de los partidos, ustedes levantarían la mano para aprobarla?
—Sí, sí.
Finalmente, el diputado Vaquerano recuerda una vez más que el diputado Rivera Monge no es de su partido. Dice que si lo fuera, entonces sí que tendrían una responsabilidad ética de indagar, de pedir cuentas, de hacer algo más allá que esperar a que la Fiscalía diga algo.
Ética. Surge esa palabra entre las entrevistas con diputados justo cuando todos se van a almorzar. Habrá que esperar a la tarde para seguir preguntando.
La tarde pinta más movida. Se someterán a votación unos préstamos y el rifirrafe habitual vuelve a escena. “Este gobierno nos está endeudando de forma irresponsable”, dirá una diputada de Arena, una frase que seguramente durante el gobierno pasado dijo algún diputado del FMLN.
Y sí, en la Asamblea Legislativa hay un comité que lleva la palabra antes mencionada en su nombre. Es el Comité de Ética. De hecho, hace solo tres días ese comité desarrolló algo llamado Foro de Ética Parlamentaria. Organizó ese evento nada menos que junto con la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción. Uno de los miembros de ese comité legislativo es el diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), César García.
Suena el teléfono de su curul.
—Diputado García, me gustaría que me contestara como miembro del Comité de Ética de la Asamblea qué indagaciones han hecho sobre las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre su colega el diputado Rivera Monge.
—Nosotros trabajamos en base a denuncias oficiales. Sin información oficial no podemos trabajar.
—¿O sea que no han hecho nada?
—Sin información oficial no podemos trabajar.
—Pero pueden actuar de oficio y pedir esa información.
—Recibimos toda la información que nos mandan. Sin información adecuada no podemos tomar acciones.
—¿Es decir que si la Fiscalía no acusa al diputado Rivera Monge, ustedes ignorarán el hecho de que dos testigos lo señalan como miembro de una red de narcotráfico, ignorarán la posibilidad de que un narcotraficante se haya colado entre ustedes?
—La Fiscalía tiene que enviar información adecuada. Nos preocupa todo lo negativo, pero no hay información oficial. Trabajamos en base a información oficial. En estos momentos no tenemos información oficial.
Cuelga.
Las excusas están puestas sobre la mesa. Si él fuera de nuestro partido, si la Fiscalía nos enviara la información. No queda de otra que llamar al padrino político del diputado Rivera Monge. Quizá él no tenga excusas y ya haya hecho indagaciones sobre las acusaciones que hablan de su suplente.
En la mesa directiva de la Asamblea, suena el teléfono del diputado Reynaldo Cardoza. Lo descuelga y cuelga. Recibe otra llamada. La atiende. Observa el área de prensa. Cuelga. Se le vuelve a marcar. Vuelve a colgar. Se levanta, toma su maletín y abandona la sesión plenaria.
Lo más cercano a la opinión del diputado Cardoza será seguir conversando con sus colegas de partido. Con los colegas del diputado Rivera Monge.
El diputado Mario Ponce es representante del departamento de Cuscatlán por el PCN. Suena el teléfono de su curul.
—Buenas tardes, diputado Ponce, estamos pidiendo reacciones sobre las acusaciones que pesan sobre uno de los diputados de ustedes, el diputado Rivera Monge.
—¡No, no, no, yo no soy dueño de ningún diputado, a mí no me pertenece ningún diputado!
—Reformulo: queremos saber por qué le restan interés al caso del diputado que pertenece a su mismo partido político.
—¿Restar interés? ¿No será que respetamos la justicia? Nosotros no vamos a determinar si es culpable, no andamos con él, no vivimos con él. Es como si le diga si usted es fiel a su pareja. Cada quien debe cuidar su vida.
—Pero ustedes son un partido político, y como tal son una institución de carácter público, diputado Ponce. ¿No es su responsabilidad garantizarnos que sus miembros son personas probas?
—Yo nunca fui del Consejo Ejecutivo del partido, no tengo responsabilidad alguna. Yo era un dirigente más. ¿Qué decisión podía tomar sin estar en la estructura nacional? Conocí al muchacho (Rivera Monge) ya electo, cuando le entregaron las credenciales. Yo investigué a mi suplente. Cada quien es responsable. Es complicado que uno se vuelva policía. Uno no sabe quién es quién. A él lo conocí ese día, el de las credenciales.
