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La conspiración del ‘Gran Canal’
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La conspiración del ‘Gran Canal’

La Asamblea nicaragüense aprobó la semana pasada la concesión de la construcción y administración del un canal interoceánico a Wang Jing, un misterioso empresario chino. El sueño de casi 200 años de vida independiente, asevera el periodista Carlos F. Chamorro en este análisis, se redujo a un golpe de mano del presidente Ortega, nacido de una conspiración urdida en secreto.

Carlos F. Chamorro (Confidencial) / El Faro

 
 

Managua, NICARAGUA. Nicaragua aún no ha salido del estado de shock y le tomará bastante tiempo recuperarse para poder dimensionar las consecuencias que se derivan de la concesión canalera otorgada al empresario chino y socio de Daniel Ortega, Wang Jing. Lo que en cualquier sociedad democrática debió haber sido un amplio proceso de consulta y debate nacional, para culminar en un referéndum en el que el pueblo pudiera decidir sobre un asunto crucial para el destino del país –el sueño de casi 200 años de vida independiente–, bajo la mentalidad autoritaria de Ortega se redujo a un golpe de mano nacido de una conspiración urdida en secreto. De manera que es muy poco lo que sabemos y mucho más lo que todavía se sigue ocultando bajo la firma del pacto Ortega-Wang.

El gran negocio especulativo

Algunas personas suelen preguntar, con cierta ingenuidad, “ ¿a qué labores se dedica el Comandante en el Gobierno?”, pues nuestro Presidente inconstitucional solo aparece a la luz pública de forma muy ocasional y nadie conoce su agenda de trabajo. La respuesta quizás ahora la entiendan mejor: se ocupa de conspirar a tiempo completo. Y al arte oscuro de la matonería política que ya dominaba con maestría como oficio profesional, ahora ha agregado éste de especular en las grandes ligas de los negocios internacionales. No en balde se entrenó intensivamente en estos seis años, usufructuando la privatización de la cooperación estatal venezolana –más de 500 millones de dólares anuales–, para promover toda clase de negocios familiares.

La operación del canal concebida por Ortega y el sr. Wang, en esencia es un negocio especulativo de mucho mayor escala. Si la refinería prometida por Chávez y Ortega en el 2007 costaría 4,000 millones de dólares, de los cuales seis años después solo se han invertido menos de 300, en el caso del canal hay menos certeza aún de que alguna vez se construirá la obra; de lo que no cabe duda es que de la concesión canalera a Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) se deriva el mega negocio de las concesiones a granel, empezando por los estudios, consultorías, y la compra especulativa de las tierras, en el que correrán ríos de dinero sin ninguna clase de fiscalización o escrutinio público, porque se trata de un “negocio privado” a costa del Estado. Y eso que todavía no han entrado en acción las llamadas empresas Gran Nacionales del ALBA que ya hacen fila.

Una ley onerosa

Entre el momento de la notificación en la Secretaría de la Asamblea Nacional y su aprobación, la Ley Ortega-Wang enviada por el Ejecutivo transcurrió exactamente una semana y fue sometida a una consulta de apenas dos días, a la que ni siquiera fue invitado el Dr. Jaime Incer Barquero, Asesor Presidencial para Asuntos Ambientales. A Ortega y los diputados oficialistas les habría resultado incómodo escuchar las advertencias del Dr. Incer, sobre el desastre ambiental que significaría construir un cauce de ochenta kilómetros de largo y setenta metros de profundidad en el lago de Nicaragua que apenas tiene trece en sus partes más profundas, o recordarles la existencia de la Ley de Aguas, que ellos mismos aprobaron en el 2007, declarando el lago Cocibolca como la principal reserva hídrica del país.

Hubo una orden expresa de aplicar un procedimiento expedito para, en cuestión de horas, aprobar en el plenario una concesión de cien años para esta compañía privada que supuestamente invertirá 40 mil millones de dólares, aunque la nueva ley anula la Ley 800 mandada a aprobar por Ortega el año pasado con la misma celeridad, proclamando que el Estado sería dueño del 51% de cualquier proyecto canalero. En menos de un año, a Ortega se le cayó la máscara de aspirante a estadista y quedó a la vista su rostro brutalmente mercantilista.

La ley Ortega-Wang es prima hermana del oneroso tratado Chamorro-Bryan impuesto por Estados Unidos en 1914, aunque los promotores de aquel –calificados con justeza por la historia como vendepatrias– podrían alegar que no les quedaba otro remedio porque entonces el país estaba aplastado bajo la bota norteamericana. Pero Ortega le entregó la soberanía nacional a un empresario chino, atropellando 24 artículos de la Constitución, sin estar bajo ninguna amenaza ni presión externa. ¿Lo movió únicamente la codicia y el desprecio del interés nacional, o acaso hubo alguna jugosa transacción monetaria de por medio en este arreglo secreto? Esa es la pregunta de los mil millones de dólares, y estamos obligados a formularla, pues de otra manera resulta poco creíble que Ortega concediera derechos inalienables del país, para lo cual no estaba legalmente facultado, como un mero acto de generosidad.

Basta decir que la ley aprobada el jueves pasado concesiona de forma indiscriminada todo el territorio nacional, convirtiéndolo en un enclave de facto al servicio del sr. Wang; compromete las reservas del Banco Central –violando la autonomía de la institución financiera– para cubrirle las espaldas a una empresa privada extranjera; hace sujeto de confiscación a todos los nicaragüenses, sin darles ninguna protección; en cambio, al beneficiario de la concesión le otorga garantía de perpetuidad al blindarla con un candado legal que exige un voto del 60% de la Asamblea para reformar o abrogar esta ley ordinaria.

El capital ante un parteaguas

El grado de desfachatez de esta conspiración llegó a tal extremo que hasta el sector privado agrupado en el Cosep, que se jacta de haber consensuado con Ortega la aprobación de 69 leyes, gracias a su modelo corporativista que es inseparable de la matriz autoritaria, ha señalado con razón las ilegalidades de la ley Ortega-Wang y advierte que podría recurrir por inconstitucionalidad. Pero el Cosep y AMCHAM se equivocan de plano al enfocar su reclamo fundamental en torno a una demanda prebendaria. Solicitan, hasta ahora sin éxito, que el gobierno les otorgue un asiento en la Comisión del Canal para “vigilar desde adentro”, evidenciando el aferramiento a ese concepto corporativista que se reduce a velar únicamente por sus intereses empresariales, a cualquier costo.

Y si se trata de Funides, que intenta proyectarse como el principal centro de pensamiento del sector privado, sus observaciones críticas a la ley Ortega-Wang resultan sumamente pertinentes, pero el discurso peca de ambigüedad y adolece de un grave problema de coherencia. ¿Cómo se explica que el bufete legal del propio presidente de Funides, es también la sede en Managua de la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras (EDGI) creada en noviembre del año pasado por el sr. Wang?. ¿Acaso puede el presidente de Funides servir al sr. Wang y al mismo tiempo sustentar un pronunciamiento que cuestiona aspectos medulares de la concesión que graciosamente le otorgaron?

Develar estas contradicciones de la actuación del sector privado, y los compromisos que ha adquirido con el gobierno, demandando institucionalidad en sus comunicados públicos y por debajo negociando con Ortega ventajas para sus empresas, es una de las virtudes que, a la postre, tiene el pacto Ortega-Wang. Porque estamos llegando a un parteaguas, en el que el doble discurso del capital que maquilla el autoritarismo político resulta insostenible. Esta descarnada entrega de la soberanía nacional, demoliendo los restos de lo que quedaba de la institucionalidad jurídica del país, los obliga a definirse. ¿Están con Ortega, y declaran abiertamente su complicidad, o con el interés nacional? El pueblo, los partidos políticos, la iglesia, y la sociedad civil, están en la obligación de demandarles una definición y un curso de acción consecuente.

La puesta en escena del sr. Wang

Al sr. Wang sus promotores lo presentan como el prototipo del hombre de éxito y del empresario innovador, pero viendo el contexto en que se mueven sus empresas más bien luce como un genuino representante del capitalismo salvaje, ese demonio depredador denostado tantas veces por Ortega en sus discursos repetitivos, que ahora curiosamente abraza con impudicia. El socio de Ortega desembarcó en el país el año pasado de la mano de Laureano Ortega, hijo de Presidente, como inversionista de la firma de telecomunicaciones Xinwei y ganó una licitación en la que fue el único oferente para invertir 2,000 millones de dólares en tres años. Cinco meses después de otorgada la concesión no ha instalado una sola línea telefónica, mientras Telcor, el ente regulador, no se ha inmutado porque el socio del Comandante está incumpliendo sus obligaciones con el Estado. Ese es el único record que conocemos de la persona que Ortega presenta como el gran salvador de la patria, aunque de su trayectoria en China se sabe mucho menos aún.

Es cierto que el sr. Wang se intentó cubrir de un ropaje elegante al contratar a compañías consultoras de alto calibre internacional como ERM, Mackinsey, y McLarty, para asesorar a HKND y hacer los estudios de factibilidad, impacto ambiental, y el lobby con los inversionistas. Pero la presentación del sr. Wang y su equipo en la puesta en escena oficial organizada el viernes pasado por la Primera Dama dejó mucho que desear, y más bien confirma las sospechas de que en todo este asunto hay gato encerrado. El problema, a primera vista, no son las firmas consultoras, sino los patrones que las han contratado.

Ortega se dio el lujo de burlarse abiertamente del pueblo de Nicaragua al presentar a Wang, como el prestidigitador que se saca el conejo del sombrero, para enrostrarnos el éxito de su conspiración: “aquí está el fantasma: Wang Jing es de carne y hueso”, afirmó eufórico Ortega. Pero no dijo nada del record del sr. Wang, ni por qué lo escogió de dedo como socio, ¿acaso hubo un comité de licitación para conocer ofertas de otros empresarios interesados en promover el canal?

El vocero boliviano de la compañía, Ronald Mclean-Abaroa, se presentó como experto mundial en transparencia e integridad, pero no pudo explicar porque su jefe ha patrocinado la ley menos transparente de la historia de Nicaragua. Una ley que ni siquiera fue redactada por los diputados de la Asamblea Nacional, sino que nació en los bufetes de abogados de China, Estados Unidos, y Nicaragua, que seguramente ya están cobrando sus primeros cheques de seis dígitos. ¿Cuánto se ha gastado hasta hoy en la danza de consultorías que está desatando la fiebre del canal? A las empresas holandesas Ercorys and Royal Haskoning DHV les pagó el Estado 720 mil dólares por un estudio de prefactibilidad, cuyos resultados se mantienen en secreto, y al arquitecto español Juan Manuel Muñoz, Albanisa ya le adelantó medio millón de dólares (la mitad del total) por un estudio para la construcción del canal seco? ¿Qué otros estudios han contratado y cuál es la rendición de cuentas de que habla el vocero de HNKD?

Apareció luego David McArthur, el representante de la compañía británica, ERM, prometiendo estudios ambientales del más alto nivel mundial, pero ignora que en el 2007 siendo ya presidente Ortega alardeó en uno de sus pocas comparecencias públicas: “no habrá oro en el mundo que nos haga poner en riesgo el lago Cocibolca con un megaproyecto como un canal interoceánico”. Entonces, ¿para qué contrataron a ERM si ya Ortega lo dijo todo, a menos que el elevado precio del oro le haya hecho cambiar de opinión?

Y así llegamos al esperado discurso del sr. Wang, que pareciera haber sido redactado por la todopoderosa vocera del gobierno de Nicaragua: “el mundo cambiará por nosotros, vamos a traer más felicidad, libertad y alegría al planeta”, dijo Wang, y prometió respetar la soberanía nacional que acababa de pisotear al firmar el pacto con Ortega. Lo único verosímil de su discurso es que a los empresarios nicaragüenses les ofreció un viaje para que vayan a China a conocer sus empresas, y de paso, quizás, les ofrece una pequeña tajada del pastel.

Finalmente, entró en escena Ortega para cerrar la velada. Obnubilado por su mesianismo, el Comandante proclama que se está cumpliendo “la profecía de la tierra prometida”. Y de esa manera, en este país que carece de una verdadera cultura del trabajo, con graves rezagos en la educación y en la productividad en todos los sectores, porque predomina el reino del empleo informal, Ortega anuncia la nueva religión oficial: la mentalidad especulativa. ¡A esperar todos las bendiciones del canal!

La comediante nicaragüense Marta Chaves lo resumió mejor que nadie en su Twitter: “Esa Profecía viene de Profit”.

© Confidencial
Este análisis fue publicado originalmente el 17 de junio de 2013 en Confidencial.


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