Las pocas horas en la que estuvo vigente el nombramiento de Marcos Gregorio Sánchez Trejo como presidente de la Corte de Cuentas apenas le alcanzaron para una pequeña celebración con sus empleados de confianza el jueves por la tarde, y para regalar unas constituciones comentadas la mañana de este viernes. Unas cinco horas después de que Sánchez Trejo celebró el día del abogado en la quinta planta del edificio de la Corte de Cuentas, y donde el protocolo lo llamó presidente de esa institución, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional por tercera vez su nombramiento.
Cuatro de los cinco magistrados constitucionalistas resolvieron que la elección expedita que realizó la Asamblea Legislativa la madrugada del jueves 27 de junio “no producen efecto jurídico constitucional alguno, ni tampoco producirán efectos los actos normativos, administrativos y jurisdiccionales que ellos hayan emitido a partir de tal fecha”, se lee en un comunicado que la Sala de lo Constitucional divulgó casi a las 6:30 p.m. de este viernes.
Sánchez Trejo fue elegido presidente de la Corte de Cuentas la madrugada del 27 de junio, con un acuerdo que no siguió los canales normales de funcionamiento de la Asamblea, y que requirió cambio de agenda de la sesión plenaria ya pasada la medianoche.
Unas horas antes de su nuevo nombramiento -después del de junio de 2011, invalidado en enero pasado; y después del de marzo anterior, invalidado inmediatamente por la Sala-, Sánchez Trejo había presentado una renuncia por el nombramiento que recibió como presidente el 20 de marzo de 2013. La Sala de lo Constitucional dijo que la renuncia no solo carece de sentido, sino que dicha situación compromete la competencia notoria, un requisito constitucional para aspirar a un cargo público. Los magistrados recuerdan que Sánchez Trejo no estaba en el cargo por la resolución de marzo pasado, y por lo tanto no podía renunciar a él. La única manera de que pudiera renunciar al puesto es que estuviera ejerciéndolo ilegalmente.
Pese a que su segundo nombramiento fue declarado inconstitucional el pasado mes de marzo, Sánchez Trejo continúo asistiendo a algunas actividades como presidente de esa institución. El pasado 1 de junio, por ejemplo, asistió a la sesión plenaria en la cual el presidente de la República, Mauricio Funes, rindió su informe de cuarto año de gestión. “Al conocerse que ellos han continuado ejerciendo el cargo “de facto”, se remite a la Fiscalía General de la República la resolución aprobada”, dice el comunicado.
Además de Sánchez Trejo, otro magistrado que ejerció el cargo “de facto” es Javier Tránsito Bernal Granados. Él también presentó una renuncia a su elección del pasado mes de marzo y, horas después, con 44 votos de los diputados, fue elegido por tercera vez como magistrado de la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, la instancia que tiene, principalmente, el poder de confirmar o anular las multas y las condenas patrimoniales contra funcionarios por el mal uso de los fondos públicos. La nueva elección de Bernal Granados también fue declarada inconstitucional.
Mientras Sánchez Trejo y Bernal acumulan una tercera sentencia adversa, el nuevo de la terna, Rony Huezo Serrano, quien llegó en sustitución de Silvia Aguilar -vetada por su afiliación política por el partido Gana-, también deberá renunciar a los beneficios que le da el cargo. El jueves, empleados de la Corte de Cuentas vieron al magistrado Huezo Serrano en el vehículo que le ha asignado esa institución, pero no debería seguir gozando de ese y otros beneficios que le da el cargo. Según la Sala de lo Constitucional, su elección también incumple con lo establecido en la sentencia del pasado 23 de enero.
“El candidato no fue sometido al procedimiento especial de elección, pues no aparece que haya sido evaluado por la comisión política o por alguna subcomisión, ni que en su postulación se hayan observado los principios democrático, de transparencia y publicidad”. La Sala agrega que no recibió el informe que solicitaron el jueves a la Asamblea, para el que habían dado un plazo de 24 horas. Por lo tanto, no se podía evidenciar cómo cumple los requisitos de honradez y competencia notorias el nuevo magistrado ahora convertido en exmagistrado.
El jueves, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, calificó en un comunicado que el plazo de 24 horas que le habían concedido para remitir el informe era “irracional” porque era imposible convocar a una sesión especial extraordinaria a los diputados. En su comunicado, Reyes enfatiza que la elección que los diputados realizaron la madrugada del jueves fue producto de un proceso “público, abierto, transparente y participativo”.
Sin embargo, algunos diputados discrepan de la postura del presidente de la Asamblea al respecto. El diputado independiente Sigifredo Ochoa Pérez dijo que no votó por la elección de Sánchez Trejo y de Bernal porque consideraba que se mantenían vigentes los vicios que provocaron la primera inconstitucionalidad de sus nombramientos. El Faro intentó obtener la postura de diputados de Gana, CD, FMLN y PCN sobre la nueva de la resolución de la Sala, pero no atendieron las llamadas telefónicas.
