El Gobierno está convencido de que legalizar la marihuana restará recursos al narco

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya caminan entre uno de los incontables campos de marihuana ilegales desde los que se abastece el mercado uruguayo, red que se pretende golpear con la legalización del cannabis. Foto archivo El Faro.

Montevideo, URUGUAY. “En ninguna parte del mundo lo represivo ha dado resultado contra el narcotráfico”, dijo enfático el jueves 1 de agosto el presidente José Mujica, impulsor de la iniciativa, lanzada en junio de 2012 en el marco de un plan para combatir el incremento de la violencia en el país.

El proyecto de legalización, que convertiría al Estado uruguayo en el primero en el mundo en asumir el control de todo el proceso de producción y venta de cannabis, fue aprobado en la noche del miércoles en la Cámara de Diputados, solo con los votos del oficialismo, y ahora deberá pasar al Senado para su ratificación.

El Gobierno ha enmarcado su iniciativa en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas ‒integrada por los ex presidentes de Brasil Fernando Henrique Cardozo, de Colombia César Gaviria y de México Ernesto Zedillo, entre otros‒, que sostiene que la guerra frontal a las drogas ha fracasado, y que conviene buscar estrategias alternativas.

En ese sentido, Mujica atribuyó el incremento de la violencia y los ajustes de cuenta en el país al narcotráfico, que “termina arrasando con todo”.

“Nosotros queremos parar esta cosa en la frontera donde se inicia la drogadicción”, explicó el presidente, al defender la legalización del cannabis: “No es fácil porque no tenemos una receta. Estamos conscientes que estamos haciendo un experimento de vanguardia en el mundo entero”.

“Se intenta arrebatar el mercado de la clandestinidad y tener un mercado a la luz del día”, enfatizó.

Mejorar la calidad

La Junta Nacional de Drogas (JND) estima que en Uruguay, un país de 3.3 millones de habitantes, hay unos 120,000 consumidores de marihuana, aunque las asociaciones de consumidores sostienen que la cifra ronda los 200,000.

Para Julio Calzada, secretario general de la JND, eso implica que en el país se comercializan unas 22 toneladas de marihuana, lo que totalizaría un negocio ilegal de entre 30 y 40 millones de dólares.

La idea del Gobierno de Mujica es habilitar la plantación, distribución y expendio por parte de privados, todo bajo control estatal, lo que permitiría “controlar el volumen de producción”, explicó Calzada a la AFP. El objetivo es “regular un mercado que ya existe”, enfatizó.

Actualmente el consumo ‒que aumenta año a año‒ no está penado en Uruguay, aunque sí su comercialización. Calzada sostiene que al ser ilegal el cannabis que se consume ‒que proviene fundamentalmente de Paraguay‒ “viene en condiciones muy deterioradas, la gente está consumiendo hoy un producto que en parte es marihuana pero tiene agregados. Y un producto que no está tratado bromatológicamente”.

Para Mujica es además “una batalla por la salud pública, porque si el consumidor queda identificado podemos influir sobre él cuando se empieza a pasar de la raya”.

Acceder a la sustancia ‒ya sea a través de farmacias, autocultivo o clubes de membresía‒ implicará estar registrado, lo que según el gobierno permitirá detectar los casos de abuso y brindarles asistencia sanitaria. Registro que busca además evitar el “turismo canábico”, ya que la venta estará habilitada solo a residentes.

Los consumidores, en tanto, no ponen reparos al registro.

“Como consumidor es importante la ley porque la calidad de lo que vamos a consumir la vamos a controlar nosotros”, dijo a la AFP William, de 21 años, defensor del autocultivo y de un consumo más “sano”.

“No vamos a tener que recurrir al narcotráfico, que nos venden la marihuana con un montón de sustancias que no queremos consumir”, aseguró el joven mientras esperaba el miércoles la votación en las afueras del palacio legislativo.

Un largo proceso

De ser aprobado en el Senado, restará que el Gobierno reglamente el proyecto para que comience a aplicarse y se entreguen las primeras licencias para comenzar a plantar cannabis. “Si se pudiera empezar a plantar a fines de noviembre, en el ciclo natural de la planta, en abril y mayo se podría estar cosechando”, sostuvo Calzada.

Pero el primer cambio lo sentirían los autocultivadores.

“En cuanto se apruebe la ley ya no va a ser posible perseguir, procesar o mandar a prisión a una persona porque tenga cuatro o cinco plantas. Y se precisa claramente la cantidad de gramos que puede tener una persona”, explicó el jerarca.

Si bien el autocultivo está actualmente penado en el país, la Asociación de Estudios del Cannabis estima que hay unos 10,000 autocultivadores, cifra que se duplica cada año.

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