La Corte de Cuentas de la República determinó que no es legal que dos exmagistrados, Hernán Contreras y Abdón Martínez, se hayan amparado en un instructivo aprobado por ellos mismos para llevarse 133,000 dólares en concepto de autocompensación por un retiro voluntario que en realidad no fue tal, sino que tuvieron que marcharse en junio de 2011 porque no fueron reelegidos para otro mandato por la Asamblea Legislativa.
“Los cheques fueron para el Fondo General (de la Nación), fueron depositados. El del doctor Hernán Contreras sin ninguna demanda ya es parte del Estado nuevamente”, informó el presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, quien al cabo de tres semanas en el cargo ha dado un giro a la actitud de la institución en este tema, pues mientras estuvo presidida por Gregorio Sánchez Trejo, este se abstuvo de decidir sobre los bonos de los exfuncionarios.
Hernán Contreras, un veterano dirigente del Partido de Conciliación Nacional, renunció a la presidencia de la Corte de Cuentas un día antes de concluir su mandato, el 28 de junio de 2011, después de 17 años -no consecutivos- en el cargo. Esa jugada administrativa le permitió ampararse en el instructivo 01/2007, que su administración aprobó cuatro años antes. “Tendrán derecho a la respectiva compensación los servidores públicos de la Corte que expresen su deseo de retirarse de la institución; así como los que cesaren sus funciones, por causas que no fueren imputables a dichos servidores”, se lee en el documento. En eso se basó para otorgarse más de 66,000 dólares, que dijo merecer porque debido a su servicio público se había privado de potenciar su carrera privada.
Sin embargo, Tóchez y la Dirección Jurídica de la Corte de Cuentas no comparten el argumento de Contreras y del ex segundo magistrado, Abdón Martínez, quienes consideraron que la decisión legislativa de sustituirlos les daba cabida como beneficiarios del instructivo. La Corte de Cuentas razona que, a diferencia de empleados normales, los funcionarios elegidos por la Asamblea tienen un mandato finito y no aplica la consideración que hicieron Contreras y Martínez. “Somos funcionarios públicos y hasta donde se termine el plazo, ahí se acabó el compromiso o la obligación laboral, profesional o lo que sea. Es la respuesta que le puedo dar categórica, que nosotros le canalizamos legalmente y hemos resuelto legalmente”, dijo Tóchez.
El jueves de la semana pasada, El Faro preguntó al exmagistrado Contreras cuál era su opinión respecto a la resolución que establece que no fue legal la emisión a su favor del cheque de caja BA 3304337, por un monto de 65,000 dólares; y del cheque OPT 00504-2, por 1,037.86 dólares. Contreras confirmó que ya había sido notificado: “No lo dicen exactamente (la ilegalidad del cobro), pero eso dan a entender. No he pensado qué voy a hacer, no he leído la resolución porque no me interesa”.
El expresidente de la Corte de Cuentas dijo que no descartaba “tomar una decisión” ante la resolución, pero cuando se le insistió si estaba valorando la posibilidad de presentar alguna demanda ante la Corte Suprema de Justicia, reiteró que no se podía pronunciar porque no había leído detenidamente el documento. “No he leído, no me interesa”, enfatizó.
Contreras devolvió los cheques el 1 de julio de 2011, luego de que la Asamblea Legislativa recomendara que los exfuncionarios devolvieran los fondos. El exmagistrado Martínez devolvió los 67,332 dólares de su compensación, pero la Corte de Cuentas resolvió cada caso de manera diferente. Tóchez lo explica así: el expresidente de la Corte de Cuentas regresó los cheques sin hacer ninguna petición; mientras que Martínez pidió por escrito que la Corte de Cuentas se pronunciara si procedía la devolución del dinero o no.
Como Contreras no realizó ninguna solicitud, los cheques fueron enviados directamente a las arcas del Estado: “En el Fondo de la Nación entra como dinero reintegrado”, dice Tóchez. En el caso de Martínez, la Corte de Cuentas decidió moverse con cautela y para evitar una posible demanda por daños y perjuicios prefirió calificar el acuerdo de autocompensación como 'lesivo para los intereses del Estado' y presentar una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
“En el caso de él (exmagistrado Martínez) le estamos notificando o prácticamente le estamos mandando que se vaya a un contencioso- administrativo para dirimir ese problema en la Sala', reveló Tóchez.
Y más allá de lo ilegal, el presidente de la Corte de Cuentas dice estar convencido de que hay un problema ético. 'Incluso estamos estudiando el caso para ver si de una vez por todas resolvemos legalmente desde aquí de la Corte que no vuelva a haber este tipo de indemnizaciones para funcionarios públicos, no lo siento correcto, ni tampoco sustentado en la moral y la honestidad (…) Con la resolución que dé el contencioso-administrativo, ahí se va determinar de una vez por todas, de que no vuelva a repetirse eso. Si no, por los 10 meses que voy a estar en este cargo voy a pedir la compensación proporcional, y no es correcto ni moral”.
La Ley de lo Contencioso-Administrativo establece, en el artículo 8, que la administración pública “podrá demandar la ilegalidad del acto administrativo firme dictado por ella misma, generador de algún derecho, siempre que el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo originó, haya declarado previamente mediante acuerdo, que es lesivo al interés público”. La ley dice que el acuerdo deberá ser emitido dentro de un plazo que no exceda los cuatro años respecto de la fecha en que se originó el acto impugnado.
Según Tóchez, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ya comenzó las notificación de la demanda de lesividad contra del exmagistrado Martínez. “Ese es un pleito entre él y nosotros, él va a poner sus alegatos y nosotros nuestros alegatos, ahí vamos a ir como contraparte de esa decisión”. La decisión de acudir a la Corte Suprema, según Tóchez, es una decisión legal de la presidencia de la Corte de Cuentas, pero tiene el respaldo de los otros dos magistrados, Raúl López y Jovel Valiente.
Los tres fueron nombrados el 26 de julio pasado, en un cuarto nombramiento desde el de junio de 2011, que fue anulado por razones de inconstitucionalidad en enero de este año. Luego la Asamblea Legislativa hizo otras dos elecciones, que igualmente fueron anuladas por la Sala de lo Constitucional, debido a que los diputados no sustentaron las cualidades de honradez y competencia notorias de los elegidos, y también por dependencia de los elegidos respecto de los partidos políticos. Dos de los magistrados fallidos elegidos en distinto momento -Andrés Rovira y Silvia Aguilar- son dirigentes del partido Gana.
Tóchez llegó en sustitución de Gregorio Sánchez Trejo, quien en dos años al frente de la institución evitó pronunciarse sobre los bonos de sus predecesores.
García Calderón & Cía en la mira
Cuando la Asamblea Legislativa recomendó que los exmagistrados de la Corte de Cuentas devolvieran el dinero, el 1 de julio de 2011, en su decreto incluyó la misma petición para cinco exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que en 2009 habían hecho prácticamente lo mismo, al presentar sus renuncias a pocos días de que expirara su mandato de nueve años en los cargos. En total, el expresidente del máximo tribunal y otros cuatro magistrados se llevaron 122 mil dólares, en concepto de compensación por retiro voluntario.
Agustín García Calderón, presidente de la Corte, y los magistrados Julio Acosta Baires, Victoria Marina de Avilés, Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya pidieron a la Corte en pleno que les autorizara el retiro voluntario, un beneficio diseñado para jueces que deciden terminar su carrera después de años de servicio. “Creo que es absolutamente legal, ético y creo que a futuro los magistrados que vengan lo gozarán”, defendió García Calderón cuando, en su momento, se le cuestionó sobre su “retiro voluntario”, pocas horas antes de que concluyera su mandato de nueve años.
El argumento de legal y ético que esgrimió la administración de García Calderón no lo comparte la actual administración de la Corte de Cuentas. “Estamos estudiando la posibilidad de pronunciarnos, inclusive, sobre esas indemnizaciones que se dan en la Corte Suprema de Justicia, ellos son funcionarios públicos, no deberían cobrar eso, es un acto de mal sabor. Estamos estudiando esa posibilidad de pronunciarnos sobre esas indemnizaciones. Como Corte de Cuentas nos corresponde analizar si eso es hasta cierto punto legal o no, procedente o no, porque esos actos se dan hasta que se realizan”.
Ahora que la Corte de Cuentas anuncia que tiene bajo la lupa los 122 mil dólares que los exmagistrados de la Corte Suprema se llevaron, uno de los obstáculos previsibles es es la posible prescripción de los hechos. Los exfuncionarios tramitaron el cobro en julio de 2009, y la Ley de lo Contencioso-Administrativo establece un plazo máximo de cuatro años para demandar la lesividad del acuerdo. El plazo fatal para tomar alguna acción contra García Calderón y los otros magistrados pudo haber prescrito hace un mes, pero eso no parece que frenará a Tóchez.
“Por lo menos, a partir de hoy, es peor no hacer nada. A partir de esta administración estamos tratando de corregir ciertas cosas que a nuestro gusto, a nuestro saber y entender, no son correctas, pero si lo sustenta la ley y les da esa oportunidad, pero por lo menos el intento lo voy hacer de pronunciarme en base a la ley”, dijo Tóchez.
La administración de García Calderón posiblemente no pase a la historia como un buen ejemplo de administración pública. Durante su presidencia, la Corte también aprobó quitar facultades investigativas a la sección de Probidad, la instancia encargada de investigar el enriquecimiento ilícito de funcionarios en El Salvador. Esto lo hizo en 2005, después de que Probidad detectara algunas cifras extrañas en el patrimonio de varios exmiembros del gabinete de gobierno de Francisco Flores (1999-2004).
Asimismo, esa Corte fue la que decidió engavetar viejas demandas que solo la administración sucesora tramitó y resolvió. Por ejemplo, una demanda contra la Fiscalía General interpuesta por el exdirigente efemelenista Schafik Hándal, quien reclamaba que el Ministerio Público no hizo su trabajo de investigar la campaña negra en su contra por el ciudadano Rafael Menjívar cuando Hándal fue candidato presidencial en 2004. Asimismo, se había abstenido de resolver la demanda de una ciudadana que reclamaba a La Prensa Gráfica la entrega de un premio obtenido en un concurso.
Tóchez y los otros dos magistrados solo están terminando el trienio que arrancó en 2011 con la elección de Sánchez Trejo y los magistrados Andrés Rovira y Tránsito Bernal, y por eso solo durarán en sus cargos hasta junio de 2014, cuando los diputados podrán optar por nombrarlos para otros tres años, o sustituirlos.
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