En la última etapa del juicio por violación a las leyes migratorias de Estados Unidos contra el coronel Inocente Orlando Montano, uno de los militares requeridos por la justicia española por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, la Fiscalía estadounidense decidió recordarle a él y a uno de los testigos que presentó la defensa, los abusos y violaciones a los derechos humanos que a ambos se les imputa.
Montano fue presentado este jueves, por una testigo del gobierno estadounidense, como un militar responsable de más de mil violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña. Eso incluye la matanza de los seis sacerdotes jesuitas en 1989, algo que la investigadora Terry Karl detalló en la audiencia.
Karl también es la autora de una investigación que señala al coronel retirado como responsable de 63 ejecuciones extrajudiciales, 51 desapariciones forzosas, más de 500 casos de torturas y más de 500 detenciones arbitrarias.
La Fiscalía presentó a la investigadora Terry Karl para que perfilara a Montano, aunque la audiencia obedece a las acusaciones específicas por los delitos de fraude migratorio y perjurio, dos años y cuatro meses después de haber sido detenido cuando aparentemente había dejado su lugar de residencia en Boston, Massachusetts, para dirigirse a El Salvador. Está previsto que el juez Douglas Woodlock pronuncie sentencia el lunes, y la parte acusadora tiene la esperanza de que a partir de ella se tramite el pedido de extradición de Montano hacia España.
La defensa de Montano tiene al general Mauricio Ernesto Vargas como testigo de descargo. Vargas ya ha rendido declaración por escrito, y en ella sostiene que el acusado siempre fue un buen ser humano y que nunca tuvo a su cargo tropas que cometieran violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía, sin embargo, dice que el testigo carece de credibilidad, pues tiene señalamientos similares a los de Montano en cuanto a abusos de derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña.
La defensa también intenta mostrar como atenuante el decidido apoyo al ejército salvadoreño de parte de Estados Unidos en el combate a la guerrilla. “El respaldo de Estados Unidos hacia el gobierno salvadoreño de ninguna manera resta la ilegalidad de los abusos de derechos humanos que se adjudican al procesado”, escribió el fiscal John Capin en su respuesta a los alegatos finales de Montano. Sobre Vargas, lo descalifica señalándolo también como responsable de abusos cometidos durante la guerra civil: “Él ha sido nombrado por las autoridades como el comandante de tropa responsable de numerosos abusos de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, operativos de tierra arrasada que derivaron en grandes daños a la población civil”.
Montano, viceministro de Seguridad Pública durante la última etapa de la guerra civil (1989–1992), fue detenido en abril de 2011 en Estados Unidos porque se descubrió que había ocultado información sobre su pasado militar en los formularios migratorios para renovar los permisos de estadía. Montano, quien llegó a Estados Unidos en 2002, también es uno de los 20 militares a quienes la Audiencia Nacional de España requirió en mayo de 2011 por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y la hija de esta, el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de San Salvador.
El Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), que es el organismo querellante en el caso, y que también es el que entabló la demanda en España, está pidiendo al juez 51 meses de prisión (cuatro años y tres meses) contra Montano, tiempo que, según estiman, bastaría para tramitar la extradición solicitada por la Audiencia Nacional.
Patty Blum y Almudena Bernabéu, abogadas del CJA, esperan que el juez condene a cárcel a Montano, contrario a la defensa, que ha pedido cinco años de libertad vigilada. Para las querellantes, que la condena no sea de 51 meses si no menos no es de tanta preocupación porque, según explicaron, lo más posible es que sea lo suficiente para tramitar la extradición, 'que suele durar entre uno a dos años', dijo Bernabéu a El Faro.
La audiencia, que se realiza en el edificio Joseph Moakley, de Boston, inició en su primera jornada de 9 a.m. a 12 del mediodía, horas del Este de Estados Unidos.
El juez ya dijo en un momento más temprano del proceso, que tomará en cuenta los antecedentes del procesado, y por eso la defensa buscó testigos que le ayuden a contrarrestar las acusaciones de violaciones a derechos humanos de la Fiscalía. Aquí entra en juego el general Mauricio Vargas, firmante de los Acuerdos de Paz y excomandante de la Tercera Brigada de Infantería. Vargas es parte de la promoción de militares salvadoreños conocida como 'La Tandona', de la que formaron parte numerosos militares de alta graduación señalados por abusos de derechos humanos.
'Vargas no es confiable como testigo por su historial de abusos', dice la Fiscalía. Capin explica que Montano y Vargas formaron parte de la clase militar de 1966, La Tandona, y recuerda que varios de sus integrantes protagonizaron, ordenaron y encubrieron numerosas y extensas violaciones a derechos humanos, como lo describieron los informes de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, la Comisión Ad hoc ordenada por los Acuerdos de Paz, la comisión Moakley de 1990, y documentos desclasificados de la diplomacia estadounidense.
La audiencia migratoria para emitir sentencia comenzó el 15 de enero pasado, pero los testimonios y la respuesta a los mismos hicieron que la audiencia se postergara hasta este jueves 22 de agosto. El general Vargas redactó un informe de 72 páginas con el que contraría 13 afirmaciones hechas por el gobierno estadounidense.
“Vargas hace una serie de demandas sin fundamento o irrelevantes para la imposición de una sentencia razonable”, reza el último escrito presentado por el fiscal John Capin al juez Woodlock y que justamente es la respuesta al documento de Vargas. El gobierno de Estados Unidos señala que Vargas hace muchas “imprecisiones”. “El gobierno (de EUA) nunca ha dicho que Montano abandonó El Salvador porque estaba siendo procesado por las violaciones a derechos humanos cometidos por sus tropas”, sino más bien que mintió en su declaración para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) por la significativa posibilidad de que fuera ligado a la masacre de los jesuitas.
“La coincidencia en el tiempo entre el viaje de Montano y la subsecuente negación suya de haber estado en el ejército en las aplicaciones de 2008 y 2010 respaldan la inferencia de que él mintió para evadir el control que Estados Unidos hace sobre los antecedentes y el pasado de las personas”, dice la Fiscalía.
Al final, se trata de un duelo de interpretaciones de la guerra civil salvadoreña. El informe Karl dibuja a Montano como un hombre que durante sus 30 años de trayectoria militar se destacó por su habilidad, pero también por sus numerosos atropellos a los derechos humanos. Vargas respondió en su escrito de 72 páginas presentado el 15 de abril que Montano siempre fue un buen ser humano y que nunca tuvo bajo su responsabilidad tropas que cometieron violaciones a derechos humanos. En su informe, Vargas explica que pese a haberla buscado al interior de la Fuerza Armada no hay evidencia de que Montano estuviera en las unidades y puestos señalados por Karl.
Vargas también señaló que los diversos cargos que tuvo Montano, como viceministro de Seguridad Pública, o como segundo al mando de brigadas de infantería del país, no implicaban un pleno control sobre la operatividad de las tropas. Según Vargas, Montano se caracterizaba por ser un oficial muy ordenado, con formación en ingeniería, a quien le correspondía ver temas administrativos y políticos y que por tanto no participaba de reuniones de planeación operativa. Su papel era cumplir con el plan de gobierno del presidente de turno, Alfredo Cristiani, en materia de seguridad pública, dice Vargas. “Su nombre está grabado en el Hall of Fame de la Escuela Militar como ejemplo para las futuras generaciones”, escribió.
Según Vargas, cuando Montano fue segundo al mando de ciertas brigadas, le correspondió cuidar los recintos militares cada vez que la tropa salía a operativos. “Como servidor público, Montano protegió de los ataques de terroristas a campesinos, productores agrícolas, pescadores, empresarios y civiles”, reza el informe Vargas.
En cuanto al asesinato de los jesuitas, Vargas señala que nunca Montano fue señalado por nadie al respecto. “No participó en conspiraciones, órdenes y encubrimientos sobre este crimen. Colaboró con las investigaciones y propuso al presidente la intervención de la Policía internacional”. Y agrega: “Resulta inverosímil que en una de esas reuniones el entonces coronel Ponce en su calidad de jefe del Estado Mayor, y por lo tanto en menor jerarquía que el ministro y los viceministros diera órdenes de eliminar a los jesuitas”, escribió Vargas.
Al igual que hiciera la Fiscalía estadounidense con víctimas de torturas y familiares de asesinados a manos de tropa bajo la conducción de Montano, el general Vargas recogió cartas de personas que se dicen beneficiadas por el trabajo desempeñado por Montano en departamentos como San Vicente y La Paz. En una de las cartas, un sacerdote incluso describe cómo Montano fundó un orfanato en Zacatecoluca.
Otra de las estrategias del general Vargas fue, según explica en su informe, visitar cada uno de los lugares donde Karl menciona que hubo masacres o violaciones a derechos humanos y recoger una constancia en la cual se indica que no existe ninguna persecución penal ni ninguna acusación formal contra Montano por esos hechos.
Pero el gobierno de Estados Unidos decidió no dejar pasar esas aseveraciones y en un escrito presentado el 12 de agosto, contrataca los alegatos de Vargas, atacando primero su credibilidad como testigo. “Los reportes atribuyen a las tropas bajo la responsabilidad de Vargas una de los más renombrados operativos de tierra arrasada en Cacaopera, Morazán, en 1986. Esa campaña incluyó quema de cosechas, secuestro de civiles y ejecuciones extrajudiciales. Así como Montano falló en el control de sus subordinados para que no cometieran violaciones a derechos humanos, no hay señales de que Vargas diera un paso para investigar o para pedir cuentas por los atropellos cometidos en Morazán”, reza la última respuesta fiscal.
En cuanto a la nula responsabilidad operativa de las tropas, el gobierno estadounidense responde: “Es falso. Como testificará la profesora Karl, si es necesario, el Código Militar salvadoreño da al Viceministerio de Seguridad Pública el deber y la autoridad de investigar graves infracciones cometidas por oficiales, y habilita al viceministro a revocar la orden de dichos oficiales”.
El gobierno también dedica unas líneas para intentar desvirtuar las aseveraciones de la defensa en cuanto a que no hay pruebas de los operativos y masacres cometidas por las tropas de Montano. “Ahí donde sí hay pruebas de que se cometieron abusos de derechos humanos, Vargas y Montano piden a la Corte que se ignoren. Como lo afirma el informe Karl, por ejemplo, la Comisión del Congreso de Estados Unidos de 1990 nombró específicamente al coronel Montano como el comandante cuyas tropas cometieron violaciones a derechos humanos”.
El juez Douglas Woodlock está al tanto no solo de la causa de la Audiencia sino también de la solicitud de extradición que España presentó al Departamento de Justicia el 4 de noviembre de 2011 contra Montano. Incluso este juez ha reservado jurisdicción para conocer la solicitud de extradición en caso de que el Departamento de Justicia admita la solicitud y le dé trámite.
Montano fue detenido en un inicio el 18 de abril de 2011 en Massachussets, cuando España ya había abierto la causa contra él y los otros 19 militares salvadoreños. La captura fue por la violación a ley migratoria, se le dejó en libertad pero se le colocó un brazalete.
“En realidad la razón por la que Montano está detenido fue por la orden de arresto en España y la publicidad que eso generó”, dice Almudena Bernabéu, del CJA. Su razonamiento es que en ese momento había mucha efervescencia en la opinión pública estadounidense, sobre la presencia de violadores de derechos humanos en ese país, de tal manera que el descubrimiento de que Montano residía en Boston desde hacía años, tuvo un gran impacto mediático.
El CJA encontró a Montano en Everett, Massachussets, a inicios de abril de 2011, mientras el militar llevaba una vida apacible y de bajo perfil junto a algunos familiares. Fue detenido nuevamente el 24 de agosto de 2011 en Boston, Massachussets, cuando renovaba su pasaporte y cuando ya las órdenes de captura giradas por la Audiencia Nacional ya tenían tres meses de vigencia. Pero la captura, nuevamente, solo se dio por delitos migratorios y también se le permitió la libertad.
Montano fue operado de un cáncer de vejiga, después de la cirugía la herida se le ha infectado múltiples veces, y necesita un bastón para caminar. Vive en la casa de su hermana, en Massachusetts.
La condena que ahora está pidiendo la Fiscalía estadounidense contra Montano es de cuatro años de cárcel, mucho mayor a los 21 meses que había pedido antes pero que aun no incluían un estudio sobre el pasado militar del exoficial del alto mando militar.
La audiencia que continuará el lunes comenzó el 15 de enero. Este jueves, Montano no habló, solo se dedicó a escuchar el interrogatorio de las partes a Karl. A la profesora le preguntaron si había testimonio escrito de que el entonces coronel Ponce había dado la orden de matar los jesuitas y no dejar testigos. Karl respondió así: 'No hay registro de eso, era una orden ilegal'.
Almudena Bernabéu, del CJA, dijo estar complacida con el resultado de la audiencia. 'Ha ido muy bien la audiencia, Karl describió la participación de Montano en la masacre', señaló.
La participación de Vargas en la audiencia está programada para el lunes.
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