Uno de los militares a quienes la Comisión de la Verdad señaló como responsables de la matanza de seis sacerdotes jesuitas, una empleada y la hija de esta en 1989, fue condenado este martes en Estados Unidos a purgar 21 meses de cárcel en ese país, en un proceso por fraude migratorio en el que, sin embargo, fue clave el pasado militar del coronel Inocente Orlando Montano como violador de derechos humanos durante la guerra civil.
Acusado por la Fiscalía de más de mil casos de torturas, desapariciones forzosas, ejecuciones sumarias y detenciones arbitrarias cuando estuvo al mando de diversas unidades militares, y en su última etapa (1989-1992), como viceministro de Seguridad Pública, Montano se había declarado culpable de perjurio y de mentir para acceder a protección migratoria.
La parte querellante, el Departamento de Seguridad Nacional o Homeland Security, procuró construir ante el juez al militar retirado como un perpetrador de graves abusos de derechos humanos, y el juez Douglas Woodlock había dejado claro desde inicios de año que en su decisión iba a tomar en cuenta el pasado de Montano.
Montano, quien fue funcionario del gobierno de Alfredo Cristiani, había sido localizado por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA) residiendo en Everett, Massachusetts, y a partir de la sentencia comienza la cuenta regresiva para que inicie el trámite de extradición hacia España, donde la Audiencia Nacional procesa a 20 militares implicados en la matanza, donde el CJA es querellante.
Hasta ahora, ningún militar salvadoreño ha purgado su condena de prisión por abusos de derechos humanos, y el caso de Montano es el que más se acerca a ello, aunque se tratara de un juicio migratorio. En 1992, el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza fueron condenados a cárcel en El Salvador por su participación en el crimen de los jesuitas y la hija de la empleada doméstica, sin embargo, en marzo de 1993 el país decretó la Ley de Amnistía que indultó a todos los condenados.
Montano recibió la condena de 21 meses este martes en un juzgado federal del distrito de Boston por los delitos de perjurio (mentir bajo juramento) y haber brindado información falsa en un formulario migratorio para obtener el Estatus de Protección Temporal (TPS) y poder residir en ese país. El coronel había estado bajo libertad condicionada desde el 18 de abril de 2011 por haberse quedado sin permiso de estadía legal en Estados Unidos, y terminó admitiendo culpa por ambas acciones el 11 de septiembre de 2012.
Montano, ahora de 70 años, es uno de los 20 militares salvadoreños acusados de asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad en la causa que ventila el juez Eloy Velasco en España. La condena de 21 meses de cárcel es lo suficientemente extensa como para que Montano pueda ser enviado a España a enfrentar la justicia en el caso jesuitas, según el CJA.
Antes de él, el exministro de Defensa Carlos Eugenio Vides Casanova y su predecesor José Guillermo García fueron encontrados culpables de violaciones a derechos humanos pero su sentencia fue solamente a pagar compensaciones millonarias a las víctimas y no recibieron pena de cárcel.
La sentencia de 21 meses de cárcel es 30 meses menor que la que había pedido la Fiscalía estadounidense al juez Woodlock. Por los delitos de perjurio y fraude migratorio la condena no podía ser superior a dos años, sin embargo, la cantidad de años-cárcel solicitada por la Fiscalía aumentó bruscamente cuando los antecedentes militares de Montano ocuparon una parte importante en el proceso. En Massachusetts, un juez debe determinar la cantidad de años de cárcel en base a la gravedad de la ofensa y los antecedentes criminales del procesado, y en el caso de Montano los testimonios de la investigadora Terry Karl lo perfilaron como responsable en más de mil delitos contra los derechos humanos.
El exviceministro de Seguridad Pública estuvo viviendo por 10 años en la ciudad de Everett, Massachusetts. En tres ocasiones, entre 2001 y 2010, respondió con mentiras en los formularios migratorios estadounidenses: dijo que nunca recibió formación militar ni nada parecido y señaló que había entrado a ese país el 2 de julio de 2001, cuando en realidad lo había hecho el 30 de septiembre de 2000. El fiscal que logró la condena contra Montano es John Capin y su tesis era que Montano mintió de esa manera porque quería evadir un eventual procesamiento penal por la masacre de los jesuitas y otro centenar de violaciones a derechos humanos.
La abogada para asuntos internacionales del CJA, Almudena Bernabéu, dijo estar optimista sobre la posible extradición a España. 'Es el tiempo suficiente que necesitamos para tramitar la extradición. Tenemos tiempo', dijo, al terminar la audiencia.
Con o sin condena, el proceso debía continuar. “No hay ningún impedimento legal para que la solicitud de extradición prosiga su curso”, explica Patty Blum, también del CJA. España solicitó a Estados Unidos el 4 de noviembre de 2011 la extradición de Montano aunque la petición aún no ha sido admitida formalmente por ese país. “Una vez el caso esté completo, el Departamento de Justicia puede tomar la decisión de proceder con la extradición. Si el gobierno estadounidense necesita más información por parte de la Audiencia Nacional de España, la solicitarán”, agrega Blum. El CJA estima que todo el trámite puede durar hasta dos años, aunque cree que 21 serán suficientes.
El sexto juez central de instrucción penal de la Audiencia, Eloy Velasco, ordenó la captura de Montano y los otros 19 militares el 31 de mayo de 2011 porque según él existía un riesgo fundado en todos ellos de sustracción a la acción de la justicia, según escribió en su auto de procesamiento. “(Hay)un alto riesgo de que se indispongan con la acción de la justicia, pues no han mostrado la más mínima disposición a comparecer ante esta Justicia”, dijo.
Velasco había dicho que, contrario a lo que plantean los militares acusados, en El Salvador no se hizo justicia, por lo que el juicio en que fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y otro militar, que posteriormente fueron perdonados al aplicarles la Ley de Amnistía, fue poco más que un montaje. En eso fundamentó haber aceptado la querella contra los militares salvadoreños en un crimen que segó la vida de cinco religiosos españoles, un salvadoreño, más una empleada y la hija de esta.
La abogada Blum, del CJA, sostiene que la aspiración es que Montano se presenta ante el juzgado español para ser procesado. Él sería el primer militar salvadoreño que llegue a la Audiencia Nacional a enfrentar un juicio por la masacre de los jesuitas, pues hasta ahora no han prosperado las peticiones hechas ante las autoridades salvadoreñas para que los ponga a disposición de Velasco. Lejos de eso, el gobierno del presidente Mauricio Funes les concedió refugio en un cuartel militar en 2011 cuando la Interpol había girado una orden de localización y detención.
Según el informe de la Comisión de la Verdad de 1993, Montano participó en una reunión en la que el 15 de noviembre de 1989 se dio la orden de asesinar a los sacerdotes, con la instrucción adicional de no dejar testigos. Además, según el informe de 1990 “Barriers to Reform: A Profile of El Salvador's Military Leaders”, elaborado por una comisión del Congreso estadounidense, Montano obstaculizó las investigaciones del asesinato de los seis sacerdotes.
Si Montano llega a la Audiencia Nacional, el juicio podría arrancar y eso provocaría un desfile de pruebas sin precedentes en la historia del juzgamiento del crimen de los jesuitas, acaecida en la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), donde trabajaban y daban clases.
En 2000, cuando Montano abandonó El Salvador, el país tenía abierto un debate sobre la Ley General de Amnistía de 1993, esa que perdonó todos los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto tanto por la guerrilla del FMLN como por las fuerzas del gobierno. Montano siempre sostuvo, para poder obtener el TPS, que había volado a Estados Unidos por problemas económicos después de los terremotos de 2001, aunque en realidad había ingresado un año antes.
El proceso migratorio que terminó este lunes había comenzado su etapa final en enero pasado cuando comenzó la audiencia para emitir sentencia contra Montano. En esa primera audiencia del 15 de enero, las partes pidieron al juez Woodlock que reprogramara la sesión con el objetivo de que pudieran preparar más datos y testimonios sobre el pasado militar de Montano.
El 1 de marzo, el juez volvió a reprogramar la sesión pero hizo una observación: si de resultar ciertas las acusaciones sobre el pasado violatorio de derechos humanos de Montano, ello sería algo que tomaría en cuenta para emitir su sentencia final, algo que por ley estadounidense, aumenta la pena a imponer. Fue por eso que la defensa de Montano convocó al general Mauricio Vargas, exsubjefe del Estado Mayor y firmante de los acuerdos de paz, en un intento por desvirtuar cualquier participación de Montano en delitos de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos o la masacre de los jesuitas de 1989.
Antes de emitir su sentencia condenatoria, el juez Woodlock de hecho recibió un informe con los antecedentes de Montano de parte de una oficina estatal encargada de recopilar antecedentes de los procesados. También en el juicio migratorio, la Fiscalía presentó su testigo experta, la investigadora Terry Karl, de la Universidad de Stanford, quien en un informe que terminó de redactar el 31 de diciembre de 2012 vinculó a Montano con 65 ejecuciones sumarias, 51 desapariciones, más de 500 casos de tortura y más de 500 detenciones arbitrarias, cometido todo en la guerra civil.
El general Vargas testificó este lunes a favor de Montano. Un texto que él presentó el 15 de abril ante el juez Woodlock buscaba desvirtuar 13 aseveraciones con las que el informe Karl ligaba a Montano a violaciones de derechos humanos y la masacre de los jesuitas. En resumen, Vargas sostenía cuatro cosas: que Montano nunca tuvo responsabilidad sobre la operatividad de ninguna tropa que violó derechos humanos; que su papel, como viceministro, fue cumplir funciones administrativas y que no hay constancia de que él avalara prácticas violatorias de la ley; que en El Salvador nunca nadie lo acusó ante ningún juzgado de ninguna violación; y que siempre fue un buen cristiano y un excelente ser humano, fundador de orfanatos, constructor de puentes y carreteras.
Desde 2004, Estados Unidos ha decretado una política de baja tolerancia contra violadores de derechos humanos residentes en ese país. Este fue el resquicio que aprovecharon instituciones de derechos humanos para promover que Estados Unidos fijara sus reflectores en Montano.
La fiscal general de Massachusetts, Carmen M. Ortiz, se pronunció complacida por la sentencia contra Montano: 'La sentencia de hoy envía un mensaje fuerte a todos a quienes se les acusa de haber cometido abusos de derechos humanos en el extranjero de que no pueden estar esperanzados en esconderse en los Estados Unidos', dijo en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia de EUA. “Seguiremos persiguiendo con ahínco este tipo de casos para proteger la integridad de nuestro sistema de inmigración y para disuadir a que los malhechores de otros países busquen refugio aquí', agregó.
La Fiscalía aclaró que Montano podrá ser deportado a El Salvador una vez el exmilitar cumpla su sentencia de 21 meses en suelo estadounidense. No antes. Una vez cumplida la sentencia el 11 de julio de 2016, Montano deberá pagar $600 y seguirá un año bajo supervisión.
Montano fue detenido el 18 de abril de 2011 en Massachussets, antes de que la Audiencia Nacional enviara las órdenes de captura a la Policía Internacional (Interpol). Un día más tarde, Montano fue puesto bajo libertad condicional no sin antes colocarle un brazalete en su pierna para tenerlo controlado. Cuando El Faro lo contactó vía telefónica en junio de 2011, Montano dijo que él estaba en libertad y, por tanto, que todo lo que salía mencionado en el Auto de Procesamiento de la Audiencia Nacional era mentira. Lo que Montano no dijo era que estaba en libertad condicionada.
El 24 de agosto de 2011, mientras renovaba su pasaporte en un consulado de Boston, Montano fue detenido nuevamente por sospechas de que quería abandonar el país, como señaló el fiscal del caso John Capin. Para entonces, las órdenes de captura internacional tenían tres meses de vigencia. El defensor de Montano, Óscar Cruz Jr., un abogado público, dijo que Montano intentaba renovar su pasaporte para poder tramitar la pensión con la que mantiene a su hija, y que era falso que intentara viajar a El Salvador, vía México, como señaló Capin. Por esos días, 10 militares mencionados en el Auto de la Audiencia Nacional habían logrado resguardo en un cuartel militar. Estuvieron ahí, sin que la Policía Nacional Civil procediera a su captura, hasta que la solicitud de extradición hecha por la Audiencia Nacional española fue declarada improcedente por la Corte Suprema de Justicia salvadoreña.
La defensa de Montano había pedido para él cinco años de libertad condicionada en Estados Unidos y que al cabo de ellos se le permitiera volver a El Salvador. Montano tiene una condición frágil: fue operado de un cáncer en la vejiga hace unos años, la cicatriz se le ha infectado en múltiples ocasiones y ahora camina con la ayuda de un bastón. Trabajó por casi una década en una fábrica de dulces, y según la defensa, ganaba 14 dólares diarios. El expresidente Alfredo Cristiani (1989–1994) quien lo integró en su gabinete de gobierno como viceministro de Seguridad Pública, envió una carta al juez Woodlock en diciembre pasado en la que hacía referencia que Montano había sido un buen soldado y había cumplido a cabalidad su labor. “Demostró ser un oficial responsable, profesional y muy bien entrenado”, escribió Cristiani en esa carta.
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