La sentencia contra el exviceministro de Seguridad Pública salvadoreño Inocente Orlando Montano (1989–1992) por haber mentido en formularios migratorios en Estados Unidos, tendrá que esperar a estes martes, pues el lunes se consumió en la última fase de testimonios, que han aludido a una faceta del militar retirado que el juez Douglas Woodlock ha dicho que tomará en cuenta en su decisión: las acusaciones sobre violaciones a derechos humanos imputables a Montano durante la guerra civil salvadoreña.
Montano es uno de los 20 militares salvadoreños cuyo nombre aparece en el auto de procesamiento emitido por un juez español y en el que se le señala como corresponsable de la masacre de los jesuitas ocurrida en San Salvador el 16 de noviembre de 1989. La audiencia que seguirá este martes 27, sin embargo, solo procesa al exmilitar por los delitos de perjuirio y fraude migratorio cometidos en Estados Unidos.
La parte querellante, representada por el Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), está convencida de que la sentencia de Woodlock permitirá tramitar la extradición de Montano hacia España, proceso en el que el CJA también es parte. La defensa espera, en cambio, que el juez acepte que Montano cumpla su sentencia en Estados Unidos para que luego retorne a El Salvador, donde una decena de los acusados en España obtuvieron refugio en una guarnición militar cuando la Interpol había girado órdenes de localización y captura.
¿Cómo se relacionan el proceso migratorio con la causa abierta en España por el caso jesuitas? Por el proceso en la Audiencia Nacional, España ha pedido a Estados Unidos la extradición de Montano, un trámite que podría durar entre uno y dos años, y para el cual es preferible que Montano esté en prisión. Él y los otros 19 militares han dado suficientes muestras de querer evadir la justicia hasta ahora por los abusos cometidos en la guerra, dice el la argumentación del juez español Eloy Velasco emitida en mayo de 2011. Montano se encuentra en libertad condicional desde abril de 2011 en Massachusetts.
Montano admitió culpa de los delitos de perjurio y fraude migratorio en septiembre de 2011, es decir, que ya lleva 23 meses bajo confinamiento. Por eso es que el CJA pretende que la condena del juez sea cercana a los 51 meses (cuatro años y tres meses) que pide la Fiscalía para Montano. Eso daría margen suficiente, explica Almudena Bernabéu, abogada para asuntos internacionales del CJA, para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y España tramiten la extradición de Montano.
Durante la audiencia de este lunes, el testigo que fue interrogado por la Fiscalía y la defensa fue el general retirado Mauricio Vargas, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y compañero generacional de Montano en la promoción de militares conocida como La Tandona, de 1966.
Según una de las abogadas del CJA presentes en el juicio, Patty Blum, Vargas disertó sobre la necesidad de que El Salvador no juzgue los crímenes de guerra que ocurrieron durante los 12 años de lucha intestina que fueron perdonados por la Ley General de Amnistía emitida en 1993. “La Ley de Amnistía es esencial para mantener la paz en El Salvador”, fueron parte de las palabras de Vargas, quien terminó hablando cerca de tres horas.
Esa ley quedó invalidada por una sentencia explícita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en noviembre de 2012, cuando el organismo condenó a El Salvador por su responsabilidad en la masacre de El Mozote, Morazán, a la que no están vinculados ni Montano ni Vargas.
Vargas fue llamado por la defensa a rendir testimonio a favor de Montano, quien según la testigo experta de la parte acusadora, la investigadora y profesora universitaria Terry Karl tuvo un rol activo en los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad en El Salvador. Karl ha vinculado a Montano con 65 ejecuciones y más de mil abusos de derechos humanos, entre desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas.
El jueves y parte de este lunes, la audiencia tuvo como propósito escuchar el testimonio de Karl, quien fue interrogada por la Fiscalía y la defensa. Según un resumen de la sesión publicado por el CJA, Karl fue interrogada por el abogado de Montano, Óscar Cruz Jr., entre otras cosas sobre la responsabilidad administrativa y jerárquica que tenía Montano sobre las fuerzas militares cuando ocurrió la masacre de los jesuitas en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Karl explicó, por ejemplo, que Montano estaba presente cuando el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, René Emilio Ponce, dio la orden de matar a los jesuitas y no dejar testigos.
“A una pregunta del abogado Cruz en la que se pretendía confirmar que el asesinato de los jesuitas se había dado en una situación caótica, la profesora Karl respondió que no había sido así. Particularmente, ella indicó que incluso la CIA había reportado que no había fuerzas de la guerrilla cerca del campus de la UCA y que el perímetro de seguridad que abarcaba la UCA y otras instalaciones militares fue provista, en parte, por las fuerzas bajo la orden de Montano”, reza el resumen publicado por CJA.
El jueves, el abogado Cruz también preguntó a Karl cómo era posible que no existiera una orden escrita en la que constara la orden de matar a los jesuitas. “No podía haber algo así, era una orden ilegal”, dijo Karl, quien agregó que era imposible que el coronel Guillermo Benavides, director de la Escuela Militar y quien ya fue condenado por el crimen de los sacerdotes, hubiera tomado la decisión de ejecutarlos sin la venia del Alto Mando, que incluía a Montano.
El Faro intentó comunicarse vía telefónica y vía correo electrónico con el abogado Óscar Cruz Jr., sin embargo, el litigante no respondió las llamadas ni tampoco los mensajes.
Karl también abundó en los detalles del pasado militar de Montano. Lo señaló como el responsable del Batallón Belloso cuando este se vio involucrado en una masacre en el departamento de San Vicente conocida como la matanza de El Calabozo, en 1982. “Karl rechazó enérgicamente el alegato de que Montano tenía únicamente roles administrativos, y de igual manera, rechazó la errónea lectura que hizo el abogado Cruz sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las hermanas Serrano en la que, según él, se demostraba que el Batallón Belloso no estuvo involucrado en la masacre ni en el secuestro de niños. Karl enfatizó que, de acuerdo con su investigación con múltiples fuentes el Batallón Belloso sí había participado en la masacre”, reza el resumen publicado por el CJA en su página web.
Según el CJA, la profesora Karl confirmó que Montano y La Tandona tenían gran poder de influencia en toda la Fuerza Armada como para entorpecer las investigaciones del caso jesuitas.
En 1991, cuando se juzgaba a la decena de militares procesados por la matanza de los jesuitas, los fiscales del caso, Sidney Blanco y Henry Campos, renunciaron y dijeron a la prensa que lo hacían porque sus superiores les pedían que no investigaran responsabilidad hacia arriba en la línea jerárquica de la Fuerza Armada.
Como respuesta de todas estas afirmaciones que hizo la profesora Karl, la defensa llamó al general Mauricio Vargas para intentar desvirtuarlas. Vargas también presentó su informe en abril pasado. En 72 páginas, Vargas rechaza que haya pruebas que demuestren que las tropas que estuvieron bajo la orden de Montano estuvieran involucradas en violaciones a derechos humanos. También dijo en abril que Montano tenía sobre todo un papel administrativo y que no tenía control operativo sobre las fuerzas en el terreno. Sobre este informe fue interrogado Vargas este lunes.
El juez Woodlock emitirá su sentencia final para esta audiencia que comenzó el 15 de enero, pero que se fue postergando en diversas sesiones. El 15 de enero, la audiencia de lectura de sentencia se reprogramó para el 1 de marzo, y ese día se volvió a reprogramar para agosto. Tanto Fiscalía como la defensa de Montano pidieron más de una vez prórroga para preparar sus alegatos en torno del pasado militar de Montano.
El juez Woodlock dejó claro en marzo que para emitir una sentencia contra Montano tomaría en cuenta su pasado militar, el mismo que el exviceministro de Seguridad Pública intentó ocultar cuando llenó los formularios migratorios con los que renovaba su estadía en Estados Unidos entre 2001 y 2010.
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