La Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se han pronunciado a favor de esclarecer las masacres de El Mozote a ocho meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado salvadoreño por el cometimiento, ocultamiento de la verdad y denegación de justicia en este caso.
En lo que constituye un viraje sin precedentes de parte del Ministerio Público, el fiscal Luis Martínez ha fortalecido a una unidad para que investigue delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra; mientras que la CSJ ha enviado a sus jueces una copia de la sentencia para que se documenten con el fallo, un instrumento jurídico que puede servir como argumento para que fiscales y jueces del país declaren inaplicable la Ley de Amnistía (aprobada en 1993), bajo los mismos argumentos que esgrime el máximo tribunal de derechos humanos a nivel continental.
Ambas instituciones incluso han comenzado a mover sus mecanismos internos para investigar qué fue lo que ocurrió entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981 en nueve poblados del norte de Morazán, cuando alrededor de mil campesinos –casi la mitad de ellos niños menores de edad- fueron masacrados por el ejército salvadoreño.
Hace casi 33 años, soldados del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl (BIRIA) y soldados de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, ejecutaron una operación de tierra arrasada producto de la cual mataron a alrededor de mil pobladores en un operativo que tenía como objetivo diezmar las zonas de control logístico de la guerrilla.
A esa matanza se le conoce como la masacre de El Mozote, por el nombre del caserío en el que se encontraron la mayor cantidad de las osamentas de las víctimas, según la denuncia internacional que hiciera en enero de 1982 –a periodistas del Washington Post y el New York Times- la única sobreviviente de esa masacre, Rufina Amaya. Pero en realidad, la masacre abarcó un radio mayor, que alcanzó otros ocho caseríos aledaños a El Mozote, en la municipalidad de Arambala, Morazán.
La movilización de la FGR y la CSJ obedece a la sentencia del 10 de diciembre de 2012, en la que la Corte IDH condenó al Estado salvadoreño por el cometimiento de la masacre, la ocultación de la verdad y la denegación de justicia para las víctimas y sus familiares. El Estado en su conjunto, según Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, ha incumplido los plazos de la sentencia. La Corte IDH determinó seis meses a partir de notificada la sentencia para tener resuelto un mapa, una especie de hoja de ruta in situ sobre el cual comenzar a realizar las exhumaciones, que develen la dimensión real de la masacre, el paradero de las víctimas que no han sido encontradas, dando inicio a una investigación penal contra los responsables.
Ocho meses después de emitida la sentencia, sobre ese mapa no hay nada claro, ni siquiera coordinaciones entre ambas instituciones, pero lo notorio es que al menos por separado, la FGR y la CSJ se han puesto a soñar procedimientos de investigación bastante ambiciosos.
El Ministerio Público asegura haber adscrito desde el primer trimestre de 2013 a la Unidad Especializada de Derechos Humanos las investigaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil salvadoreña. El Faro solicitó al fiscal general de la República, Luis Martínez, que se pronunciara sobre este tema, y este delegó una vocería en uno de sus cercanos asesores, el ex director para la zona occidental, Mario Jacobo. Jacobo conoce cómo se han trabajado las investigaciones sobre crímenes cometidos durante la guerra. Sabe que en todos los casos lo prioritario ha sido realizar las diligencias, las exhumaciones, intentar conseguir la identificación de las víctimas y entregar los restos a sus familiares. Y aunque todavía la FGR no tiene claridad sobre los plazos, y advierte que estaría lejos de cumplir los plazos que la Corte IDH exige por falta de recursos y presupuesto (para las exhumaciones, por ejemplo, pone el cronómetro en dos años), por primera vez la Fiscalía asegura que están analizando cómo se investigará el caso, cómo se harán coordinaciones y qué pasos se tomarán respecto al sobreseimiento que diera en 1993 un tribunal de San Francisco Gotera, amparándose en la Ley de Amnistía.
En los últimos 20 años, esa ley ha hecho que jueces y fiscales hayan desestimado investigaciones, archivado casos o solicitado sobreseimientos en graves violaciones a derechos humanos como torturas, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias. La tradición más común de la FGR y los jueces del país, en todos estos años, ha sido abrir investigaciones para realizar exhumaciones, identificar los restos de las víctimas e intentar entregárselos a sus familiares. Finalizado este proceso, los casos han vuelto al olvido en el que estuvieron desde los años de la guerra.
32 años después de cometida la masacre, con la declaratoria de inaplicabilidad para la ley de amnistía emitida por la Corte IDH, se abre un nuevo escenario jurídico para los fiscales y los jueces. Un escenario que incluso podría evadir el muro que el Ejecutivo y el Legislativo han levantado para soslayar investigaciones: no se pueden juzgar esos crímenes porque existe la Ley de Amnistía.
Sin una derogación -que sería responsabilidad de la Asamblea- o una anulación -que sería responsabilidad de algún tribunal- a la vista, ¿la Fiscalía se atreverá a girar radicalmente su política de investigación? ¿Los jueces aceptarán la apertura de investigaciones de crímenes del pasado, llevándolos a su máxima consecuencia? Quién sabe, pero lo cierto es que ambas instituciones han comenzado a hacer amagos que dejan entrever respuestas positivas para esas preguntas.
Para responder al fallo de la Corte IDH, la FGR adscribió a una unidad los casos de la guerra y ha recopilado el total de casos que tiene en su archivo judicial. Son 33 causas para ocho masacres específicas, entre ellas las masacres en el río Sumpul (1980, Chalatenango, alrededor de 700 personas), Las Hojas (Sonsonate, 1983, alrededor de 74 personas), El Calabozo (San Vicente, 1992, alrededor de 200 personas) y El Mozote.
-¿Cuál es el objetivo de la Fiscalía para concentrar todos estos casos en una sola unidad? –preguntó El Faro a Mario Jacobo, vocero del fiscal general en el tema.
-El objetivo general es la depuración de todos los casos mediante el impulso de las diligencias. Y los específicos van por dos rumbos: identificar hacia qué rumbo nos llevan las diligencias y poder iniciar la correspondiente acción penal. Y, por otra parte, tratar de hacer las exhumaciones respectivas en aquellos casos donde no se han hecho para realizar peritajes de identificación de las víctimas y la posterior entrega de esos restos a sus familiares.
-En el pasado, la política –si es que existió como tal- de la Fiscalía fue la de exhumar restos, entregarlos a sus familiares y archivar o pedir sobreseimientos para los casos. ¿Cuál es el objetivo para casos como el de El Mozote?
-Una investigación puede llevarnos a determinados rumbos, a establecer posibles actores. Pero como se trata de un hecho complejo, no es tan fácil establecer quiénes fueron los autores materiales de eso, dado que ya andamos casi por los 33 años de diferencia. Es bien difícil, pero no es imposible. Nosotros estamos en la obligación de hacer las diligencias pertinentes para ver qué obtenemos.
-¿Hay una nueva visión de la institución respecto a la investigación de hechos ocurridos en el pasado?
-El artículo 504 del Código Procesal Penal vigente, en la aplicación para procesos futuros, dice: “las disposiciones de este Código se aplicarán desde su vigencia a los procesos futuros, cualquiera que fuera la fecha en que se hubiera cometido el delito o falta”. Y aquí da la posibilidad de que haya un delito: la violación de derechos humanos.
-¿No estamos ante delitos que prescriben?
-La prescripción del delito se refiere solo a los delitos comunes, y nosotros estos crímenes (como el de la masacre de El Mozote) los vemos como de lesa humanidad. Esos no prescriben.
-¿La Fiscalía se saltará el cumplimiento de la Ley de Amnistía, en virtud del fallo de la Corte IDH que la deja inaplicable?
-No me gustaría opinar al respecto porque creo que adelantaría criterio. Ahora, recuerde que constitucionalmente estamos obligados (a investigar). El artículo 193 dice que tenemos que defender los intereses de las víctimas como también los del Estado. Y eso nos da la pauta de que no debemos de dejar en la impunidad una acción que pueda ser considerada como delito o falta.
-¿El objetivo de la Fiscalía no se queda en abrir casos, exhumar, entregar restos óseos a los familiares de las víctimas y luego archivar, pedir sobreseimientos?
-No: vamos a investigar. No hacerlo implicaría negligencia de parte de la Fiscalía y estamos obligados a investigar los casos. Yo le transmito lo que el fiscal me ha ordenado. El fiscal general está interesado en cumplir con la sentencia de la Corte IDH.
Corte Suprema hace un guiño a sus jueces
El 11 de abril de 2013 la Corte Plena se reunió en la cuarta planta del palacio de justicia para emitir una orden que en apariencia podría resultar insignificante, pero que en el fondo entraña una herramienta clave para que todos los jueces de la república, bajo su propio criterio, analicen si es pertinente declarar inaplicable la Ley de Amnistía para los casos de crímenes del pasado, tal y como lo sentenció la Corte IDH.
En aquella reunión, con 11 votos a favor, la Corte Plena ordenó “repartir copia de la sentencia a cada juez de la república”.
En mayo de este año, el presidente de la Corte IDH, Diego García Sayán, dijo a El Faro que en Latinoamérica se estaba creando una tendencia positiva de las sociedades para investigar los crímenes atroces del pasado. García Sayán dijo que casi siempre el empuje viene desde los órganos judiciales y de los ministerios públicos, “aquellos valientes” que retoman la filosofía del sistema interamericano de Derechos Humanos para resolver casos del pasado, al tenor de las distintas resoluciones que ha emitido la Corte IDH.
Los fiscales anteriores a Luis Martínez, cuando tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre deducción de responsabilidades por masacres ocurridas durante la guerra civil o por graves violaciones a derechos humanos, respondían un par de cosas: por un lado, que la Ley de Amnistía los inhibía de investigar -lo cual no era cierto, porque una sentencia de la Corte Suprema en el año 2000 determinó que los crímenes ocurridos entre 1989 y 1994 no eran amnistiables, y además, la ley no impedía investigar lo sucedido- y por el otro, que tratándose de homicidios, el plazo de 10 años para iniciar la acción penal había caducado.
Antes de la sentencia de la Corte IDH sobre El Mozote, la instancia inmediata inferior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, repetidas veces había recomendado a El Salvador adecuar su legislación secundaria al sistema interamericano, invalidando la Ley de Amnistía.
En su interpretación del fallo emitido en el caso El Mozote, García Sayán ya había escrito que las leyes de amnistía tienen un espíritu contrario al sistema interamericano de derechos humanos aprobado por todos los países del continente. '(Existe) incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los Estados” (... Además) las disposiciones de las leyes de amnistía que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden ser un obstáculo para la investigación de los hechos y la identificación y la sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos'.
Para el caso de El Salvador, García Sayán fue tajante: 'La Corte Interamericana declaró inaplicable la ley de amnistía para el caso de El Mozote y para otros casos similares. ¿Qué más claridad que eso para que las instancias del Estado actúen?'
En la reunión del 11 de abril, la magistrada de la Sala de lo Penal, Rosa María Fortín, solicitó “se revise el sobreseimiento dictado por el Tribunal de San Francisco Gotera, en razón de la amnistía aplicada en la resolución”. La Corte Plena decidió también designar un delegado de la CSJ ante la comisión que dirige la Cancillería de la República para el cumplimiento de la sentencia; revisar a través del departamento jurídico “las actuaciones que se señalan puedan transgredir la Constitución”; y, por último, solicitarle al Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal (IML) que informe “sobre la capacidad para la realización de posibles exhumaciones”.
El 26 de octubre de 1990, el sobreviviente Pedro Chicas puso denuncia penal en el juzgado de primera instancia de San Francisco Gotera. Tutela Legal del Arzobispado pidió en 1991 que se hiciera exhumaciones, pero el juez dijo que se necesitaba la autorización del presidente de la Corte Suprema, Mauricio Gutiérrez Castro. Este tardó nueve meses en dar su aval, el 9 de abril de 1992, y para la historia quedaron algunos de sus comentarios de esos días: 'Ahí solo guerrilleros muertos hallarán enterrados'.
En 1993, el informe de la Comisión de la Verdad señala que Gutiérrez Castro tuvo una injerencia indebida en la investigación de la masacre.
El Consejo Directivo del IML es presidido por la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, Doris Luz Rivas Galindo. Días después de emitidos los acuerdos de la Corte Plena, ella remitió al Director de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, un requerimiento para que la institución responda si está en capacidad de realizar las exhumaciones que requiere la Corte IDH, las cuales deben culminarse en un plazo de dos años y extenderse en los nueve poblados en los que se registró la masacre, hace 22 años.
El 13 de mayo de 2013, Joaquín Aguilar, jefe del departamento de Patología del IML, comunicó a Fortín Magaña que si bien la sección de Antropología Forense cuenta con la capacidad técnica para realizar las exhumaciones, destinar a los dos únicos dos peritos con que cuenta la institución a esas labores frenaría las actuaciones en el resto del trabajo, que abarca los casos mensuales de víctimas de la violencia actual.
Desde esas fechas, el Consejo que preside Rivas Galindo ha estado discutiendo las posibilidades para solventar el escollo de la falta de recurso humano para atender la resolución de la Corte IDH sin dejar de lado el resto del trabajo del IML. 'Para afrontar ese reto, porque consideramos que es un reto, estamos a punto de definir en Corte Plena un nuevo reglamento del IML que permita la elevación de rango de la sección de Antropología a Departamento de Antropología, con una mayor dotación de recursos económicos y la contratación de tres antropólogos forenses', dice Rivas Galindo.
La Corte Plena estaría evaluando la creación de tres plazas nuevas, que serían llenadas por tres antropólogas forenses de Canadá que ya han trabajado con los antropólogos forenses salvadoreños. Ellas servirían de enlace con sus universidades para dotar a todo el departamento de recurso humano calificable en un sistema de pasantías.
-Eso llevaría mano de obra experta a El Mozote.
-Así es -responde la magistrada-. Y al mismo tiempo, pero no específicamente para El Mozote sino para la institución, estamos buscando convenios con los ministerios de Educación y Salud para crear un sistema de pasantías que genere especialistas en antropología forense acá en el país.
Otro plan que están considerando en el Consejo Directivo del IML para atender la demanda de la sentencia de El Mozote (y que sería sometido a juicio de la Corte Plena) es generar un convenio con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el mismo que hizo los estudios antropológicos a solicitud de la Corte Suprema de Justicia entre 1992 y 1993; y ampliaciones de esas exhumaciones a solicitud de la Corte IDH entre 2000 y 2004 para abonar pruebas a la causa de El Mozote.
Al respecto, y pese a que todavía no hay coordinación entre CSJ y FGR, el fiscal Mario Jacobo señala que la institución también ha considerado hacer gestiones para convencer al EAAF de regresar al país para dirigir las nuevas exhumaciones de El Mozote. Y no sería una acción descabellada. El EAAF actualmente tiene un convenio en El Salvador (junto a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos, Cancillería e IML) en el manejo conjunto de un Banco de ADN de Familiares de Migrantes Desaparecidos, que desde 2010 a la fecha ha logrado identificar, de entre 500 muestras de familiares, su correspondencia con 24 restos óseos de salvadoreños que fallecieron en la ruta de los migrantes y fueron registrados en las morgues ubicados en la frontera sur de Estados Unidos, específicamente en los estados de Arizona y Texas.
Consultada sobre los objetivos de las exhumaciones, sobre el potencial que tiene la sentencia de la Corte IDH para la investigación y para la consecución de justicia, la magistrada Rivas Galindo sonríe, y señala que ahora El Salvador “tiene un reto jurídico enorme y a la vez emocionante”.
-En el pasado, ningún juez se atrevió a ir en contra de la Ley de Amnistía. En el caso de El Mozote, el primer juez de la causa (ya fallecido) cerró el caso argumentando el uso de esa ley. ¿Esto visión de la justicia ha cambiado?
-La realidades y las corrientes jurídicas cada vez van cambiando y creo que estamos, los operadores del aparato de justicia, ante un reto bastante interesante.
-La Fiscalía, por ejemplo, parece haber cambiado de discurso y ahora habla de investigar, de deducir responsabilidades, buscar acciones penales.
-Es evidente que se necesita un papel protagónico de la Fiscalía para, como jueces, poder actuar en esta materia.
-¿Por qué la Corte Plena ordena el envío de la sentencia a todos los jueces de la república?
-Porque estamos convencidos de que esa sentencia también es un instrumento jurídico que debe estar al alcance de los jueces, para su estudio, interpretación. Es como una herramienta más de trabajo.
-¿Usted se imagina a un juez valiente que acepte la reapertura de la causa de El Mozote?
-Me lo imagino y creo que es el ideal de jueces que queremos. Ahora, todo depende, repito, de que la Fiscalía dé el primer paso. Insisto: estamos en un nuevo escenario en donde los resultados pueden ser importantes para el país.
Tutela Legal: “El Ejecutivo no ha cumplido nada”
La sentencia de la Corte IDH para el caso de El Mozote atañe a todo el Estado salvadoreño y, según sus jurisdicciones, serán las diferentes instancias las que deberán cumplir lo ordenado por la Corte. En el caso del esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia, la Fiscalía y el Órgano Judicial son los protagonistas. Pero otro de los fallos de la resolución, otro de los importantes, habla de la reparación integral para las víctimas y sus familiares. Un fallo que habla de dotación de recursos económicos y de apoyo en materia de políticas sociales que para Tutela Legal del Arzobispado el gobierno de Mauricio Funes no está cumpliendo.
“A ocho meses de emitida la sentencia, el gobierno de El Salvador no ha cumplido nada”, dice Wilfredo Medrano, coordinador de la organización no gubernamental. “Para decirle que ni siquiera algo tan básico como la publicación de la sentencia en los periódicos del país han hecho. Nada, no han hecho nada”, se queja.
El gobierno ha creado una comisión de seguimiento a los cumplimientos de la sentencia, dirigida desde Cancillería, y hasta hace un par de semanas presidida por el que ahora es el nuevo procurador de Derechos Humanos, David Morales. Desde ahí, en teoría, se coordinan los pasos que darán aquellas instancias que más tengan que ver con los puntos exigidos en las sentencia. Para el caso de la reparación económica, por ejemplo, se designó que fuera la Secretaría Técnica de la Presidencia la que liderara ese proceso.
La Corte IDH ordenó el pago de 35 mil dólares a cada una de las víctimas de ejecución extrajudicial (440 personas); 20 mil dólares para las víctimas sobrevivientes (48 personas) y 10 mil dólares a cada uno de los familiares de las víctimas ejecutadas (124 personas). En total, unos 17.25 millones de dólares. “Pero no ha pasado nada. Nadie ha recibido nada. Secretaría Técnica se excusa diciendo que hasta que hasta que haya un censo de todas las víctimas, no iniciará los desembolsos. Nosotros creemos que eso es un error, ya la sentencia da un primer marco de acción. Empecemos por ahí y luego seguimos con el resto”, dice Medrano.
En materia de reparaciones integrales –acceso a políticas sociales para el desarrollo de las comunidades afectadas-, Tutela Legal critica también la pasividad del Estado. Antes de que se emitiera la sentencia, y con motivo de la celebración del 20o. aniversario de la masacre, el gobierno ordenó la pavimentación de la calle de acceso a El Mozote, entregó donativos a las familias que ahí residen (alimentos, útiles, zapatos y uniformes escolares), e instaló en el caserío El Mozote un Eco Familiar, una especie de unidad de salud.
“Pero esas son políticas sociales de gobierno que nada tienen que ver con la acción concreta y directa hacia los familiares de las víctimas que exige la sentencia”, dice Medrano. “¿Qué pasa con los otros caseríos, por ejemplo? ¿Habrá que esperar a que el MOP y el Ministerio de Salud tengan contemplado, algún día, acercarse a esas zonas?”, pregunta.
Otro de los incumplimientos que critica Tutela Legal es la falta de voluntad y de liderazgo del presidente Mauricio Funes para cumplir con algo que prometió el 16 de enero de 2012. Después de dar un discurso emotivo –Funes incluso lloró y se secó las lágrimas-, en el que pidió perdón a las víctimas y sus familiares por la responsabilidad del Estado en la masacre, el mandatario lanzó un mensaje a la Fuerza Armada, institución que él comanda, exigiéndole que deje de tratar como héroes a los violadores de derechos humanos. Y sucede que el operativo de El Mozote estuvo a cargo del comandante del batallón Atlacatl, coronel Domingo Monterrosa Barrios, y la 3a. Brigada de Infantería, en San Miguel, lleva su nombre desde hace años y aún con las instrucciones que dio, ese cuartel sigue teniendo el mismo nombre.
El 23 de octubre de 2012, el ejército celebró, como lo ha hecho desde 1985, la conmemoración de los “Héroes de Joateca”, para rememorar el atentado en el que falleció Monterrosa Barrios. Además, el cuartel militar de la ciudad de La Unión sigue llamándose mayor José Azmitia Melara, uno de los lugartenientes de Monterrosa en el operativo de la masacre.
A solo tres meses de cumplirse los 32 años de la masacre, el nombre de Monterrosa llevan bordado en sus uniformes los soldados que marchan desde San Miguel hacia la zona norte de Morazán, para participar en patrullajes conjuntos con la Policía. Una escuela nocturna adentro del regimiento militar –destinado a personas de escasos recursos- también sigue llamándose “Escuela teniente coronel Domingo Monterrosa”; y en el museo militar de la capital, las pertenencias del desaparecido líder del ejército salvadoreño siguen exhibiéndose al público como trofeos de guerra o símbolos de orgullo de la institución armada.
El Faro solicitó reacciones al Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, se informó que se diligenciaría las peticiones a las instancias pertinentes, pero al cierre de esta nota no había respuesta.
Nota relacionada:
Crónica Las masacres de El Mozote, publicada en diciembre de 2011, con motivo del 30o. aniversario de la matanza
Documental relacionado:
Documental Las masacres de El Mozote, publicado en diciembre de 2011
