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Corrupción en construcción de bulevar Diego de Holguín se fraguó en las narices de la Corte de Cuentas

El fiscal general Luis Martínez describió la conspiración que hizo posible la corrupción en la construcción del bulevar Diego de Holguín: el exministro Jorge Nieto pactó con la constructora modificar el contrato para ir a arbitraje, a sabiendas de que era casi seguro de que en un tribunal arbitral Obras Públicas saliera perdiendo y se viera obligado a pagar compensaciones al contratista. La Corte de Cuentas avaló el cambio al contrato.

Patricia Carías y Daniel Valencia Caravantes

 
 

El fiscal general Luis Martínez esbozó el viernes la trama de corrupción en la construcción del bulevar Diego de Holguín, y de sus explicaciones se infiere que hubo una conspiración para llevar al Estado a un arbitraje que de antemano se calculaba que iba a perder, y de la cual fue parte el exministro de Obras Pública Jorge Nieto, quien está acusado de tres delitos, el más grave de los cuales podría costarle hasta 15 años de prisión si fuera encontrado culpable. Aunque, para eso, antes tendría que ser capturado.

Nieto, según Martínez, participó en reuniones y acuerdos con el contratista para alterar las condiciones de la relación entre el Ministerio de Obras Públicas y el asocio Copreca-Linares, decisiones que a la postre significaron que el tramo II del bulevar, que originalmente iba a costar unos 24 millones de dólares, terminara costando a los salvadoreños casi cuatro veces el precio original. En una de esas reuniones, en diciembre de 2007, incluso se decidió elaborar un documento falso por medio del cual se haría constar que el MOP había decidido suspender la construcción tres meses antes mientras se resolvía trámites administrativos, aunque en realidad el contratista los había abandonado desde julio de ese año.

El fiscal general explicó ante la prensa las razones de las detenciones hechas la madrugada del miércoles, y atribuyó responsabilidades a aquellas personas contra las cuales giró órdenes de captura, de las cuales hay 9 prófugas y ocho capturadas. Entre las prófugas está Nieto, el funcionario de mayor rango acusado en un caso en que el perjuicio económico para el Estado Martínez lo tasó en poco más de 12 millones de dólares.

Además de Nieto, están acusados el exviceministro Sigifredo Ochoa Gómez, y otros funcionarios del MOP y de la empresa Concreto Preesforzado de Centroamérica (Copreca), que en 2005, asociada con Linares, S.A. de C.V., ganó el contrato de adjudicación para la construcción de la segunda fase del bulevar que ahora es llamado Monseñor Romero.

Hasta el viernes, los ocho capturados eran Sigifredo Ochoa Gómez, Alberto Colorado, Daniel Hernández, Iván Cañas, Jorge Blanco Mauricio, José Roberto Meléndez, Juan Francisco Bolaños y Lidia Elizabeth Blanco.

Según la Fiscalía, el exministro Nieto participó en acciones contrarias a los intereses del Estado, alterando documentos, incumpliendo sus responsabilidades como funcionario público y facilitando todos los procesos administrativos y la documentación para que Copreca se viera beneficiada con los recursos públicos. Por eso está siendo acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad documental agravada y peculado. De ser comprobado este último delito, el Código Penal establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión.

Algo que no mencionó el fiscal, pero que se desprende de las mismas investigaciones y de la investigación previa no judicial hecha por la Subsecretaría de Transparencia, es que toda la conspiración para favorecer la supuesta corrupción se produjo ante la vista de una Corte de Cuentas que ya había detectado faltas en el MOP cuando el ministro aún era David Gutiérrez, y aun así dio su aval a que el contrato se cambiara para permitir que las partes fueran a arbitraje, aun cuando las fallas previas del Ministerio podrían suponer que llegara en posición débil ante un tribunal arbitral.

Según las investigaciones, Nieto y la empresa propiedad de Jesús Hernández Campollo prepararon el terreno para que, en abril de 2008, el Estado tuviera que pagar 4 millones 844 mil 394.54 dólares a favor de Copreca.

Ese plan se dibujó, según la Fiscalía, en una reunión que se llevó a cabo la última semana de diciembre de 2007. En esa cita participaron Nieto, el abogado Roberto Oliva, exmagistrado de la Corte de Suprema de Justicia que en ese momento era apoderado legal de Copreca; Ile María Calderón de Carpio, gerente legal del Ministerio, e ingenieros y supervisores del Ministerio que tenían a su cargo la autorización del pago de las partidas de la obra. El propósito de la reunión era puntualizar los detalles legales de un plan conversado el mes previo entre las partes.

De acuerdo con la información que ha recabado Andrés Amaya, el fiscal anticorrupción a cargo del caso, el exministro Nieto tuvo la posibilidad de rescindir el contrato a Copreca-Linares desde el momento en el que su antecesor en el cargo, David Gutierrez, le pasó la estafeta del Ministerio, en enero de 2007. En esa fecha Nieto fue nombrado por el expresidente Elías Antonio Saca después de que Gutiérrez presentara su renuncia al cargo el 18 de diciembre de 2006, alegando problemas de salud. Para entonces, los retrasos eran inminentes, pues la obra estaba prevista a terminarse en febrero de 2007, según la programación original, pero Nieto dio un primer aval para la ampliación del plazo por otros 240 días. Cuando Gutiérrez dejó el puesto, entre el gabinete de gobierno ya se hablaba del eventual retraso y hubo quienes se quejaron abiertamente ante el presidente sobre lo que observaban en la cartera de Estado.

Para entonces, la obra enfrentaba dos inconvenientes: en la construcción se había incurrido en una tala ilegal de árboles en la finca El Espino, y supuestamente había dificultades para adquirir los derechos de vía de algunas zonas donde se construiría la carretera. Hoy la Fiscalía sabe que esto último no es cierto, sino que se simuló intentos por negociar la compra de terrenos, pero en realidad nunca se hizo ningún trámite.

A mediados de 2007, la Corte de Cuentas bajo la administración de Hernán Contreras emitió un informe en el que señalaba inconsistencias en la actuación del MOP por haber aprobado la ejecución del proyecto sin contar con los derechos de propiedad de las tierras y sin tener permisos ambientales. Cinco meses después de emitir dicho informe, la Corte de Cuentas se encargó de avalar una solicitud que le hizo llegar Nieto: que le aprobara el cambio de contrato para que, en caso de divergencias entre el contratista y el MOP, el asunto pudiera resolverse en un tribunal arbitral, y no en los tribunales comunes, como establecía el contrato original. La Corte avaló dicho paso a sabiendas de que el MOP había cometido ya varios errores que, a la postre, podían ser argumentos en favor del contratista en un eventual arbitraje, ya que lo que la Corte de Cuentas planteaba era que la responsabilidad última en los retrasos en la obra eran del MOP.

Ahora, el fiscal Amaya no titubea cuando señala que cuando Nieto llegó al cargo, Copreca ya había violado el contrato con una serie de retrasos en la ejecución de la obra y que este pudo detener esa ilegalidad. Y es que por tratarse de un contrato “llave en mano” en el que la empresa se comprometió a asumir todos los riesgos derivados de eventualidades que puedan encontrarse en el camino durante la ejecución de la obra -excepto casos de fuerza mayor, como fenómenos naturales imprevisibles-, la compañía no podía alegar que las dificultades en la adquisición de los derechos de vía o la acusación de hacer talas ilegales eran motivos para cambiar las reglas del juego.

Amaya explica que la cancelación del contrato le habría permitido al Estado cobrar la fianza de buena inversión de anticipo que presentó la empresa como requisito para adjudicarse la obra. Esa fianza aseguraba que el Estado no perdería los 7.6 millones de dólares que Copreca recibió en concepto de anticipo de parte del MOP apenas un par de días después de obtener la adjudicación de la construcción.

Los 7.6 millones de dólares correspondían al 30 % del costo total de la obra, gracias a que Gutiérrez accedió a subir el anticipo desde un 20 % que era la tasa prestablecida. Gutiérrez, sin embargo, no es uno de los perseguidos. Según el fiscal Martínez, no tiene pruebas como para proceder contra él.

La Fiscalía plantea que las intenciones de Hernández Campollo de estafar al Estado fueron claras desde el inicio, y por eso el empresario es uno de los acusados, aunque no ha sido capturado. Para ilustrar su afirmación, la Fiscalía explica que de los 7.6 millones de dólares de anticipo, la constructora solo justificó ante el MOP el uso de un millón de dólares. El resto, ahora se sabe, lo destinó al pago de deudas de la empresa. Además, la Fiscalía dice tener pruebas de que con el anticipo la empresa de Hernández Campollo compró 54,000 bolsas de cemento, que nueve meses después volvió a cobrarle al Ministerio. Y el MOP accedió a pagarlas sin mayor indagación.

A pesar de esas anomalías, cuando Nieto llegó al cargo no solo no rescindió el contrato, sino que, casi de inmediato, accedió a las solicitudes de la empresa de extender los plazos de ejecución del bulevar. En ese momento, Copreca alegaba que había subcontratado a una tercera empresa que se encargaría de gestionar los permisos en las alcaldías correspondientes y a los mismos dueños de las tierras por las que iba a cruzar el bulevar, y que esta empresa no había podido obtener las autorizaciones, por lo que no podía continuar con la obra. A esto, los empresarios le llamaban “motivos de fuerza mayor”. Y Nieto aceptó. De esta forma, el ministro avaló en enero de 2007 ocho meses adicionales (240 días) para entregar la carretera que hoy lleva del poniente de San Salvador al poniente de Santa Tecla.

De acuerdo con el informe sobre las irregularidades en la construcción de la obra que presentó ante la Fiscalía la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la gestión del Presidente Mauricio Funes en coordinación con el MOP, esas excusas por incumplimiento que alegaba la empresa no podían ser considerados motivos de fuerza mayor, dado que en términos jurídicos estos se entiende como “un hecho exterior, de manera que quien lo alega no haya intervenido o contribuido, en forma alguna en su realización”, cita la SAE en su informe. Para la SAE esos motivos de fuerza mayor se referían a complicaciones con eventos naturales, tales como huracanes, terremotos o erupciones volcánicas.

La Fiscalía además, dice que esas excusas eran la coartada perfecta que la empresa de Hernández Campollo necesitaba para poder ir a un arbitraje y ganar una compensación del Estado porque este sería declarado responsable. Amaya dice tener documentado que esta empresa contratada por Copreca nunca realizó ningún esfuerzo por obtener los permisos. “Era mentira que había atrasos, Hernández Campollo no superaba esos obstáculos porque quería ir a arbitraje para poder cobrar más”, explicó Amaya el viernes.

Asimismo, aunque el contrato con el MOP le permitía a Copreca subcontratar a otra u otras empresas, este también establecía que las consecuencias de esos subcontratos "beneficiarían o perjudicarían exclusivamente a Copreca, sin que los mismos tuvieran consecuencias legales y patrimoniales para el otro miembro del asocio". Aún así, ni la administración de Gutiérrez ni la de su sucesor tomaron la decisión de cancelar el contrato.

La irregularidades, durante la etapa de Gutiérrez como ministro, tuvieron presencia mediática en septiembre de 2006, cuando el entonces ministro del Ambiente, Hugo Barrera, anunció que el MOP había cometido un error en el trazado del bulevar Diego de Holguín, tramo II y que iba a multarlo. El hecho fue ventilado en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, después de que el MOP demandara al Ministerio del Ambiente por 158,147 dólares, alegando que era el MARN el que había fallado al emitir inicialmente los permisos ambientales para la obra. La demanda que presentó equivalía al monto que le impuso el mismo MARN, cuando señaló que se habían cambiado los trazos de la obra sin autorización de esta oficina: 132,000 dólares para obras de mitigación y 26,145 dólares por el cambio de trazo.

Captura de pantalla de la página donde se registra la existencia del caso en la sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del sitio web de la Corte Suprema de Justicia.
 
Captura de pantalla de la página donde se registra la existencia del caso en la sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del sitio web de la Corte Suprema de Justicia.
 

El cambio del trazo es, según la SAE, la primera evidencia de un plan diseñado para que el Estado tuviera que pagarle millones de dólares a Copreca-Linares.

El 20 de junio de 2007, la Corte de Cuentas también emitió un informe en el que señalaba como una irregularidad el cambio de trazo en la carretera, que llevó a la tala ilegal de centenares de árboles en la finca El Espino. “… si bien es cierto que en la nota MARN-DE-563-2006, de fecha dieciocho de septiembre del año dos mil seis, suscrita por el Arq. Roberto Bará, Director Ejecutivo, se consignó por aceptadas las modificaciones, también es cierto que al ser interpretada en conjunto la referida nota, lo que debe de entenderse es que, en primer lugar se tiene por aceptada la notificación de las modificaciones que están siendo implementadas en los planos del proyecto, por las razones técnicas expuestas en la nota del MOP…bajo ningún motivo se puede interpretar que las referidas modificaciones han sido aceptadas por parte del MARN…”, se detalla en la página 22 del informe.

La Corte también señaló inconsistencias en los permisos medioambientales para construir en la calle de acceso al ministerio de Relaciones Exteriores (página 37 del informe) y la indebida afectación por obras no autorizadas de 6.18 manzanas de El Espino, una zona natural protegida (página 101 del informe). “Estas modificaciones y adiciones de obras, afectan la zona protectora del suelo y de Reserva Forestal (…) que es propiedad pro indivisa de los Municipios de San Salvador y Antiguo Cuscatlán”, reza el documento.

Un mes más tarde, en julio de ese año, el ministro Nieto, “para no atrasar más la obra”, solicitó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema que quitara la sanción al MOP. Sin embargo, detrás del telón mediático, Nieto ya estaba enterado de que ese mismo mes Copreca había detenido la obra por completo, y según la Fiscalía, el ministro era consciente de que en realidad la responsabilidad por el estancamiento en los trabajos era atribuible a Copreca.

A pesar de los reparos de la Corte de Cuentas, el MOP continuó dando otros pasos que hoy engrosan la lista de anomalías que la Fiscalía imputa a los acusados: modificó las partidas del contrato de tal manera que por un lado, pagaba anticipios por obra no hecha, y usaba para ello dinero presupuestado para otras tareas distintas, que luego quedaban desfinanciadas. El informe de la SAE también menciona que durante este tiempo, el MOP fue advertido por los supervisores de la obra de atrasos e incumplimientos de Copreca. Las denuncias llegaban al Departamento Legal del Ministerio, que establecía las multas correspondientes contra la compañía, pero esta apelaba y luego obtenía resoluciones en su favor y lograba evadir los castigos por incumplimiento.

Este mecanismo de modificación de partidas, según Amaya, también propició que hubiese partidas que se inflaran hasta en un 100 %. Estas prácticas son algunas de las razones por las cuales el costo total del proyecto al final terminó casi cuadruplicándose. En este punto, según el informe de la SAE, tanto la administración de Nieto como la de Gutiérrez pagaron partidas adelantadas por obras que no estaban completas. Por esto han sido acusados los supervisores de la obra, tanto el supervisor externo como el delegado por el MOP.

En julio de 2007, con la obra detenida por completo, el MOP se vio en la necesidad de justificar esa suspensión que violaba los plazos del contrato con Copreca. Esa solución legal se concretaría cinco meses más tarde, durante una reunión en la que participaron Nieto, Oliva –apoderado legal de Copreca–, Ile Calderón Carpio –representante legal del Ministerio– y los ingenieros y supervisores de la obra. Según las investigaciones de la Fiscalía, Calderón Carpio propuso que el Ministerio creara documentos con fechas de septiembre de ese año en los que se justificara que la suspensión de la obra por parte de Copreca, era en realidad una suspensión administrativa que el MOP había autorizado dado que la compañía había presentado “motivos de fuerza mayor” en la ejecución del proyecto. Nieto y Oliva estuvieron de acuerdo con la propuesta y los documentos con fechas falsas fueron elaborados. Por este acto, la Fiscalía acusa ahora a Nieto y a Calderón Carpio del delito de falsedad documental agravada, dado que como funcionarios públicos crearon documentación falsa.

Pero Amaya dice tener documentado que desde un mes antes de esa reunión, Nieto y Hernández ya habían acordado llevar al caso ante un tribunal arbitral, a sabiendas de que el Estado solía perder y aun con las faltas que el MOP ya había cometido en este caso, y retratadas por los reparos que había hecho la Corte de Cuentas. En noviembre de 2007, Hernández Campollo, a sabiendas de que su compañía había abandonado el proyecto cuatro meses atrás y de que el contrato con el Ministerio incluía una cláusula que impedía llevar los conflictos entre ambas partes a un arbitraje, presentó ante el MOP una petición de modificar el contrato para que se permitiera el arbitraje.

Por su lado, Nieto también hizo algunas gestiones que le permitieran avalar los cambios que posteriormente haría en el contrato con Copreca. El 28 de noviembre, el ministro realizó consultas con el presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras. "… giro la consulta a la institución, en el sentido de recomendar que es procedente dentro del marco de la legalidad, que ambas partes modificásemos la cláusula pertinente de dichos contratos en ejecución y su equivalente en las Bases de Licitación o Concurso, en cuanto se establezca como medio de solución de conflictos el arbitraje en equidad”, redactó en su carta.

Dos días después de recibir la solicitud de Nieto, el 30 de noviembre de 2007, la misma Corte de Cuentas que para julio de ese año había responsabilizado al MOP por varias irregularidades en la ejecución del proyecto, recomendó a Nieto llevar a cabo la modificación del contrato para que pudieran ir las partes a arbitraje. “Existen obras que por su trascendencia y magnitud demandan una resolución inmediata”, justificó Contreras en su respuesta, alegando que utilizar la vía del arbitraje haría que cualquier conflicto se resolviera más rápido que si el caso se ventilaba en los juzgados comunes, tal como lo había planteado en su carta el ministro Nieto.

Por eso es que Nieto tiene orden de captura, y si fuese detenido, pasaría a la orden del Juzgado 5o. de Paz de San Salvador, a donde la Fiscalía presentó el caso.

Una vez que la Corte había avalado la sentencia de pago seguro a la que sería sometido el MOP si se iba a un tribunal arbitral con Copreca, sólo hacía falta llevar a cabo las modificaciones del contrato. Estas se realizaron durante la reunión que sostuvieron Nieto y Oliva en diciembre de ese año. En total, las modificaciones fueron dos: una, que modificaba la cláusula en la que se establecía que “cualquier conflicto entre las partes se ventilará en los juzgados comunes”, y otra, en la que se eliminaba la “excepción por incompetencia del tribunal arbitral”.

Esa reunión de diciembre, según Amaya, también sirvió para que Nieto conociera de primera mano la demanda que Copreca presentaría ante el tribunal arbitrario. Todo estaba planificado para llevar al MOP, en desventaja, al tribunal arbitral. Según las investigaciones de la Fiscalía, Oliva le presentó al ministro el documento y los argumentos con los que Copreca pelearía. Nieto, de igual forma, se comprometió a mostrar con anticipación cuál sería la respuesta de MOP ante la demanda de Copreca. Y así fue.

La historia del arbitraje, que inicia en enero de 2008, momento en el que se conformó un tribunal arbitral conformado por un representante del ministerio, uno de Copreca y presidido por Ricardo Antonio Mena Guerra. La representación fiscal estaría conformada por los fiscales especiales Juana Jeanneth Corvera Rivas, Katya María Morales Romero, Yuri Fabrizio Soriano Renderos y Patricio Rodrigo Nolasco Cuevas.

El 22 de enerode 2008, una vez cambiado el contrato, Copreca-Linares solicita un arbitraje, que comienza el día 29. Al día siguiente, el 30 de enero, el MOP amplía el plazo de suspensión temporal de la obra, por el período comprendido del 1 de febrero al 15 de marzo. Al ser el MOP el que suspendía la obra formalmente, Copreca no caía en responsabilidad, a pesar de haber dejado abandonados los trabajos desde julio del año anterior, por razones atribuibles a la compañía.

El 25 de febrero, dos inspectores presentan al tribunal arbitral un informe sin fecha de realización de la inspección en que concluyen que el perjuicio causado a Copreca-Linares por los cambios de planes de la obra ascienden a 7 millones 942 mil 576.83 dólares. El 13 de marzo, el tribunal arbitral condena al Estado a pagar 7 millones 46 mil 349.93 dólares a Copreca-Linares y se le otorga a la empresa 10 meses más para terminar el bulevar, aunque en realidad la compañía nunca terminó el trabajo.

En la conferencia de prensa, el fiscal general dijo que las investigaciones continúan y subrayó que no tiene elementos como para ordenar captura contra otras personas, incluido el exministro Gutiérrez. Pero el interés de los periodistas en este no se sació con la exposición de Martínez.

Un periodista de la Radio Cadena Mi Gente cuestionó a Martínez reiteradas veces sobre Gutiérrez. Al parecer, no entendía por qué el primer ministro de Obras Pública de Antonio Saca no tenía orden de captura.

—Licenciado, fuera de todo show mediático, ¿ha sido demandado o no el exministro David Gutiérrez o no? –preguntó el periodista, segundos después de que el fiscal Martínez dijera a una periodista que si tenía pruebas contra Gutiérrez, que las presentara. El fiscal ya parecía exasperado e intentaba responder otras preguntas.

—Ya contesté la pregunta –dijo, cortante, después de virar un poco los ojos y hacer una exhalación profunda cuando escuchaba la interrogante.

—Fiscal, ¿por qué no se considera a David Gutiérrez cuando él fue quien…? –se escuchó en la sala una voz femenina.

—Miren… perdón, entiendan bien… Y si ustedes tienen algún tipo de prueba, ¡tráiganla pues! –interrumpió Martínez a la periodista–. Si ustedes están insistiendo en un persona que no aparece implicada hasta el momento de la investigación, no podemos nosotros andar atribuyendo ilícitos a una persona que no aparece en un investigación seria y bastante concluyente, hasta este momento.

—Fiscal, porque no entendemos le preguntamos –insistió el periodista de Mi gente, y no le bastó, sino que sugirió la posibilidad de que el fiscal se esté prestando a manipular el caso y hacer campaña proselitista, a falta de menos de cinco meses para la elección presidencial de febrero–. ¿Es esto parte de una campaña electoral con el señor David Gutiérrez? Aclare esto, por favor.

El fiscal Martínez alcanzó a decir que eso ya lo había respondido:

—¡Otra! – pidió a los periodistas, y apenas acababa de invitar a que alguien más lanzara una interrogante distinta, cuando la sala atestada de periodistas escuchó:

—No contesta, igual, verdad... –protestó el periodista de Mi Gente.

Martínez volvió a ver al periodista y lo apuntó con el índice de su mano izquierda.

—¡Respetá al fiscal! –le dijo, mientras le clavaba la mirada, y lo recalcó de inmediato–: ¡Respetá al fiscal!

El gesto de Martínez duró varios segundos, antes de que lanzara su amenaza:

—Si no, no te voy a volver a dejar entra aquí al área de prensa. Ya expliqué ese punto y ya fui claro –concluyó Martínez.

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