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FMLN y Gana se oponen a que Ley contra Lavado de Dinero ejerza mayor control sobre políticos

El fiscal general ha pedido que, atendiendo recomendaciones del organismo regional que evalúa cómo los países luchan contra el blanqueo de capitales, la Asamblea modifique la Ley contra el Lavado de Dinero e incluya más controles para diputados y otros funcionarios importantes. Los legisladores del FMLN y Gana, sin embargo, se oponen, aduciendo que se trata de enmiendas "con dedicatoria".

Sergio Arauz

 
 

Desde mediados de septiembre, el fiscal general, Luis Martínez, espera que los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad aprueben una serie de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Los cambios que pide el fiscal evitarían que El Salvador entre en una lista de naciones en deuda que elabora una organización internacional que vigila y evalúa los avances o retrocesos de las naciones en la lucha contra el lavado de dinero.

El Salvador debe hacer caso particularmente a dos recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo creado en 1989 y que tiene una especie de réplica regional en la cuenca del Caribe, llamado Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), al que pertenecen El Salvador y otras 28 naciones. Una de las recomendaciones pide que por ley se obligue a la banca a hacer un perfil de aquellos clientes que están en la política y a quienes son parte del grupo familiar de los que están en la política. La otra busca incluir a los partidos políticos dentro de las instituciones sujetas a la aplicación de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. Ambos puntos son rechazados por los diputados del FMLN y de Gana.

Ambos partidos defienden que hacer las modificaciones que pide el organismo internacional viola el derecho al principio legal que dice que todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario y el derecho constitucional que dicta que todos somos iguales ante la ley.

El GAFIC cree que el control de las transacciones financieras de las personas involucradas en política es importante para luchar contra el blanqueo de capitales, y así lo propuso el fiscal ante la Asamblea, pero los legisladores se resisten a dicha vigilancia, a pesar de los antecedentes de diputados y otros políticos vinculados reiteradas veces a casos de crimen organizado.

El diputado Benito Lara, al que un sector de su partido FMLN propuso para el cargo de ministro de Seguridad cuando Mauricio Funes ganó la presidencia en marzo de 2009, cree que la propuesta tiene dedicatoria a los políticos, y según él ya todo mundo está sujeto a control. “No estamos porque la ley tenga dedicatoria, no estamos en eso. Cualquier persona está expuesta a caer en la trampa del lavado de dinero”, sostiene Lara. 

“¿Entonces cómo queda cualquier persona que trabaje con el Estado? ¿Es sospechosa por trabajar con el Estado? ¿Habrá que perseguir a su familia porque una persona trabaja con el Estado? ¿Habrá que perseguir a sus amigos?”, pregunta el diputado del FMLN.

José Wilfredo Guevara Díaz, diputado suplente de Guillermo Gallegos, del partido Gana, ha rechazado en la Comisión de Seguridad las reformas, con el argumento de que se estaría violando el principio constitucional de igualdad ante la ley.

La propuesta de reformas tiene detractores, pero también hay diputados en favor de hacerla. El presidente de la Comisión de Seguridad, Antonio Almendáriz, del PCN, es uno de quienes la respaldan. Y, para atacar el argumento del diputado de Gana, dice: “Yo le preguntaría: entonces, si somos todos iguales ante la ley, ¿los diputados no tenemos fuero?”

Almendáriz, los diputados de Arena y el del PDC se han manifestado a favor de las propuestas del fiscal Martínez y dicen estar listos para aprobar las reformas necesarias que exige el GAFIC para mantener fuera de sus listas (gris, negra, roja) a El Salvador. Sus votos, sin embargo, son insuficientes para emitir decreto alguno.

“Si no cumplimos entramos a la lista gris, luego, pasado el tiempo, podemos pasar a la lista negra”, dice Almendáriz, quien explica que estar en lista gris del GAFIC puede restar credibilidad al país ante la comunidad internacional y, en el peor de los casos, obstaculizaría la contratación de préstamos ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). “Muchos proyectos de cooperación de la Comunidad Europea o de Estados Unidos se podrían dejar de realizar”, agrega el diputado.

El GAFIC fue creado en 1992, tres años después de que el Grupo de los 7 (luego, con la incorporación de Rusia convertido en G8) creara el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que por ahora reúne a 36 naciones y dos organismos plurinacionales, cuyo propósito es combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo.

El corazón de la reforma que propone el fiscal para cumplir con las recomendaciones del GAFIC es al artículo 9, literal B: “Las instituciones deberán tener una debida diligencia en la identificación y perfil del cliente de las personas expuestas políticamente". Las personas expuestas políticamente son aquellas con cargos públicos relevantes, como jefes de Estado, ministros o legisladores. El espíritu de dicha reforma, según los comentarios de la propuesta del fiscal, es “garantizar mayor control” a funcionarios públicos prominentes, incluyendo parientes cercanos y personas “estrechamente asociadas a estos”.

El control específico para los políticos implicaría, por ejemplo, que en el sector financiero las transacciones de estas personas tengan el visto bueno de la alta dirección de los bancos, y según dijo el fiscal Martínez a El Faro, esta medida es importante para combatir el lavado de dinero.

El fiscal ha explicado a los diputados que las reformas que propone deben ser aprobadas antes del 14 de octubre. Dice que él debe enviar un informe al organismo internacional GAFIC, al menos un mes antes de la próxima reunión general del Grupo de Acción Financiera del Caribe. "Es importante porque debo enviar documentos a GAFIC 30 días antes de la Asamblea General, que será 12 y 13 de noviembre", explicó el fiscal.

Una de las reformas en las que ya hay acuerdo es la que establece que las instituciones o personas sujetas a la ley proporcionen información detallada al sistema bancario cuando los movimientos financieros excedan los 10,000 dólares, independientemente de que haya indicios de ilícitos o no. Esto implicaría que si los partidos políticos y las personas expuestas políticamente son incluidos en la ley, tendrían que sustentar sus transacciones financieras y la banca haría expedientes sobre cada cliente.

Esto, dice el documento con la propuesta, garantizaría que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía tenga acceso a dicha información.

Un ejemplo del tipo de transacciones que podría investigar la Fiscalía quedó retratada hace más de un año, cuando el exjefe de gabinete del gobierno de Antonio Saca, Eduardo Zablah, reveló que un diputado -al que no quiso identificar- llegó a una agencia bancaria a intentar pagar una deuda de 500 mil dólares con dinero en efectivo. “Diputado trata de pagar hipoteca de quinientos mil dolares en cash. El banco no acepto porque no pudo probar origen de fondos”, dijo Zablah en su cuenta en Twitter.

En la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa realizada este jueves 3 de octubre, los diputados de la Comisión de Seguridad intententaron ponerse de acuerdo para emitir dictamen, pero le resultó imposible. Minutos después de dicha sesión, El Faro intentó profundizar en las razones que tiene el partido de gobierno, el FMLN, para oponerse a más controles a través de dicha ley. El diputado Benito Lara respondió algunas de las preguntas: 

¿Por qué ya no habrá reformas a la ley de lavado de dinero?
Vinieron algunas opiniones del Ejecutivo. Hay que tomarlas en cuenta. Me han dado el documento, pero no he podido profundizar en él. Entiendo que son sobre las personas políticamente expuestas, sobre los montos de las transacciones que hay que reportar a la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

¿La opinión del FMLN es que hay que incluir en la ley a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) y a su grupo familiar cercano?
Eeeeh…. No. No, no. No estamos porque la ley tenga dedicatoria, no estamos en eso. Cualquier persona está expuesta a caer en la trampa del lavado de dinero. Nadie debe estar fuera de una posible investigación, siempre y cuando haya ese tipo transacciones, que ahora es una cantidad de mil dólares al día.

Pero lo que se busca y quiere GAFIC es controlar mejor y enfocar a las PEP, que es diferente al ciudadano común. 
Sí, es cierto, eso persigue. ¿Entonces cómo queda cualquier persona que trabaje con el Estado? ¿Es sospechosa por trabajar con el Estado? ¿Habrá que perseguir a su familia porque una persona trabaja con el Estado? ¿Habrá que perseguir a sus amigos?

Supongo que si maneja cantidades de dinero que no puede justificar, sí.
No, no es por formas de justificar, simplemente es por ser.

¿No le parece que es necesario ese control para los políticos?
No. ¿Por qué?

Por las cantidades de dinero que manejan, por realizar transacciones sospechosas, por usar recursos del Estado.
Ese es otro punto.

Puede ser lavado.
¿Por qué?

No sabemos de dónde viene el dinero que manejan muchos políticos.
Ah… no, no, no, no. Los fondos que vienen de instituciones públicas provienen de impuestos, no confundas lavado con corrupción. El lavado es otra cosa, un medio de comunicación puede estar expuesto al lavado…

Claro.
Un partido político también.

¡Claro! ¡Claro! Ese es el punto. ¿Por qué no quieren incluir a los partidos políticos en la Ley contra el Lavado de Dinero?
Esta se aplica a cualquier persona, natural o jurídica, incluso aquellas que están en proceso de formación. No debe escaparse nadie. Cuando vos empezás a decir, metamos a este, a este otro y a este otro… entonces comienza medio mundo a decir: me falta este, me falta este… es mejor que no quede nadie afuera, en general.

Pero lo que se busca es especificar. Esas son las recomendaciones del GAFIC.
Esas ya están estipuladas en la ley. Nosotros estamos controlados por todas las instituciones, por todas.

Sin que se especifique. ¿Por qué se niegan a incluir a los partidos políticos a mayor control?
¿Por qué deben estar?

Manejan recursos públicos, deben ser fiscalizados, es mejor que tengan más controles. ¡Son políticos!
Esa es corrupción, lavado es cuando están vinculados al crimen organizado. 

Aquí en la Asamblea y en los partidos sabemos que hay infiltración del crimen organizado.
Pero no podés decir, por el hecho de que algunos diputados fueron asesinados y está comprobado que está vinculado al crimen organizado… no podemos decir que todos los miembros de ese grupo parlamentarios están metidos en crimen organizado.

Pero para que eso no pase es mejor controlarlo.
No podés decir que todos los de un partido son narcotraficantes.

Pero es necesario controlarlos.
Pero la ley de partidos políticos está para eso.

La ley de partidos políticos no garantiza que sepamos de dónde viene el dinero de los partidos.
¿Ya la leíste?

Dice en general que entre ustedes mismos se van a controlar, no establece que alguien de afuera pueda controlarlos.
¡Noooo! La plata que está destinada de la deuda política, tiene que ver Hacienda ahí…

Pero los ciudadanos no podemos ver quién les donó…

El diputado Lara opta por cortar la entrevista. Antes de dirigirse a su escritorio, en el salón azul de la Asamblea, alcanza a decir: "Si ustedes son la Fiscalía, bueno…"

 


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