A las 2 de la tarde del viernes, el coronel retirado Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad Pública de El salvador entre 1989 y 1992 y uno de los militares acusados en España por confabular para asesinar a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas en noviembre de 1989 en San Salvador, comenzó a cumplir la sentencia de 21 meses de prisión a la que una corte de Boston lo condenó el pasado agosto por delitos migratorios.
Montano, de 71 años, tenía hasta este viernes para presentarse voluntariamente ante el Buró Federal de Prisiones estadounidense, quien decidiría el lugar de su confinamiento con base en la sentencia del 27 de agosto. El buró obedeció la recomendación del juez Douglas Woodlock en cuanto a que Montano debía contar con atención médica permanente y decidió enviar al militar a una prisión de la ciudad de Butner, ubicada en la parte este de Carolina del Norte, a unos mil kilómetros de Boston, Massachusetts, donde Montano ha vivido los últimos 12 años.
El Correccional Federal de la ciudad de Butner (FCI Butner, por sus siglas en inglés) cuenta con cuatro sectores: uno es el hospital y los otros tres tienen, cada uno, un nivel de seguridad distinto según el perfil de los internos. Montano, enfermo de artritis y carente de vejiga urinaria, ha sido enviado al sector con el menor nivel de seguridad, BCI Butner - Low
Hace siete semanas, el lunes 27 de agosto, el juez federal del distrito de Boston ordenó el encarcelamiento de Montano después de que este se declarara culpable de los delitos de perjurio y fraude migratorio. Montano ocultó información sobre su pasado militar en tres formularios distintos en los años 2007, 2008 y 2010 con la intención de quedarse en Estados Unidos y no regresar a El Salvador. Según expertos que desfilaron en el juicio en Boston, Montano ocultó su relación con el Ejército salvadoreño por temor a que su participación en crímenes de guerra durante la guerra civil llevaran a las autoridades estadounidenses a deportarlo a El Salvador, donde la conveniencia y posibilidad de abrir juicios por los abusos cometidos durante la guerra es un debate permanente.
Montano, que como interno en el sistema penitenciario de Estados Unidos tiene el número de registro 94081-038, pasará los próximos 21 meses en esta prisión y tendrá al alcance el hospital para atender sus complicaciones de salud que, según su abogado Óscar Cruz Jr., van desde infecciones de vías urinarias hasta irritación de la piel, pasando por su ya mencionada artritis.
Por el juicio que terminó con la condena de Montano a prisión desfilaron testigos citados por la Fiscalía estadounidense que relacionaron al coronel retirado con cientos de violaciones a derechos humanos de la población civil salvadoreña basándose en informes de la Comisión de la Verdad (1993), el informe Barriers to Reform de EUA (1990) y un informe de congresistas estadounidenses que se creó para investigar la masacre de los jesuitas después de noviembre de 1989. Terry Lynn Karl, profesora universitaria especialista en el conflicto salvadoreño, elaboró un dictamen a solicitud de la Fiscalía de Estados Unidos y encontró que tropas militares bajo la conducción de Montano habían participado en 65 ejecuciones y cientos de violaciones a derechos humanos entre detenciones arbitrarias y torturas durante la guerra. Para contrarrestar estos señalamientos, la defensa de Montano presentó a otro testigo, el general Mauricio Ernesto Vargas, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992 y compañero de armas de Montano, quien intentó desvirtuar los señalamientos de Karl. Su esfuerzo fue vano. El juez Woodlock estableció que Vargas no era un testigo creíble debido a las violaciones a derechos humanas a las que se le vincula también a él, en los mismos informes estadounidenses.
La Fiscalía de Estados Unidos había pedido 51 meses de prisión para Montano, alegando que esas violaciones a derechos humanos agravaban el perfil del acusado. Sin embargo, el juez Woodlock aclaró el día de la sentencia que el jucio era por violaciones migratorias y que el pasado militar de Montano solo había servido para determinar, después que Montano admitió culpa de esas infracciones, cuánto tiempo debía permanecer en cárcel, pero que ese no era un proceso completo sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el coronel retirado.
Desde el día de la condena, Montano había permaneció en libertad condicional. “Al parecer estuvo viviendo en Saugus, donde su hermana”, dijeron a El Faro fuentes del CJA, organización de Derechos Humanos con sede en San Francisco que promueve en la Audiencia Nacional de España la causa contra Montano y otros 19 militares por la masacre de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) en 1989. En Saugus, Montano trabajó y vivió desde el 2 de julio de 2001. Entre 2003 y 2011, Montano trabajó en una fábrica de dulces en la ciudad de Revere y ganaba un salario arriba del mínimo, $14 la hora.
Junto a los 21 meses en prisión, Montano fue condenado a pagar $600 de multa. Una vez cumpla su pena, pasará bajo supervisión un año más y deberá informar al Departamento de Justicia de cualquier viaje o cambio de residencia. Estados Unidos ha adoptado, desde 2004, una política migratoria de baja tolerancia hacia personas acusadas de violaciones a Derechos Humanos. Por eso después de su confinamiento Montano podría ser deportado a El Salvador o extraditado a España para enfrentar juicio.
La tranquilidad con la que Montano vivía en Estados Unidos desde julio de 2001 comenzó a esfumarse en 2011. En abril de ese año las autoridades estadounidenses detuvieron a Montano, al parecer porque ya habían detectado las mentiras en sus formularios migratorios. Aquella vez fue puesto en libertad condicional. Por eso, cuando en mayo siguiente la Audiencia Nacional de España libró orden de captura contra él y otros 19 militares, el juez españo Eloy Velasco mencionó en su dictamen que Montano ya estaba detenido. El Faro contactó al militar vía telefónica en esos días, y en esa conversación el coronel ocultó que se encontraba en libertad condicional: aseguró que si estaba tranquilamente viviendo en Estados Unidos era porque todo lo que mencionaba la Audiencia Nacional en su auto de procesamiento eran mentiras. En agosto de 2011 de ese año, mientras intentaba renovar su pasaporte, Montano fue detenido en cumplimiento de la orden internacional de captura activada por la Audiencia Nacional.
Un año más tarde, en noviembre de 2012, Montano admitió haber incurrido en fraude migratorio y perjurio, con la esperanza de ser inmediatamente deportado a El Salvador y esquivar así la posible extradición. Ocho meses más tarde fue condenado a 21 meses de prisión.
La asesora jurídica superior del CJA que lleva la querella contra Montano y otros 19 militares por el caso jesuitas, Carolyn Patty Blum, reaccionó ante el encarcelamiento del coronel retirado: 'Tener encarcelado a Montano los próximos 21 meses nos pone un paso más cerca (de la meta de llevarlo a juicio). Continuaremos trabajando vigorosamente para que lograr la extradición a España para que enfrente juicio por la masacre de los jesuitas', declaró vía correo electrónico.
