El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez Zavaleta, reveló este viernes que entre 1999 y 2003 su institución hizo caso omiso a las irregularidades detectadas en 138 informes de auditoría que mostraban que 5 millones 290 mil dólares habían sido presuntamente malversados en oficinas del Estado salvadoreño y que en vez de procesar los casos llevándolos a juicios de cuentas y enviando la notificación correspondiente a la Fiscalía, había enviado dichos expedientes al archivo.
Tóchez dijo que ese hallazgo es parte de una auditoría interna que ha ordenado “para predicar con el ejemplo”. En el informe preliminar que ya ha recibido, según reveló, en el mismo período hubo otros 117 informes con hallazgos que vieron truncado el proceso de investigación porque en vez de que los expedientes se elevaran a las Cámaras de segunda instancia fueron enviados al archivo.
Entre 1999 y 2003 hubo dos presidentes de la Corte de Cuentas. De 1999 a 2002 fue el dirigente pecenista Rutilio Aguilera, y a partir de 2002 hasta 2011 el presidente de la institución fue el también dirigente del Partido de Conciliación Nacional (transformado hoy en Partido Concertación Nacional) Rafael Hernán Contreras.
El presidente de la institución encargada de vigilar que el dinero proveniente de los impuestos se gaste correctamente no quiso aclarar si por estos hallazgos iba a levantar cargos contra empleados de la Corte o exfuncionarios. “Tengo que hacer valoraciones, no puedo especular”, dijo.
Tóchez hizo estas revleaciones en su discurso de inauguración de la nueva unidad de acceso a la información pública de la Corte de Cuentas con el que pretendió remarcar que en tres meses ha sido más transparente que quienes lo precedieron en el cargo. Recordó que había anulado la indemnización que se autorrecetaron tres exmagistrados de la Corte al momento en que terminaron sus cargos en 2011 y no fueron reelegidos. Los funcionarios alegaron que tenían derecho a un bono 'por retiro voluntario'. Entre esos funcionarios estaba Hernán Contreras, quien presidía la Corte en 2003.
Tóchez también destacó que había revocado la intepretación que la institución había hecho sobre la Ley de Acceso a la Información Pública que evitaba que los ciudadanos conocieran de sentencias ejecutoriadas antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes de mayo de 2012.
“A mí me duele cuando la gente dice que la Corte de Cuentas no hace nada. Eso fue en el pasado, aquí les estamos contando una nueva historia”, dijo Tóchez, quien agregó que si de la auditoría interna había hallazgos, estos pasarían a la Cámara de segunda instancia para individualizar responsabilidades.
Respecto a los 5 millones 290 mil dólares en reparos que fueron archivados entre 1999 y 2003, Tóchez explicó que eran expedientes que tras una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 1997 fueron enviados a archivo porque el procedimiento interno para procesar los casos había cambiado. Antes de la sentencia de inconstitucionalidad, la Ley Órgánica de la Corte de Cuentas no ponía candados para evitar que la institución fuera juez y parte en los casos que investigaba.
Según Tóchez, ese cambio provocó que 138 casos se enviaran al archivo, solo que cuando se hizo en aquel momento, la intención era rescatarlos en el corto plazo para seguirlos procesando. “Esa trancisión no era motivo para mandarlos al archivo, si los mandaban, por control, al archivo, los jueces y los responsables de ello debían sacarlos de ahí pero se les olvidó, les dio amnesia y no los regresaron”, dijo el magistrado, ironizando.
Cuando habla de los jueces se refiere a quienes administran la Cámara de primera instancia, y a quienes administran la de segunda instancia, que es presidida por el presidente de la institución.
La Corte de Cuentas estuvo presidida entre 1984 y 2011 por dirigentes del PCN. Ahora el PCN es uno de los socios del movimiento Unidad, que lleva como candidato presidencial para 2014 al expresidente Antonio Saca, quien en 2009, al dejar el cargo, recibió el finiquito de la institución de manos de Contreras.
Tóchez agregó que pronto sabrá cuánto dinero en reparos y hallazgos estaba siendo investigado en los otros 117 casos que explicó fueron enviados al archivo sin justificación. “Esos casos estaban en proceso de distribuirlos a las cámaras, y en ese momento lo mandaron al archivo para ver qué se hacía, pero pasaron más de dos años”, señaló.
La Corte de Cuentas ha fallado en su rol de velar por la probidad en el uso de fondos públicos. La gestión de Contreras -presidente de 1990 a 1998 y de 2002 a 2011-, por ejemplo, fue sorda y ciega en casos como el de autoridades del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), que repartieron a parientes y a miembros del partido Arena terrenos destinados a campesinos pobres. También se ha documentado cómo el caso de corrupción en la construcción del bulevar Diego de Holguín, hoy bulevar Monseñor Romero, se fraguó ante las narices de la CCR, la cual incluso avaló que que se suscribiera un nuevo contrato cuando este procedimiento no estaba permitido originalmente, según las investigaciones de la Fiscalía.
Algo que permite hablar de cúan débil ha sido la CCR en la historia reciente es, justamente, la elección del actual presidente de la institución, Rosalío Tóchez. Este abogado y notario fue elegido hace tres meses después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema tumbara tres veces la terna de elegidos por los diputados, empezando la nombrada en junio de 2011. La Sala determinó, en cada una de las veces, que los legisladores nunca documentaron los razonamientos detrás de la elección, y que por tanto, los nombramientos parecían regirse por un simple reparto de cuotas de poder entre partidos políticos. Asimismo, los constitucionalistas determinaron que miembros de partidos políticos no pueden dirigir la Corte de Cuentas.
Así fue como la Sala rechazó el nombramiento del presidente del partido Gana, Andrés Rovira Canales; del exprocurador general Gregorio Sánchez Trejo; de la exdirectora de asuntos jurídicos del partido Gana, Silvia Aguilar, y de un militante del FMLN, Javier Tránsito Bernal.
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