David Munguía Payés consiguió entrar al círculo del presidente Funes con dos promesas: garantizar la tranquilidad y obediencia del Ejército al primer gobierno de izquierda de la historia; y protegerlo del FMLN, con quien sostenía un pulso por el poder.
Funes le aumentó el presupuesto a Defensa y el general Munguía Payés renovó flota vehicular y mejoró las condiciones de la tropa. Se hizo del control del alto mando y comenzó a ampliar el espectro de las funciones militares asumidas tras el fin del conflicto armado.
Así colocó a militares en inteligencia nacional, en inteligencia policial y en la dirección de la policía tras su paso al ministerio de Seguridad, al que también militarizó. Después negoció con las pandillas en un controversial proceso, todo con el visto bueno del presidente Funes. Hasta que la Corte Suprema de Justicia lo destituyó de Seguridad y aun entonces Funes le devolvió la cartera de Defensa, donde hoy despacha.
Pero las fuerzas armadas han comenzado a presionar a Funes, y lo han hecho de mala manera.
Primero ha sido el abierto desacato a la orden presidencial de no honrar a militares violadores de derechos humanos, evidenciada en las nulas acciones para eliminar el nombre y la figura del responsable de la masacre de El Mozote de los altares del Ejército y de la Tercera Brigada.
Ni siquiera una orden pública y directa del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en pleno homenaje a las víctimas, logró mover a los jefes militares para acatar la orden.
Dos años después, y a menos de uno de la salida de Funes, jefes militares protagonizaron el fin de semana pasado un homenaje público a los coroneles Domingo Monterrosa y José Azmitia, responsables de la masacre de El Mozote, uno de los capítulos más terribles de la historia salvadoreña. Independientemente de las implicaciones para el proceso democrático que tiene el hecho de que unos jefes militares sigan rindiendo honores a violadores de derechos humanos y responsables de crímenes de lesa humanidad, hay también un preocupante mensaje político al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas: su ejército lo desobedece en público.
El otro mensaje llegó la misma semana, de la voz del propio ministro de Defensa, que en una radio lamentó que la Fuerza Armada salvadoreña no tenga cómo defender el territorio nacional de las agresiones hondureñas. Una clara presión, nuevamente, al presidente para que compre los aviones que el general Munguía ha estado solicitando desde su primer turno en Defensa. Unos aviones que El Salvador no necesita para atacar Honduras, sobre todo si, como el presidente Funes dijo después, la política de seguridad nacional se basa en la diplomacia y el diálogo y no en sucumbir a las provocaciones hondureñas más relacionadas con su campaña electoral. Anque la compra de esos aviones puede significar un negocio redondo para quien sirva de intermediario entre el gobierno salvadoreño y el proveedor.
¿Pero por qué el Ejército, que ha recibido de este presidente más poder y mejores condiciones que con ninguno anterior, ha decidido públicamente colocar al presidente en una complicada situación política? ¿Cómo espera que Funes reaccione a los homenajes oficiales a Monterrosa y a Azmitia? ¿Qué intenta provocar?
Las preguntas siguen abiertas. Pero en un calculado pulso político con Funes, el Ejército está demostrando un preocupante retroceso, incongruente con los Acuerdos de Paz. En plena campaña electoral, las expresiones del Ejército no pueden, además, ser menos oportunas.
