Madrid, ESPAÑA. “El juez de la Audiencia Nacional (de España) Javier Gómez Bermúdez le procesa por diez delitos de asesinato de presos de dos cárceles guatemaltecas”, informó a la agencia AFP una fuente de esta corte, principal instancia penal española.
Carlos Roberto Vielmann, quien también tiene nacionalidad española, es acusado de participar en la ejecución de diez reclusos en la cárcel Pavón y en el centro penal de alta seguridad El Infiernito, entre 2005 y 2006, cuando ejerció como ministro bajo el Gobierno de Óscar Berger (2004-2008).
La justicia española había acordado en mayo de 2011 extraditarlo a Guatemala para que fuera juzgado por estas muertes. Sin embargo en noviembre de ese mismo año, la justicia guatemalteca desistió de dicho pedido por considerar que el país carecía de condiciones para garantizar su seguridad.
El juez español estimó este lunes que “Vielmann y otras personas imputadas en otros procedimientos conformaron una estructura criminal parapolicial, creando un cuerpo clandestino de seguridad dentro del propio ministerio de gobernación para ejecutar extrajudicialmente a determinadas personas privadas de libertad en centros penitenciarios del país o que se habían fugado de los mismos”, según la fuente judicial.
En su decisión, el magistrado relata como en 2005 “Vielmann ideó una operación, el Plan Gavilán, tras la fuga de 19 reclusos de la cárcel de máxima seguridad El Infiernito, ordenando su asesinato, una vez capturados”.
“En otra operación, en junio de 2006, se ordenó la ejecución de los presos que lideraban otra de las cárceles guatemaltecas”, agregó.
El 25 de septiembre de 2006, un comando de militares, policías y guardias penitenciarios ingresaron al Pavón para retomar el control del centro que estaba en manos de los reclusos amotinados, en un operativo que causó siete muertes. “El plan”, según explica Gómez Bermúdez en su escrito, “fue presentado al presidente de la República de Guatemala quien dio su autorización a la realización del asalto a la prisión, con el objetivo oficial de recuperar la gestión del centro”, precisó la fuente judicial.
“El asalto se produjo con 3,000 efectivos policiales y uso de tanquetas militares y terminó con la muerte de los reclusos, sin que por su parte hubiera resistencia alguna”, agregó.
Un tribunal penal guatemalteco condenó en agosto a penas entre 15 y 33 años de prisión a cuatro expolicías por la muerte de siete reos.
También están acusados en Guatemala de la muerte de los presos Erwin Sperissen y Javier Figueroa, quienes fueron director y subdirector de la Policía Nacional Civil, y que se encuentran detenidos en Suiza y Austria a la espera de que se resuelva su posible extradición, aunque no existe convenio entre estos países y Guatemala.
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