¿Por qué su administración no investigó sino que archivó varios expedientes por más de 5 millones de dólares?
Cuando elaboramos la nueva ley de la Corte de Cuentas para dar paso a la modernización, para pasar de la antigua Corte que no ejercía auditoría sino que era un examen de revisar cuenta por cuenta, en esa ley que entró en vigencia en 1995 quedó establecida la Unidad de Responsabilidades. Ahí se revisaban las auditorías que practicaba la Corte, las que practicaban las auditorías internas de las entidades, así como también las que practicaban las firmas privadas de auditoría. Ahí se declaraban responsabilidades administrativas y patrimoniales. Cuando eso ocurrió, creo que fue una persona que se le declaró responsabilidad, entonces, la Sala declaró inconstitucional el artículo que ordenaba crear esa unidad argumentando que el presidente de la Corte de Cuentas tenía doble actuación; o sea que al firmar, porque cuando se declaraba responsabilidades ya sea patrimoniales o administrativas, esa declaración la firmaba el presidente; entonces, la Sala estableció que no podía ser que el presidente firmara eso porque eventualmente, en algunos casos, el presidente podría conocer en algunos casos en recurso de revisión o de apelación ya como miembro de la cámara. Todos esos expedientes que estaban ahí por un decreto legislativo, en base a esa sentencia, ordenaba que pasaran inventariados y por medio de acta a las cámaras de primera instancia. Se decía en el decreto legislativo que tenían que pasar en un plazo de 60 días, inventariado y en acto. Los jueces de las cámaras de primera instancia, cuando se pasaron, no quisieron aceptar eso y pusieron unas resoluciones en donde no… porque el decreto legislativo decía que se pasaran a la unidad de Recepción y Distribución de Informes, entonces esa unidad los distribuyó a las cámaras de primera instancia, pero los jueces no los tramitaron.
¿Por qué?
No lo recuerdo exactamente, pero adujeron que no era competencia de ellos porque uno de los argumentos: las personas no iban a tener la oportunidad de defenderse o dar explicaciones que sí se tienen en el proceso de auditoría, antes de llegar a las cámaras de primera instancia. Los devolvieron a la unidad que los había distribuido, ahí si ya quedaron esos expedientes. De ahí viene la cosa, por eso creo yo que la información debiera darse cuando ya se tenga el resultado de esa auditoría interna para ver realmente lo que se cuestiona porque así con lo que se ha dicho no se puede establecer bien.
El informe de la Corte de Cuentas dice que el Estado no recuperó más de $5 millones producto de archivar esos expedientes.
Ahí me imagino que en esta fase están, y en cualquier fase que llegara, viendo esos expedientes que no se tramitaron pues solo suman, pero claro si hubieran seguido el juicio de cuentas o si la Dirección de Responsabilidades hubiera seguido, vea, ese monto lo más probable es que rebaja porque los auditores siempre señalan más de lo que es, y a veces esos inconvenientes son para la Corte, porque en caso que los auditores señalan tantos millones y después a medida que los funcionarios van dando sus explicaciones, que van presentando documentos, el monto va disminuyendo, pero después ya la gente puede pensar que algo ha habido, de por qué después que se dijo que la irregularidades, las observaciones o los reparos eran de tantos y después baja a tanto… por eso yo siempre decía que los auditores debían hacer los reparos, pero a conciencia. Naturalmente que aunque sea a conciencia siempre va a haber una disminución porque el funcionario está presentando documentos, está presentando explicaciones y todo. Ya en el juicio de cuentas todavía sigue rebajando, cuando ya entra el análisis jurídico en las cámaras ya también va rebajando, por eso digo yo, ese monto no es real, no es real porque eso es lo que llegó de las auditorías que hizo la misma Corte o de las unidades de auditoría interna de las diferentes entidades públicas o de las practicadas por las firmas privadas donde están los montos iniciales. Por otra parte, aparece también en el decreto legislativo, menciona y permite que cuando era una observación que fuera menor de 10 mil colones no había que seguir el juicio de cuentas sino que se le ponía una multa al responsable sin perjuicio de que reintegrara la cantidad que se le estaba reclamando. En esos expedientes hay que ver eso, el criterio costo-beneficio porque hay cuantías que realmente iban a costar más al Estado seguir un juicio de cuentas y sobre todo si iba a pasar a la Fiscalía. Con esto que la ley decía que no seguía el juicio de cuentas no quiere decir que la cosa quedara impune.
¿Maliciosamente guardaron esos expedientes?
No. Fue una cosa que se originó de la Sala de lo Constitucional. Ahí no se puede decir que hubo motivaciones políticas, que hubo otra clase de sobornos o algo así porque eso se originó en la forma que yo le estoy contando, de lo que recuerdo. Habría que ver esas situaciones porque a veces se dan informaciones que a veces no son las exactas o si tal vez son las exactas pero se malinterpretan.
¿Y los jueces tenían razón cuando dijeron que no eran competentes?
Ya no recuerdo qué otras cosas dijeron, pero de las cosas que le he mencionado, unos los devolvieron allá porque los jueces son independientes porque ni la Presidencia les puede ir a decir hagan esto, hagan lo otro. Ni la Cámara de Segunda Instancia sino que son independientes en sus decisiones, por eso es que quedaron esos expedientes sin tramitar y todo se originó por la sentencia de la Sala de lo Constitucional y luego el Decreto Legislativo para que se cumpliera la sentencia.
Cuando los jueces devuelven los expedientes, ¿la dirección ya no hizo nada?
Ellos los devolvieron a la Unidad de Recepción y Distribución de Informes, era la unidad que distribuía los informes a las diferentes cámaras, ahí los devuelven y ahí se quedaron. Ahí se quedaron, esa es la situación. Ahora, en cuanto a la cuantía habría que ver eso porque fue eso lo que realmente dejó de ser percibido por el Estado, no todo es ese monto porque mucho pudo haber sido desvanecido por los funcionarios involucrados.
Pero la auditoría actual ha determinado que algunas investigaciones no fueron concluidas…
Se debería tomar en cuenta que en primer lugar fue una… en cumplimiento de una resolución de la Sala de lo Constitucional y el Decreto Legislativo ordenaba que se pasara a las cámaras, pero hubo choque ahí. Con razón o sin razón los jueces, pero eso es lo que pasó. Ellos pusieron sus resoluciones.
A propósito de expedientes archivados, la Corte de Cuentas confirmó que encontró un informe que decía que el bono de la Corte Suprema era ilegal, pero no fue notificado.
Bueno, naturalmente, nosotros hicimos un estudio y por eso lo consideramos que era legal porque la ley no hace diferencia entre funcionario y empleado para dar una compensación. Y nosotros lo consideramos legal, lo que pasa es que ya en cuestión de dinero por lo menos yo ya no iba irme a interponer un recurso en lo contencioso administrativo a seguirle dando vuelta a las cosas, entonces, pero yo sí lo consideraba legal.
No estoy hablando del bono de la Corte de Cuentas sino del bono de los magistrados de la Corte Suprema en 2009.
Pero nosotros, en la Corte de Cuentas no, no… A no ser que sea otra cosa que alguien de ahí de la (Dirección) Jurídica haya hecho eso, en lo personal, pero a nivel institucional nunca. Al contrario, cuando tuvimos ese acuerdo se tomó la opinión de la dirección jurídica, de la dirección financiera, y los asesores de la presidencia, inclusive los magistrados también, fue una decisión colegiada.
¿Nunca supo que existía ese otro documento?
No. Hasta ahorita que me está diciendo. Se hubiera analizado, pero no.
La Corte de Cuentas dijo que investigaba el bono que se dieron los magistrados en la Corte Suprema, pero determinó que esa investigación ya no tiene sentido porque…
Bueno, yo no quiero entrar en confrontación con ninguna persona, mucho menos con el presidente de la Corte de Cuentas, entonces, si es por eso, tampoco debían haber dejado sin efecto esa opinión que le hablé donde se habla de que se dijo que la Corte no podía fiscalizar una empresa privada. Primero porque no se estaba diciendo eso en esa opinión sino que al contrario se podía fiscalizar pero de acuerdo a su naturaleza de empresa privada o de economía mixta, pero esa se deja sin efecto. Entonces, ¿por qué no dejaron sin efecto esa opinión?
La opinión es que el departamento jurídico dijo que el bono en la Corte Suprema para los magistrados era ilegal.
Bueno, por ejemplo si dijeron eso, así como deja sin efecto una opinión de la Corte, que no es de un presidente, es de la Corte, se está firmando como representante de la Corte, cuando se analiza con otra persona, con todas las instancias de la Corte que tienen que ver con el caso, se hubiera dicho: es ilegal esa, así como se declaró ilegal esa compensación para presidente y magistrados de la Corte de Cuentas, a pues también si existe internamente, entonces por qué no la vuelven a investigar.
¿Se puede?
A mi manera de ver, no, si fuera una opinión de la Corte de Cuentas, porque una cosa es una opinión de un departamento jurídico y otra una opinión de la Corte de Cuentas. Una vez se tuvo un problema por eso porque en una alcaldía se basaron en una opinión del Departamento Jurídico, pero cuando ya entraron otras instancias de la Corte de Cuentas fue una opinión que variaba y fue una caso que hasta llegó a la Asamblea.
Hay un dato que mucha gente no olvidará: en su gestión no se cobraron 5 millones de dólares.
No, pues sí, así es, y eso es lo delicado de anticipar una información y que no se detalle por qué se dijo eso.
El presidente de la Corte de Cuentas fue específico en decir que esos archivos estaban “engavetados”.
Ahí se comienza a elucubrar, a especular, a presumir que pudo haber pasado eso, influencias políticas o de otro tipo. Y no.
¿Ni uno de esos expedientes se archivó por influencias políticas?
Sí, claro, yo lo descarto. Con solo ver esos documentos, la sentencia de la Sala de lo Constitucional, el Decreto Legislativo y todo lo que logro recordar que le he dicho, por eso es que se dio eso.
