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Corte de Cuentas declaró ilegal bono de $122 mil en Corte Suprema de 2009 pero no actuó
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Corte de Cuentas declaró ilegal bono de $122 mil en Corte Suprema de 2009 pero no actuó

El presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, dice que la institución archivó injustificadamente un centenar de investigaciones y que por eso el Estado dejó de percibir más de 5 millones de dólares. Una de ellas fue una resolución que declaró ilegal el pago de $122 mil a favor de cinco magistrados de la Corte Suprema cuyo mandato expiraba en junio de 2009 y que días antes se otorgaron un bono "por retiro voluntario".

Efren Lemus y Gabriel Labrador

 
 

TÓCHEZ VRS. CONTRERAS

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La Corte de Cuentas de la República determinó que el “retiro voluntario” que permitió a cinco magistrados de la Corte Suprema de justicia (CSJ) cobrar 122 mil dólares cuando en junio de 2009 expiraban sus nueve años de mandato era ilegal, pero nunca notificó esa resolución para que los funcionarios devolvieran el dinero que cobraron indebidamente.

El expresidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón, y los magistrados Julio Acosta Baires, Victoria Marina de Avilés, Mauricio Alfredo Clará y Mauricio Ernesto Velasco Zelaya "renunciaron" pocos días antes de concluir sus nueve años como magistrados para beneficiarse de una bonificación contemplada en la Ley de la Carrera Judicial, un beneficio diseñado inicialmente para jueces y magistrados de cámara.

García Calderón notificó su decisión de "retirarse" de la Corte Suprema el 5 de junio de 2009, un día antes de concluir sus nueve años como magistrado. Además de su salario, gozó de un mil 414 dólares en gastos de representación, seguro médico, seguro de vida, vales de combustible, telefonía, seguridad, carros y, para cerrar su gestión, gracias al “retiro voluntario” cobró al erario público 28 mil 283.64 dólares, provenientes de la multiplicación de su último salario por seis.

A los otros cuatro magistrados, la CSJ les pagó remuneraciones por 23 mil 571.60 dólares, gracias también al “retiro voluntario” cuando expiraba su mandato. Durante todo ese tiempo, a los magistrados se les pagó mil 22 dólares mensuales en concepto de gastos de representación, así como seguro de vida, vales de combustible, telefonía y otros beneficios.

El pasado 22 de agosto, el presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, dijo que iniciarían una investigación para determinar si era legal la remuneración por retiro voluntario para García Calderón y otros cuatro magistrados. La semana pasada, sin embargo, el funcionario dijo que esa investigación ya no tiene razón de ser porque la institución ya había resuelto eso durante la administración de Hernán Contreras (1990-1998, 2002-2011).

“Encontramos un documento acá en el cual determinaron internamente la Dirección Jurídica, determinó que era ilegal ese bono”. Según Tóchez, el documento lo encontraron junto a otros documentos que, extrañamente, nunca fueron notificados a los funcionarios investigados. Eso, añadió, ha provocado que el Estado ya no pueda reclamar el dinero que los funcionarios de la CSJ cobraron ilegalmente. “Ah, por cierto, eso es lo que estaba yo va de "vayan a notificar". ¿Para qué íbamos a notificar si ya había prescrito?”, dijo.

La resolución que estableció la ilegalidad del retiro voluntario de los magistrados CSJ fue elaborada por la Corte de Cuentas que dirigió Hernán Contreras, quien se mantuvo 17 años al frente de esa institución y que, cuando la Asamblea no lo renovó en el cargo en 2011, también se otorgó una bonoficación por más de 60 mil dólares en concepto de retiro voluntario.

El Faro buscó a Contreras para preguntarle las razones que lo llevaron a “engavetar” esa resolución. El expresidente de la Corte de Cuentas dijo que la Dirección Jurídica nunca le informó que se había realizado ese estudio. Además, dijo, la opinión de un departamento no es la opinión de la Corte de Cuentas.

Tóchez no precisó los argumentos jurídicos con los cuales la Corte de Cuentas determinó la ilegalidad de los bonos, sin embargo, ya tres semanas antes durante la inauguración de la nueva oficina de acceso a la información pública había dicho: "Quienes llegamos a un puesto de gobierno no llegamos por un salario, llegamos a servir, por eso revertí los bonos", dijo, para dar a entender que no estaba de acuerdo con los bonos. 

Distinto juez, mismo bono

Los cinco magistrados de la Corte Suprema cobraron los 122 mil dólares en el año 2009. Aunque Tóchez no precisó la fecha exacta de cuándo la Corte de Cuentas determinó la ilegalidad del “retiro voluntario”, el funcionario dejó entrever que Hernán Contreras tuvo tiempo suficiente para promover la recuperación del dinero, pero no le bastó con tener el dictamen legal para pronunciarse al respecto.

“Él tuvo en su poder esa resolución y no se la jugó. Así jugaban antes: me la voy a jugar o no me la voy a jugar (…) Hicieron un estudio desde ese punto de vista cabal si era legal que se indemnizara sí o no. Dijeron que no, entonces empieza ya la resolución y no ha sido inventada, ha sido una cosa bien perfecta, un estudio. Yo no voy a abordar más al tema porque, ¿para qué voy a estar llorando el pasado?”

Dos años después de que los magistrados de la Corte Suprema cobraron el “retiro voluntario”, dos magistrados de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras y Abdón Martínez, se ampararon en un instructivo aprobado por ellos mismos para cobrar 133 mil 370.46 dólares -entre ambos- bajo un concepto similar.

Horas después que Contreras y Martínez confirmaron el cobro de los cheques, la Asamblea Legislativa emitió, en julio de 2011, la recomendación de que la Corte de Cuentas investigara la legalidad de esas bonificaciones y las de la Corte Suprema de dos años antes.

En agosto pasado, la Corte de Cuentas declaró ilegales los bonos cobrados por Contreras y Martínez. El dinero que cobró Contreras ya fue reintegrado al Fondo General de la Nación, mientras que en el caso de Martínez, la Corte de Cuentas ha presentado una demanda contenciosa administrativa ante la Corte Suprema de Justicia.

En el caso del retiro voluntario de los magistrados de la Corte Suprema, Tóchez dijo la semana pasada que ya era un caso cerrado y que ya no puede hacer nada para recuperar los 122 mil dólares. El funcionario dice que quiere trabajar para evitar que hechos similares se vuelvan a producir, emitiendo un reglamento para el cobro de indemnizaciones en el sector público. El reglamento ha sido cuestionado por empleados de la Corte de Cuentas, pero Tóchez dice que algunos miembros de esa institución hacen “terrorismo sicológico” para desacreditar esa iniciativa que tiene como objetivo regular el pago a funcionarios, no a empleados.

“Ellos (empleados) tienen razón de estar nerviositos, los agarré con las manos en la masa con un documento que son los que les llevan a ustedes clandestinamente y en forma irregular (…) Era un acuerdo que estaba publicado sobre el área de las indemnizaciones, era de las indemnizaciones, pero yo me refería a los magistrados de la Corte de Cuentas y a los magistrados de la Corte Suprema, pues, que se habían echado un tirito, vea. Entonces, estoy regulando”, explicó Tóchez. 

Contreras no comparte la visión de Tóchez y sostuvo que tanto funcionarios -los funcionarios son servidores públicos que administran fondos estatales- como empleados tienen derecho a las indemnizaciones establecidas en la ley y que bonificaciones como las de estos casos son defendibles. Sobre la resolución de ilegalidad del retiro voluntario en la Corte Suprema reiteró que no fue informado.

El Faro buscó la versión del expresidente de la Corte Suprema, Agustín García Calderón. La persona que contestó en una de sus viviendas en Santa Ana aseguró que le haría llegar la petición de entrevista al exfuncionario, pero al cierre de esta nota no había correspondido a la solicitud.

Los exmagistrados Mauricio Alfredo Clará, Julio Acosta Baires y Victoria Marina de Avilés sí atendieron las solicitudes de este periódico y coincidieron en afirmar que el bono que recibieron fue legal y que estaba justificado en el artículo 41 de la Ley Orgánica Judicial. Clará explicó que él sí merecía el bono de retiro voluntario porque había trabajado como juez de paz, como secretario del juzgado Quinto de lo Civil, y además, durante 14 años, como magistrado de la Corte Suprema en los períodos de 1979 a 1982, y de 2000 a 2009. "Al hacer la cuenta yo reuní cronológicamente el tiempo que la ley establecía", señaló Clará.

Acosta Baires argumentó de manera similar, por medio de un documento que envió a esta redacción. "Habrá magistrados de la Corte Suprema que no tienen derecho a esa prestación, y son aquellos que únicamente han pertenecido a la carrera judicial los nueve años de su magistratura sin haber desempeñado ningún otro cargo dentro del Órgano Judicial, y por lo tanto no cumplen el mínimo de 10 años que requiere la ley".

El literal ch del artículo 41 establece los requisitos para los funcionarios judiciales que pueden obtener el bono al renunciar, según Acosta, si un magistrado de la CJS quiere gozar el bono "debe renunciar antes de que termine su período, aunque sea el día anterior", como se lee en el documento que envió. 

Según el exmagistrado Clará, ni la Ley Orgánica Judicial ni la Ley de la Carrera Judicial distingue qué tipo de funcionarios judiciales no pueden gozar de ese beneficio. "Se va a dar la ironía de que los que tienen un período definido en el cargo no tendrían derecho... ¡Ve qué arrechito! (...) La Corte de Cuentas y ustedes pueden opinar y creer cualquier cosa, pero lo que le estoy diciendo es lo que sufre en carne propia el que está sujeto a período", expresó Clará, contactado vía telefónica. 

A Clará se le preguntó si los nueve años que duran los magistrados de la CSJ en el cargo no se establecieron justamente para evitar que se dieran puestos vitalicios. "No, el origen del período es porque antes todos los jueces y magistrados tenían período. De todo el Órgano Judicial son los magistrados de la Corte los que están sujetos a período, ¿ve la ironía? ", agregó el exmagistrado.

La exmagistrada Avilés contestó via correo electrónico desde Ginebra, Suiza, donde es la cabeza de la misión diplomática de El Salvador además de presidenta del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Yo no tenìa un obstáculo legal para acceder al mismo (bono). Es oportuno expresarle que la ley que regula tal bonificación tiene mas de 20 años de vigencia y a ella se han acogido los funcionarios del orden judicial que cumplieron con los requisitos que en dicha normativa se establecen. No se trata entonces de cuatro magistrados solamente, hay muchos que nos antecedieron, haciendo uso de ese derecho", escribió la exministra de Trabajo. 

Tanto Avilés como Clará señalaron que en su momento habían escrito un estudio que justificaba el bono que recibieron. Avilés dijo que la persona que se lo podía proporcionar estaba fuera de San Salvador y que en un futuro viaje al país se reuniría con este periódico para ahondar en el tema. 

Tóchez no respondió si producto de su descubrimiento iba a proceder contra su antecesor Hernán Contreras debido a la omisión de procesar la declaratoria de ilegalidad de los bonos. 

Lea además:

Texto enviado por el exmagistrado Julio Acosta Baires.

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