En su plan de gobierno el candidato presidencial del partido Arena, Norman Quijano, promete cumplir los tratados internacionales de derechos humanos que El Salvador ha suscrito, pero cuando uno platica con él y con el coordinador del Plan País, Miguel Ángel Simán, estos toman las tijeras de podar para mutilar una de las obligaciones que se derivan de la Convención Americana de Derechos Humanos: el desmontaje de la Ley de Amnistía de 1993.
El documento Plan País incluye, en su propuesta 147, la siguiente oferta de campaña: “Promover el respeto y cumplimiento de los convenios internacionales suscritos en materia de Derechos Humanos”.
Uno de los convenios suscritos por El Salvador es la Convención Americana, que es el instrumento que aplican la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ambos organismos han ordenado a El Salvador que invalide la Ley General de Amnistía de 1993 porque viola el tratado interamericano.
Cuando al candidato se le pregunta si en verdad Arena está ofreciendo un viraje de 180 grados en su posición histórica respecto de la amnistía, y si atenderá que se desmonte la ley, Quijano recurre a la semántica para salvar la situación: 'Respetar no es lo mismo que compartir... yo, como próximo presidente de El Salvador, puedo respetar una resolución como esa, pero no compartirla'.
Hasta ahora, el partido Arena y sus cuatro gobiernos han defendido la amnistía como un instrumento que permite la convivencia a un país que se desangró en guerra civil durante 12 años hasta la firma de la paz en 1992. La misma ley fue usada como argumento por los anteriores fiscales generales para no investigar graves violaciones a los derechos humanos como la masacre de El Mozote, la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, el asesinato de los sacerdotes jesuitas -por el que hubo un juicio lleno de anomalías en 1991- y el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Quijano y Simán sostienen que su propuesta 147 no debe leerse tal cual está redactada, y no aceptan lo que en 2012 dispuso la Corte Interamericana (Corte IDH) en su sentencia contra El Salvador por la matanza de El Mozote: la Ley de Amnistía es inválida y El Salvador debe proceder a hacer los ajustes necesarios.
La inhabilitación de la amnistía fue ordenada el 10 de diciembre de 2012 por la Corte IDH, organismo que junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nacen de la Convención Americana, tratado al cual El Salvador se adhirió en 1978. El Salvador pertenece a la OEA desde el 24 de octubre de 1945, y está sometido a la jurisdicción de la Corte IDH desde el 6 de junio de 1995.
A pesar de reiteradas peticiones de la Comisión a El Salvador, los gobiernos areneros de Francisco Flores y de Antonio Saca se rehusaron a atender la recomendación vinculante de 'adecuar la legislación nacional a la Convención Americana', en alusión a anular o derogar la ley.
Es el octavo párrafo de la propuesta 147 el que amarra a Arena a cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos, un paso que después de la sentencia relativa a El Mozote, tanto Fiscalía como Corte Suprema comenzaron a dar este año y por eso ya preparan una investigación de la matanza a manos del ejército ocurrida en diciembre de 1981.
El coordinador de Plan País, Miguel Ángel Simán, alega que la amnistía fue fundamental para lograr la paz, algo que no es cierto, pues los Acuerdos de Chapultepec se acordaron el 31 de diciembre de 1991, mientras que la Ley de Amnistía fue una sorpresiva decisión de la derecha y del gobierno de Alfredo Cristiani en marzo de 1993. “En Arena habemos muchos que nos preocupa que en un país tan complejo políticamente se abran los temas de amnistía, que fueron fundamentales para fundar la paz, porque estamos tratando de rehabilitar el tejido social”, dice Simán.
Quijano, quien recibió el Plan País de manos de Simán el 15 de octubre, sale en defensa de la Ley de Amnistía, pero no puede explicar cómo eso es compatible con su oferta 147. “No comparto la derogatoria de la aminstía, yo quiero ver el futuro de manera promisoria, verlo con esperanza, los salvadoreños quedaron hastiados del conflicto armado”, dice.
El rechazo a atender las disposiciones del sistema interamericano de derechos humanos respecto de la amnistía es consistente en Arena. El gobierno de Francisco Flores (1999-2004) se negó a cumplir la recomendación de la Comisión de impulsar la invalidación de la normativa, y posteriormente hizo lo mismo el gobierno de Antonio Saca (2004-2009). El Salvador fue condenado por primera vez por violaciones a derechos humanos ocurridas durante la guerra en marzo de 2005, cuando la Corte IDH dictó sentencia por la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz ocurrida en la llamada “Guinda de mayo”, en Chalatenango, en 1982. Hasta la sentencia el gobierno salvadoreño aseguraba que la historia de las hermanas Serrano Cruz era un invento, pues las niñas nunca existieron.
Cuando la amnistía cumplió 20 años en marzo pasado, Arena siguió desconociendo la jurisdicción de la Corte Interamericana. Alfredo Cristiani, expresidente firmante de la paz (1989–1994), coordinador político y expresidente de Arena, dijo por esos días: “No veo cuál es la potestad de una corte extranjera de venir a decir que tenemos que derogar leyes internas (...) Que diga la Corte Interamericana lo que quiera, la amnistía fue parte integral de los acuerdos de paz”.
Con estos antecedentes, ¿por qué Quijano incluyó en su plan de gobierno una oferta que lo obligaría a impulsar el desmontaje de la ley? En este punto, el argumento de Simán es que si no está especificado, no hay compromiso alguno en ese punto: “La verdad es que nosotros no nos fuimos a algo tan específico', dice Simán, 'sino que intentamos explicar que el espíritu que querés fomentar es un respeto al estado de derecho y a la Constitución”.
Y si el propósito es respetar el estado de derecho y la Constitución, ¿ignorar la Convención no contradice ese objetivo? Simán responde que el problema es que la propuesta 147 en realidad desafía la Constitución salvadoreña y por lo tanto, el conflicto debe resolverse en la Corte Suprema de Justicia. “Hay instancias en el país donde se tienen que discutir esas cosas y resolverlo. No creo que sea un tema que lo va a responder Norman Quijano o tu servidor”.
Ya en 2000 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró que la Ley de Amnistía no vulnera la Constitución, pero precisó dos cosas: que no eran amnistiables los crímenes ocurridos durante el gobierno de Cristiani (1989-1994) porque un gobierno no puede autoamnistiarse, y que al final, en los casos que fueran de su conocimiento, los jueces tendrían la atribución de determinar la inaplicabilidad de la ley.
Ahora mismo, la Sala de lo Constitucional tiene otra demanda contra la amnistía, que pide que sea declarada nula. Si los magistrados decidieran declararla nula, equivaldría a que la ley nunca existió y, por lo tanto, posiblemente muchos crímenes amparados por la ley quedarían desprotegidos y listos para su investigación desde cero.
En junio de 2011, el partido Arena demostró de lo que puede ser capaz para defender la Ley de Amnistía: promovió en secreto en la Asamblea Legislativa un decreto para tratar de inmoviizar a la Sala de lo Constitucional. El decreto 743, emitido sin discusión previa en la sesión plenaria de la Asamblea, fue defendido por los areneros bajo el argumento de que habían sabido que la Sala de lo Constitucional valoraba la posibilidad de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía. Luego, al comprobar que el tema no estaba en agenda en la Sala, se retractaron.
El 10 de diciembre de 2012 la Corte IDH resolvió así: “Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención, (...la amnistía...) que impide la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el presente caso carece de efectos jurídicos y, en consecuencia, no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación, juzgamiento y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones (...) que puedan haber ocurrido durante el conflicto armado en El Salvador'.
Quijano llama 'héroes' a culpables de matanza de El Mozote
El candidato arenero, que es alcalde de San Salvador por segundo período consecutivo, aclara que no promoverá nada que suponga acabar con la Ley de Amnistía.
—¿Por qué el Plan País contiene la propuesta de cumplir los tratados internacionales si usted dice que no le interesa inhabilitar la Ley de Amnistía?
—Dejame revisar esa propuesta 142 que me has dicho...
—Es la 147.
—Esa...
En su oferta de la página 140 del Plan País, dentro del capítulo 5 titulado “El Salvador democrático e integrado al mundo”, Quijano no solo propone un gobierno que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos: “Difundirlos masivamente por medios accesibles y con materiales de fácil comprensión”, promete.
En su explicación a la inquietud de El Faro, Quijano hace un juego de palabras:
—Respetar no es lo mismo que compartir. Yo como futuro presidente puedo respetar una resolución en ese sentido pero no compartirla.
—Pero si solo va a “respetar” la sentencia de la Corte IDH, ¿por qué dice su plan de gobierno que cumplirá los convenios internacionales?
—Si yo viera con una visión personal o partidaria esto, yo sería el primero en promover la derogatoria de la amnistía porque no podría aspirar a la presidencia ni Sánchez Cerén ni Óscar Ortiz (alude a los candidatos a presidente y vicepresidente del FMLN, el partido de la exguerrilla). Casi quedaría vacía la bancada legislativa del FMLN y muchos puestos dentro del aparato del Estado. Aunque a lo mejor, la derogatoria golpea a algunos oficiales ya retirados de la Fuerza Armada, todos nosotros los que estamos en Arena no tenemos ninguna vinculación en una derogatoria de esa naturaleza.
Entre esos oficiales pueden estar algunos de los responsables de la masacre de El Mozote, aunque dos de los principales, el coronel Domingo Monterrosa y el mayor José Azmitia, fallecieron en 1984 durante una explosión en el helicóptero en que viajaban, hecho que la guerrilla se atribuyó como un atentado exitoso contra los militares.
Monterrosa y Azmitia fueron señalados como responsables de la matanza de alrededor de un millar de civiles en el caserío El Mozote, y la Fuerza Armada los considera héroes, a pesar de que el presidente Mauricio Funes, en enero de 2012, instruyó a los militares a dejar de llamar héroes a violadores de derechos humanos.
Quijano salta también en defensa de estos dos militares, cuyos nombres se refrescaron con la sentencia de la Corte IDH de 2012. “Yo conocí a Armando Azmitia, fui su compañero de primero a tercer curso en el Instituto Nacional Francisco Menéndez (Inframen). No conocí al coronel Domingo Monterrosa pero no cabe duda de que son héroes nacionales, están en el corazón de la familia salvadoreña, ellos son los que nos defendieron de la asonada marxista leninista dirigida desde Cuba y Nicaragua”, dice.
Su labor, agrega Quijano, fue un servicio a la democracia. “La inmensa mayoría de oficiales reconocen en Gerson Calito, en Armando Azmitia, en el coronel Domingo Monterrosa y todas esas personas como verdaderos héroes que supieron defender nuestra democracia”.
A propósito de posicionamiento sobre democracia, Quijano tiene un antecedente de hace poco más de tres años. En junio de 2009, los militares hondureños en conjunto con un grupo de políticos y hasta de la Corte Suprema de Justicia hondureña, derrocaron al presidente Manuel Zelaya. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, se convirtió en presidente de facto, y la comunidad internacional condenó el golpe de Estado. La Organización de Estados Americanos recordó que hay un documento suscrito por todos los países miembros, la Carta Democrática Interamericana, que obliga a actuar contra regímenes golpistas. La OEA, sin embargo, vio impotente cómo el golpe de Estado en Honduras no solo no se revertió, sino que se consolidó.
Al año siguiente, en 2010, Quijano y su concejo municipal capitalino hicieron un reconocimiento a Micheletti al otorgarle el título de “visitante distinguido” y entregarle las llaves de San Salvador.
Desde su puesto de coordinador de Plan País, Miguel Ángel Simán dice que la propuesta 147 puede cumplirse... pero bajo ciertas limitaciones. “Vos imaginate que en este proceso nacional de rehabilitación del tejido social, esto sería como tirarles una bomba para que nos volvamos a agarrar a trompones. Lo que nosotros planteamos en el documento es más general, no se limita a lo de la Corte Intermericana. Desde luego creo que hay convenios que van más allá del tema de la Corte Interamericana y más allá del tema de la amnistía”.
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