El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Rosalío Tóchez, reveló que más de 250 informes de auditoría sobre el uso de fondos públicos hechos entre 1999 y 2003 tenían hallazgos por un total de 21.18 millones de dólares y que la depuración correspondiente se vio truncada porque la institución decidió enviarlos al archivo.
Según Tóchez, los casos de estos casos ya no admiten persecución, es decir, ha pasado tanto tiempo que ya prescribieron.
En octubre, el presidente de la Corte de Cuentas ya había informado que 138 de esos expedientes tenían hallazgos por 5 millones de dólares, y este lunes, agregó que los restantes 138 casos son investigaciones que buscaban determinar el destino de 16 millones dólares del erario público que presuntamente fueron utilizados ilegalmente.
Los 21 millones son una cantidad similar a la que el Ministerio de Salud destina cada año al pago de salarios a 3,400 médicos del sector público.
El aparente ocultamiento de estos 250 casos fue detectado tras una investigación ordenada por Tóchez a su entrada a la institución, en agosto pasado, y algunos nombres de exfuncionarios que aparecen como responsables de las instituciones cuestionadas son los de José Ángel Quirós, en el Ministerio de Obras Públicas; Ana Vilma de Escobar, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que de 2004 a 2009 fue vicepresidenta de la República y que ahora es diputada por Arena, y Juan José Daboub, en el Ministerio de Hacienda, quien también ejerció como secretario técnico de la Presidencia de Francisco Flores y que después ejerció como director gerente del Banco Mundial.
Normalmente estos casos habrían seguido su depuración hasta la fase de juicio de cuentas. Tóchez dijo que estos expedientes fueron enviados a archivo entre 1999 y 2003. En ese período hubo dos presidentes de la institución: de 1999 a 2002 fue el dirigente pecenista Rutilio Aguilera, y a partir de 2002 hasta 2011, el también dirigente del Partido de Conciliación Nacional (transformado hoy en Partido Concertación Nacional) Rafael Hernán Contreras.
Tóchez no ha señalado la responsabilidad a ninguno de sus antecesores, pero de lo que dice estar seguro es de que no fue un accidente que estas investigaciones tuvieran ese destino. “Yo no digo que (ellos) sean imputados, solo estoy identificando quiénes se beneficiaron del favor de la Corte de Cuentas, yo como abogado sé qué significa un favor que se tire ahí”, dijo a El Faro.
Consultado sobre esos expedientes, Hernán Contreras dijo a El Faro que no había manera de demostrar que los mismo habían sido dejados en el olvido por motivaciones políticas. Tóchez dijo que eso es algo que aun están investigando.
“La Corte de Cuentas había hecho un apartado especial fuera del archivo, era un archivo temporal que funcionaba bajo la condición de que todo expediente que llegara ahí sería mandado a traer, los casos estaban como en tránsito”, explicó Tóchez.
Sin entrar en detalles de cuáles son las anomalías detectadas para cada caso, Tóchez fue revelando los montos con objeciones en cada institución. Dijo que alrededor de 8 millones de dólares fueron utilizados de manera indebida en el Ministerio de Obras Públicas y 10.2 millones en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para ambos casos, en el período 1999-2003.
En el caso del Seguro Social, Tóchez agregó una auditoría correspondiente a otro período: el de 1989 a 1994, cuando el director del ISSS era Romeo Majano Araujo, a quien le señalaron un hallazgo por 1.2 millones de dólares.
Tóchez dio este martes una conferencia de prensa para dar esta información. Repentinamente apareció la diputada Ana Vilma de Escobar, quien se sentó junto al presidente de la Corte de Cuentas y dijo ante los medios que ella estaba ahí porque Tóchez la acusaba injustamente. Tóchez replicó que ella le llamaba mentiroso y que si no hubieran prescrito aún los casos, habría solicitado acción penal a la Fiscalía. Entonces ella añadió que como no tiene ninguna responsabilidad en el señalamiento, habría ido a dar la cara a los tribunales.
Según Tóchez, parte de ese monto corresponde a 4 millones 700 mil dólares que se perdieron en material médico inutilizado y en faltantes de inventario. Otro hallazgo detalla que el Seguro Social dejó de entregar en concepto de pensiones a contribuyentes 2 millones 580 mil 600 dólares.
Las auditorías en el Seguro también detectaron que 21 mil 266 dólares fueron presuntamente malversados mediante entrega de documentación falsa, en concepto de subsidios a sus empleados. El Seguro tiene como política interna otorgar beneficios a sus empleados, como subsidio de alimentación, subsidio escolar o de transporte. Según Tóchez, los documentos que respaldan la entrega de 21 mil dólares en concepto de dichos subsidios fueron falsificados.
En el caso de Obras Públicas, de los 8 millones de dólares observados, 2 millones se refieren a usos sin la documentación correspondiente, es decir, que no se sabe cómo se ocupó ese dinero. Las auditorías, según Tóchez, revelaron también que material de construcción adquirido por Obras Públicas por un monto de 75 mil dólares fue donado a un tercero sin que antes la institución solicitara a la Asamblea Legislativa una modificación en las partidas de presupuesto aprobadas previamente.
“Lo que donaron ha de haber sido para construcción, lo fueron a regalar, y por muy humano que sea un funcionario tiene que tener la autirización de la Asamblea para darle otro rumbo a lo adquirido con fondos públicos. Y cuando se beneficia a terceros, eso se llama malversación y está castigado con cárcel por tres años e inhabilitación para cargos públicos”, dijo Tóchez.
Otro de los reparos en Obras Públicas fue de 1 mil 975 dólares que según la auditoría no constan en qué se gastaron durante la administración de José Ángel Quirós, un empresario de construcción y actual presidente de Fomilenio en El Salvador.
Tóchez dijo que en el caso de Hacienda, la anomalía detectada por los auditores de cuentas es que Juan José Daboub no reportó a la Fiscalía General de la República que algunos partidos políticos adeudaban al Estado 727 mil 900 dólares en concepto de deuda política, que es el dinero que el gobierno da a los partidos para que desarrollen campaña electoral y el cual deben devolver (en parte) en base a los votos obtenidos en los comicios. “(Daboub) no notificó a la Fiscalía para que hiciera el cobro respectivo, (aunque) él no tiene participación directa”, dijo Tóchez.
El presidente de la Corte de Cuentas también indicó que Francisco Bertrand Galindo, como titular del Ministerio de Gobernación, fue señalado por 60 mil dólares y que, al igual que el resto, el expediente nunca fue sacado del archivo al que fue recluido.
El Faro intentó obtener reacciones de Daboub y De Escobar pero ambos, al cierre de esta nota, no habían respondido a las solicitudes.
El presidente de la Corte de Cuentas explicó en una entrevista con El Faro que por algunos de estos 250 expedientes contra exfuncionarios de gobiernos de Arena, hay personas que están tratando de dañar su imagen. Señaló, por ejemplo, que tres dirigentes de Arena lo visitaron en su despacho hace mes y medio, para darle a conocer que iban a publicar una información sobre una empresa que él constituyó en su protocolo de notario y que está vinculada a un presunto caso de lavado de dinero. Tóchez, quien les confirmó haber constituido dicha empresa, cree que esa información busca dañar su reputación como abogado y restarle credibilidad ahora que está al frente de la contraloría.
“Yo lo que quiero es que la ciudadanía se entere de estos casos archivados entre 1999 y 2003. Sé que estoy tocando intereses, tengo razón de tener miedo. No es cosa sencilla, porque son grandes intereses, no sé qué más voy a encontrar y no es un invento”, dijo Tóchez.
Según el funcionario, quienes lo visitaron hace mes y medio fueron Jorge Velado, presidente de Arena; Ernesto Muyshondt, vicepresidente de ideología del partido; y Hugo Barrera, vicepresidente de organización, y lo visitaron únicamente para hacerle del conocimiento ese presunto documento que publicarían días después. “Vinieron a decirme que respetaban mi trabajo, pero después dijeron que tenían esa información y que la iban a publicar y querían saber si yo los autorizaba a publicar, yo lo sentí como una amenaza velada, sobre todo tomando en cuenta estos casos que estamos investigando aquí en la Corte de Cuentas”, dijo Tóchez.
El presidente de Arena, Jorge Velado, dijo este martes que era falso que hubieran amenazado a Tóchez. Admitió que hubo la reunión, pero en ella lo que pidieron a Tóchez fue que diera trámite a la solicitud de finiquito del candidato presidencial Norman Quijano. Independientemente de si lo otorgaba o lo negara. El vicepresidente de Ideología, Ernesto Muyshondt, también aceptó que existió la reunión, y también aceptó que le informaron a Tóchez sobre el documento que pensaban publicar, en el que harían la revelación de la participación del notario en la constitución de esa empresa presuntamente vinculada a lavado de dinero.
Muyshondt aseguró que le informaron sobre ese caso solo para informarse de primera mano de la explicación de Tóchez en torno a la creación de la compañía.
El Faro contactó a Barrera para pedirle su versión, y esto respondió que este martes daría declaraciones, pero al cierre de esta nota no había respondido.
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