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Redes transnacionales y acción nacional: el movimiento anti-minería en El Salvador

"La capacidad del movimiento [salvadoreño anti-minería] de crear una amplia red que trascendía la tradicional división ideológica en el país fue fundamental en la lucha por lograr una moratoria minera" dice Rose Spalding, catedrática de ciencias políticas en la Universidad de DePaul, en un capítulo publicado recientemente.

Resumen por Ellen Moodie

 
 

Rose Spalding analiza el proceso por el cual una red de organizaciones salvadoreñas empleó sus conexiones con diversos aliados transnacionales, mientras conformaba una amplia y heterogénea coalición en oposición al avance de la extracción de oro. Spalding utiliza fuentes primarias y entrevistas realizadas en El Salvador, Washington, D.C. y Chicago, entre los años 2004 y 2012. El capítulo forma parte de una más amplia colección de estudios compilada por Eduardo Silva, que trata de la intersección entre el activismo transnacional y los movimientos sociales nacionales en varios países latinoamericanos, incluyendo Brasil, Perú, Bolivia, México y Argentina.

Foto de textil que adorna las paredes de la oficina de Radio Victoria. El textil, que proviene de Santa Marta, Departamento de Cabañas, representa a un grupo de hombres y mujeres en la movilización de Cabañas contra Pacific Rim.
 
Foto de textil que adorna las paredes de la oficina de Radio Victoria. El textil, que proviene de Santa Marta, Departamento de Cabañas, representa a un grupo de hombres y mujeres en la movilización de Cabañas contra Pacific Rim.

El estudio de Spalding enfatiza el carácter multisectorial del movimiento anti-minería en El Salvador, y la naturaleza “horizontal” o “lateral” de las asociaciones que el movimiento estableció con sus aliados transnacionales. La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, formada en 2005, reunió una serie de organizaciones de diferentes regiones geográficas y sectores sociales en El Salvador. En la base había varias organizaciones comunitarias de municipios de Cabañas y Chalatenango que están ubicados en el “Cinturón de Oro,” una zona identificada por las empresas mineras como rica en recursos y propicia a la inversión minera. Preocupadas por asuntos como el desplazamiento interno y el acceso al agua, estas organizaciones comunitarias se aliaron con organizaciones ambientales y centros de investigación a nivel nacional para construir un frente nacional contra la minería. Esta red se expandió considerablemente en 2007, cuando la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), bajo el liderazgo del arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, emitió un pronunciamiento: “Cuidemos la Casa de Todos.” En este documento, el liderazgo de la Iglesia Católica concluyó que los riesgos de contaminación y daño eran tales que no debería permitirse la minería de metales en El Salvador.

Spalding constata que cada segmento de la coalición anti-minería en El Salvador creó una serie de alianzas internacionales, y que utilizó estas asociaciones como una fuente de información y recursos. Al nivel local, las comunidades del “cinturón de oro” reforzaron sus relaciones ya existentes con activistas comunitarios en Honduras, algunas de las cuales se remontaban a la época de la guerra civil, cuando miles de desplazados se diseminaron a lo largo de la frontera para huir a los campos de refugiados. La extracción de oro avanzó más rápidamente en Honduras que en El Salvador, y esto permitió que los activistas comunitarios documentaran los daños asociados con la industria en dicho país. Debido a estas semejanzas, y gracias a sus contrapartes, los activistas salvadoreños se enteraron de que el crecimiento en el empleo asociado con el desarrollo minero era moderado y temporal, y que los costos ambientales eran serios y perdurables.

A medida que los grupos locales se fueron aliando con organizaciones ambientales en El Salvador, el marco por el cual se percibía el debate sobre la minería destacaba cada vez más los riesgos ambientales que conlleva la industria. En este país tan densamente poblado, en donde ya se estaban intensificando los costos económicos y sociales de los desastres naturales y los problemas de calidad del agua, estos temas fomentaron la unión entre los movimientos. Se reforzaron las preocupaciones ambientales mediante los vínculos con movimientos de resistencia al neoliberalismo en la región mesoamericana, tales como el Foro Mesoamericano por la Autodeterminación y Resistencia de los Pueblos, un foro transregional iniciado en México en 2001. Se establecieron otros vínculos con una comunidad internacional de investigación que comenzaba a documentar los daños de minería. Varios equipos de investigación y activistas en El Salvador se aliaron con expertos técnicos en el extranjero, algunos de los cuales se ubicaban en los Estados Unidos y Canadá, quienes proporcionaban un cúmulo de conocimiento especializado y experiencia académica relacionados con los daños ambientales asociados con la extracción de oro.

Varios líderes religiosos salvadoreños también se basaban en los flujos transnacionales de información, a medida que llamaban la atención sobre este asunto. La declaración de los arzobispos salvadoreños en 2007 confirmó las preocupaciones previamente expresadas por arzobispos centroamericanos en Honduras y Guatemala, en donde varios oficiales católicos desempeñaban un papel destacado en la oposición a la minería. El comunicado de los arzobispos salvadoreños también anticipó los pronunciamientos relativos al medio ambiente que surgieron del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en una reunión de 160 arzobispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en 2007.

Cuando la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica  amplió sus iniciativas de acercamiento al público, una red de aliados internacionales y organizaciones de solidaridad, incluyendo Oxfam-America, CISPES, Sister Cities, y SHARE, prestó su apoyo. Estas organizaciones, que Spalding describe como, “domesticating international non-governmental organizations (INGOs),” se caracterizaban por su presencia en El Salvador a largo plazo, y por su bien establecido trabajo  en relación con el desarrollo inclusivo y el empoderamiento local. Estos aliados internacionales proporcionaron apoyo financiero y visibilidad internacional a la emergente campaña anti-minería en El Salvador, y ayudaron con la divulgación mediática, las encuestas de opinión pública, y la campaña de educación pública. Spalding confirma que, a pesar de la importancia de las asociaciones externas, el liderazgo del movimiento permanecía bajo el control de una red de activistas salvadoreños estrechamente unida. El liderazgo de la Mesa Nacional desempeñó un papel fundamental en la elección de sus aliados transnacionales, y en la adaptación de marcos específicos al contexto salvadoreño, incluyendo el distintivo llamamiento para la prohibición nacional de la minería metálica.

Spalding concluye que la capacidad del movimiento de crear una amplia red que trascendía la tradicional división ideológica en el país fue fundamental en la lucha por lograr una moratoria minera. El éxito obtenido se debió a la particular coyuntura política por la cual surgió el debate sobre la minería. Cuando el previamente dominante liderazgo de ARENA se enfrentó a un creciente desafío político en el período previo a las elecciones presidenciales de 2009, se fracturó el partido, y esto llevó a Tony Saca a retirar su apoyo al desarrollo minero. En este momento decisivo, el anterior partido hegemónico – que había estado firmemente comprometido a abrir la economía a la inversión extranjera, a reducir el pago de regalías, y a proporcionar extensas garantías de inversión – perdió el poder. La victoria del candidato del FMLN, Mauricio Funes, en 2009 permitió la consolidación de una nueva política hacia la minería, incluyendo una moratoria minera.

En este momento, el asunto polémico se desplazó de un nivel nacional a un nivel internacional, cuando las corporaciones mineras Pacific Rim y Commerce Group interpusieron una demanda contra el gobierno de El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)). Esta transición exigió una reconfiguración de la red internacional de la coalición anti-minería. En esta fase,  la red salvadoreña desarrolló nuevos vínculos con, lo que Spalding califica de, “power node INGOS.” Estas organizaciones, basadas en Washington, D.C. y Ottawa, poseían conocimientos especializados de los procesos de toma de decisiones en los centros internacionales de poder. Ellas facilitaron la organización de campañas de divulgación pública en los Estados Unidos y Canadá, y proporcionaron asistencia estratégica y legal a la Mesa Nacional a medida que preparaba su caso para presentarlo ante una audiencia internacional.

Traducido por Stephanie Aubry, Ohio State University.

 

  

* Rose J. Spalding, “Transnational Networks and National Action: El Salvador’s Anti-mining Movement”, en Eduardo Silva, ed. Transnational Activism and National Movements in Latin America: Bridging the Divide (New York: Routledge, 2013): 23-55. El capítulo de Spalding sobre el movimiento anti-minería en El Salvador forma parte de un proyecto más amplio sobre los procesos de la reforma del y resistencia  al mercado en Centroamérica. Esa obra, Contesting Trade in Central America: Market Reform and Resistance, será publicada por la University of Texas Press a principios de 2014. Spalding es catedrática de ciencias políticas en la Universidad de DePaul en Chicago, Illinois, EEUU.


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Laura Aguirre, Julia Evelyn Martínez, María Candelaria Navas, Josefa A. Viegas y Olga Vásquez Monzón

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