Ciudad de Guatemala, GUATEMALA. Fermín Solano Barillas, quien durante la guerra utilizó el seudónimo “David”, es “juzgado por los delitos de asesinato en forma continuada y delitos contra deberes de la humanidad” en el Tribunal de Primera Instancia Penal de la ciudad de Chimaltenango, detalló un comunicado de la Fiscalía General de la República.
El exjefe guerrillero es acusado de la masacre de 22 indígenas ocurrida en noviembre de 1988 en la aldea El Aguacate, municipio de San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango, unos 60 kilómetros al oeste de la capital.
“Durante el juicio, la Fiscalía presentará diferentes medios de investigación como 90 pruebas documentales, 29 testimonios y peritajes de unos 14 expertos de diferentes temas”, agregó el boletín de prensa.
Solano Barillas, quien perteneció a la desaparecida Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), es el primer exjefe rebelde procesado por una masacre atribuida a las fuerzas insurgentes en contra de civiles durante la guerra.
Los excomandantes de la ORPA, una de la cuatro facciones que integraron la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), han reconocido su responsabilidad en algunas de las matanzas ocurridas en la época ante la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Naciones Unidas, que investigó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto.
Una fiscalía especial de Guatemala investiga desde finales de 2011 a más de 200 exmiembros de la guerrilla por su posible responsabilidad en crímenes de guerra cometidos durante el conflicto, que dejó 200,000 muertos o desaparecidos, según la investigación auspiciada por la ONU, que es conocida como Informe de la Verdad.
Dicho informe responsabilizó del 93% de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra a fuerzas del Estado, un 3% a la guerrilla y el resto no lo identificó.
En la actualidad, el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, espera para enero de 2015 un nuevo juicio por la matanza de 1,771 indígenas mayas-ixiles durante su régimen de facto, tras la anulación por errores procesales de una sentencia de 80 años de prisión que un tribunal le impuso por ese delito en 2013.
Paralelamente al juicio, Ríos Montt pretende que la justicia guatemalteca le otorgue una amnistía declarada en 1986, aplicable a los delitos cometidos durante la guerra a partir de 1982.
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