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"La inseguridad no es el principal problema de El Salvador"

La violencia es síntoma de problemas más profundos y mientras El Salvador no encuentre soluciones sociales, las pandillas seguirán ganando poder. Eso dice el principal vocero de Naciones Unidas en el país, apoyado en el Informe de Desarrollo Humano 2013. Valent recuerda que las manos duras fracasaron, defiende la tregua como camino de avance y pide cordura a los liderazgos partidarios y a los poderes fácticos: “El tema de la seguridad se utiliza en la batalla electoral", critica, "y esto tendría que ser una acción conjunta, de país”.

José Luis Sanz

 
 

Roberto Valent. Foto El Faro
 
Roberto Valent. Foto El Faro

El Salvador es, a pesar de la tregua, el país con mayor tasa de jóvenes asesinados en el continente. Roberto Valent no lo maquilla: “El fenómeno de la violencia social afecta a este país como un cáncer en su estómago, y su avance es veloz”, dice. Sin embargo, el máximo representante del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador insiste en que no se puede valorar, entender ni enfrentar la violencia de forma aislada: “En un contexto de inequidades, de brechas enormes de desigualdad, está claro que la violencia emerge, se expresa, reina y no tiene límites”, dice.

Armado con el demoledor Informe de Desarrollo Humano 2013, que presentó el pasado noviembre PNUD y que describe a la salvadoreña como una sociedad multidañada, en agonía crónica, muy distinta a la de los spots oficiales de este y de cualquier gobierno anterior, Valent insiste en que no hay soluciones fáciles a la criminalidad y en que las manos duras solo agravan el problema. Reclama por eso soluciones políticas que no se limiten a lo policial. Pide, por ejemplo, que nos preguntemos por qué los pandilleros se han consolidado como modelo de éxito social en muchas de las comunidades que controlan, y que a partir de ahí nos revisemos como sociedad en conjunto: “El pandillerismo se puede prohibir por ley, pero (no remitirá) si no se desarrollan políticas de promoción cultural de una identidad nacional positiva que pueda contrabalancear esa otra identidad, digamos, negativa”.

Dentro de esa misma lógica, PNUD apoya institucionalmente, casi desde su inicio, la tregua/negociación con la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Valent insiste en que ese proceso sigue vivo y que se trata de una oportunidad abierta. Las críticas van para quienes no la han aprovechado casi dos años después de que iniciara: el Estado, los poderes fácticos y los líderes políticos.

Aunque esta entrevista se celebró a finales de 2013 y no tenía como objetivo evaluar las propuestas de los candidatos a la presidencia en materia de seguridad, Valent lamenta que la campaña haya distorsionado temporalmente el debate público sobre el asunto: “El tema de la tregua se ha vuelto una excusa para no abordar el tema de manera integral y en equipo”, lamenta. Al mismo tiempo, admite que el pacto por la seguridad y el empleo promovido por Funes como sostén de la tregua “no ha avanzado en la medida que se esperaba”.

Aun así, este italiano erguido y sonriente de 48 años está convencido, por alguna íntima razón, de que la reflexión colectiva sobre la inseguridad en El Salvador está tomando un buen camino y pide paciencia. Siendo funcionario de una organización tan flemática como Naciones Unidas se podría suponer que Valent es optimista por método, por disciplina profesional, pero lo cierto es que no parece un cínico. Queda para cada quien la opción de creerle.

El Informe de Desarrollo Humano de El Salvador de 2013 fue especialmente duro: dice que nuestros problemas son profundos, medulares.
Nuestro informe pretende responder una simple pregunta: ¿por qué El Salvador no ha sabido otorgar a su gente niveles de vida adecuados, es decir, “altos” o “medio-altos”. El Salvador se caracteriza por brechas de inequidad enormes. Tenemos a gente que viaja en un bus y no sabe si llegará a su destino viva o muerta, y al mismo tiempo gente que, en un país de 20 mil kilómetros cuadrados, viaja en helicóptero de un punto a otro de la capital. Y no estamos hablando de una capital del tamaño de Tokio o Los Ángeles. Por eso no debemos tener problemas para reflejar las realidades que se viven todos los días. Debemos tener el coraje de leer la verdad en los periódicos, en los informes de desarrollo de la ONU, del PNUD, etcétera.

Una verdad incómoda.
La verdad es que si un niño o una niña tiene la oportunidad de ir a la escuela, en muchos casos, no en todos, entra a un ambiente inseguro. Vemos en televisión todos los días los enormes problemas que están teniendo las escuelas salvadoreñas para ejercer el poder y para enseñar, y vemos cómo no solo los niños, sino también los profesores, se sienten de una manera u otra obligados a salir del ámbito escolar. Y si miramos al entorno laboral, los trabajos en El Salvador son, en su gran mayoría, indecentes. Estamos hablando del 60 % de la economía en un país que no tiene más de 275 o 300 mil contribuyentes directos al fisco. En un país de 6 millones de habitantes, 275 mil contribuyentes es muy poco.

Hay que ampliar la base tributaria. Es algo que se ha discutido por años.
El problema es que hay espacios de ejercicio y garantía de derechos humanos, que no se están utilizando, pero también espacios de oportunidad: si se formalizara ese 60 % y pico para poder ampliar el abanico fiscal... Cuando PNUD habla de políticas públicas habla de universalización de la salud, de la educación, y de un marco legislativo para proveer una protección social sistemática, no amarrada a programas, o iniciativas de un gobierno o del otro. Eso es lo que decimos en el informe. Y llamamos la atención sobre factores devastantes para El Salvador, porque no podemos ignorar que cada día un promedio de 102 salvadoreños y salvadoreñas se ven obligados a salir del país. Más de 30 mil salvadoreños salen del país cada año. La migración ha sido incontenible en los últimos 50 años.

Desde antes de la guerra y de que nacieran siquiera Arena y el FMLN.
No estamos hablando de una administración o de otra, sino de problemas estructurales, sistémicos, que se repiten y a los cuales hay que mirar muy atentamente, sin enfoques político-electorales sino centrados en dar soluciones a la gente. Ese es el afán de este informe. Y otro tema que abordamos, y que junto con el de la migración es una de las principales consecuencias de las brechas de inequidad, es el de la violencia, la inseguridad. El fenómeno de la violencia social afecta a este país como un cáncer en su estómago, con la posibilidad de que haya una metástasis total. Y su avance es veloz, porque la articulación y la organización de las pandillas, su capacidad de desarrollo, es muy clara. Y hay que añadir que, en el marco de las dinámicas de criminalidad transnacionales, el territorio de El Salvador se utiliza como un punto de transferencia de mercancías —droga, e incluso trata de personas— desde Colombia, Panamá, Costa Rica hacia el norte. Pasan buses con gente, con materiales... ¿Qué tipo de solución se da a eso?

Por años, administraciones de uno u otro signo han repetido que la inseguridad es el gran lastre del país. Se supone que con menos violencia el país tendría mayor desarrollo, etcétera. Pero ustedes dicen que aunque no tuviéramos este problema de inseguridad el rumbo del país sería equivocado. ¿Estoy leyendo correctamente sus conclusiones?
La inseguridad no es el principal problema de El Salvador. La inseguridad es la manifestación de problemas mucho más estructurales que no pueden hacer otra cosa que generar violencia. En un contexto de inequidades, de brechas enormes de desigualdad, está claro que la violencia emerge, se expresa, reina y no tiene límites. ¿Hasta dónde le damos espacio para poderse expresarse? Ese es el punto. Y no hay soluciones fáciles, pero todos sabemos que hay soluciones que no han funcionado, que no funcionan y que además generan más inseguridad.

Se refiere a las manos duras.
Lo dicen el Corán, la Biblia: la violencia genera violencia. No es a través de la violencia institucional, de la mano dura, de la mano súper dura, que se va a resolver el problema. Eso puede satisfacer nuestra voluntad de activar el “ojo por ojo, diente por diente” pero no va a resolver nada. Ya lo hemos experimentado en América Latina, en América Central.

¿Se ha utilizado la violencia, el debate sobre las estrategias antipandillas, como una excusa para evitar debates más de fondo?
Yo no quisiera juzgar voluntades. Sería una especulación de mi parte. Pienso que hablar de seguridad e inseguridad es muy importante. Estamos teniendo 7 o 7.8 muertos cada día. El Salvador es el país con más muertos entre sus jóvenes. Estamos hablando de 98 jóvenes muertos por cada 100 mil habitantes jóvenes (entre 16 y 24 años). Evidentemente es un tema que obliga a la sociedad a plantearse y replantearse estrategias, discutir soluciones... Pero soluciones que se acoplen a todos los estratos y todas las aristas de esta sociedad, que es compleja, como todas las sociedades en el mundo. La violencia es expresión de una serie de elementos que se acoplan, como la pobreza extrema, como el hambre... En este país todavía tenemos un número importante de niños, jóvenes y adultos que sufren desnutrición, tenemos problemas de empleo, de acceso a espacios públicos libres de violencia... ¿Cuántos son los espacios o veredas para que los jóvenes caminen en San Salvador, San Miguel, Santa Ana?

Es evidente que faltan espacios públicos de convivencia, pero romper el miedo es difícil. El mismo informe explica que la familia, la escuela, al mercado laboral, han cambiado por efecto de la violencia. Lo difícil ahora es encontrar un punto de incisión para empezar a revertir la situación.
Para empezar, el debate no debe circunscribirse al problema de las pandillas. Sería un enfoque reduccionista. Lo que hace falta es un afán del país por darse un rumbo común alrededor de un modelo de desarrollo humano. Porque desde los años 50 El Salvador se ha centrado en el modelo de crecimiento económico, que está bien, porque es parte de un modelo de desarrollo humano, pero hay que entender que el crecimiento económico es un medio, no es un fin. Es la persona humana lo que debe estar en el centro del desarrollo.

Explíqueme eso.
Hablo de un modelo centrado en la gente, que tome en cuenta que hay una interrelación muy clara entre las dimensiones sociales, políticas y económicas. Hace falta una política cultural transformadora, porque hay un problema de estigma y discriminación, de gente que está al margen. Hablamos de poner a la gente en el centro y en El Salvador hay mucha más gente en la periferia que en el centro, como las comunidades afroamericanas, o como las fuertes comunidades indígenas, o como los pobres por ingreso, que no tienen las mismas oportunidades y las mismas opciones... Es fundamental una transformación que no solo integre en el centro de la atención a la gente que está en la periferia, sino que también pueda dar un sentimiento de unión nacional y una identidad cuya fuerza se base en la diferencia de identidades. Hay cierto tipo de identidades que consideramos negativas, pero una identidad negativa se puede borrar cuando hay una identidad positiva que es más fuerte. Por ejemplo, el pandillerismo se puede prohibir por ley, pero si no se inculca en la juventud, en los niños, si no se desarrollan políticas proactivas de promoción cultural de una identidad nacional positiva que pueda contrabalancear esa otra identidad, digamos, negativa… En otros países hay fenómenos pandilleriles que no son necesariamente negativos. Se podría analizar, estudiarlo en Estados Unidos, Francia, en algunos países en África del Oeste, en Brasil…No se trata de borrar culturas, de aniquilarlas, sino de buscar cómo maximizar los intereses del joven en una apropiación cultural positiva.

El informe dice, textualmente: “la infraestructura moral ha legitimado por temor la figura del pandillero”, pero dice algo más: dice que el pandillero se han convertido en “un referente de éxito”. ¿Qué tipo de política puede revertir esto? Si es una cuestión de modelos, de identidades, esto va más allá de una estrategia policial anticriminal .
Absolutamente. De un lado está el tema de asegurar que rija el estado de derecho: unas reglas del juego, una Constitución, leyes, reglas de convivencia ciudadana que hay que respetar. Y si no se respetan hay medidas que se deben tomar desde el sistema de justicia. Hace falta un fortalecimiento del sistema de justicia, de Fiscalía pero también de defensoría, y ampararlo y equipar al sistema de jueces. La simple concepción de un sistema de justicia que es eficaz, eficiente y justo, es un elemento de disuasión poderosísimo, y hay que brindarlo. Y hay que acompañar esto con la activación de esquemas de inteligencia comunitaria, policial, fiscal... No hablo de inteligencia a lo James Bond 007, sino de centros de observación ciudadanos, del poder que tienen los medios de comunicación para analizar los problemas de realidad y poner en vista en lo que no va bien, pero también en lo que sí va bien. Y de aprovechar las críticas para construir soluciones alrededor de estas.

Cuando dice lo de la “inteligencia comunitaria” suena a que quiere convertir a los vecinos de comunidades en informantes de la Policía.
La gente de las comunidades es el capital humano visible e inteligente que está en el territorio y es importante su relación con la Policía. Si la Policía entra a mi casa derribando la puerta, me tumba en el piso y solo después me pregunta si soy un criminal, o si hay un problema de violencia policial contra mis niños, mis jóvenes, mi familia o mis amigos, se crea una contraposición entre la comunidad y la autoridad. Hay que crear una comunicación fluida entre la comunidad y la Policía, hay que fortalecer la Policía comunitaria, porque es la que se relaciona con la gente y recoge información. Eso es lo que quería decir. Atender a la comunidad no es simplemente contestar los teléfonos de emergencias o estar ahí con una patrulla, mirando qué pasa. Estar presente es otra cosa.

Se lo planteo en sentido contrario: si en muchas comunidades las familias están desbordadas y la escuela no tiene condiciones de seguridad para desarrollar su labor, están fallando las dos herramientas principales de prevención y desarrollo de un modelo social alternativo a las pandillas. ¿Qué políticas pueden regenerar esos espacios de socialización?
Políticas que puedan estimular a los salvadoreños a vivir en sus comunidades sin que cada día de los últimos cinco años 102 vecinos tengan que salir del país, quebrando al hacerlo estructuras familiares. Se están desarticulando las familias, y eso es un problema de Estado.

Está diciendo que mientras las remesas nos salvaban la economía, la exportación de gente generó un problema social. Destacamos el impacto económico y no atendimos el impacto social.
Y ten en cuenta que no solo por objetivos económicos la gente se va del país.

¿Pero cómo saberlo si estábamos viendo los números de la migración, no a las personas que migraban o se quedaban?
Así es. Regreso a la premisa del informe de desarrollo: “En el centro de los modelos de desarrollo humano está la gente; la economía es solo un medio”. No se vive de macroeconomía, sino de bienestar. No se vive de promedios, se vive de verdadero entendimiento de dónde están las brechas y de abordar estas brechas. La migración, desde una perspectiva macroeconómica, nos da confort, pero los 3 millones o más de salvadoreños que están afuera son una enorme pérdida de capital humano competitivo. ¿Y cuáles son las soluciones? Las soluciones están en el trabajo decente, la educación de calidad, la seguridad, la salud integral, y en hogares saludables y decentes. Todos merecemos vivir en un hábitat que nos permita potenciar nuestras capacidades. El problema es que nuestros liderazgos nacionales no están centrados en eso. Hacen falta acuerdos claros y de nación. Ningún país avanza al desarrollo humano sin una relación de conjunto que incluya dónde estamos y adónde queremos ir; qué queremos hacer y cómo. Es el tipo de acuerdo que, tras una negociación básica, se establece entre dos estudiantes, entre un hijo y una madre, entre dos colegas, o entre dos contrincantes. ¡No hay ni siquiera necesidad de quererse bien! Basta tener la voluntad de sentarse a una mesa para establecer acuerdos claros y duraderos.

Pero regresemos al punto anterior: que el pandillero sea en las comunidades una figura de éxito supone un salto cualitativo. Ya no solo estamos hablando solo del pandillero opresor, del malvado que tiene sometida a la comunidad a través del miedo. El pandillero se convierte en un modelo de autoridad y de éxito, que son valores positivos. ¿Qué tenemos que entender de ese cambio?
Ahí se trata de entender cómo el joven o la joven que se está vinculando a la estructura pandilleril mira a la persona. Probablemente ese joven no tiene muchos parámetros de comparación. Hay que activar liderazgos positivos e impulsar incentivos para que los jóvenes puedan crecer, desarrollar oportunidades. Los jóvenes salvadoreños son los que más sufren el desempleo y el subempleo. No tienen oportunidades de trabajo decente; solo unos pocos las tienen. ¡El mercado laboral provee de empleo decente solamente al 21 % de la población económicamente activa! Y las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y el sector agrícola están mucho más rezagados en el promedio. Hay que entender que buena parte de los emprendimientos a nivel nacional son informales. ¿Cómo un emprendimiento informal puede generar empleos decentes? Y si el tema de la inserción laboral es clave, la inserción educativa también lo es. No es posible que la inversión en educación en el país se mantenga en el gasto público de 1984 y no supere el 15 % del gasto total. Que el gasto en salud, desde el 81 no haya superado un promedio del 10 % del gasto total. ¿Qué inserción social vamos a asegurarnos así? Y las mujeres, los niños y los jóvenes son los más impactados por esta realidad, porque la inversión muchas veces no se enfoca en el ciclo de vida preuterino y postuterino: la educación parvularia, de los 0-4 años, o de los 4-6. No se hacen inversiones ahí. Se deja a la familia a su merced, y en esa etapa es en la que se crean situaciones de salud mental, salud física... porque donde hay desnutrición hay también impactos de discapacidad mental en muchos de nuestros jóvenes.

Cuándo hablamos de empleos decentes estamos hablando de…
Trabajo decente se define como alguien que tiene contrato, seguridad social y salario mínimo. Tener seguro de salud, provisiones para las pensiones, y que básicamente haya una contribución para ahorros relacionados con esquemas de vivienda.

¿Y el empleo no decente en qué se distingue oficialmente del desempleo? Si no hay contrato, ¿qué define al otro 79 %?
Según la Digestyc, es alguien que trabajó ocho horas en total a lo largo de última semana. Aunque no tenga contrato, seguridad social ni salario mínimo.

Es irónico que se suela distinguir entre “gente trabajadora” y “delincuentes” porque, en El Salvador, un 80 % de los trabajadores considerados honrados trabaja en la ilegalidad.
Y en un entorno de vulnerabilidad enorme.

Habla de políticas de país, pero el diagnóstico del PNUD se mueve a nivel micro, a ras de suelo, habla de cómo están las comunidades. ¿Ha habido un divorcio entre las políticas del país y la realidad de las comunidades?
El tema es que las políticas tienen que ser capaces de adaptarse a su entorno y tomar en cuenta la diversidad, no solo las diversidades geográficas sino culturales. Si las políticas no aterrizan, se quedan a nivel metafísico. Es tema un poco kantiano o hegeliano, del espíritu absoluto, la gran política. Si no aterrizan, las políticas no son útiles. Como las leyes, que son excelentes marcos normativos pero no se implementan. Así entramos en involución. Hay políticas estratégicas nacionales con blindaje legislativo que no se llegan a aplicar porque las instituciones no están equipadas a nivel territorial con los recursos para ello. Estamos en un país que tiene 262 municipalidades en 20 mil kilómetros cuadrados… Sudáfrica, con 1 millón 800 mil kilómetros cuadrados, tiene 50 municipalidades y quiere achicar ese número. ¿Qué puede hacerse en municipalidades con 500 personas? Se necesitan acuerdos de país para poder abordar estos temas, porque si no hay acuerdos todo se vuelve incandescente e imposible de manejar.

Cuando habla de políticas que “no aterrizan” pienso en la tregua entre pandillas. Dialogar con ellas fue el giro político más agresivo que un gobierno haya dado en materia de seguridad, pero en teoría debía traer consigo una serie de nuevas políticas. Y eso no ha sucedido.
Este es un tema del que hay que hablar sin pelos en la lengua: la tregua no es una política, es una iniciativa. Una política es la apertura a una estrategia de inserción de jóvenes a nivel socioeconómico. La idea de un gran pacto para el empleo y la seguridad que anunció el presidente en mayo de 2012, ¡esa era la política! El problema es que hemos dispersado mucho las energías alrededor del tema de la tregua. La tregua -y es mi opinión personal- ha sido capaz de activar un espacio para el acuerdo entre pandillas contrincantes, y lo hizo en un espacio institucional, que son las prisiones. Y logró, de un día al otro, del 9 al 10 de marzo de 2012, reducir el número de muertos de manera exorbitante, salvando vidas. Esto lo valoramos, a pesar de todo lo que se diga. Pero el tema de la tregua se ha vuelto a veces... -y esto es a título personal, me quito el sombrerito de la ONU, porque soy un ser humano-... se ha vuelto una excusa para no abordar el tema de manera integral y en equipo. Y pienso que el país y los liderazgos no se pueden permitir este lujo. El tema es que hay que apostar por los jóvenes, sacarlos de las condiciones de vida infrahumanas en las que están. Cuando hablamos de tregua hablamos de humanización. Y eso incluye también una mejora del espacio carcelario. Vivimos en el país con la tasa más alta de hacinamiento carcelario en Latinoamérica, por no decir en el mundo. Tenemos cárceles en las que la gente tiene que tomar turnos para dormir. Y es increíble que se haga distinción entre ciudadanos honrados y no honrados: cualquiera, alguien que chocó con un vehículo, puede acabar en una bartolina de la Policía en la que puede ser violado, tiene que dormir parado, puede ser golpeado... es inaceptable.

Pero volviendo a la tregua...
Volviendo a la tregua: ¿Yo voy a abrir espacios de diálogo aun con el diablo? Sí. Desde mi punto de vista es coherente si se quieren encontrar soluciones. Si querés cambiar el enemigo, debes conocerlo, ante todo.

Algo parecido me dijo usted a principios de 2013, y parece que no haya ocurrido nada desde entonces. La tregua cambió la discusión sobre violencia, pero pasa el tiempo y no estamos en el siguiente nivel. ¿Dónde está el pacto por la seguridad que...?
9 de julio de 2012, “Pacto por la seguridad y el empleo”. Recuerdo la noticia internacional del llamado del presidente Funes. A partir de ahí hemos compartido matrices, programas, recursos, proyectos... hemos recurrido a la recuperación de recursos con la cooperación internacional... Pero después no ha avanzado, tenés razón en eso.

En enero de 2013 se lanzó la llamada “segunda fase” de la tregua, los municipios libres de violencia, y se vislumbró un aterrizaje. Pero un año después ha sucedido poco. A principio de 2013 le pregunté a usted si la Comisión Humanitaria, de la que PNUD forma parte, no iba demasiado lenta. Ha pasado un año y…
En aquel momento te dije que la responsabilidad de ir de prisa no era de la Comisión Humanitaria…

... Sino del Estado.
Absolutamente.

Y un año después, ¿qué ha pasado? Parece que fue otra idea que no aterrizó y que la vida en la comunidad va a ser la misma.
Lo que se denominó “Pacto por la seguridad y el empleo” no ha avanzado en la medida que se esperaba. Las expectativas eran enormes y este tipo de proceso toma más tiempo del que probablemente podemos fijar nosotros, como gente que tiene una cierta impaciencia con el tema de la violencia. Pero hubo pasos importantes: impulso a reformas carcelarias, un presupuesto nacional de 30 millones de dólares que probablemente no se siente en el terreno todavía pero es para territorializar las actividades de apoyo a los procesos de reinserción socioeconómica y de vinculación de actores territoriales a los planes de seguridad... Yo creo que se está en una buena dirección. El tema aquí es que esto requiere muchos más recursos. Pero hay actividades importantes. Por ejemplo USAID tiene recursos muy importantes en el marco de la reinserción educativa. Lo mismo la UE. Y hay recursos nacionales y yo abogo para que haya más. Insisto: el tema de los recursos es importante.

Dice que faltan recursos, pero lo que no acabo de ver es la línea de trabajo que se quiere financiar con esos recursos. Si la tregua abrió un nuevo tablero, no sé qué hay ahora mismo sobre ese tablero.
Está claro que lo ideal hubiera sido que todas las partes, los políticos en primer lugar, pero todos los poderes fácticos de este país, se unieran. Que se unieran aún más allá de la Comisión Humanitaria. Pero el tema es que ese proceso ha comenzado, y eso hay que celebrarlo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay que dar más impulso, poner más recursos, más diálogo y lograr estrategias claras, bien comunicadas, y compartidas. No es novedoso que la inserción socioeconómica se ponga en la mesa pero hay que apostarle con recursos. Se dedica mucho presupuesto a erigir grandes muros, colocar cámaras, levantar infraestructura de protección y seguridad, policías, guardias privados... pero la realidad es que si hubiera reinserción socioeconómica fuerte, si hubiera una dignificación del entorno en el que viven muchísimos salvadoreños y salvadoreñas, la violencia disminuiría.

Está diciendo que la ventana de oportunidad de la tregua…
No está cerrada. Para nada. Y de hecho hay que mantenerla abierta. El contexto político electoral no ha ayudado al proceso de diálogo y de búsqueda de encuentros, de soluciones. Hay posiciones que han cambiado. No voy a entrar en detalles pero recuerdo exactamente cómo ha evolucionado la posición y el planteamiento de varias mentes de los sectores políticos en el país. Cuanto la campaña se hace ardua, los mensajes empiezan a tener otras tonalidades y el tema de la seguridad se utiliza en la batalla electoral. Y esto tendría que ser una acción conjunta, de país, la gente mano a mano, no un proceso de diatriba total, donde se repiten las mismas cosas por un año y medio, se le pone un poquito más de tinta, ahí es con ajo, ahí es con sal, pimienta... y al final el discurso es distinto al inicial.

¿Quiere decir que es la campaña la que ha provocado la confontación política alrededor de la tregua?
El ambiente empezó siendo más de conciliación. Los sectores políticos eran bien claros y había un encuentro alrededor del tema, pero ahora estamos ahora en un momento de desencuentro.

¿Cree que el Estado ha hecho todo lo que podía por este nuevo contexto?
Yo pienso que las estructuras del Estado tienen mucho que hacer. Tienen muchísimo que hacer…

Volvió el diplomático, ja, ja.
No. Digo que tienen mucho que hacer en el sentido de que el reto es enorme. Yo pienso que las buenas intenciones estuvieron ahí, de parte de todas las estructuras del Estado. Sinceramente, tengo un concepto positivo de la integridad moral y del discurso de los actores políticos nacionales. Todos quieren una solución, todos tienen buenas intenciones. No creo que haya esquemas ocultos ahí detrás, alianzas oscuras y todo eso. No. Tenemos que ser positivos. El tiempo es corto, pero lo tenemos. El asunto es que estamos tratando con un cáncer con varios tentáculos y con la capacidad de ampliarse en una metástasis muy fuerte.

¿Lo que está diciendo es que esa posibilidad de metástasis, de expansión del cáncer por todo el organismo, en este caso la sociedad, no está ni mucho menos descartada?
No lo está. Para nada. Cuando el Estado nos habla de 60 mil pandilleros y de una estructura humana de 360 mil personas que de una u otra manera están vinculadas a estos grupos, o atrapados en ellos porque son convivientes... Aquí no estamos hablando de personas que llegan de Marte, Plutón o Mercurio. Estamos hablando de salvadoreños que nacen intrínsecamente buenos y a quienes el contexto les impacta. No es una novedad decir que las maras nacen en zonas que no son la Escalón.

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