El conflicto entre el fiscal general de la República, Luis Martínez, y el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, escaló este martes un nuevo peldaño en una larga escalinata de desencuentros: Martínez aseguró en conferencia de prensa que Munguía podría estar vinculado a la venta ilícita de armas del ejército y que por ello la institución que dirige ha abierto una investigación en su contra.
'El Ministro de la Defensa y otros altos oficiales son investigados por comercio ilícito de armas, actos arbitrarios y otros', aseguró el fiscal. Sin embargo, no precisó si estas investigaciones han devenido ya en alguna acusación formal contra el funcionario.
Esta es la primera acción legal que el fiscal revela haber emprendido contra Munguía Payés luego de una larga lista de declaraciones públicas agresivas en contra del ministro, que iniciaron desde que este se desempeñaba como ministro de Seguridad Pública, durante la administración del expresidente Mauricio Funes.
Casi inmediatamente después de asumir el cargo, a finales de 2012, Martínez aseguró que tras la tregua ente pandillas que inició en marzo de ese mismo año se escondían maniobras oscuras y desde ese momento fue perfilando al entonces ministro de Seguridad como blanco de sus críticas. Desde ese momento, el fiscal ha calificado en numerosas ocasiones de “hipócrita” a la estrategia iniciada por Munguía Payés.
El viernes 30 de mayo, en vísperas del traspaso de mando presidencial, la Fuerza Armada impidió que la Fiscalía secuestrara archivos militares, entre ellos el registro nacional de armas, en el curso de una investigación en contra de altos oficiales militares vinculados al tráfico de armamento. El ministro justificó la acción asegurando que los fiscales actuaron con prepotencia y argumentando que ese registro está protegido como secreto de seguridad nacional.
En los días siguientes los funcionarios intercambiaron declaraciones hostiles, en las que el fiscal calificaba al ministro de “falso y mentiroso” y el ministro se defendió diciendo que no le sorprendían las “malas crianzas” de Martínez. El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, intervino dando la razón a su ministro, alegando que la orden judicial que amparaba a los fiscales no les permitía secuestrar el registro nacional de armas y ofreció mediar para calmar los ánimos entre los dos funcionarios.
En febrero pasado, el Ministerio de la Defensa también negó a funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública el ingreso a instalaciones donde buscaban información sobre operativos ocurridos durante la guerra civil y que permitirían aclarar algunas desapariciones forzosas de menores de edad.
Consultado por El Faro sobre las nuevas acusaciones del fiscal, Munguía Payés se limitó a decir que se había comprometido con el presidente Sánchez Cerén a no brindar declaraciones. “El presidente se reunirá con el fiscal y entiendo que intentará reunirnos luego a ambos”, explicó.
Luego de asegurar que investiga al ministro de defensa, Martínez deslizó una hipótesis, según la cual las supuestas armas vendidas ilegalmente tendrían por destinatarios a pandilleros: “No sería sorpresivo que las armas que tienen las pandillas tengan que ver con ese tráfico de armas”, dijo. Munguía Payés ha sido citado por la Fiscalía a rendir declaraciones el miércoles 18 de junio.
En sus declaraciones, Martínez también llamó 'un manipulador de homicidios' a uno de los mediadores entre las pandillas en tregua, el exdiputado y exguerrillero Raúl Mijango.
La tregua permitió una caída de los asesinatos en El Salvador desde arriba de 13 diarios en los días previos al pacto, a un poco más de cinco al día. Desde junio de 2013, sin embargo, cuando por una sentencia de la Sala de lo Constitucional el general Munguía Payés tuvo que dejar Seguridad Pública, los homicidios comenzaron a subir progresivamente hasta volver a los niveles pretregua.
El nuevo gobierno, por medio del ministro de Seguridad, Benito Lara, ha dicho que no interferirá en la tregua entre pandillas, pero no ha aclarado cómo lidiará con la violencia que generan estos grupos. Tres semanas atrás, el fiscal Martínez sorprendió con unas declaraciones a La Prensa Gráfica en las que decía que era factible sentarse a negociar penas con los pandilleros si estos asumían compromisos claros para desmontar sus actividades ilegales.
