En una reciente entrevista, el expresidente Mauricio Funes reclamó a este periódico estar incursionado en su vida privada al preguntarle por personas y por viajes que, dijo, no tuvieron relación con sus responsabilidades al frente del Ejecutivo.
El debate entre los límites de la vida privada y el interés público es amplio y no ha sido totalmente dirimido en las democracias. En Estados Unidos, por ejemplo, los tribunales, los medios de comunicación y el poder legislativo coincidieron todos en considerar de interés público el hecho de que un presidente, Bill Clinton, tuviera una relación extramarital. Lo mismo ha sido considerado en Francia y en Italia.
Culturalmente El Salvador no es un país donde este tipo de relaciones tengan carácter público ni parecen ser un elemento de interés político o jurídico. El Faro ha mantenido siempre fuera de su agenda las relaciones privadas de personajes públicos. Pese a considerar que en ciertos casos podría ser lícito y de interés general discutirlas, hemos decidido siempre no convertirlas en prioridad.
Sin embargo, el reportaje que publicamos esta semana sobre una serie de vuelos privados realizados por el entonces presidente Mauricio Funes, en compañía de amigos y de una mujer para la que casa presidencial pidió pasaporte diplomático pese a no tenerla entre su personal, según él mismo reveló, tiene para nosotros que ver con asuntos que van mucho más allá de la vida privada del exmandatario.
En primer lugar, tiene que ver con la falta de transparencia en la naturaleza, objetivos y participantes de los viajes del presidente de la República durante su mandato. Solo alguna claridad en cuanto a la duración y destino de esos viajes, y los criterios con los que se decide realizarlos y se definen las comitivas que los conforman, permitiría valorar su idoneidad y su verdadero carácter público o privado. Debe ser la transparencia en registros y archivos, y no la palabra de un presidente o expresidente, lo que permita a las instituciones y la ciudadanía valorar la legalidad y la conveniencia de los viajes presidenciales.
Y en segundo lugar tiene que ver con el financiamiento de los viajes privados del presidente de la República.
Hay, esencialmente, solo dos opciones: o fueron financiados con fondos públicos, o fueron financiados con fondos privados (la tercera opción es con fondos públicos extranjeros, lo cual se descarta en viajes privados como estos). Las declaraciones del expresidente Funes, del ex director del Seguro Social y del ejecutivo de la empresa que alquiló uno de los aviones, coinciden en que esos viajes fueron financiados con fondos privados. El Faro no tiene hasta ahora ningún elemento que haga concluir lo contrario. La posibilidad restante es, por tanto, que hayan sido financiados con fondos privados tal como lo aseguran los mismos entrevistados. El expresidente incluso dice que fueron parcialmente patrocinados por Miguel Menéndez Avelar, su amigo personal y un empresario que multiplicó sus ganancias en contratos estatales durante la administración Funes.
A diferencia del expresidente, a nosotros sí nos parece de interés público saber quién paga los viajes privados del jefe del Ejecutivo. Por un lado es necesario para saber si el presidente recibe favores contrarios a la ley de ética. Por otro, en este caso concreto, podría ayudar a esclarecer cómo el señor Menéndez Avelar logró tan jugosos contratos con el Estado y además logró el nombramiento de familiares, socios y representantes de sus empresas en instituciones del Estado. Falta revisar si esas instituciones le beneficiaron de alguna manera. Para eso, se supone, están las instituciones del Estado encargadas de la contraloría.
También nos parece de interés público determinar quiénes iban en esos viajes, porque eso ayuda a entender la naturaleza de los mismos. Entre los pasajeros de esos múltiples vuelos privados iba Ada Mitchell Guzmán, una joven de 25 años que posee un pasaporte diplomático solicitado por Casa Presidencial, por razones aun no suficientemente establecidas ni por cancillería ni por el expresidente, y que ya había figurado en un reportaje anterior nuestro por encontrarse además vinculada a una red de compraventas de Menéndez y a una compañía de spas, de la que según el propio Funes ella es gerente, que compra propiedades en lugares en los que no puede operar locales comerciales.
Finalmente, nos parece de gran interés público un hecho que no parece exclusivo de la presidencia Funes pero que este reportaje evidencia: los presidentes salvadoreños se ausentan del país sin notificación alguna, en algunos casos sin siquiera dejar registros, para llevar a cabo viajes privados. Con ello, impiden que las instituciones encargadas de velar por el buen uso de los fondos públicos puedan controlar la legalidad del financiamiento de esos viajes o si los participantes del viaje han realizado actividades privadas durante tiempos correspondientes a sus obligaciones laborales.
Es por estas razones que consideramos de interés público los viajes, y eso incluye los viajes privados, de un presidente. En este caso, como el mismo expresidente Funes ha dicho, hubo más viajes de los enumerados en las publicaciones de El Faro. Él mismo afirma que algunos fueron realizados en el avión particular de Miguel Menéndez. Es lamentable que, al igual que hizo durante su mandato, no quiera dar más información al respecto.
