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Fiscal usó conversaciones íntimas del padre Toño para conseguir su confesión

Durante la negociación para lograr que Antonio Rodriguez confesara haber cometido delitos en su labor de mediación con la pandilla 18, el Fiscal General hizo que líderes religiosos y diplomáticos españoles escucharan grabaciones de conversaciones íntimas del sacerdote, aparte de los audios que le incriminaban legalmente. Varios de los implicados afirman que al escuchar las grabaciones se sintieron implícitamente amenazados por el Fiscal y que ello influyó en el desenlace judicial.

 
 

Antonio Rodríguez en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana antes de inciar la audiencia en la cual fue condenado por introducir teléfonos a centros penales y por tráfico de influencias. Foto Mauro Arias
 
Antonio Rodríguez en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana antes de inciar la audiencia en la cual fue condenado por introducir teléfonos a centros penales y por tráfico de influencias. Foto Mauro Arias

El fiscal general, Luis Martínez, utilizó grabaciones de conversaciones íntimas del sacerdote Antonio Rodríguez durante la negociación que terminó en su confesión, condena y posterior salida del país. En un principio el padre Toño, como se conoce al sacerdote pasionista, y sus abogados rechazaron cualquier acuerdo y defendieron su inocencia, pero tras escuchar estas grabaciones el entorno del religioso convenció a Rodríguez de no presentar batalla legal y ceder ante la Fiscalía. [Escuchar audios al final de la nota]

El jueves 4 de septiembre un juez de Santa Ana fijó para el sacerdote salvadoreño-español, que en el último año había tratado de convertirse en el nuevo mediador del diálogo entre el gobierno de El Salvador y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, una pena de dos años y medio de prisión por los delitos de introducción de objetos ilícitos a penales y tráfico de influencias. La sentencia, relativamente baja para este tipo de delitos, es el resultado del citado acuerdo extrajudicial impulsado por el fiscal, enemigo declarado de ese diálogo, conocido popularmente como “la tregua”.

Las grabaciones que forzaron el acuerdo provienen de escuchas telefónicas que son parte de una investigación en contra de la facción Sureña de la pandilla Barrio 18. La Fiscalía intervino primero teléfonos de líderes de la pandilla en la cárcel y al detectar conversaciones con el padre Toño decició ampliar sus escuchas al teléfono personal del religioso. Así, desde el 21 de diciembre de 2013 hasta al menos mayo de 2014, las autoridades consiguieron grabar un buen número de conversaciones del sacerdote con líderes de la facción sureña de la pandilla 18 en las que se coordina con ellos para introducir teléfonos a las cárceles de Cojutepeque e Izalco, o promete hacer gestiones para que el Director General de Centros Penales reduzca la intensidad de los bloqueadores de señal y los pandilleros puedan telefonear y recibir llamadas del exterior. Pero registraron también una serie de conversaciones en las que Antonio Rodríguez aborda asuntos de su vida íntima ajenos a lo investigado.

La Fiscalía, a pesar de que la ley impide divulgar ese tipo de grabaciones, se tomó el trabajo de seleccionar algunas de las llamadas personales del religioso, agruparlas con aquellas que le incriminaban en posibles delitos, y mostrárselas a numerosas personas involucradas en la negociación del futuro judicial de Toño. El fiscal Martínez, personalmente, hizo escuchar estos audios al menos al arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas; al representante del Vaticano en El Salvador, el nuncio apostólico monseñor León Kalenga Badkibele; a los representantes de la congregación de sacerdotes pasionistas, de la que Rodríguez forma parte, entre ellos un miembro del consejo provincial, el padre Carlos Sanmartín; al embajador de España en El Salvador, Francisco Ravena, y al cónsul de ese país, Fernando Villena.

Tres personas que escucharon las grabaciones en el despacho de Luis Martínez comentaron a El Faro que interpretaron como una amenaza o un chantaje la decisión del fiscal de hacerles escuchar conversaciones íntimas ajenas a la investigación. Uno de ellos lo ejemplificó así: “Nunca el fiscal (Luis Martínez) nos amenazó con hacer un escándalo con esos audios si no llegábamos a un acuerdo, pero es como sentarse a negociar con alguien y que antes de comenzar a hablar ese alguien ponga una pistola sobre la mesa”.

Días después de que el fiscal mostrara a las autoridades religiosas y diplomáticas tanto los audios que sugieren acciones ilegales como los de naturaleza privada, el padre Toño accedió a que su abogada defensora, Bertha de León, llegara a un acuerdo con la Fiscalía y decidió confesarse culpable de introducir objetos ilícitos a cárceles y de tráfico de influencias. A cambio, la fiscalía solicitaría al juez especializado de Instrucción de Santa Ana, Tomás López Salinas, la suspensión de la pena de cárcel a cambio de algunas medidas sustitutivas. Como parte del acuerdo no se pondría ningún obstáculo legal a la salida de Antonio Rodriguez del país.

Aunque algunas de las personas vinculadas con el acuerdo y a las que el fiscal expuso los audios accedieron a contar su versión a El Faro, ninguna quiso ser citada mencionando el episodio. El resto o no respondieron a la invitación de hacer una declaración oficial sobre lo sucedido o expresamente declinaron hacerlo. La embajada de España dijo no tener comentarios que hacer sobre el caso. El superior regional de los pasionistas, el padre Carlos Sanmartín, luego de que se le expusiera la reconstrucción de los hechos y el contenido de esta publicación se limitó a decir: “Después de oír el contenido de su investigación, no tenemos nada valioso que agregar”.

Las intervenciones telefónicas como herramientas para la investigación judicial son legales en El Salvador desde 2009, cuando se aprobó una reforma al artículo 24 de la Constitución de la República que hasta ese momento las impedía. Sin embargo, la Carta Magna prohíbe explícitamente divulgar cualquier grabación que no esté relacionada con la investigación en curso.

El párrafo 2 de dicho artículo, en su redacción actual, dice: “Se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. De manera excepcional podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada, la intervención temporal de cualquier tipo de telecomunicaciones, preservándose en todo caso el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. La información proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor”.

El siguiente párrafo establece: “La violación comprobada a lo dispuesto en este artículo, por parte de cualquier funcionario, será causa justa para la destitución inmediata de su cargo y dará lugar a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados”.

El Faro contactó a través de redes sociales con el Fiscal General para hacerle saber de esta publicación y pedirle una explicación de lo sucedido. Cuando se le preguntó por qué seleccionó e hizo que varias personas escucharan conversaciones íntimas del padre Toño, el fiscal Martínez respondió, por escrito: “Afirma usted cosas que desconoce y alejadas de la verdad, y una pregunta con contenido afirmativo falso no tiene respuesta. Usted dice saber algo que en realidad desconoce y sin embargo se atreve a afirmar que sabe. Lo malo de este asunto es que dé una información falsa, una información en la que se miente sobre datos de la realidad”. Aunque se le trataron de hacer repreguntas, no volvió a responder.

Una fuente del gobierno hizo llegar a este periódico una copia de algunos de los archivos seleccionados por la Fiscalía, entre ellos algunos que incluyen conversaciones del sacerdote con pandilleros (que se publican junto a este artículo) y también algunas conversaciones íntimas del religioso.

El fiscal Martínez lleva dos años en el cargo, en un mandato de tres años de duración que culminan en 2015.

Antonio Rodríguez durante la audiencia del jueves 4 de septiembre 2014. Foto Mauro Arias
 
Antonio Rodríguez durante la audiencia del jueves 4 de septiembre 2014. Foto Mauro Arias

Me siento inocente”

El juicio en contra de Antonio Rodríguez, que desde hace más de una década ha estado a cargo de programas sociales y de prevención de violencia en la colonia Montreal de Mejicanos y fue detenido a finales del pasado mes de julio, se celebró el jueves 4 de septiembre.

La audiencia judicial tenía un guion pactado previamente entre la Fiscalía y la defensa de Toño, y del que este periódico supo con al menos una semana de antelación: la Fiscalía entregaría al juez la confesión del sacerdote, junto con las transcripciones de aquellas intervenciones telefónicas que tenían relación con el caso: un CD que contenía los audios de las conversaciones entre Toño y los pandilleros, así como las bitácoras de entrada y salida del sacerdote a diferentes cárceles. En seguida, los fiscales invocarían el acuerdo con el imputado y pedirían al juez que las sentencias fueran reducidas o anuladas.

Por haber introducido objetos ilícitos al penal de Cojutepeque, los fiscales pedirían para Toño un año de prisión; por haberlo hecho en la cárcel de Izalco, otro año más, y seis meses como castigo por haber gestionado ante las autoridades, a petición de los pandilleros, el traslado de un líder del Barrio 18 Sureños y la disminución de la potencia del bloqueador de señal de la cárcel de Cojutepeque. Toño estaba acusado también del delito de asociación ilícita, pero la Fiscalía acordó pedir al juez el sobreseimiento definitivo de este cargo por considerar que la participación del religioso en las actividades de la pandilla 18 era mínima. En total 2 años y medio de prisión que serían conmutados por dos sanciones: no comunicarse con ningún pandillero por ningún medio durante dos años y no volver a acercarse a ninguna cárcel ni centro de reclusión de El Salvador en ese mismo plazo.

Y así fue, al pie de la letra, lo que ocurrió durante el juicio. En el último momento la Fiscalía pidió también que se le prohibiera al sacerdote beber alcohol. El juez desestimó la solicitud.

Aunque nadie en el salón había pedido ninguna restricción migratoria para Toño, el juez se encargó de recordar varias veces que no le estaba prohibiendo salir del país. Más aun, le explicó insistentemente al recién condenado que podía ir y venir de donde él quisiera. Antonio Rodríguez explicó luego del juicio que se tomaría un par de años sabáticos para “leer y tomar mucho café” en su natal España.

Al salir del recinto judicial como un hombre libre, el religioso dijo a los medios que se sentía un inocente y reiteró que lo que había hecho lo hizo con las mejores intenciones, con el fin de facilitar la comunicación entre pandilleros para que estos ordenaran reducir la violencia y “buscar el bien común”.

Mientras duró el juicio, en la calle, el sacerdote Antonio Confesor, párroco de San Antonio del Mosco, en San Miguel, esperó enfundado en su sotana, de rodillas y pidiendo al cielo megáfono en mano la liberación del padre Toño, en tanto que unas mujeres le daban sombra con paraguas de colores. Una treintena de personas sostenían pancartas con los distintivos del FMLN o con el rostro del arzobispo Óscar Romero mientras gritaban consignas y entonaban cantos religiosos valiéndose de una guitarra y otro megáfono. Previo a la salida del padre Toño, a bordo de una patrulla policial, un hombre hizo explotar media docena de cohetes de vara para celebrar su liberación.

Toño salió de los tribunales saludando a la gente que se volcaba sobre las ventanas de su vehículo para conseguir tocarlo. Festejaba su libertad con la alegría de una celebridad.

El sábado 6 el sacerdote abandonó El Salvador. Nada más aterrizar en el aeropuerto de Madrid denunció ante los medios de comunicación españoles que había sido tratado de forma injusta y su único pecado en El Salvador fue “trabajar con la gente sin derechos”.

La tregua de Toño

Dejando de lado las de carácter personal, las grabaciones de la Fiscalía recogen indicios de los delitos de los que se autoinculpó el religioso y retratan tanto su relación con los pandilleros de la 18 como su participación en los últimos esfuerzos del gobierno de Mauricio Funes por mantener vivo el diálogo con las pandillas iniciado en 2012.

Tras la salida de David Munguía Payés del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en junio de 2013, Antonio Rodríguez consolidó cierta cercanía con el nuevo ministro, Ricardo Perdomo, que lo puso a la cabeza de su estrategia por gestionar la negociación con las pandillas sin contar con quienes hasta ese momento habían hecho de mediadores, Raúl Mijango y el obispo Fabio Colindres, cercanos a Munguía Payés. Toño, sin embargo, nunca logró desplazar a Mijango y solo encontró cierto eco a sus intenciones en el ala Sureña de la pandilla 18.

Consultado por El Faro, Perdomo se desvincula absolutamente de Antonio Rodríguez: "Él (Toño) en ningún momento ha sido mediador ni intermediario ni nada”, asegura. Sin embargo, a principios de este año el exministro de Seguridad presentó al padre Toño como el coordinador de sus esfuerzos de pacificación en una reunión en la que estaba presente un reportero de este periódico. En varias de las conversaciones que el religioso sostiene con pandilleros, presume de su acceso privilegiado a Perdomo.

Las grabaciones de la Fiscalía presentadas en el juicio recogen conversaciones telefónicas de Antonio Rodríguez con al menos tres líderes pandilleros del ala Sureña que guardan prisión en los penales de Cojutepeque e Izalco. En todos los casos las llamadas fueron hechas por los pandilleros al teléfono celular del sacerdote. En estas llamadas, los pandilleros usan al menos cuatro números telefónicos diferentes.

En las conversaciones intervenidas los líderes pandilleros piden al sacerdote introducir un número no determinado de teléfonos móviles, chips de teléfonos, “ropa de civil”, una maleta ―de la cual no queda claro el contenido― así como bajar la intensidad de los bloqueadores de señal de telefonía celular en el penal de Cojutepeque. Toño accede sin resistencia alguna a todo ello. En las conversaciones, fechadas entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, el sacerdote asegura a los pandilleros que para dialogar con ellos y gestionar algunas de esas solicitudes tiene el aval del ministro Perdomo, ahora superintendente de Sistema Financiero del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. También menciona al todavía director de Centros Penales, Rodil Hernández.

“De los (teléfonos) que yo les mando les quité uno… es que es muy bueno, es un Sony Ericsson. Me los agarro mientras que los paso”, se oye decir al padre Toño en una de las grabaciones. “Esos cargadores los meto yo mañana”, afirma en una de las conversaciones, que retratan la naturalidad con que encara la tarea de introducir teléfonos a las cárceles a sabiendas de que es ilegal.

Los pandilleros hacen al sacerdote otra petición muy insistente: que gestione el retorno de “Payaso”, uno de sus líderes, al penal de Cojutepeque, luego de que fuera de nuevo recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. En una conversación sostenida el 21 de abril de este año, Antonio Rodríguez hace una promesa explícita a Carlos Ernesto Mojica Lechuga, Viejo Lin, principal vocero del Barrio 18 Sureños, y le asegura que Payaso será trasladado durante “un día muy estratégico” en el que “todo mundo se levanta tarde y hay unas marchas”. Toño se refería al 1 de mayo, día de asueto nacional por ser día del trabajo, pero Douglas Geovanny Velásquez Navas, alias el Payaso, fue trasladado del penal de Izalco a Cojutepeque el 30 de abril.

El mismo día en que fue trasladado, Payaso llamó a Rodríguez: “Ya estamos en la base Al Qaeda”, le dijo. En esa misma conversación, el religioso se compromete a reducir la intensidad de los bloqueadores de señal telefónica instalados en el penal, a fin de que Payaso tuviera oportunidad de llamar por teléfono a sus bases. “Le vamos a bajar la intensidad. Yo te voy a decir cuándo van a bajar eso”, le dice al pandillero el padre Toño.

Antonio Rodríguez fue saludado por simpatizantes que lo esperarón a su salida del Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana. Foto Mauro Arias
 
Antonio Rodríguez fue saludado por simpatizantes que lo esperarón a su salida del Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana. Foto Mauro Arias

En otra conversación sostenida el sábado 29 de marzo de este año, el sacerdote habla de política con Viejo Lin y le asegura que el ministro de Seguridad del nuevo gobierno, presidido por Salvador Sánchez Cerén, apoyaría el proceso de diálogo:

―Igual queda el mismo (Ricardo Perdomo), él o Benito Lara es el que creo yo que puede quedar ―dice Rodríguez.

―¿Lara le da seguimiento al proceso? ―pregunta Viejo Lin.

―Yo lo veo el lunes en la tarde ―responde el sacerdote, que insiste en que el lunes 31 a las 7 de la mañana va a desayunar con Benito Lara.

―Yo le he dicho a la gente que el que viene le va a dar seguimiento al proceso ―contesta Lin.

―El proceso venga quien venga continúa ―insiste el sacerdote.― El otro día se reunió “el barbas” (Ricardo Perdomo) con el actual y el anterior (Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes) y los dos coincidieron en que (van) para adelante.

Lo registrado en las conversaciones de Toño coincide con la información que circulaba por el país en esas fechas. Durante abril y mayo de 2014 Perdomo hizo una intensa promoción de lo que él llamaba “Proceso de pacificación nacional”, un nuevo plan similar a la tregua inicial pero que no incluía a Mijango ni a Colindres, y que el ala Sureña del Barrio 18 llegó a respaldar en un comunicado público.

Las grabaciones muestran cómo Toño tuvo que trabajar durante cuatro meses para lograr ese comunicado. El sacerdote pide en varias conversaciones a los líderes de la facción sureña del Barrio 18 autorización para escribir el texto y publicarlo una vez la cúpula de la pandilla haya dado su aval. En su conversación con Lin el 21 de abril, Toño le insiste en que hay que aprobar el comunicado de apoyo a la iniciativa de Perdomo.

―Quiero que haga énfasis en que me entreguen ese bolado a mí… ―dice Viejo Lin, que le está pidiendo que introduzca al penal un maletín sin pasar por los controles legales.

―Yo llego tipo 10 de la mañana― responde Antonio Rodríguez.

―Le hago énfasis en que directamente a mí―insiste Lin.

―Otra cosa: ¿han visto bien el comunicado? ¿Les ha gustado a todos? Eso hay que sacarlo ya. Es que “El Chino” quiere que yo le diga el día. Es que si se nos filtra una mierda de estas se nos complica toda la mierda.

―Le hago énfasis con el maletín ―repite de nuevo Lin.

―Ahí le llevo el maletín. El miércoles ya es la primera reunión de la comisión nacional de diálogo, a las 3 de la tarde va a ser el miércoles donde la mata, mata. ―dice Toño, refiriéndose a Casa Presidencial.

No es la única grabación que evidencia una especie de competencia entre el sacerdote pasionista y Raúl Mijango. “Me imagino que eso lo tiró el Mijango…”, se escucha decir a Antonio Rodríguez en una conversación fechada el 29 de enero. “Como ese pendejo a saber qué proceso de paz quería el mierda ese... Le estaban pasando 5 mil dólares de Centros Penales. Puta, yo todo lo que pongo lo pongo de mi bolsa…”, dice el religioso. En otra conversación, Toño reclama a los pandilleros de la 18 Sureños que hayan firmado otro comunicado conjunto con la MS y los Revolucionarios y lo hayan difundido a través de Mijango, mientras sigue pendiente la aprobación por parte de los pandilleros del que él lleva meses pidiéndoles.

El comunicado de los Sureños, que contrasta con la costumbre de emitir comunicados conjuntos que las principales pandillas tenían desde marzo de 2012, se hizo públicó el 9 de mayo de este año. 10 días después de que Payaso fuera trasladado.

Las grabaciones recogen también el análisis que Toño hacía de los procesos políticos del país y de la evolución de la tregua. En una conversación sostenida el 18 de enero con otro de los líderes de la 18, Chory, recluido en el penal de Izalco, el sacerdote asegura que por esos días han surgido en el país grupos de exterminio, a los que atribuye intenciones políticas: “ (...) un grupo de exterminio de Arena. Porque J. J. Rendón (asesor del partido de derechas durante la campaña presidencial) ha ordenado en estos 15 días matar pandilleros para justificar la doctrina de los militares por el tema electoral. Arena está con todo y va perdiendo y el asesor, el J. J. Rendón, es el que ha ordenado esto”, se escucha decir a Antonio Rodríguez.

Ese mismo día, Toño habla también por teléfono con Viejo Lin, encarcelado en Cojutepeque, y le hace una lectura similar, pero esta vez incluye en el esquema de su hipótesis al exministro de seguridad y actual Ministro de Defensa, David Munguía Payés: “Ya hablé con el ministro (Perdomo) y me dijo que (…) tiene ahora un grupo de policías que está vigilando a estos grupos que ha activado Arena. Son militares. Como nuestro amigo que quiere hacer un pacto con Arena. Son militares asociados a Payés porque él quiere tener control con Arena para el narcotráfico”, aseguró aquel día el religioso pasionista.

El período de más intensa comunicación entre el padre Antonio y los pandilleros del Barrio 18 coincide con un alza incesante de homicidios ocurrida entre diciembre de 2013 y mayo de 2014. Diciembre cerró con 202 asesinatos, enero con 236, febrero con 246, marzo con 306, abril con 281 y mayo con 397. En total hubo en ese período mil 668 homicidios. Al comparar esta cifra con el mismo lapso de tiempo del año anterior ―entre diciembre de 2012 y mayo de 2013― el resultado arroja 862 homicidios más.

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