La puerta del juzgado se abre, y del cuartucho con aire acondicionado salen los abogados de traje y corbata ya con el resultado de la audiencia. El primero en salir es Arístides Perla, el abogado que en nombre de la familia Dueñas, la antigua propietaria de la finca El Espino, ha demandado por invasión a un grupo de antiguos colonos que viven en un caserío dentro de la finca. El rostro del abogado Perla no aclara en qué términos ha sido el fallo, así que Nelson Recinos, el único habitante del caserío El Espino que esta tarde del 9 de septiembre aguarda en las afueras del juzgado, busca con agitación a su abogado, plática con él y en minutos comprende que sus días están contados. A él y a otras 57 familias dos magistrados de Cámara acaban de colocarles en el pecho la etiqueta de invasores. El conteo regresivo para desalojar este caserío de Antiguo Cuscatlán donde abundan las paredes de lámina, las conexiones ilegales de servicios básicos y la maleza, ha comenzado.
La decisión de la Cámara de Segunda Instancia de la Cuarta Sección del Centro es que 58 familias deben desalojar un inmueble que no es de su propiedad. El fallo de los magistrados Ricardo Zamora y Alonso Castillo Robles a favor del desalojo es el último capítulo de una historia que ya lleva casi 20 años y que terminó de arrinconar a estas personas, muchas de ellas excolonos de la finca.
Ese arrinconamiento fue posible gracias a que, por un lado, han visto la ofensiva de la familia Dueñas y, por el otro, han visto cómo el Estado se desentendió de un deber que había adquirido con ellos hace años.
Los habitantes de esta comunidad no tienen a dónde ir, y su situación podría ser menos apremiante si no fuera porque el gobierno les dio la espalda al admitir que una directiva ilegal de la cooperativa de la finca El Espino lo liberara de cumplir un compromiso firmado en 1995. El gobierno de Armando Calderón Sol firmó un convenio con las 426 familias que entonces eran residentes en el sur de donde hoy está el Bulevar Monseñor Romero, para entregarles viviendas de 10 x 10 metros en un terreno donde además habría una escuela, una cancha de fútbol y una clínica de salud.
Las familias declaradas invasoras habitan un pedazo de tierra rodeado de centros comerciales, áreas residenciales de lujo y oficinas institucionales como las del Ministerio de Relaciones Exteriores y las del Sistema de Integración Centroamericana (Sica). A pocos metros de allí, más al sur, la familia Dueñas construyó el centro comercial La Gran Vía. Los Dueñas son una de las tradicionales familias acaudaladas de El Salvador, directamente ligada al cafetalero que gobernó este país durante varios períodos entre 1851 y 1871.
Los beneficiarios originales del convenio eran familias encabezadas por socios de la Cooperativa El Espino o antiguos colonos que estaban repartidas en cinco comunidades. Pasaron los años y el gobierno no cumplió su compromiso. En 2006 la cooperativa se partió en dos: 215 familias se separaron y formaron la Asociación de Desarrollo Comunal (Adesco) El Espino y acusaron a la cooperativa de olvidarse del convenio y priorizar sus ingresos a través de la venta de tierras que habían heredado de la reforma agraria de 1980. De esas 215 familias, no todas corren el riesgo del desalojo, pues solo 58 de ellas están viviendo en la comunidad que los Dueñas están requiriendo para sí, en un litigio que los pone a un paso de recuperar una porción más de su gran propiedad expropiada en 1980.
“Sería una injusticia que nos saquen de aquí. ¿Cómo nos van a dejar sin nada, sin esta casita y sin lo que dice el convenio?”, se pregunta Etelvina Inglés, miembro de una de esas 58 familias, y que llegó al caserío hace 36 años, dos años antes de la Reforma Agraria, en 1978. “Solo queremos justicia y que se cumpla lo que se nos prometió”, dice, mientras prepara la leña para cocinar la cena.
El fallo de los magistrados de la Cámara de Santa Tecla aún no está firme porque no se ha cumplido el plazo para apelar. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), que tomó el caso a solicitud de las familias demandadas, asegura que apelará, y eso dejaría en suspenso el desalojo que contempla la Ley especial para la garantía de la propiedad privada, y el caso subiría a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde no existe un plazo para que se resuelva.
Desde el lado de los Dueñas, no hay apelación que valga: “El Idhuca debería estar a favor y junto a mis representados, es a ellos a quienes se les está violando el derecho de posesión del inmueble, esa gente está ilegal ahí”, dice el abogado Perla, apoderado de Roberto Miguel y Miguel Arturo Dueñas Herrera.
Estos dos empresarios de la cuarta generación de los Dueñas, de 80 y 69 años respectivamente, son socios de Dueñas Hermanos Limitada, Dueñas Hermanos y Compañía, y Roberto Dueñas Limitada, que en conjunto tienen un capital social (el aporte que los socios de las compañías dan a estas) de 121 millones 717 mil 215 dólares, según el Registro de Comercio. Solo Dueñas Hermanos Ltda., dedicada a la construcción de apartamentos, casas y complejos urbanísticos, reportó en 2013 ganancias por 2.92 millones de dólares.
El 2 de julio de 2012 estos empresarios pidieron a la Fiscalía que procesara por usurpación a las familias del caserío ubicado entre la Escuela Militar y el edificio de Relaciones Exteriores. La Fiscalía, según el abogado de los Dueñas, nunca reportó si avanzó en las investigaciones, y entonces optaron por otra vía: acogerse a la Ley especial para la garantía de la propiedad, por los plazos relativamente cortos que dicta, que les daba una salida rápida para lograr un desalojo. La demanda la interpusieron el 7 de julio de 2014, hace dos meses y medio, y 15 días después el juez ya había declarado que procedía el desalojo. El Idhuca apeló y el caso subió a la Cámara, en donde este 9 de septiembre los magistrados terminaron de colocar el rótulo de invasores a las familias de la comunidad.
El caserío El Espino está ubicado en un terreno de 2.8 manzanas de extensión (28,000 varas cuadradas), y volvió a manos de los Dueñas en mayo de 2009 por medio de un intercambio de propiedades que quedó consignado en el protocolo del notario Roberto Alvergue Vides. Los documentos de la transacción no dicen una sola palabra de las 100 familias que entonces habitaban dicho terreno. De esas 100 familias hoy solo quedan las 58 que tienen amenaza de desalojo.
El caserío tiene una única calle, una maltrecha vía empedrada que a un lado y otro va repartiendo casitas y árboles frutales. A mediados del siglo pasado, la tercera generación de los Dueñas construyó aquí dos mesones para que sus colonos y empleados vivieran. Con el tiempo, esos mesones se transformaron en casas. La mayoría de las 58 familias que habitan ahí son hijos o nietos de los que se rompieron la espalda trabajando en la finca. María Elena Vargas, por ejemplo, ahora tiene 60 años, y su abuela llegó a la finca en 1932. Dice que su abuela llegó a ganar 12 centavos de colón cada 14 días y, con el tiempo, llegó a ser la encargada de las mujeres que hacían limpieza en las casas de la familia Dueñas. Una tía de María Elena también trabajó con los Dueñas. 40 años.
María Elena Vargas sabe de la resolución judicial de hace 20 días. 'Para mí, los responsables de que ahora estemos en zozobra son (el expresidente Antonio) Saca y Óscar Solís, porque él empezó con todo el liar, y yo pienso que por dinero lo hizo, no pensó en nosotros los colonos si no solo en él y sus socios'.
Solís fue presidente de la Cooperativa El Espino entre los años 2003 y 2010. En esos años, la Cooperativa hizo algunos negocios en los que, a cambio de dinero, empeñó tierras de la Cooperativa, entre ellas la que según el convenio de habitación de 1995 acogería las viviendas de 10 x 10 metros que construiría el gobierno.
A la base del pleito está el dinero
Lo ideal sería que las 58 familias -las demás se fueron paulatinamente- se fueran a la zona que el convenio de 1995 había destinado para el proyecto habitacional, ubicada unos 500 metros hacia el occidente del caserío, al norte de la urbanización Jardínes del Volcán, de Santa Tecla. Pero no es tan sencillo.
Las 10 manzanas de la tierra prometida ahora son propiedad de la Cooperativa, mientras que la comunidad es parte de la Adesco, y lo que las diferencia es el incumplimiento del convenio. La razón de ese pleito es lo que de aquí en adelante se relata, que en términos sencillos es el dinero que la Cooperativa cree que puede conseguir vendiendo esas 10 manzanas.
El lío no sería tan grande si la ubicación de los terrenos para el proyecto habitacional no estuvieran dentro de la parte que la Corte Suprema de Justicia declaró urbanizable en 1986, que fueron 350 manzanas. Cada vara cuadrada en esta área de lo que los ambientalistas llaman 'el último pulmón de San Salvador', vale unos 100 dólares, lo cual es unas 10 veces mayor que lo que puede valer una vara cuadrada de la finca en la parte protegida, declarada así por la Asamblea Legislativa en 1993 mediante el Decreto 432, que declara el bosque cafetalero como zona protectora de suelo. La división entre la parte protegida y la parte urbanizable la marcan el Bulevar Monseñor Romero y la avenida Jerusalén.
Las 350 manzanas urbanizables fueron devueltas a los Dueñas en 1986 por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte. En resumidas cuentas, la Corte determinó que el Estado se había equivocado al expropiar tierra urbanizable cuando la Reforma Agraria afectaba solo las tierras de vocación agrícola. Y fue así como el Grupo Roble, de la familia Poma, pudo construir Multiplaza, Las Cascadas; y los mismos Dueñas por medio de su empresa Urbánica pudieron levantar La Gran Vía y los complejos residenciales Portal del Casco y Puerta Gran Canaria.
El presidente de la Cooperativa El Espino, Miguel Ángel Martínez Merino, heredó la disputa con la Adesco que le dejó su predecesor Óscar Solís y cree que el convenio ya no tiene validez, y que si por alguna extraña razón habría que cumplirlo, los beneficiarios en realidad ya son muy pocos y es mejor ofrecerles dinero para que se vayan a otro lugar.
En primer lugar, Martínez Merino revela el interés prioritario en vender las tierras del convenio que la Adesco pelea para sí. “Para nosotros el interés no es hacer casas porque, como te digo, la idea es venderlo para pagar y para mejorar la finca”, dice. Por eso en octubre del año pasado la Cooperativa pidió al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) -encargado de vigilar la actuación de las cooperativas de la Reforma Agraria- autorización para subastar más de la mitad de las 10 manzanas de las que habla el convenio, pero la Corte la frenó. La Cooperativa había estimado que por esas cinco manzanas la subasta iba a dejarle, como mínimo, unos 3.9 millones de dólares, porque el precio base de cada vara cuadrada era de 75 dólares. Pero la subasta se truncó por una demanda de amparo que la Adesco puso ante la Sala de lo Constitucional. La Sala admitió el amparo unas horas antes de la subasta y emitió medidas cautelares para suspenderla ante la probabilidad de que los colonos y otros miembros de la Adesco se quedaran sin “la tierra prometida” de la que habla el convenio.
Martínez Merino espera que la Sala resuelva pronto ese amparo y que sea contra los intereses de la Adesco, para que él pueda pedir al ISTA que permita de una buena vez la subasta de esa tierra.
Otro alegato de Martínez es que el Decreto Legislativo 743 -el que declara zona protectora de suelo el bosque de El Espino- dice que en la parte urbana de la antigua finca solo se podrán construir viviendas de mil 500 varas cuadradas de extensión, no así viviendas de menor tamaño como las de 150 varas cuadradas de las que habla el convenio de 1995. Cuando en 2009 la directiva de la Cooperativa liberó al gobierno de su compromiso de construir estas viviendas de 150 varas cuadradas, ninguna institución del Estado ni la misma Cooperativa señalaron que esa fuera la razón por la que no cumplían. Apenas dos años antes, en 2007, la misma Cooperativa, el ISTA y el Viceministerio de Vivienda explicaron a la Procuraduría de Derechos Humanos -que investigaba el incumplimiento del convenio denunciado por una diputada del FMLN- que sí iban a cumplir con las construcción de esas casas.
Pero Martínez Merino tiene otro argumento. Asegura que el convenio se desnaturalizó porque entre los Vargas, los Marroquín, los Alfaro y otras de las 58 familias que viven en el caserío y que han sido demandadas para desalojar, hay unas que no merecen la vivienda prometida porque ya han recibido unas que entregó el gobierno cuando se construyó el bulevar Cancillería, paralelo a la calle Chiltiupán, detrás del mercado de Ciudad Merliot. “Eso se llama aprovecharse, es avaricia de esa gente, y esos que ya tienen son los que más chingan y rechingan”, dice Martínez Merino. El Faro pudo documentar 11 de esos casos expuestos por Martínez Merino, pero la Adesco asegura que los que regresaron fue porque no se adaptaron a la vida en los lotes asignados y que en algunos casos las mujeres y niños sufrían acoso. La Adesco no ha interpuesto denuncia sobre ello ante ninguna institución.
El último argumento de Martínez Merino contra el convenio es que su predecesor, Óscar Solís, formalizó el 1 de abril de 2009 con el Gobierno de Antonio Saca, el ISTA y el Viceministerio de Vivienda que la Cooperativa les entregaría un finiquito para eximir a dichas instituciones de cualquier responsabilidad sobre la promesa de construirles las viviendas con cancha, escuela y clínica en el otro terreno, a cambio de que las tierras que estaban destinadas al proyecto habitacional, en manos del ISTA, pasaran a la Cooperativa. Y así fue.
“Pero ese finiquito es completamente ilegal”, ataja Pedro Manzano, presidente de la Adesco y miembro de la Cooperativa hasta 2006. Manzano retoma un informe del Ministerio de Agricultura (MAG) que señala que Solís fue presidente de la Cooperativa entre 2003 y 2010, después de cuatro años de haber ejercido como vocal de la directiva entre 1999 y 2003. La Ley general de cooperativas de la reforma agraria establece que una persona solo puede ser parte de una directiva de cooperativa durante dos períodos consecutivos de dos años cada uno. Solís firmó el acuerdo de finiquito con el gobierno en 2009, ya en período de ilegalidad. Además, Solís entregó el finiquito sin el aval de la asamblea general de cooperativistas, algo que también viola la ley.
De esta forma, el Estado salvadoreño, 16 años después de firmar el convenio, se desentendió de él gracias a un finiquito que le extendió una persona que no tenía potestad para hacerlo.
Martínez Merino insiste en que el finiquito es legal y su argumento es que el gobierno no puso reparos en aquella ocasión. “El Ministerio de Agricultura no dijo nada en el momento, se le notificó y no hizo ninguna observación, por lo que definitivamente es legal”, dice Merino. El dirigente cooperativista hace referencia a la funcionaria del Ministerio que nunca anuló la credencial de presidente de Solís. Esa funcionaria fue demandada en 2012 ante la Fiscalía por el que entonces era ministro de Agricultura, Guillermo López Suárez.
El finiquito y las trampas
El desalojo de las 58 familias no llegó de sorpresa a la comunidad. Fue un golpe avisado. En los meses anteriores a cuando los Dueñas promovieron la demanda en el juzgado de Antiguo Cuscatlán, enviaron como emisarios a sus abogados para intentar llegar a un acuerdo sobre el inmueble.
Arístides Perla dice que la propuesta incluía la mediación de la Cooperativa, pues en abril de 2009 esta se comprometió a trasladar a los beneficiarios del convenio a otra zona de la finca. Ese era parte del finiquito, y el acuerdo era que la Cooperativa indemnizaría de alguna manera a toda aquella familia que abandonara el caserío.
Había dos maneras de indemnizar a las personas que salieran de la comunidad. Se les entregaría 8 mil dólares en efectivo o bien un lote de 150 varas cuadradas en otra zona de El Espino -no la del convenio- para la construcción de su nueva casa.
Alrededor de 70 familias desde 2009 a la fecha se dejaron tentar ya fuera por el dinero o por el lote de 150 varas cuadradas, y el presidente de la Cooperativa, Miguel Martínez Merino, asegura que los que se han quedado lo han hecho porque son tercos.
La oferta de los lotes tal vez no suene mal, aunque ya marca una diferencia respecto del compromiso del gobierno de darles viviendas construidas. Sin embargo, el ofrecimiento tiene un problema: los lotes de 150 varas cuadradas a los que serían trasladadas las familias están ubicados dentro de la reserva forestal protegida por el Decreto 432 y donde están prohibidas las construcciones. “¿Cómo nos vamos a ir a esa zona protegida? Es más fácil que un día nos saquen de ahí. Y con lo del dinero, ¿usted cree que 8 mil dólares vale una casa hoy día?”, se pregunta Nelson Recinos, aquel hombre de la comunidad que estaba en los juzgados el día en que la Cámara ordenó el desalojo.
Y para aquellos que aceptaron, aquellos lotes tampoco pasaron a su nombre. La lotificación no está inscrita ante el Centro Nacional de Registros debido a la protección del Decreto 432, que prohíbe las construcciones por tratarse de zona forestal protectora de suelo, contigua al Ecoparque El Espino.
Pero eso no es todo, las consecuencias de que no existieran escrituras a favor de los asociados permite, por ejemplo, que 15 de estos lotes hoy estén embargados a favor de un abogado ajeno a la Cooperativa. Ese abogado es Raúl Velázquez Hidalgo y fue contratado por el expresidente Solís para escriturar unos lotes, pero como el trabajo quedó a medias, no se le pagó, explica el presidente actual de la Cooperativa. El abogado Hidalgo reclamó un total de 105 mil dólares a la Cooperativa y como no los recibió pidió a un juez que embargara esos lotes ubicados contiguo al Ecoparque El Espino.
El juez de lo laboral de Santa Tecla, Miguel Ángel Reyes Hernández, ordenó el embargo en febrero de 2011. Reyes Hernández luego fue destituido por casos reiterados de mala aplicación de ley. En enero de 2012 fue desaforado por la Corte Suprema en medio de 11 investigaciones internas en su contra por mala administración de justicia. Ninguno de los casos está relacionado con El Espino.
El Estado sordo que tampoco investiga
Etelvina Inglés, la mujer de 60 años que esta tarde de septiembre prepara el fuego con leña para calentar la sopa, no puede identificar un único responsable por la falta de cumplimiento del convenio que nunca le dio una vivienda. A ella, la frase “el Estado es el culpable” le parece difusa, y la idea del desalojo la materializa con la visita que un empleado judicial le hizo en agosto. El hombre llegó a tomar medidas de las viviendas y a tomar datos biográficos de los habitantes como parte de la demanda judicial. A ese Estado-hombre, Etelvina Inglés trató de ablandarle el corazón: “¿Que acaso no tiene hijos?”, le preguntó. “¿Para dónde se iría con sus hijos si le dijeran que tiene que irse de donde vive?”, le increpó, y Etelvina Inlgés sintió que le hablaba al Estado por primera vez, y comenzó a notar que los colores en la piel de aquel empleado judicial se iban y venían de la vergüenza.
Para Etelvina Inglés, el Estado es eso: un hombre apenado, incapaz de mirarle a los ojos, mientras procesa el trámite que a ella y a su familia les dará una patada por la espalda. “No tengo a dónde ir”, le dijo Etelvina a aquel hombre. “En San Vicente, donde nací, ya no tengo a nadie”.
Cuando en 2012 el ministro López Suárez interpuso un aviso ante la Fiscalía en el que detallaba una quincena de irregularidades de la administración de la Cooperativa desde 1999, de una vez pidió que investigara todos los negocios suscritos por Solís, el expresidente de la Cooperativa, para buscar, eventualmente, su nulidad.
La denuncia tuvo como base una investigación del Departamento de Asociaciones Agropecuarias (DAA) de 2012. El informe señalaba que la Cooperativa eligió en numerosas ocasiones de manera ilegal a los miembros del consejo directivo, también suscribió de manera ilegal préstamos y mutuos hipotecarios, y que aprobó la donación de terrenos a iglesias, algo prohibido por ley. En muchos de estos casos, en las asambleas generales donde se aprobaron estos asuntos no había delegados del DAA, como ordena la ley.
La investigación del DAA también reveló que esa oficina había sido demasiado condescendiente con la Cooperativa. La anterior jefa del DAA, Gladys Marina de Hernández, por ejemplo, en 2007 regaló dos años más en el cargo de presidente a Solís, y después dos prórrogas de seis meses -algo no contemplado por las normativas para elegir directivos de cooperativas-, esta última cuando ya él tenía seis años de permanecer ilegal en el puesto. Solís fue directivo entre 1999 y 2010 pero debió haber salido en 2003.
El presidente actual de la cooperativa, Miguel Martínez Merino, quien también está en la junta directiva desde 1999, se desmarca de las anomalías que denunció López Suárez diciendo que fue el mismo DAA el que incumplió su papel de vigilar las actividades de la Cooperativa. “Nunca nadie nos dijo nada, y en las asambleas en las que los técnicos del Departamento participaban, menos. ¿Por qué hasta ahora están diciendo estas cosas?”, dice Martínez.
El presidente de la Cooperativa dice que debido al perfil de los cooperativistas es esperable que cometan algunas faltas. “Muchos socios ni siquiera saben leer ni escribir, y abogados no somos”, alega, y agrega que por esa misma razón el DAA debería estar más atento. A Martínez se le explicó que según una auditoría del DAA, muchas de las asambleas generales en las que la Cooperativa aprobó préstamos o mutuos nunca tuvieron delegados del DAA, lo cual era requisito, y en otros casos tampoco había firmas de todos los miembros del consejo directivo o de la junta de vigilancia. “Según el DAA, todo lo que hicimos fue legal en su momento. Ya si el Departamento dice que no estuvieron en las asambleas es cuestión de ellos porque nosotros siempre les avisamos. No sé si es que habrán desaparecido los informes o los habrán escondido”.
Entre 2002 y 2010, la Cooperativa vendió el 65 % de las 850 manzanas que había heredado de la Reforma Agraria y cuya venta estaba prohibida por la Ley de cooperativas. Lo claro para el Ministerio de Agricultura y Ganadería es que la Cooperativa se salió del cauce regular pues en todas las ventas primero había ocurrido un proceso de embargo. La principal sospecha era que las subastas en las que se remataban las tierras se daban como resultado de aparentes arreglos con empresarios. La mayoría de las subastas que ocurrieron desde 2002 hasta la fecha se produjeron en el juzgado de lo laboral de Santa Tecla, con el juez Miguel Ángel Reyes Hernández, aquel juez desaforado que ordenó el embargo de los 15 lotes de la zona del Polideportivo de Merliot, propiedad de la Cooperativa.
En su denuncia ante la Fiscalía, López Suárez detalló seis contratos que la Cooperativa de Solís suscribió con algún tipo de irregularidad. “Contratos ilegales”, era el título del capítulo de la denuncia. Uno de esos contratos ocurrió el 30 de mayo de 2009 cuando la Cooperativa adquirió un préstamo con Portal y Asociados S.A. de C.V. por 1.12 millones de dólares. El crédito nunca fue pagado y tres años después la Cooperativa tuvo que entregar las 6.9 manzanas de su propiedad que habían sido embargadas por la deuda. Un caso similar ocurrió en 2006 cuando un préstamo por 2 millones de dólares se convirtió en una subasta de 127 manzanas de tierra que fueron compradas por el abogado Roberto Argueta Manzano, que hoy es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, y a quien entonces la misma dirigencia de la cooperativa lo identificó como su prestanombres.
El DAA sostiene en su informe que a veces la ilegalidad radicaba en que los contratos suscritos por Solís Girón en realidad no habían sido aprobados por los cooperativistas en asamblea general.
Un ejemplo es la deuda de 300 mil dólares que en 2009 la Cooperativa adquirió con la señora María Justa Esperanza Moreno de Peña. Para certificar dicho trámite, la Cooperativa presentó ante el DAA documentos con faltantes de firmas del consejo de dirección y de la junta de vigilancia, que es el organismo interno de control de la Cooperativa.
“Todo lo aquí expuesto -decía el ministro López Suárez en su denuncia de julio de 2012- no pudo haberse llevado a cabo sin la participación, ya sea por acción u omisión, de todas las instituciones que intervinieron en las distintas etapas de las enajenaciones, tanto en la habilitación de los directivos, como en la autorización de las parcelaciones, el registro de transferencias a asociados e hipotecas, y las adjudicaciones en pago de la tierra de la cooperativa”.
La denuncia durmió un sueño profundo y nunca se judicializó. Tan solo dos semanas antes de aquella denuncia, la finca El Espino acababa de perder, sin que nadie dijera nada, siete manzanas en una subasta en un juzgado de Tonacatepeque. Parte de las tierras rematadas pertenecían al proyecto habitacional del convenio de 1995 y al que aquellas 58 familias del caserío siguen esperando llegar.
Pero la pasividad de la Fiscalía también se ha llevado de encuentro otros intereses. Los de la Cooperativa actual, por ejemplo. Martínez Merino, el presidente, dice desconocer qué destino han tenido las denuncias que interpuso ante la Fiscalía contra el expresidente Solís y contra el abogado Raúl Velásquez Hidalgo, quien les ha embargado 15 lotes por 105 mil dólares.
Otros que también han salido afectados por la inactividad fiscal son los hermanos Dueñas, quienes se quedaron sin saber qué pasó con la demanda de usurpación que interpusieron en julio de 2012 contra los habitantes del caserío El Espino y cuyo aparente estancamiento los obligó a buscar la vía civil para intentar desalojar a sus inquilinos. “Yo entendería que la Fiscalía archivó el caso, pero no sé qué pasó, era responsabilidad del fiscal”, dice Arístides Perla, el abogado de los hermanos Dueñas. El Faro preguntó a la Fiscalía qué había sido de la demanda, pero hasta el cierre de este reportaje no había dado respuesta.
De regreso en el caserío, la esperanza de las 58 familias está en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta Sala tiene en estudio seis peticiones de amparo hechas por la Adesco entre octubre y diciembre del año pasado por dos motivos. Primero, por la inminente subasta no judicial que el ISTA había organizado para rematar la mitad del terreno en el que, según el convenio de 1995, las familias tendrían sus casas. Segundo, por la demanda de usurpación que los Dueñas habían interpuesto contra ellos en 2012.
La Sala admitió una de las solicitudes el 23 de octubre y en la resolución emitió medidas cautelares en el entendido de que las familias del caserío podían quedar en completa vulnerabilidad al estar en medio de dos partes en conflicto. “(...) se pretende vender y desalojarlos del inmueble que habitan, por usurpación; y además, se ha ordenado la venta de los bienes raíces en lugar de darle lotes a las familia para cumplir con el convenio [suscrito con el Gobierno de El Salvador]…”, rezaba la admisión 811-2013 de la Sala.
Aún es temprano para saber si las 58 familias tendrán que irse o no. Todo parece depender de la apelación del caso que subirá a la Sala de lo Civil y de la resolución de los amparos interpuestos en la Sala de lo Constitucional.
