Buenoa Aires, ARGENTINA. La cancillería argentina habilitó ayer un sitio web que contiene 5832 documentos desclasificados que permanecían resguardados en sus archivos. La documentación que ha sido desclasificada corresponde al periodo comprendido entre 1976 a 1983, época en la que se estableció la dictadura militar encabezada por el presidente de facto Jorge Rafael Videla. La documentación desclasificada revela que el gobierno argentino mantenía fuertes relaciones diplomáticas con el gobierno salvadoreño del general Carlos Humberto Romero que fue derrocado por un golpe de Estado el 15 de octubre de 1979.
Al hacer uso del buscador de la herramienta digital para ubicar archivos relacionados con El Salvador, nos encontramos, por ejemplo, con un documento con fecha 15 de julio de 1979, originado en la embajada de Argentina en San Salvador, que informa sobre “conversación con nuncio apostólico relativo a elevar de viva voz al Vaticano informe sobre actividades de arzobispo Romero”. También la embajada argentina en San Salvador solía informar a la cancillería sobre la convulsión socio-política que estaba atravesando El Salvador y veía con especial preocupación las huelgas, los movimientos “subversivos” y las actuaciones de monseñor Romero: “Embajada de la República en San Salvador informa que arzobispo Romero apoya desde su diócesis y a través de sus medios de difusión a elementos subversivos”, aseguraba un documento del 14 de mayo de 1979.
Una de las hipótesis que se han manejado sobre el asesinato de monseñor Romero es que el francotirador que ejecutó al prelado fue un miembre de las fuerzas armadas argentinas enviado por la dictadura.
Los documentos desclasificados también demuestran que el gobierno de Argentina, encabezado por el militar Videla, brindaba ayuda al gobierno de El Salvador en materia de alimentación y medicamentos a cambio de que El Salvador apoyara a Argentina dando sus votos para sus candidatos a embajadores en la ONU y en la OEA. “Embajada de la República consulta si El Salvador está incluido en lista de beneficiarios de donaciones de trigo, recomienda incluirlo”, decía un cable de la embajada argentina originado en San Salvador el 10 de mayo de 1979. El periódico argentino Página 12 revela que entre los documentos “Hay menciones a tareas de las agregadurías militares, apoyos, capacitaciones, intercambios de inteligencia y ventas de armas y contactos con organizadores de los escuadrones de la muerte de El Salvador”.
En la resolución n° 239 que contiene el índice de todos los documentos desclasificados se pueden encontrar, al menos, 50 documentos provenientes de la embajada argentina en San Salvador. Los cables desclasificados pueden consultarse en este enlace en el sitio web del ministerio de relaciones exteriores. El objetivo de poner a disposición del público estos documentos es “dar a conocer cómo la dictadura se valió de las instituciones del Estado”, dice el comunicado de prensa de la Cancillería argentina.
El 15 de junio de 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina establecieron un convenio que permitió la creación de la Comisión de relevamiento para la recuperación de la memoria histórica de la cancillería argentina. Esta Comisión solicitó en el 2012 la desclasificación de la documentación generada en la Cancillería argentina entre los años 1976 a 1983.
La Comisión ordenó, clasificó y digitalizó la documentación de la Cancillería. Este proceso comenzó en el 2009 con una primera desclasificación de 1531 documentos conocidos como el archivo Forti. Esta primera etapa fue realizada por la misma Cancillería. En 2011, y ya con la colaboración de la Comisión, se realizó la segunda desclasificación de documentos que culminó en mayo de 2014.
Esta acción argentina se suma a otras relevelaciones recientes sobre violaciones a DDHH durante la guerra civil salvadoreña. Hace pocas semanas el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR, por sus siglas en inglés), reveló en detalle el contenido del 'Libro amarillo', un documento presuntamente elaborado por los militares salvadoreños en las décadas de los años 70 y 80 que contiene casi 2 mil nombres y que, comparado con archivos históricos, evidencia que cuatro de cada 10 personas en esa lista terminaron torturadas, desaparecidas o asesinadas. El UWCHR se hizo con el documento en 2011 y presentó su análisis al público este septiembre.
