El caso judicial que está abierto en España por el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras domésticas, seguirá su curso y los tribunales españoles podrán seguir investigando el crimen bajo la categoría de delito de lesa humanidad, según una resolución de este viernes de la Audiencia Nacional de España. La decisión reflota un proceso judicial que en marzo comenzó a languidecer después de que la derecha parlamentaria en España limitara las investigaciones penales que podían conocer los jueces de ese país.
El alcance de la investigación, en el que 20 militares salvadoreños son señalados como presuntos responsables, se había reducido al punto de que las víctimas ya no eran ocho sino cinco, y el delito investigado era el de terrorismo, no crímenes contra la humanidad.
Esto había sucedido porque el Parlamento español aprobó una reforma en marzo que prohibía a los jueces españoles seguir investigando causas de hechos ocurridos en el extranjero y en el que las víctimas tuvieran nacionalidad distinta a la española.
Precisamente, investigar sobre crímenes contra la humanidad cometidos en otro país que no fuera España y en el que las víctimas no necesariamente eran españolas era atribución de la Audiencia Nacional gracias a la aplicación del principio de jurisdicción universal de la ley española vigente desde 1985. Este principio supone que cuando se trata de delitos contra la humanidad, no hay fronteras geográficas ni nacionalidades que valgan.
La investigación del caso de los jesuitas, con la reforma a dicho principio de jurisdicción universal que entró en vigor el 1 de marzo pasado, de pronto se vio alterada, pues en la práctica implicaba que el juez investigador debía excluir a las víctimas salvadoreñas y quedarse solo con los cinco jesuitas de nacionalidad española, Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. Las víctimas salvadoreñas son Elba Ramos, la colaboradora doméstica de los jesuitas, y su hija Celina, estudiante, así como el sacerdote Joaquín López, nacido en Chalchuapa, Santa Ana.
La reforma también obligaba a que la masacre, ocurrida la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el campus de la UCA, en San Salvador, ya no se judicializara como un delito de lesa humanidad. Alfredo Cristiani, presidente honorario de Arena, era el gobernante en esos años.
Pese a los límites que puso la reforma a la ley 1-14 del 1 de marzo pasado, el juez instructor de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidió mantener abierto el caso por el delito de terrorismo contra los victimarios salvadoreños. Uno de estos, el general René Emilio Ponce, que era coronel cuando en 1989 comandaba el Estado Mayor de la Fuerza Armada de El Salvador, ya falleció. Otro de los procesados, el general Juan Orlando Zepeda, es candidato a diputado por el partido Arena para los comicios de 2015.
El juez Velaco también ignoró una disposición transitoria, contemplada en la reforma, según la cual el caso debía archivarse hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomara el caso para definir su destino. Por haber mantenido el caso abierto, la Fiscalía española recurrió el proceso pues, a su modo de ver, el expediente no tenía otro destino distinto al archivo, como lo ordenaba la disposición transitoria.
También el Centro para la Justicia y la Transparencia (CJA, en inglés) recurrió la decisión del juez, aunque lo hizo en el sentido contrario. El CJA reclamaba que el juez hubiera sacado de oficio el crimen de lesa humanidad del caso y las víctimas salvadoreñas, en obediencia a la reforma. Por ambas apelaciones, el caso subió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que este viernes dio la razón al CJA y ordenó que además de que se investigue a los militares salvadoreños por terrorismo, sean procesados por el delito internacional contra la humanidad.
'El caso se mantiene como estaba al principio, es decir, incluyendo las víctimas salvadoreñas, sacarlas no tenía sentido, este caso es para los salvadoreños', dijo Almudena Bernabéu, abogada del CJA, querellante del caso.
La ley procesal española prohíbe que cuando los procesos penales están en una etapa avanzada -denominada jurídicamente etapa de diligencias previas al sumario- los casos no pueden archivarse, según explicó Bernabéu, y esa es una de las razones por las cuales la Audiencia resolvió a favor de mantener vigente la investigacion.
La resolución de la Audiencia, según Bernabéu, es el primer paso para que el sistema español deje de aplicar la reforma a la ley 1-14 o que, incluso, le revoque. La jurista recordó que hay otros casos en estudio en la Audiencia Nacional que se vieron truncados de alguna manera por la reforma, como el que investiga el asalto a la embajada española en Guatemala en 1980, en el que murieron tres españoles, o como el que indaga sobre la muerte del periodista José Couso en Irak tras recibir disparos de militares estadounidenses. En ambos casos, la Audiencia Nacional también resololvió mantener abiertos los procesos.
El CJA presentó en noviembre de 2008 la demanda por el caso jesuitas ante la Audiencia Nacional aprovechando la jurisdicción universal, y en 2011 el juez Velasco emitió un auto de procesamiento en el que ordenaba la captura de 20 militares salvadoreños, entre ellos Mariano Amaya Grimaldi, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Francisco Elena Fuentes, Tomás Castillo, Gonzalo Guevara Cerritos y Antonio Ramiro Aválos. La lista también incluía el nombre de René Emilio Ponce, pero este falleció el 2 de mayo de 2011, a los 64 años de edad.
El análisis de la Sala, según explicó Bernabéu, fue que si los 20 militares salvadoreños estaban siendo procesados por el delito de terrorismo al presuntamente haber asesinado a lo cinco jesuitas españoles, debían ser procesados también por el delito de lesa humanidad, debido a que se trata del mismo hecho.
En términos procesales, lo que la Audiencia Nacional estableció es que hay concurso en los delitos de asesinato terrorista y del crimen de lesa humanidad. “Es como que alguien robe mi casa y me mate, y el juez decida que hay que investigar tanto la muerte como el robo, y no solo el más grave de ellos, que sería el asesinato”, ejemplificó Bernabéu.
“Lo importante es que el caso vuelve a su etapa original, están todos los procesados y todos los delitos, y lo más importante es que se incluyen como víctimas a Elba y Celina Ramos, las colaboradoras de los padres jesuitas”, añadió la jurista.
