Los viajes de Almudena Bernabeu por América Latina se cuentan por casos judiciales de relevancia internacional y por heridas en la historia de los países que visita. El genocidio Ixil en Guatemala, la represión de Pinochet o el asesinato de Víctor Jara en Chile, o estos días el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC en Colombia la llevan y traen de un lado a otro, de un juicio o debate jurídico a otro. La ultima vez que estuvo en El Salvador fue para conmemorar los 30 años del asesinato de Monseñor Romero. Esta vez la traen los 25 años de la matanza de los sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica Elba Ramos y su hija, Celina, perpetrado en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) por el ejército de El Salvador en la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
Agotadas en 2000 las posibilidades de que hubiera en El Salvador un juicio contra los posibles autores intelectuales del crimen, en 2008 Bernabeu -en nombre de los familiares de las víctimas y de la Compañía de Jesús- acusó formalmente a una veintena de militares salvadoreños ante un juez de la Audiencia Nacional española. De ella es la culpa o el mérito de que en 2011 ese mismo juez, Eloy Velasco, emitiera una orden de captura internacional por los delitos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad contra los todos los involucrados, entre ellos los generales retirados Rafael Humberto Larios, Orlando Zepeda y Rafael Bustillo, que al saberse perseguidos se refugiaron en un cuartel militar con el aval del ministerio de la Defensa y la Presidencia de la República. “Te debo confesar que a nivel muy personal fue una victoria que se asustaran tanto personajes tan poderosos de la historia salvadoreña”, dice Bernabeu al recordar el acuartelamiento de los procesados, que finalmente no fueron extraditados a España. “Estos señores me da igual que tuvieran una noble y loable carrera militar; en noviembre de 1989 se convirtieron en vulgares asesinos de niñas y sacerdotes”, agrega la abogada, en su usual tono expresivo y acentuado.
Bernabeu, abogada senior del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) con sede en San Francisco, y vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, habla en esta entrevista de los círculos de impunidad que han impedido que un proceso judicial sobre caso Jesuitas prospere en El Salvador, pero también de cómo el caso está sentando jurisprudencia en España y Europa en materia de justicia universal. Hace siete meses la Audiencia Nacional estuvo a punto de archivar el expediente de los jesuitas por una reforma legal que trataba de limitar la aplicación de la justicia universal en España, pero el 3 de octubre el juez Velasco sorprendió al mundo y mantuvo vivo el caso por considerarlo un crimen de lesa humanidad. A esta abogada valenciana de 42 años solo le queda el mal sabor de boca de haber tratado tres veces, sin éxito, de que se acuse también del crimen al expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani, a quien señala, convencida, como responsable último de un crimen de Estado cometido por su alto mando, y como encubridor de la matanza. La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha bloqueado hasta ahora sus requerimientos y ha exigido más pruebas antes de proceder contra el expresidente de la República y firmante de los Acuerdos de Paz.
Esta cazadora de criminales de guerra ya se sentó con El Faro en 2010. En aquel entonces decía que la Ley de Amnistía eventualmente iba a tener que desaparecer, desplazada por sentencias internacionales que terminarían influyendo a nivel local en El Salvador. El tiempo parece darle la razón: la Corte Interamericana de Justicia ordenó en diciembre de 2012 a El Salvador desmontar la Ley de Amnistía e impedir que siguiera siendo obstáculo para procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. “La cobardía y la falta de voluntad (para superar en estos momentos la ley de amnistía) viene de los fiscales, pues ellos tienen el poder de abrir una investigación y presentarla ante los jueces para que estos decidan si se trata de crímenes políticos (amnistiados), o si se trata de crímenes de lesa”, reclama Bernabeu. En todo caso, la última barrera para que eso ocurra puede caer pronto: la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debate desde hace meses la posible inconstitucionalidad de la ley de Amnistía firmada en 1993, y sus magistrados han adelantado recientemente que están cerca de emitir sentencia al respecto. “Mi esperanza es que vamos a ver una evolución en los próximos años. La Corte Suprema salvadoreña va a emitir importantes decisiones en los próximos meses y en los próximos años, que van a dar la fuerza a los jueces de instancia para que empiecen a no aplicar la Ley de Amnistía”, dice.
Mientras eso ocurre, la prioridad de Bernabeu es presionar en Washington para que el exviceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, el único de los acusados por el crimen de los Jesuitas que no está en El Salvador, sea extraditado a España antes de completar en abril de 2015 la sentencia de 21 meses de cárcel que cumple en un penal de Boston por delito migratorio. Si Montano es deportado a El Salvador en vez de ser extraditado, el juicio en España nunca se celebrará.
Hace tres semanas, aunque no terminó siendo así, parecía que el caso jesuitas estaba a punto de archivarse en España. La historia del caso ha sido una sucesión de trabas y más trabas para que no se conozcan los últimos responsables del crimen. ¿Podemos pensar en que habrá nuevos obstáculos pronto?
La respuesta es sí y no. El caso es verdad que ha sufrido y sigue sufriendo baquetazos procesales, y es una batalla que continúa, pero precisamente por la importancia que creo que tiene para el pueblo salvadoreño y para la comunidad internacional es que continúa generando escenarios de sorpresa procesal, o de disparate procesal, o de enormes cosas positivas, o de cosas negativas, que creo que es muy importante para la justicia, para el derecho. Los jesuitas siguen haciendo, después de muertos, lo que creo que hacían en vida (ríe): empujar poco a poco el establishment. A veces me da gusto pensar, y ojo, nadie está utilizando sus muertes, ni las de doña Elba y Celina, ni muchísimo menos, que en esta gran cruzada para la justicia con el caso jesuitas estamos entre todos siguiendo un poco su labor, con la misma perseverancia que tenían ellos, de mejorar las cosas.
Pero sí tiene usted razones para pensar que el caso tendrá nuevos obstáculos.
Parece obvio, pero es importante que la gente entienda la gravedad, en el contexto de 1989, de este crimen. Este crimen le puso fin a la guerra civil en El Salvador, aunque es cierto que ya se estaba buscando el proceso de paz, y que desde Washington ya se estaban retorciendo brazos a para que los militares cambiaran el rumbo de las cosas. En mi opinión, y perdonadme la expresión, el crimen fue una cagada, la cagada más grande que cometieron los militares durante... y mira que cometieron muchas. Ellos lo que pretendían era prolongar y perpetuar la situación de privilegio y de poder de la que habían gozado y que se habían ganado durante la guerra civil, como bien lo dicen los documentos desclasificados del caso. Por eso la decisión de matar a los jesuitas es la decisión más torpe de las decisiones militares tomadas en El Salvador: porque quitó el poder a los militares, y eso hace que sea y seguirá siendo un caso difícil de investigar. Este crimen atacó al Ejército y mermó su capacidad, incluso durante el proceso de paz, su capacidad negociadora, y les negó algunas de las cuotas de poder que ellos querían asegurarse. La relevancia y la gravedad del crimen hizo que casi desde el principio fuera uno de los crímenes más investigados y sobre el que más atención internacional se ha puesto, prácticamente desde el año 90.
¿Y ha servido de algo?
Que se investigara tanto se debió a las presiones norteamericanas, a que este crimen es el padre de la Comisión de la Verdad. Es el primer crimen que investiga la Comisión, y después hay una serie de crímenes emblemáticos que se incluyen en el informe. También se debe a los jesuitas y a la Universidad de la UCA, con toda su presencia histórica en El Salvador, que no ha abandonando nunca la pelea por investigar y por que se obtenga verdad. Eso provoca que haya un proceso en el año 90, que termina siendo una estupidez y un disparate como proceso, aunque acabe con dos condenas. Luego hay un devenir hasta el año 2000, cuando se consigue una decisión importantísima de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que luego se cae, pero que esta ahí, y que de alguna manera está ayudando a la Corte Suprema actual para seguir con el tema de la amnistía, La sala de lo Constitucional va a sacar una decisión, y será, seguramente, contraria a la amnistía.
Y en tercer lugar, todo esto abrió la posibilidad de abrir un caso en España. Y ha sido uno de los casos más importantes de la justicia universal, porque permitió votos unánimes donde nunca los ha habido: en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en el Gobierno en España. Hace dos o tres semanas, pensábamos que se había perdido todo o mucho con el tema de la reforma del pasado marzo (una reforma legal que limitaba la aplicación de la Justicia universal en España), que fue una barbaridad de reforma, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en pleno, votó a favor de mantener la justicia universal por crímenes de lesa humanidad, y para ese gran revés a la reforma se utilizó el caso jesuitas. Es el caso que puede salvar la justicia universal en España y en Europa.
Detrás de toda la resistencia a que se investigue más el caso y se juzgue, ¿hay algún nombre específico?
Pues mirá, hay diferentes nombres a lo largo de la historia de la que debo hablar, que es la mía como abogada, empezando en 2008... El primer obstáculo importante fueron el expresidente Alfredo Cristiani y sus delegados, el señor Salvador Samayoa y un par de personas más...
Óscar Santamaría, exministro de Relaciones Exteriores de Alfredo Cristiani.
Exactamente. Ellos se desplazaron a España para hablar con miembros del gobierno, que en aquel momento era del Partido Socialista, y hablaron con la secretaría de Estado para Latinoamérica. Ahí estaba un viejo amigo, un diplomático importante español, una persona ecuánime, muy decente, que consideró que era importante que yo supiera que estas personas se habían presentado en su despacho para decirle que por favor pusiera presión en la Audiencia Nacional para que no se dictara auto de procesamiento contra el expresidente Alfredo Cristiani, a quien yo había señalado en mi querella original por encubrimiento. Este caballero, este diplomático español, miembro del gobierno en aquel momento, estaba absolutamente anonadado, estupefacto de que en el año 2009 o 2010 seres humanos que se consideran sofisticados, expresidentes, que van por el mundo de ejemplo de democracia, creyeran que se puede ir a España a decirle a un miembro del Ejecutivo que por favor interfiera en el poder Judicial, que fundamentalmente es lo que le dijeron. En un país como el mío, donde existe la separación de poderes, ellos consideraban que la judicatura podía ser tan corrupta y el gobierno tan inapropiado como lo han sido históricamente en El Salvador.
¿Por qué la Fiscalía se ha opuesto a procesar a Cristiani, entonces?
Me cuesta distinguir las razones legales de las razones políticas por las que no se ha conseguido procesar al señor Cristiani. El tema fue que antes de que hubiera una decisión sobre la admisión de la querella es cuando él manda a sus emisarios. Y a partir de esa visita -por eso digo que no puedo separarlo- empiezan a haber rumores en la Audiencia de que efectivamente la Fiscalía, que según el sistema de justicia español tiene el derecho de apelar una decisión de admisión a trámite de una querella, no iba a aceptar la inclusión de Cristiani. Nosotros, siguiendo la investigación del Idhuca y de la UCA, lo habíamos nombrado por encubrimiento, aceptando que no teníamos suficiente información sobre su participación intelectual. Nos faltaba demostrar con pruebas que él estuvo en las reuniones, lo cual para mí es una forma limitada de entender dentro del proceso penal la responsabilidad... pero bueno, las leyes penales españolas no son particularmente modernas. Y en varias ocasiones hemos querido mostrarle al juez que hay más pruebas, pero él quiere un testimonio que diga que el expresidente Cristiani sabía que se iba a cometer el crimen.
Si no tiene ese testimonio, ¿qué pruebas incriminan al expresidente Cristiani?
Al señor Cristiani se le ubica, según los documentos a los que tuvimos acceso, como una persona a la que el señor Emilio Ponce informó sobre el crimen cometido. Hay nueva información de documentos desclasificados que ha procesado la profesora Terry Karl y que arrojan información sobre comunicaciones que tuvo Cristiani en los momentos previos a cuando supuestamente se sabía. Y cuando la decisión ya se ha tomado del todo, el grupo pequeño -que eran el señor Orlando Zepeda, el señor Inocente Montano, el señor Emilio Ponce y el señor Héctor Elena Fuentes con alguna persona más- dicen: 'sí, vamos a decírselo a Cristiani, y si Cristiani no da el visto bueno, no vamos'. O sea, dan a entender que sí se le dio al expresidente la posibilidad de retirar la orden. La primera persona, por ejemplo, que sabe del asesinato es Cristiani. Eso está probado por todas partes en los documentos que pudimos rescatar.
Para intentar ser riguroso: una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que arroja la prueba. En mi opinión, el tema es que estamos hablando del Alto Mando del Ejército y de miembros del gobierno de 1989. Y por militar que sea el gobierno, cuando este toma la decisión de asesinar a personas de la sociedad civil tan importantes como los jesuitas de la UCA, no cabe duda de que el gobierno por entero lo sabe, incluyendo al presidente. Esas eran las circunstancias políticas de El Salvador de 1989. Ahora bien, cuando uno entra a la prueba que hace falta para un proceso penal, lamentablemente, la presencia... Ellos se cuidaron mucho de no incluir a Alfredo Cristiani en las reuniones. Y eso puede ser por varias razones: una, porque no confiaran en él porque era un presidente civil; o dos, que quisieran tener a alguien que quedara libre de toda implicación para que después les echara una mano con la Amnistía y otra serie de negociaciones que iban a venir a continuación. Los militares, durante los últimos 25 años, se han empeñado en dividir eso. Y Cristiani, en su defensa en Estados Unidos y en sus conversaciones con la comisión Moakley, etcétera, ha dicho queél era un presidente civil al que mantenían al margen de toda decisión político-militar. Pero es una versión poco plausible en una historia de El Salvador en la que el Ejército no tenía tanto poder. La tercera versión es que Cristiani sabía desde el inicio, lo cual implicaría que él es muy torpe, y todos los conocedores dicen que él es muy astuto y listo.
¿Es habitual se haga lobby frente a un gobierno extranjero como lo hicieron los lobistas de Alfredo Cristiani?
Es embarazoso y es políticamente reprochable. ¿Qué decirte? No estamos hablando de gente ingenua, ni de puristas. Estamos hablando de un gobierno español y de un diplomático y político, con profunda experiencia y sabiduría, en aquel momento secretario de Estado. Pero estamos hablando también de gente que tiene principios y que éticamente sabe cuáles son sus obligaciones. Y es propio de una persona sin principios pedirle a un miembro del Ejecutivo que interceda ante el Poder Judicial. Aquello fue un insulto directo al gobierno español, y otro indirecto a mí como abogada. Lamentablemente, aquello tuvo un impacto en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la que representa los intereses del gobierno español. Estos señores se juntaron con miembros de la Fiscalía, y como consecuencia he interpuesto dos veces más la solicitud de procesar al expresidente Cristiani pero no he logrado que lo hagan.
Han pasado 25 años del crimen. Incluso bajo los nuevos gobiernos, ¿cuál es la razón por la cual sigue siendo difícil que el caso brote en nuevos procesos judiciales?
A ver, son varias cosas... Esta es mi opinión, no hablo aquí en nombre de nadie, ni de CJA. Es solo mi opinión como consecuencia de años de trabajo y de cariño a El Salvador: muchos militares responsables del asesinato de los jesuitas, y ese es su gran logro, se convirtieron -no todos, estamos hablando de un pequeño grupo selecto- en hombres de negocios y tienen poder. Y tienen nombres y apellidos: uno falleció, que es el señor Emilio Ponce, pero hay otras personas como el general Zepeda, que han mantenido poder; y Cristiani, a pesar de no ser presidente desde hace ya muchos años, es uno de los hombres de negocios más importantes de El Salvador y está considerado por Estados Unidos como presidente de la democracia. Y si me dices que hay otras personas en el poder, hay dos cosas aquí importantes y no se puede hacer demagogia: una es que en El Salvador, y en otros países de Centroamérica, después del golpe de 2009 en Honduras hay mucho miedo al Ejército. Todavía se siente que los ejércitos se pueden reagrupar. Hay una amenaza latente. No sé cuánta credibilidad dar a esa amenaza, pero creo que era un miedo justificado que tenía el presidente Mauricio Funes, al menos al principio de su administración. Yo no soy analista político, pero me gustaría saber si es una amenaza fundada o si los militares están tirando de un miedo arcaico, que todavía está en el subconsciente de la gente. Los presidentes tienen miedo a que se les levante el Ejército, y creo que la presencia del señor David Munguía Payés es representación de ese miedo.
¿En qué sentido dice eso?
Yo no sé si el señor Munguía Payés, a quien no conozco, fue de la confianza del presidente Funes. Ni siquiera si es de la confianza del presidente Salvador Sánchez Cerén. Pero con él, en mi opinión, la ecuación fue 'más vale tenerlo cerca que lejos'. Bueno, es público que es el hombre que protegió a los militares acusados cuando llegaron las órdenes de extradición a El Salvador.
Quiere decir que haber permitido el refugio a los militares cuando vino la orden de captura de Interpol evidencia el miedo del expresidente Funes, evidencia que él no quería una revuelta del Ejército durante su gobierno.
Exacto. Pero de todas maneras yo creo que mezclar una cuestión puramente ideológica, que puede tener cierto valor en el contexto histórico de guerras contra el comunismo, en el contexto de la Guerra Fría... mezclar eso con el asesinato a sangre fría de seres humanos que son además civilies y miembros de la iglesia católica, o mujeres, y una niña, me parece que eso es solo confundir al pueblo. Estos señores, los acusados, me da igual que tuvieran una noble y loable carrera militar; en noviembre de 1989 se convirtieron en vulgares asesinos de niñas y sacerdotes.
¿Qué opina de aquella decisión del ministro de Defensa David Munguía Payés de dar refugio a los militares acusados?
Bueeeno...
Con eso lo ha dicho todo.
Hombre, como tenemos tan pocas victorias en el derecho penal internacional, te debo confesar que a nivel muy personal fue una victoria que se asustaran tanto personajes tan poderosos de la historia salvadoreña. Yo sí creo se tuvieron que asustar mucho cuando llamaron enseguida a su amigo... No sé qué pacto harían ahí. Tuvieron que amenazar al presidente Funes también. Fue una cuestión olímpica y militar acuartelarse como en los viejos tiempos, recurriendo un poco la figura del motín, que por cierto es ilegal en el Ejército; porque lo que hicieron fue amotinarse, en contra del presidente Funes. Es una manera de hacerle chantaje al presidente, es una amenaza. Si tú lo piensas, se reúnen los militares más importantes de El Salvador en un cuartel, protegidos por el ministro de Defensa, y eso es una amenaza al presidente Funes. Durante la reunión en Casa Presidencial me explicaron que la administración es consciente de que ayudó a los militares durante el acorralamiento, pero no me supieron dar explicaciones de por qué el ministro Munguía Payés hizo eso.
El presidente dijo que como Ejecutivo habían hecho lo que les correspondía, que era buscarlos para arrestarlos, pero que si ellos se habían acuartelado no podían hacer nada, que la decisión era del ministro Munguía.
Bueno, claro, esa es una manera de salirse por la tangente. No sé cuánto poder tiene el ministro de Defensa. Si yo hubiera sido presidente ese señor ya no sería ministro, porque lo que hizo ese señor, posiblemente, es delito, es obstruir la justicia, es poner en peligro al Ejecutivo incumpliendo una obligación internacional. Lo que hizo ese señor es a varios niveles ilegal y compromete al Estado salvadoreño. Creo que es una irresponsabilidad por parte del presidente Funes decir que ese señor tenía la responsabilidad. Un ministro no está por encima del presidente, su jefe es el presidente.
Algunos defensores alegaron que era la Corte Suprema de Justicia la que tenía que definir si la difusión roja de Interpol significaba aprehensión o mera ubicación de los requeridos. Al final, la Corte negó la extradición porque dijo que la difusión roja solo era para ubicar y que posteriormente debía venir una solicitud de extradición.
No, creo que también fue un esfuerzo de confundir a la gente. En la ley procesal española no se pueden emitir órdenes como las que emitió el juez Velasco sin tener a las personas ubicadas. Es decir: hace falta lo que se llama filiación o ubicación anterior para poder emitir las órdenes. Es del conocimiento público que la Corte Suprema, a través de su presidente, emitió una carta en la que ubicó para el juez Velasco a los acusados y envió toda la información relacionada con las filiación de estas personas que estaban en El Salvador. Eso significa nombres, apellidos, direcciones postales permanentes, y la confirmación de que eran residentes en El Salvador. Cuando el juez Velasco obtuvo esto de la Corte fue cuando emitió las órdenes de arresto. Esas órdenes, y eso lo saben todos los países y por supuesto eso lo sabían el Ministro de Justicia y el ministro de Defensa salvadoreños, esas órdenes con alerta roja significan aprehensión, porque esas personas ya han sido imputadas. Esas órdenes son posteriores al auto de procesamiento. Entonces, la obligación de los países que han suscrito estos tratados es detener provisionalmente a estas personas a petición de una autoridad judicial extranjera y esperar el paquete solicitando la extradición. Debieron haber estado detenidos, España hubiera mandado las solicitudes de extradición y después la Corte hubiera decidido si esa extradición ameritaba o no ameritaba. Pero no dio tiempo. La Corte simplemente dejó en libertad a los militares y jamás se cumplió con la solicitud del gobierno de España y del juez Velasco.
En mayo de 2012, la Corte Suprema determinó que la decisión de extradición no procedía. ¿Qué opinas de esa interpretación?
Y fue en uso de argumentos que en mi opinión ya deberían haberse superado. Uno de ellos es el argumento de la cosa juzgada, diciendo que el proceso de 1990 era un proceso válido que ya investigó y juzgó el crimen, lo cual es un insulto profundo y perpetuo contra las familias, contra la comunidad jesuita y contra exfiscales y un juez; personas que son hoy ciudadanos prominentes en El Salvador que saben perfectamente las manipulaciones que se dieron en aquel proceso. Es un insulto a la inteligencia del mundo. La segunda cosa fue la amnistía. A mí me defraudó que la Corte se prestara a esos argumentos y sobre todo hay una cuestión muy interesante: hay una obligación importante internacional, que finalmente se ejercitó en Guatemala en el contexto del arresto a Efraín Ríos Montt, y es que, si estás dispuesto a cumplir los tratados internacionales, si tú no extraditas tienes que juzgar. Yo hubiera sido feliz si me hubieran dicho: no te los extradito porque me voy a encargar de ellos, que fue lo que pasó en Guatemala; finalmente se puso a Ríos Montt en el banquillo. Así que yo tengo esperanza de que eso se puede hacer. Lo consideraría el triunfo más importante de mi vida: que estos señores fueran juzgados en El Salvador.
El expresidente Cristiani y el general Juan Orlando Zepeda, por ejemplo, tienen vínculos actuales con la política. Zepeda incluso es candidato a diputado por San Salvador en las próximas elecciones. Por su experiencia a nivel internacional, ¿es una conducta habitual de los perseguidos por causas de guerra o crímenes de lesa humanidad mantenerse presentes en la vida política?
Me gustaría decir, primero, que en mi experiencia internacional ninguno de estos señores, ni el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, ni el señor Orlando Zepeda, ni en su momento el señor Emilio Ponce, consideran la política como un servicio público hacia su países. Tienen una visión muy sesgada de patriotismo y de cariño por sus países, que pasa por mantenerse en el poder, por tener poder, por tener influencias. Lo que hace, creo, que continúen estando en los escenarios políticos presentes es en parte la búsqueda de impunidad. Esos señores lo que quieren es salvarse, y cuanto más relevancia pública adquieran más capacidad para influir en determinadas agencias, determinados poderes y determinadas instituciones tendrán, para con eso salir libres. Es la impunidad es lo que persiguen y lo que de alguna manera justifica que estén ahí. Es un círculo vicioso. Y lo más triste es que en ningún país, excepto en estos países, ves a estas personas, que han sido declaradas internacionalmente como criminales, en posiciones de poder.
La ley de aministía fue declarada inválida para crímenes de lesa humanidad el 26 de septiembre de 2000 por la Corte Suprema salvadoreña, que además sentenció que el gobierno de Cristiani (1989–1994) no podía autoamnistiarse. El juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco también dijo eso en su auto de procesamiento de 2011. ¿Quién es el operador de justicia que impide que, apoyada en esta interpretación del derecho internacional, prospere la investigación el caso jesuitas?
Aunque no soy experta en el sistema salvadoreño, creo que la cobardía y la falta de voluntad viene de los fiscales, pues ellos tienen el poder de abrir una investigación y presentarla ante los jueces para que estos decidan si se trata de crímenes políticos o de crímenes de lesa. La Corte Suprema tomó en 2000 una decisión absolutamente inequívoca en ese sentido: si se trata de un crimen de lesa hay que continuar y no se puede amnistiar. Y ellos lo dijeron específicamente en el caso jesuitas, pero también en crímenes como el de monseñor Romero. La responsabilidad entonces cae en los fiscales que no han hecho absolutamente nada hasta hace bien poco. El presidente Funes tampoco hizo nada, que no es incorrecto, pero quizás fue un poco angosto. No fuimos más allá, en el sentido de que no se solicitó la reforma legislativa, es decir, la revocación legislativa de la Amnistía. Aunque no creo que hubiera pasado, porque esa amnistía la deciden las dos fuerzas políticas que firman la paz: el FMLN y el Ejército. Lo que sí creo que va a pasar, como ocurrió en Chile, es que operará la independencia judicial, que significa que si soy juez me da exactamente igual lo que digan el señor Cristiani, o el señor Salvador Sánchez Cerén, o la Asamblea Legislativa. Ellos tienen su trabajo, tienen sus obligaciones, que no son pocas, y a lo mejor la amnistía no está en el punto más alto de su agenda porque hay muchos otros problemas que se comen a El Salvador, como en tantos otros países, pero aquí está la judicatura para hacer su trabajo, para no sentirse ni intimidada por los militares, ni influída por las decisiones del Ejecutivo. Y la judicatura tiene que aplicar la ley, y eso se hace aplicando estrictamente el Código Penal, la jurisprudencia y el precedente jurídico. Así fue en Chile. Allí nunca hubo la coyuntura necesaria, a nivel legislativo, para que se eliminara la Amnistía. Es hasta hace apenas un mes, por primera vez, y es su segundo mandato, que la presidenta Bachelette ha propuesto la revocación. Pero estamos hablando de la revocación de la Ley después de que se procesara y muriera procesado el exdictador Augusto Pinochet. ¡Imaginate lo que han tenido que andar los chilenos sin que se revocara la Ley de Amnistía! Mi esperanza, porque yo soy la eterna optimista, es que por ahí vamos a ver una evolución en los próximos años en El Salvador. No solo en la Corte Suprema, que va a emitir importantes decisiones en los próximos meses y en los próximos años, que van a dar la fuerza a los jueces de instancia para que empiecen a no aplicar la Ley de Amnistía. Yo le digo a El Salvador: ¿por qué no, jueces salvadoreños? ¿Por qué no dejar de aplicar la Ley de Amnistía?
¿Cómo puede interpretarse que el cambio de gobierno, la llegada del FMLN, no haya servido para que el proceso avance?
No he hablado tanto con miembros del FMLN como con personas cercanas a ellos, gente que conozco de muchos años, pero pienso una cosa: creo que ellos también temen por su parte en el conflicto. Temen que se empiece a decir que si buscamos responsabilidades contra los militares hay que buscarlas también contra el FMLN. Puede ser miedo a que se abra la caja de Pandora. Y yo creo que no deberían tener miedo. Es lo mismo que les pido a las FARC (la guerrilla colombiana, que está en un diálogo con el gobierno para dejar las armas): no es lo mismo la violencia ejercida por el Estado que la ejercida por parte de un grupo resistente, aunque también ellos incurrieran en violencia y aunque en determinados momentos estamos hablando en una guerra que se convirtió en guerra civil. Nadie está eliminando eso de la agenda, pero si ese es el miedo lo que los mueve me parece caen en un error, en la dogmática de los militares, que es la de decir que la violencia del Ejército y del FMLN es la misma. Hay toda una realidad de derecho penal internacional, de doctrina, de jurisprudencia, que demuestran que no, que no es así. La violencia que se ejerce desde el Estado es mucho más grave que la violencia que se ejerce por otros grupos armados.
Lo que no quiere decir que toda violencia insurgente es perdonable.
¡No, no, no, claro! O sea, hay crímenes de guerra, hay crímenes de lesa humanidad -que creo que se cometen solo por el Estado- y hay crímenes que son en el contexto de partes iguales en un conflicto armado... Mira, nadie va a exigir ni al Ejército ni al FMLN... No entiendo por qué estas cosas están siempre tan embarradas: nadie va a exigir a nadie responsabilidades por un combate abierto entre soldados con la misma capacidad bélica que sus oponentes. El derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario están diseñados y se han creado precisamente como consecuencia de los abusos, como respuesta a la represión contra población desarmada, desamparada, y a una serie de estrategias y tácticas de ataque a la población civil utilizadas por los gobiernos militares y los Ejércitos que se comenzaron a conocer en los últimos 30 años. Nadie va a ser juzgado, ni del Ejército ni del FMLN, por un combate abierto entre batallones en no se qué sierra. Y en la medida en que el FMLN incurrió en ese tipo de decisiones (ataques a población civil) es posible que sí sean juzgados por esas conductas, claro que sí... Creo que es justo y creo que es bueno para el país, para la capacidad de sanar. Aunque creo que van a ser muchos menos en cantidad, porque conozco la trayectoria de los dos lados del conflicto.
Pero bueno, no pretendo disculpar a nadie. Un juez que investiga, un juez que analiza las circunstancias y la historia, un juez que es ecuánime y honesto, entenderá las circunstancias de quién mató, de cómo mataron, de qué dinero tenían una y otra fuerza, de quién daba las órdenes, cuáles eran las agendas políticas de cada grupo... Todas esas circunstancias se tienen que tener en consideración. Me parece que es un error fundamental visto desde el derecho internacional, y me molesta mucho en lo profesional, que se diga: 'Bueno, en guerra mataron todos', 'Ah bueno, pero en un conflicto, todos hicieron daño'. No, señoras y señores, eso es reducir los problemas, es un discurso peligroso y a veces los medios de comunicación, y lo digo con todo cariño, o yo mismo, los abogados, nos metemos en esas trampas solos.
Tuvo una reunión en Casa Presidencial esta semana. ¿Qué explicaciones le han dado en el Ejecutivo sobre por qué no han impulsado las investigaciones de casos de lesa humanidad?
Efectivamente, en este gobierno no hay una intención de que la aministía se revoque en la Asamblea Legislativa. Tampoco era esa mi petición hacia ellos. Pero me confirmaron que hay sectores en el FMLN que temen que la revocación de la Ley de Amnistía se convierta en procesos penales en su contra, aunque no todos piensan así. Yo les di mi opinión, les dije que eso es comprar el argumento de los militares en toda Latinoamérica, que equiparan la violencia del Estado con la violencia de grupos rebeldes o de resistencia. Pero en todo caso yo lo que quería saber es cuál sería la reacción del gobierno de El Salvador si la Sala de lo Constitucional emite una resolución de inconstitucionalidad, como esperamos que suceda. Quería tomarle el pulso a la administración de Salvador Sánchez Cerén, que tiene poco tiempo en la oficina. Y otro tema era la extradición de Inocente Montano. En esto me confirmaron que hay absoluta voluntad de colaborar con el proceso español para la extradición del señor Montano. Estados Unidos no es que tenga obligación de consultar a El Salvador, pero es cortesía que cuando un ciudadano está siendo solicitado por otro país Estados Unidos consulta. Y para nosotros es importante saber que cuando Estados Unidos tome la decisión de extraditar el gobierno de El Salvador ha decidido no obstaculizar.
Tomando en cuenta el antecedente reciente de Ríos Montt. ¿Ve que algo se está moviendo en Centroamérica? La Fiscalía ha comenzado diligencias en torno al caso de El Mozote y Medicina Legal está realizando exhumaciones. ¿Hay un oleaje distinto al que vimos por tantos años?
Yo creo que sí. Soy muy optimista. No va a ser a gusto de todos ni van a ser cambios extraordinarios de la noche a la mañana, pero son pasos de hormiga que tumban grandes muros de piedra. Yo sí creo que hay como una nueva ola. El tema es pensar lo que significa ganar o lo que significa éxito. Aquí los éxitos son muy chiquitos y son muy contenidos, pero si tú piensas que esta conversación es permanente, que esta conversación sobre la impunidad es constante, un casito aquí, uno allá, uno de más relevancia, otro de menos... El tema aquí es no abandonar nunca el esfuerzo ni la conversación. Yo creo que así los jueces se van a sentir más fuertes y acompañados, y van a tomar decisiones más osadas y más valientes. El que haya comisiones de reparaciones, el que haya pequeños saltos públicos que reconozcan... No es todo lo que queremos pero todo, poco a poco, va a contribuir. Y luego una cosa, que suena un poco a amenaza, pero que yo se lo digo a todo el que me escucha: las víctimas no van a parar nunca, y esa perseverancia tiene al final nombre y apellido, tiene perfiles muy claros de acciones muy claras. Las víctimas tienen todo el tiempo del mundo. Mientras estén vivas las mamás de los hijos desaparecidos, las abuelas de los hijos desaparecidos, va a haber esfuerzos generados por las víctimas. La sociedad salvadoreña... Y esto es una cuestión que yo le he oído mucho a los jesuitas, particularmente a Jon Sobrino y a José María Tojeira, y que me abrió mucho a mí la forma de pensar y de concebir a El Salvador... En El Salvador las víctimas, en relación con otros países de Latinoamérica, fueron completamente excluidas. Y ningún presidente puede, por mucho que yo respete a Sánchez Cerén, ningún presidente puede reconstruir el país totalmente sin contar con ellas, con las víctimas. Es una tarea dura pero se va a tener que hacer. Y soy optimista.
En el juicio del caso jesuitas en España, ¿cuál es el siguiente paso?
Hay que estar muy pendientes y con plena energía, porque estoy ya entrando en negociaciones, de la extradición de Montano a España.
¿En qué plazo debería darse?
Pues tenemos que movernos rápido. Al señor Montano se le cumple la condena por delito migratorio el 15 de abril de 2015. Estamos trabajando ya. El mes de diciembre y enero van a ser claves para hablar con políticos y para intentar que se muevan las cosas en Washington.
Lo que ustedes van a perseguir es que antes que se le cumpla la condena se apruebe la extradición.
Exacto. Montano es una de las personas claves en el crimen. Hemos obtenido muchísima prueba documental sobre eso, consecuencia de la investigación adicional que se hizo para el caso penal. Pero aparte de eso, él permitiría que se abra juicio en Madrid, y entonces entraríamos en fase oral, con abogados defensores, nosotros en la acusación y con un panel de tres jueces, con todo el sentido de garantías. Sería un juicio en el que estarían los familiares, un juicio en el que estaría toda la prueba y toda la verdad, como la conocemos hasta ahora, del caso jesuitas.
¿Cuando iniciaría el juicio oral?
Comenzaríam, como quien dice, el día después de la llegada del señor Montano a Madrid. O sea, él llegaría extraditado a Madrid y tendríamos un plazo breve, por respeto al debido proceso y a los derechos de los procesados. Hay un plazo máximo de prisión provisional de un mes para que se prepare todo para empezar el juicio.
¿En el caso de que su testimonio brinde nuevas pistas o involucre a nueva gente, hará falta que comparezcan esas personas o con el testimonio de Montano bastaría?
Será interesante. La mayoría de la prueba que ha sido presentada en la fase de instrucción se va a reproducir en juicio. Entonces, los testimonios de los testigos claves, oculares, de la profesora Terry Karl... se van a reproducir porque se tienen que someter al principio de contradicción y Montano tendrá a sus abogados. O sea, que esa parte ya en sí misma es muy importante, pero él además va a presentar testigos. Él tiene la obligación, o el derecho, de presentar sus testigos. Y el juicio va a ser interesante en función de qué testigos presente, pero también nosotros tendremos nuestra estrategia legal, pues tenemos posibilidades que no tocamos hasta ahora porque pensamos que no hacía falta para la fase de instrucción, pero que puede ser interesante abrirlas en el juicio, en el contexto de la fase oral. Todo eso puede ser muy interesante.
