El principal responsable de las relaciones de cooperación entre España y América Latina llegó a El Salvador para la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, ocurrida el 16 de noviembre de 1989. Quizás porque su trabajo es uno de acercamientos y de diplomacias Jesús Gracia maneja con pinzas sus ideas sobre la justicia universal y sobre el caso jesuitas, abierto en España y en el cual se procesa a una veintena de militares retirados salvadoreños como autores del crimen. Pero quizá su cautela tenga que ver, además, con que la obstinación de la justicia española por perseguir a los responsables de violaciones a los derechos humanos en el resto del mundo ha cambiado. Tras las reformas judiciales de marzo de 2014, hasta la investigación por la masacre de los jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA) pendió de un hilo. Ahora España solo quiere juzgar aquello que atañe a España, y quizá por eso el discurso de Gracia gravita entre la confianza al sistema judicial español para que procese de la mejor manera el caso –que investiga solo el crimen contra los cinco ciudadanos españoles: uno de los sacerdotes era salvadoreño y la empleada y la hija de esta también asesinadas eran salvadoreñas- y la idea de que los crímenes de lesa humanidad deberían investigarse y judicializarse en los países donde fueron perpetrados.
Gracia es partidario de que el principio de la justicia universal, que antes permitió a la Audiencia Nacional procesar a genocidas nazis y al dictador chileno Augusto Pinochet, entre otros, no debería existir más. 'La justicia universal no puede basarse en que un país haga justicia a los demás, porque eso es una vuelta al imperialismo', asegura. Cuando se le pregunta si el gobierno español presionará a Estados Unidos para que extradite a un militar salvadoreño procesado en España y residente en suelo estadounidense, se limita a responder que España aplicará los acuerdos bilaterales que haya.
A principios de año, en España se reformó la Ley Orgánica Judicial, de manera que se hizo más restrictiva la persecución de la justicia universal para genocidios o crímenes de lesa humanidad. Para un país que era considerado como un cazador de la justicia universal, ¿cómo deben interpretarse estas reformas?
Hay que entender que en 1985 se hizo una reforma pensando de una manera muy abierta, y sin darse cuenta de la gran cantidad de casos que podría avocar la justicia española. Entre tanto ha habido una evolución en el mundo, se ha creado la Corte Penal Internacional, se han ido consolidando democracias en buena parte de los países y, en el derecho penal, el principio fundamental es que el juicio se haga por el juez natural. Si nosotros nos dedicamos a juzgar todos los casos que le vienen a la Audiencia de cualquier parte del mundo, no va a poder dedicarse a los temas que tenemos internos. Se ha dejado una legislación que permite juzgar en determinadas circunstancias y determinados delitos.
Para países en los que hay mucha impunidad como El Salvador, pareciera que se está enviando un mensaje claro: España investigará solo casos que tengan que ver con España. En el caso de los sacerdotes jesuitas asesinados en 1989, por ejemplo, se estaba reduciendo el caso a esclarecer la muerte únicamente de las cinco víctimas españolas.
Eso es lo que nos dice la ley en este momento. Lo fundamental es que se fortalezcan los sistemas judiciales, democráticos en cada país y que sea cada país el que juzgue los casos que ha tenido. O que decida su parlamento, etcétera, las leyes que considere oportunas sobre estos temas. En el caso español, nos corresponde aquello que tiene un punto de conexión directo con España.
¿Le parece que están dadas las condiciones en El Salvador para que el caso jesuitas se investigue sin tropiezos y con garantías?
A mí lo que me corresponde políticamente es trabajar con el gobierno de El Salvador para que las condiciones en el país sean cada vez mejores para los salvadoreños y para el orden judicial y democrático salvadoreño. Lo demás es un tema judicial.
¿Su visita a El Salvador pretende fortalecer relaciones de cooperación en torno al caso jesuitas?
Mi presencia aquí lo que busca es recordar a las personas fallecidas, recordar su voluntad de reconciliación y de diálogo en la sociedad salvadoreña en un momento en el que era mucho más difícil que el actual. El tema judicial es independiente, y es algo que lleva su propio cauce en el que nosotros no entramos. Sí queremos decir que está abierto el caso.
En El Salvador, a 25 años del crimen, impunidad es la palabra que quizá mejor se ajuste a este caso. ¿Está de acuerdo?
No voy a hacer calificaciones porque hay que ser respetuosos de la legalidad tanto salvadoreña como española. Todos estos casos son muy delicados en todo el mundo. Creo que hay que tratar de garantizar que haya una justicia objetiva, neutral, que pueda esclarecer los hechos y actuar en consecuencia. Eso puede ocurrir en la legislación local; si no, hay también tribunales internacionales, o en algunos casos, como en este -en los que hay personas de nacionalidad española como víctimas- puede actuar la justicia española, de acuerdo con nuestra legalidad.
¿Que el Estado salvadoreño obstaculizara la extradición de un grupo de militares a España fue una mancha para la cooperación entre España y El Salvador?
No lo llamaría así. En cada país tiene que intervenir el Órgano Judicial y tiene que decidir si corresponde a ese país o a otro el juicio, pero creo que hemos trabajado siempre con el gobierno de El Salvador. Creo que es lógico que se tengan que hacer comprobaciones, corroborar con distintos organismos del Estado y por lo tanto, pues es algo que entendemos a menudo.
La extradición del militar Inocente Orlando Montano a España, desde Estados Unidos, ya fue solicitada al Departamento de Justicia. ¿El gobierno español buscará acercamientos, o presionará para la extradición?
Nosotros aplicaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial en el caso de España, y el tratado de extradición vigente con El Salvador, o los acuerdos judiciales que pueda haber con Estados Unidos. Son temas que demoran mucho porque hay ordenamientos jurídicos implicados, muchos trámites de defensa o de protección de los acusados que tienen derecho a utilizar, y eso hace que se dilaten los plazos aunque el interés sea el mismo.
Parece clara la intención de España: encargarse solo de aquellos casos que tengan que ver con España. ¿A su país ya no le interesa seguir siendo líder en las causas de justicia por violaciones a los derechos humanos?
Bueno, esa es una opinión, aunque podría verse de otra manera: que España es un país que viene a darle lecciones a los países latinoamericanos de cómo debe conducirse en sus relaciones internas de cada país. Por eso es que nosotros somos más considerados y más respetuosos hacia los países latinoamericanos; y lo que creemos es que cada país tiene que tener su sistema jurídico, y su sistema propio, libre, democrático, neutral, justo. Estamos colaborando con todos los países en temas judiciales, en temas de legislación, en temas de formación de funcionarios, de jueces y funcionarios de justicia, de tal manera que tengan los instrumentos necesarios para salir adelante. España seguirá mostrando su liderazgo en derechos humanos o su apoyo a los sistemas judiciales, a la democracia, a los gobiernos de la región. Además, ya hay instancias regionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
¿Cómo ha afectado la aplicación de la justicia universal en España a la relación con otros países?
Es que es un tema que molesta a todos. Le pongo el caso de Chile con el gobierno de Concertación: había mucha incomodidad en el gobierno chileno porque le planteaba un problema interno. España siguió lo que hicieron los tribunales y no tuvimos interferencia en eso, pero lo importante es que el propio gobierno chileno pudo enjuiciar al general Pinochet de acuerdo con su normativa y legislación. La justicia universal no puede basarse en que un país como España haga justicia a los demás, porque es que eso es una vuelta al imperialismo, vamos, que un país sea capaz de impartir justicia y además que diga: 'Yo les reparto certificado de pureza de la justicia y soy yo quien lo hago'. Que un tercer país esté interfiriendo en este tipo de asuntos solo puede entenderse en un momento en el que hay indefensión, en el que hay una situación excepcional en el otro país.
En El Salvador, algunos de los militares acusados en el caso jesuitas, y hasta el expresidente Alfredo Cristiani, defienden un discurso similar: los asuntos salvadoreños que los dirima la justicia salvadoreña.
No sé lo que piensan ellos, yo lo que le estoy diciendo es cuál es la legislación española y cuál es la legislación internacional en esta materia. Cuáles son las instancias. La calificación de cuál es el sistema jurídico judicial salvadoreño, pues les corresponde a los salvadoreños.
El portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular de España dice que la justicia universal provoca problemas diplomáticos innecesarios. ¿Usted suscribe estas palabras?
Yo no le suscribo nada. Cada quién es responsable de lo que haya dicho. El mundo ha cambiado enormemente desde aquellos hechos, que son muy importantes en el sistema internacional de protección de derechos humanos, y lo ideal es que los crímenes se juzguen por el juez natural. Desde luego es de una soberbia intelectual y de una soberbia personal enorme el pensar que tú eres capaz, como juez, de juzgar cosas de todo mundo porque tú sí que eras demócrata y los demás no.
