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Los cómplices del silencio

El Faro

 
 

Se supone que la verdad pesa en la conciencia de quienes la niegan u ocultan, especialmente cuando encierra el dolor y la muerte de inocentes. Hace pocos días Ernesto Rivas Gallont, embajador de El Salvador en Washington durante la guerra civil, pidió perdón público por haber negado en 1981 la masacre de El Mozote siguiendo órdenes de sus superiores. Es un gesto más importante de lo que parece. En realidad, la mancha que trata de limpiar Rivas Gallont ante la sociedad no es tanto la de su gestión diplomática como la de los 33 años que ha tardado en encarar una verdad que conoce desde hace décadas.

Rivas Gallont es el primer alto funcionario de los gobiernos de guerra que se atreve a separarse de quienes con absoluto cinismo llevan años mintiendo sobre crímenes de lesa humanidad y ocultando las pruebas que llevarían a sus culpables.

Desde la firma de los Acuerdos de Paz, tanto el poder político como quienes desde el empresariado o la Fuerza Armada conservan influencia sobre este han utilizado la fragilidad de la reconciliación de postguerra para justificar la amnesia como política de Estado. El tiempo, sin embargo, ha demostrado que la institucionalidad es sólida, que no habrá cierre de heridas sin esclarecimiento y que el único fin del silencio oficial es proteger, ya sea por afinidad ideológica o por intereses compartidos, a los criminales.

El pasado octubre El Faro publicó una investigación que revela que durante los años 80 más de 2,500 niños fueron dados en adopción sin autorización de sus padres por una red de militares y abogados salvadoreños. Ya conocíamos algunos casos de desaparición de niños y adopciones ilegales gracias al trabajo de organizaciones como Probúsqueda, fundada por el sacerdote jesuita Jon Cortina, pero se ignoraban las dimensiones que alcanzaron redes como la investigada por El Faro.

Dos millares de menores secuestrados, robados por militares y vendidos a extranjeros. No se trataba de la crueldad de una estrategia contrainsurgente o de la deshumanización de los combatientes sino de la acción sistemática de una red criminal. La guerra fue, para decenas de uniformados y abogados, un negocio que los volvió millonarios, y algunos de esos hombres aún mantienen una significativa presencia en las estructuras del poder político, económico y social del país.

Que incluso en estos casos la Fuerza Armada se niegue a abrir sus archivos desnuda los argumentos de quienes justifican el secreto. De esos archivos no dependen la convivencia ni la seguridad nacional. En realidad, lo que gravita en el fondo de esta obcecación es el poder que aún conserva el Ejército, su corporativismo, su deseo de inmunidad y su resistencia a someterse, casi 23 años después de la firma de la Paz, a un poder civil incapaz de hacer valer su mandato constitucional.

Esta semana se cumple el vigesimoquinto aniversario del asesinato de los jesuitas. Coincidiendo con la fecha, nuestro periódico revela cómo dos Fiscales Generales de la República, por afinidad y miedo a los militares, obstaculizaron en 1991 el trabajo de los fiscales del caso. La vigencia del relato, un cuarto de siglo después, es espeluznante.

Si entre 1992 y 2008 la derecha permitió con aparente agrado que los secretos militares permanecieran ocultos, la llegada del FMLN al Ejecutivo en 2009 no supuso un cambio sustancial. En enero de 2012 el presidente Mauricio Funes ordenó a la Fuerza Armada revisar su historia para retirar honores a violadores de Derechos Humanos, pero rectificó un año después y el Ejército sigue teniendo por héroe al coronel Domingo Monterrosa. En el caso jesuitas su inconsistencia fue aún mayor: pese a imponer una condecoración póstuma en nombre del Estado a Ignacio Ellacuría y el resto de sacerdotes masacrados, en 2011 dio refugio en un cuartel a los oficiales acusados de ordenar su asesinato, con el fin de obstaculizar su extradición a España.

Es difícil adivinar si Salvador Sánchez Cerén seguirá transitando por la misma senda de incoherencia y complicidad que su antecesor, ya sea para no confrontar con el Ejército o por temor a que la revelación de crímenes de guerra les alcance a él y a otros combatientes de la guerrilla. Pero si pretende estar a la altura del giro histórico que llevó a un excomandante guerrillero hasta la presidencia solo puede ordenar la apertura de esos archivos y —asumiendo que los documentos más reveladores puedan sido destruidos— empujar para que los oficiales hoy bajo su mando revelen lo que saben acerca de masacres como la de El Mozote o la de Las Aradas, y señalen a los responsables de crímenes tan abominables como el robo de menores o las desapariciones forzosas.

El Derecho a la Verdad está reconocido por la legislación internacional y que se ejerza no es prerrogativa del Ejército ni de los políticos, sino un punto de llegada inevitable para la sociedad salvadoreña, cada vez más despojada de tabúes, honesta al mirar el pasado y comprometida por la transparencia. Tarde o temprano los salvadoreños sabremos qué hicieron y quiénes lo hicieron. Cuando eso suceda, la única defensa moral posible de quienes tenían conocimiento de los hechos o control de los secretos será haber ayudado a revelarlos.

Cada día de silencio vuelve cómplices a las instituciones y a quienes la encabezan. La actual cúpula militar y sobre todo el presidente Sánchez Cerén, que al menos nominalmente es comandante en jefe de la Fuerza Armada, deberían pensar en ello cuando se pregunten cómo les recordará la Historia. Visto que el derecho de las víctimas o el dolor de quienes aún buscan a sus desaparecidos no ha bastado para que se abran de una vez por todas esos archivos o para que quienes fueron protagonistas de la historia compartan lo que saben, queda pensar que el miedo a la condena pública puede hacer las veces de conciencia.


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