Hace tres años, la Fuerza Armada de El Salvador, instruida por su comandante general para que ya no siguiera considerando héroes a violadores de derechos humanos, creó una comisión especial que gastó 20 mil dólares para concluir que el ejército puede continuar homenajeando a Domingo Monterrosa, el coronel acusado de dirigir la masacre de El Mozote, llamando con su nombre a destacamentos militares y a salas de museos de historia militar.
Contrario a lo que muchos pudieron haber esperado, la resolución de esta comisión dejó sin efecto lo que parecía ser una orden directa del presidente Mauricio Funes, quien durante la conmemoración de los 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, tuvo el gesto de pedir perdón en nombre del Estado por aquella matanza de mil campesinos desarmados a manos del ejército. Entre sollozos, Funes añadió aquella vez que por esa razón instruía a la Fuerza Armada a dejar de considerar héroes a responsables de violaciones a derechos humanos, en lo que parecía un claro mensaje contra el nombre de la Tercera Brigada de Infantería 'Coronel Domingo Monterrosa', que al igual que otras guarniciones tienen nombres de militares responsables de la matanza de diciembre de 1981.
Lejos de las palabras de Funes, el informe de la comisión ahora supone que el ejército cuenta con un documento en el cual ampararse para seguir con el homenaje a Domingo Monterrosa, además del culto que se le brinda en el Museo de la Historia Militar, el Batallón de Paracaidistas, la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, el Destacamento Militar #4 de La Unión y en las festividades conmemorativas para los 'Héroes de Joateca', que cada año moviliza a decenas de militares hasta las montañas de Morazán para conmemorar los aniversarios de su fallecimiento.
La “Comisión de Revisión” que el ex presidente Funes creó en enero de 2012, entregó su informe un año y medio más tarde. Recomendó conservar los nombres de las guarniciones militares sin importar que algunas denominaciones hagan alusión a militares que estuvieron involucrados en crimenes en contra de la población civil. Se abstuvo, además, de generar recomendaciones sobre la manera en la que se enseña la historia militar del período de 1980 a 1992 y dijo no poder hacer un análisis de la actuación del ejército, manifestando que en ese período era muy difícil tener 'un juicio ecuánime y sereno de los acontecimientos'. La comisión se excusó de realizar esa parte de su trabajo diciendo que es aún muy reciente el período de la guerra civil para emitir recomendaciones despolitizadas sobre la guerra.
El trabajo de la comisión costó 20 mil dólares, y su informe llegó a las manos de Funes en julio de 2013, cuando le quedaba ya menos de un año de mandato. En los últimos meses de su administración, cuestionado sobre su orden de enero de 2012, Funes alegó que él no había ordenado ningún desmontaje de su santoral al ejército.
El Informe de la 'Comisión de Revisión e Interpretación de las Instrucciones Emanadas por el ex presidente Mauricio Funes' es un reporte de 25 páginas -más anexos- en el que los siete militares y los tres civiles que la conformaron se abstuvieron de generar recomendaciones encaminadas a reinterpretar la historia del ejército salvadoreño. Los miembros de la Comisión –además- no encontraron en los programas de formación sobre derechos humanos ningún aspecto que pudiera ser mejorado y se dedicaron a hacer una cronología de cómo estos cambiaron con la entrada en vigencia de los Acuerdos de Paz. El informe que prometía aventurarse a generar recomendaciones sobre los símbolos del ejército y a cambiar la manera de ver su historia dándole preminencia a los derechos humanos, al final, dista mucho de ser una revisión y una reinterpretación, y sus recomendaciones -entre líneas- abogan porque se continúe con el culto a militares independientemente de si están cuestionados.
El informe, sin embargo, sí hace una reinterpretación de la historia pero para disculpar o exonerar al ejército de las masacres. La Comisión, entre cuyos miembros estuvieron el exministro de la Defensa general José Guzmán Morales y el académico Joaquín Samayoa, señala que el ejército, en los operativos, era incapaz de diferenciar a civiles de guerrilleros, a manera de justificación para explicar el número de bajas civiles que organismos de derechos humanos y las víctimas supervivientes prefieren llamar por lo que fueron: 'masacres'.
'La Comisión entiende la naturaleza compleja, sensible y controversial de algunas acciones armadas que se dieron en el marco de una guerra irregular en la que la estrategia y las tácticas del contrario involucraron a la población civil en la ejecución de tareas de apoyo a sus acciones armadas, lo cual en algunas ocasiones hizo que resultara muy difícil para la Fuerza Armada la efectiva identificación del adversario insurgente', dice el documento.
La resolución de la 'Comisión de Revisión' es una contradicción a las palabras que el mismo Funes pronunció el 16 de enero de 2012 desde el caserío El Mozote, en Morazán, cuando pidió perdón en nombre del Estado salvadoreño por el asesinato de unos mil campesinos, la mitad menores de edad, en un operativo en el que participaron tres destacamentos militares y el Batallón de Reacción Inmediata Atlacatl, comandado por el desaparecido teniente coronel Monterrosa. La matanza fue escondida hasta principios de los años noventa, cuando la desaparecida oficina de Tutela Legal del Arzobispado denunció la masacre. Desde 1981 hasta 2012, el Estado siempre negó la existencia de la masacre y la participación del ejército en su cometimiento.
Funes, en su discurso, ordenó a la Fuerza Armada (o pareció ordenar a la Fuerza Armada) para que dejara de honrar a los comandantes acusados de cometer violaciones a los derechos humanos. 'Precisamente porque a 20 años de los Acuerdos de Paz estamos ante una institución militar diferente, profesional, democrática, obediente al poder civil, no podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos', dijo Funes.
El mandatario incluso mencionó con nombre y apellido a los comandantes. Aquella fue la primera vez que un presidente salvadoreño reconocía oficialmente la existencia de esta masacre y que pronunciaba los nombres de los acusados: el coronel Domingo Monterrosa, como comandante del Batallón Atlacatl; el mayor José Armando Azmitia Melara, como subjefe del batallón, y al entonces mayor Natividad de Jesús Cáceres, como jefe operativo del Atlacatl. “Ningún pueblo será libre, ningún pueblo será feliz, ningún pueblo alcanzará la paz plena si no se quita del corazón el dolor profundo que produce la negación de la memoria, la verdad y la justicia”, dijo el mandatario.
Tras señalar con el dedo acusador, Funes dio la orden al ejército. 'En virtud de ello, he resuelto a partir de este día, instruir como comandante general de la Fuerza Armada a la institución la revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento histórico que hoy en nombre del Estado salvadoreño y como comandante general formulo', dijo.
Casa Presidencial recibió el informe de la 'Comisión de Revisión' el 12 de julio de 2013, cuando aún le restaban 11 meses como presidente a Funes.
La Tercera Brigada seguirá llevando el nombre de Monterrosa
La “Comisión de Revisión” debía definir si el ejército cambiaba o no las denominaciones de las guarniciones militares en virtud de las posibles vinculaciones con violaciones a derechos humanos. Pero no lo hizo. En cambio, decidió enfocarse en estudiar los procedimientos administrativos que existían cuando se decidió llamar a los cuarteles con nombres de militares. “En cuanto a la denominación de unidades e instalaciones militares con los nombres de honrosos oficiales, cadetes y soldados, la Comisión estima que no le corresponde emitir juicios de valor en defensa o detrimento de tales procedimientos”.
La Comisión incluso fue más allá y se pronunció a favor de que los nombres de los cuarteles no fueran modificados como un premio para la Fuerza Armada por haberse sometido a una transformación cuando finalizó la guerra civil salvadoreña. “La Comisión es del parecer que es conveniente conservar tales denominaciones, por el respeto a los procedimientos debidamente observados y legitimados en el tiempo y por el justo reconocimiento de transformación que por 20 años ha experimentado la FAES, como producto de su profunda modernización y profesionalización”.
La única recomendación que formularon es que a futuro se creen reglas específicas para nombrar guarniciones militares. “En consecuencia, recomienda la promulgación del instrumento jurídico que establezca con claridad los criterios y procedimientos para dar curso legal, en lo sucesivo, a iniciativas para nuevas denominaciones”.
Nueva historia militar: el ejército no podía distinguir entre guerrilleros y civiles
La enseñanza de la historia militar, enfocada en el periodo de 1980 a 1992, era uno de los puntos a estudiar con el propósito de reinterpretarla, 'de tal forma que dicha enseñanza valore adecuadamente los legítimos motivos de orgulllo profesional y patriótico, sin cerrarse al reconocimiento aleccionador de los errores cometidos'. La Comisión durante todo el informe divagó sobre la complejidad de emitir un pronunciamiento sobre este tema, pero todavía fue más allá. La Comisión excusó al ejército por las atrocidades cometidas contra la población civil, al punto de definir que aquellos episodios que sesembocaron en masacres se dieron porque el ejército no podía discernir entre quienes eran civiles y militares,
'La Comisión entiende la naturaleza compleja, sensible y controversial de algunas acciones armadas que se dieron en el marco de una guerra irregular en la que la estrategia y las tácticas del contrario involucraron a la población civil en la ejecución de tareas de apoyo a sus acciones armadas, lo cual en algunas ocasiones hizo que resultara muy difícil para la Fuerza Armada la efectiva identificación del adversario insurgente'.
Esta última conclusión de que a la Fuerza Armada le costaba identificar a la guerrilla de la población civil es bastante cuestionable y se puede contrastar con informes sobre violaciones a los derechos humanos que el Estado a través de su ejército cometió en ese período. En la sentencia del 10 de diciembre de 2012, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por la masacre que cometió el batallón Atlacat en El Mozote. En una declaración jurada -que se usó en el juicio-, la sobreviviente Rufina Anaya Montes describió cómo en un convento fueron encerradas 143 personas, que miembros del ejército procedieron a incendiar posteriormente. En 1992, un equipo de forenses -integrado por Clyde C. Snow, Robert H. Kirschner, Douglas D. Scott y John J. Fitzpatrick- visitó el lugar y concluyó que el 95 % de los individuos identificados, que murieron calcinados en ese convento, eran niños, cuyo promedio de edad era de seis años.
La 'ambigüedad' de Funes
El Informe de la Comisión de Revisión estuvo condicionado por la orden que dio Funes. En un principio Funes instruyó a la Fuerza Armada a que revisara su historia y les ordenó que dejaran de exaltar como héroes a violadores de derechos humanos. Funes conforme fue pasando el tiempo moderó sus declaraciones y no volvió a emitir declaraciones públicas similares a lo que dijo en su discurso de desagravio en El Mozote, el 16 de enero de 2012.
La Comisión trabajó en silencio y hubo un acuerdo entre todos los miembros de que no hablarían del contenido de las reuniones ni de las recomendaciones del 'Informe de Revisión'. Joaquín Samayoa, miembro de la Comisión de Revisión, conversó sobre el propósito de la Comisión, pero se excusó de hablar del contenido del reporte.
Cuando el 10 de diciembre de 2013 le preguntaron al presidente si ya había tomado la decisión de cambiar los nombres de las guarniciones militares, Funes se desdijo y afirmó que no se había comprometido a hacerlo. “Yo no hice una promesa de quitar el nombre de los destacamentos militares. Yo lo que solicité es una investigación al Ministerio de Defensa. La investigación ya se concluyó y está en estudio por la secretaría jurídica de la presidencia. Sobre la base de los resultados de esa investigación, decidiremos si como gobierno de la República mantenemos o no los nombres de los destacamentos militares”.
El 23 de octubre de 2013 -23 meses después de que el presidente Mauricio Funes lloró frente a todos los salvadoreños y ordenó a la Fuerza Armada no llamar héroes a violadores de derechos humanos- unos 200 efectivos de cinco unidades militares homenajearon al coronel Domingo Monterrosa y al mayor José Azmitia Melara, dos de los responsables de la masacre de El Mozote.
Mauricio Funes finalizó su periodo presidencial el 1 de junio de 2014. Dejó el cargo sin volver a pronunciar una sola palabra sobre el contenido del 'Informe de la Comisión de Revisión', el único producto concreto que ofreció para desmontar el culto a violadores de derechos humanos dentro del ejército.
Un informe que quiso ser secreto
A juzgar por las negativas de la Fuerza Armada y la Presidencia de la República para divulgar el informe de la 'Comisión de Revisión', el contenido del documento que da luz verde para que el Ejército siga homenajeando a los comandantes acusados de violar los derechos humanos durante la guerra debería ser secreto. El 9 de julio de 2014, el Ministerio de Defensa respondió a una solicitud de información presentada por el Centro Legal y Anticorrupción, Alac. El coronel José Antonio Rivas Moreno, oficial de información, dijo que el documento era reservado y que en ese momento la Secretaría Jurídica de la Presidencia lo estaba estudiando, como había afirmado Funes el 10 de diciembre de 2013.
La única información que el Ministerio de Defensa hizo pública fue la relacionada con los costos que tuvo la 'Comisión de Revisión' que fue conformada el 17 de enero de 2012. De enero a diciembre de 2012, en concepto de dietas de los 10 miembros de la Comisión, el Ministerio de Defensa pagó 12 mil 456 dólares, a lo que hay que sumar el monto que utilizó de enero de 2013 a agosto de 2013, 8 mil 304 dólares. En total, el funcionamiento de la comisión representó la suma de 20 mil 760 dólares.
El 4 de octubre de 2014, El Faro solicitó a la Presidencia de la República toda la documentación generada por la Comisión de Revisión. 14 días después de la solicutud, la Presidencia pidió una prórroga. Cinco días más tarde pidió otra prórroga y, tras 20 días en prórrogas, el oficial de información Pavel Cruz respondió que el secretario de la oficina de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la presidencia, Francisco Rubén Alvarado, había manifestado que no había recibido ninguna documentación de ese informe y que no era parte de sus competencias.
Si el secretario de Asuntos Jurídicos decía que ese informe no estaba en sus manos, ¿significa que Funes mintió cuando dijo que esa oficina estaba etudiando las recomendaciones que le había dado la Fuerza Armada? Según la jefa de Correspondencia y Archivo, Morena de García, en Casa Presidencial no existían registros de la remisión de ese informe por parte del Ministerio de Defensa Nacional.
El 30 de octubre de 2014, El Faro le volvió a solicitar el informe de la 'Comisión de Revisión' a la Presidencia de la República. Además, se le pidió a la oficina de información y respuesta que enviara todas las comunicaciones a través de las cuales la jefa de correspondencia y el secretario de la oficinas de asuntos jurídicos negaban que el informe estaba en poder de la presidencia de la República, y también le requirió al oficial de información que indagara si el informe había estado en poder de la Presidencia durante algún periodo de tiempo o si había sido remitido a otra oficina de gobierno.
El 4 de noviembre de 2014, el oficial de información Pavel Cruz se negó a admitir parcialmente la solicitud de información. Denegó el acceso a conocer si el informe había estado en poder de la presidencia durante algún tiempo. El oficial afirmó que la solicitud era igual a la enviada el 4 de octubre de 2014.
El 10 de noviembre de 2014, El Faro solicitó impugnar la resolución del oficial de información tomando como base que se le había solicitado a la Presidencia de la República que indagara si había registros de que el informe estuvo en poder de esta dependencia. A todas las solicitudes sobre si el 'Informe de la Comisión de Revisión' había estado en la Presidencia de la República por algún tiempo, el oficial de información respondía lo mismo: que el Ministerio de Defensa no les había remitido nada.
El 11 de noviembre de 2014, el oficial de información de la Presidencia aceptó revocar y admitir la solicitud de información sobre si existía algún registro de que el informe durante algún periodo de tiempo estuvo en poder de la Presidencia de la República y si existía registro de que este documento había salido de esa oficina por algún motivo.
El 1 de diciembre de 2014, dos meses después de estar solicitando de distintas maneras el Informe de la Comisión de Revisión y de recibir la misma respuesta en la que los funcionarios negaban que lo tuvieran en su poder, la Presidencia admitió que tenía el informe y lo remitió sin dar explicaciones de por qué durante dos meses negó tenerlo. Tampoco respondió a la solicitud de información para conocer quién les había remitido el informe, y sobre la unidad administrativa que lo había recibido y resguardado.
¿Qué quiso decir Funes?
El Faro intentó obtener respuestas de todos los miembros de la Comisión de Revisión, pero al cierre de esta nota solo dos de los tres civiles aceptaron contestar preguntas. De los militares nunca hubo respuesta, porque según el Ministerio de Defensa debían tener autorización del minsitro David Munguía Payés para hablar del tema.
El abogado César Calderón Flores (rector de la Universidad Alberto Masferrer) dice que la Comisión no tenía carácter vinculante, y que el informe plantea recomendaciones para el presidente de la República, que al final es el comandante de la Fuerza Armada. Al preguntarle por qué la Comisión no trabajó en virtud de la prohibición pedida por Funes (dejar de honrar a los violadores a los derechos humanos), Calderón Flores apela a que es el expresidente Funes quien debe responder qué quiso decir con esa frase.
'Habría que preguntarle al expresidente Funes hasta dónde llegaba el pensamiento de él, cuáles fueron sus motivaciones para incluir en su discurso este tipo de pensamientos que él expresó. Los insumos de la comisión era el discurso y de ahí los temas centrales: la historia militar , de dónde había surgido el tema específico relacionado con los nombres de las instalaciones militares. Revisamos la documentación y se hizo todo con la normativa existente. No hay ninguna legislación relacionada con esa materia. El discurso es un discurso y en un discurso se pueden expresar muchas cosas', respondió Calderón Flores.
Joaquín Samayoa, otro de los tres miembros civiles en la comisión, alega que Funes no dijo nada claro sobre lo que quería y lo que no quería que hiciera el ejército.
'Me pareció extraño el lenguaje que el presidente ocupó -en el discurso del 16 de enero de 2012- por una razón sencilla: él era el comandante general de la Fuerza Armada, y como comandante él da órdenes de que se hagan las cosas, cuando quiere que se hagan las cosas. Él en vez de dar una orden clara, por ejemplo, en el tema de cambiar los nombres de las unidades militares que honraban la vida de oficiales que habían sido cuestionados por supuestas violaciones a los derechos humanos. Si él (Funes) quería que esto ocurriera, él debía de dar una orden clara. Él era el comandante, pero lejos de eso él dice que va a dar instrucciones a la Fuerza Armada. En ningún momento parece que él posteriormente le haya dado seguimiento a esto. Al final, las cosas quedaron en discurso', dice Samayoa.
