El Departamento de Justicia de Estados Unidos ratificó el miércoles 11 de marzo una sentencia de deportación contra Carlos Eugenio Vides Casanova, exministro de Defensa de El Salvador y exdirector de la Guardia Nacional, acusado de torturas y asesinatos durante la guerra civil de la década de los ochenta.
La Junta de Apelaciones Inmigratorias (BIA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia dictaminó que Vides Casanova es 'deportable' al concluir que bajo su 'responsabilidad de comando' ordenó, cometió o contribuyó en torturas y asesinatos de civiles en El Salvador.
Como jefe de la Guardia Nacional y ministro de Defensa, 'conocía de estos abusos durante o después de los hechos, y a través de tanto su interferencia personal con las investigaciones como su inacción, no llevó a los perpetradores a la justicia', dice el dictamen de 22 páginas de la BIA.
De esta manera, la Junta de Apelaciones del Departamento de Justicia, el máximo órgano administrativo en materia de inmigración, ratifica la decisión de un juez migratorio que ordenó en 2012 la deportación de Vides Casanova. La sentencia dictada por el juez James K. Grim pone fin al proceso de apelación que Vides Casanova comenzó el 9 de mayo de 2012, pero puede ser apelado nuevamente por el general*.
La orden de deportación obedece a nuevas leyes estadounidenses que permiten la expulsión de un extranjero que haya ordenado, participado o colaborado en casos de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Para aplicar esta ley se considera también la responsabilidad de mando; es decir, si los comandantes sabían que sus subalternos estaban llevando a cabo crímenes de esta naturaleza y no hicieron nada para impedirlos ni para castigar a los responsables.
En 2012, el juez sostuvo que “dado el gran número de asesinatos extrajudiciales involucrados en este caso, la Corte encuentra implausible que el acusado no supiera del involucramiento de sus subordinados en al menos uno de estos asesinatos” y que Vides Casanova no tomó medidas 'para prevenir o detener tales actos o investigar en un esfuerzo genuino para castigar a los perpetradores”.
El general retirado, de 78 años, apeló el fallo argumentando que 'no podía impedir que sus subordinados cometieran torturas y asesinatos extrajudiciales' cuando era jefe de la Guardia Nacional, a inicios de los años 80. La Junta de Apelaciones se mostró de acuerdo con el dictamen del juez y 'desechó' la apelación.
Vides Casanova ocupó la jefatura de la Guardia Nacional salvadoreña desde 1979, y fue promovido ministro de Defensa en 1983, ocupando ambas posiciones en lo álgido del sangriento conflicto armado (1980-1992) que dejó en El Salvador más de 75 mil muertos y más de 10 mil desaparecidos, según la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas.
Entre los casos más destacados que se le imputan a Vides Casanova está el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses en 1980. Ita Ford, Dorothy Kazel, Jean Donovan y Maura Clarke, que fueron detenidas, abusadas sexualmente y asesinadas el 2 de octubre de ese año por elementos de la Guardia Nacional que después admitieron su participación obedeciendo órdenes superiores. El juez consideró sustentadas las acusaciones de que Vides Casanova obstaculizó la investigación y protegió a los responsables.
También se le imputa a Vides Casanova haber “ordenado o asistido” el asesinato del expresidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, Rodolfo Viera, y de los asesores estadounidenses Mark Pearlman y Michael Hammer. Esto ocurrió el 3 de enero de 1981 en el Hotel Sheraton (hoy Crowne Plaza) por guardias nacionales. Los asesinos eran parte de la seguridad personal del jefe de inteligencia de la Guardia, el teniente coronel Mario Denis Morán, y de su segundo, el teniente Isidro López Sibrián. Las investigaciones también determinaron la participación del capitán de la Guardia Roberto Ávila Ávila y del empresario Hans Christ.
En el caso de la masacre conocida como Las Hojas, en la cual más de 70 campesinos fueron asesinados en Sonsonate en febrero de 1983 por soldados del ejército, a Vides Casanova se le señala por haber encubierto a los responsables y no proceder para castigarlos. La masacre fue cometida dos meses antes de que Vides Casanova tomara posesión como ministro de Defensa, pero el juez Grim determinó que fue él quien, tras tomar posesión del cargo, evitó que se procesara a los responsables.
Aunque Vides Casanova vivía desde 1989 en Estados Unidos con una 'visa de inmigrante', en 2009 el Departamento de Seguridad Interior inició un proceso de deportación en su contra tomando los casos de Daniel* Alvarado y Juan Romagoza, dos víctimas de torturas salvadoreñas. Vides Casanova fue hallado culpable en 2006 por el cometimiento de torturas en el médico Romagoza, en Neris González y en Carlos Mauricio.
El militar vivía en el estado de Florida (sureste), donde también tenía residencia José Guillermo García, otro exministro de Defensa salvadoreño acusado en su país de participar en violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil.
A García, de 79 años, se le acusa de haber mantenido una conducta permisiva, sin castigar ni despedir a militares que bajo su comandancia participaron en secuestros, masacres y asesinatos extrajudiciales, e igualmente enfrenta un juicio para ser deportado a El Salvador.
Pero Vides Casanova y García no son los únicos militares imputados en Estados Unidos. Inocente Montano, exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador entre 1989 y 1992, cumple desde 2013 una condena de 21 meses por fraude migratorio y perjurio. Montano, que vivía en Estados Unidos desde 2002, está acusado además de participar en el crimen de los seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas, asesinados en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) en noviembre de 1989.
*Fe de errata: En una primera versión de este texto, se había consignado por error que el proceso de apelación del general Eugenio Vides Casanova había llegado a su fin, cuando lo cierto es que el general aun puede apelar. También se había consigando que una de las víctimas de tortura de Vides Casanova por la cual fue condenado se llamaba Pedro Alvarado, cuando lo correcto es Daniel Alvarado.
