El juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, Miguel Ángel García, envío una notificación a la Asamblea Legislativa en la que pide resolver la solicitud de un grupo de querellantes que sostienen que el fiscal general de la República, Luis Martínez, debe ser separado de la investigación en la que el expresidente Francisco Flores es procesado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares. El caso involucra a una serie de empresarios y altos funcionarios del partido Arena que participaron en una serie de transacciones financieras que dichas personas ocultaron al Estado y que se resumen en el desvío de millonarios fondos provenientes de Taiwán, dinero que en principio, serviría para atender a las víctimas de los terremotos de 2001.
Bertha María Deleón, María Teresa Naves y René Landaverde Hernández, acusadores particulares del caso en representación de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), sostienen que el fiscal Martínez y el equipo de fiscales auxiliares asignados al proceso, han omitido realizar una serie de acciones para profundizar en las investigaciones. Esto lo asocian con la situación que creen que genera un conflicto de intereses: “Es un hecho notorio que entre el licenciado Luis Antonio Martínez González y el imputado y expresidente de la república Francisco Guillermo Flores Pérez existen vínculos de confianza, laborales y profesionales desde hace aproximadamente veinte años atrás.”
El petición se basa en el artículo 43 de la ley orgánica de la Fiscalía, en la sección que aborda la “Calificación de los Impedimentos y Excusas del Fiscal”. Según este artículo, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de calificar los impedimentos y excusas del fiscal general para el desempeño de su cargo.
La petición de la querella llegó al despacho del juez el jueves 19 de este mes, mismo día en que este resolvió notificar a la Asamblea Legislativa para que resuelva si procede remover del caso al fiscal y su equipo de auxiliares y nombrar al segundo al mando, en este caso, la fiscal adjunta, Paula Patricia Velásquez Centeno.
El Faro consultó su opinión a Francisco Merino, diputado que presidió la comisión que investiga el desvío de fondos de Taiwán realizado por el expresidente Flores, sobre la posibilidad de cumplir la demanda de los acusadores. “No hemos recibido tal notificación, supongo que entrará el próximo miércoles al pleno, ahí es cuando formalmente recibirá la Asamblea. Yo creo que esto podría ir a la Comisión Política, pero no puedo adelantarme”, dijo vía telefónica.
Los querellantes sostienen que desde el inicio de la investigación, el fiscal general ha renunciado “casi en su totalidad a la dirección funcional y coordinación en la investigación, pues habiendo transcurrido más de nueve meses de la etapa de instrucción, ha sido el gran ausente a la hora de solicitar la práctica de diligencias a fin de obtener información, documentos, testimonios, pericias y otros actos que está obligado a realizar a fin de cumplir cabalmente con su importante labor en la persecución del delito.”
Los abogados enumeraron ante el juez cuatro omisiones en la investigación. Afirman que desde julio de 2014 hasta la fecha, el fiscal y su equipo auxiliar no han realizado entrevistas a testigos con información importante como los empleados bancarios que abrieron la cuenta en Costa Rica donde se depositaron los cuatro cheques donados por Taiwán emitidos a nombre de Francisco Flores. Los querellantes también señalan que la Fiscalía no ha solicitado la práctica de peritajes financieros, bancarios y valúos de inmuebles, acciones fundamentales para determinar si hubo enriquecimiento ilícito por parte del imputado.
La Fiscalía, añaden como tercer punto, tampoco ha solicitado información bancaria internacional ni ampliación de información sobre quiénes hicieron los trámites en el extranjero en relación con los cheques remesados. El cuarto señalamiento es que la Fiscalía no ha presentado información que se encuentra en el banco de datos de la Unidad de Investigación Financiera de la institución y que está relacionada directamente con el caso y da cuenta de la existencia de movimientos bancarios sospechosos realizados por el imputado durante su gestión presidencial.
Los acusadores hacen un paralelo entre la situación del fiscal y lo que plantea el Código Procesal Penal: el conflicto de interés es un impedimento para que un juez o magistrado vea un caso. Establece que un funcionario está imposibilitado de conocer un caso cuando ha recibido beneficios de importancia de algunos de los interesados; cuando es acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados.
Para sostener esta afirmación, los querellantes citan información del Registro de Comercio en la aparece el nombre del fiscal como socio de la esposa del expresidente. Esto, sostienen los querellantes, prueba la plena confianza entre las partes, pues los directivos deben garantizar que guardaran confidencialidad sobre la situación económica y otros pormenores de la sociedad que administran.
Otro hecho para sostener su afirmación alude al servicio que prestó Luis Martínez como apoderado legal de Francisco Guillermo Flores Pérez ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. “Fue el profesional de confianza designado por el expresidente para presentar sus declaraciones patrimoniales de inicio y fin de periodo presidencial 1999-2004. Este hecho es sumamente preocupante para la querella y despierta muchas dudas en cuanto al manejo transparente e imparcial del presente caso, por parte del fiscal general, pues los hechos delictivos investigados en el presente proceso penal, justamente ocurrieron en el período presidencial del exmandatario, tiempo en el cual el licenciado Martínez era ya, un profesional de confianza”, dice el documento.
El fiscal general de la República y el expresidente Francisco Flores han sostenido vínculos laborales o empresariales desde 1995. Luis Martínez escrituró entre 1995 y 2001 varias ventas de inmuebles del expresidente. En 1999 y 2004 presentó en nombre de Flores las declaraciones de patrimonio que le exigía la Sección de Probidad de la Corte Suprema. Tras la salida de Flores de la Presidencia, Martínez administró una empresa junto a la esposa del expresidente, Lourdes de Flores, e hizo trabajos notariales para una inmobiliaria vinculada a los hijos del exmandatario. Ahora a Martínez está a la cabeza de una investigación de su antiguo cliente.
El caso del reparto del dinero proveniente de fondos de Taiwán comenzó a partir de otro caso que ventila el mismo juez séptimo de instrucción. A partir del caso CEL-Enel se tuvo conocimiento de la existencia del reporte de operación sospechosa (ROS) emitido por el International Bank of Miami, con sede en Coral Gables, Florida, Estados Unidos, a propósito de un trámite bancario relacionado con cuatro cheques emitidos por Taiwán en favor de Flores.
Las transacciones bancarias sospechosas se realizaron entre los días 22 de octubre de 2003 y el 29 de marzo de 2004. Dos de los cheques de la embajada de la República de China con sede El Salvador fueron emitidos de fecha 22 de octubre de 2003 a nombre Francisco Guillermo Flores Pérez, que en ese momento era el presidente del país.
Los querellantes señalan que en este caso hay más personas involucradas que este fiscal no ha interrogado. Los querallantes hacen referencia específica a Guillermo Ávila Qüehl, Gerardo Antonio Balzaretti Kriete y Mauricio Samayoa Rivas. El primero tenía firma autorizada para las cuentas que recibieron los fondos, el segundo es todavía el presidente del Centro de Estudios Políticos del partido y el último es el expresidente del Banco Cuscatlán, quien autorizó abrir las cuentas.
