El siete de septiembre próximo se cumplirán 65 años de la proclamación de la Constitución de 1950, documento insignia del proyecto reformista que dio inicio con el golpe de estado del 14 de diciembre de 1948. Llena de disposiciones novedosas para un país que apenas estaba despertando de la larga dictadura de Hernández Martínez y que se propuso la modernización del Estado, también fue una sorpresa para los agentes diplomáticos norteamericanos acreditados en El Salvador. Los delegados estadounidenses comunicaron sus impresiones a su gobierno por medio de una correspondencia que, progresivamente revelada en las últimas décadas, constituye una especie de “WikiLeaks” retrospectivo que, como sugiere el documento que trascribimos, arroja luces sobre el clima político y actores en esa coyuntura, particularmente en este caso respecto a la soberanía marítima.
El acceso a la correspondencia diplomática norteamericana nos ha permitido captar el alto grado de desconfianza que los agentes diplomáticos norteamericanos tuvieron respecto a los “revolucionarios del 48”. Percibidos en esos papeles como una mezcla de “izquierdistas peligrosos” o de “jóvenes irresponsables” o inmaduros (caso del presidente de la Constituyente, Reynaldo Galindo Pohl). En ellos también se encuentran datos sobre los intentos de personajes como el embajador de turno, el señor George P. Shaw, por influir en el contendido de numerosas disposiciones del “borrador” constitucional, sobre todo aquellas que podrían vulnerar los intereses de los Estados Unidos o, con frecuencia, los sectores pudientes con los que abiertamente se identificaban funcionarios como éste.
Son evidentes los esfuerzos para persuadir a distintos funcionarios salvadoreños, empezando con el entonces candidato presidencial y luego presidente Oscar Osorio, respecto a los inconvenientes, legales o de otro tipo, que podría traer la propuesta (que luego sería el artículo 7 de la constitución de 1950) relativa a la extensión del territorio nacional “hasta la distancia de doscientas millas marinas contadas desde la línea de la más baja marea” (sustancialmente lo mismo que dice nuestra constitución vigente en su artículo 84).
Hubo incluso amenazas veladas, como la posibilidad de que no se aprobaran importantes préstamos como los relacionados con los proyectos hidroeléctricos (la futura represa 5 de noviembre). Dado el contexto latinoamericano de Guerra Fría existente, esto podía implicar mucho más en términos de desestabilización política del naciente gobierno “revolucionario”. El Salvador no era el único país en que calentaban vientos reformistas con un marcado tinte nacionalista. Sin ir más lejos, en Guatemala presidía Arévalo con su “socialismo espiritual”, en Panamá el “panameñista” Arnulfo Arias, y en el sur Juan Domingo Perón, para mencionar solo algunos casos. Este clima había propiciado un movimiento de importancia mundial en relación a la reivindicación de los recursos ubicados más allá de la línea costera, que culminaría en 1982, después de numerosas conferencias internacionales, en la Convención del Mar de las Naciones Unidas que hoy en día incorpora a 167 países de todo el mundo.
Las opiniones de los funcionarios norteamericanos respecto a ese tema, aunque siempre con el matiz arrogante indicado antes, reconocían que en materia jurídica la Comisión Redactora del proyecto de constitución, nombrada por el Consejo de Gobierno Revolucionario y presidida por el eminente jurista don David Rosales, estaba perfectamente al tanto de las posiciones que habían venido manteniendo distintos países, en particular latinoamericanos, respecto al tema de la soberanía marítima. No deja de ser irónico, como también en esa correspondencia se evidencia, que las pretensiones latinoamericanas tenían su origen en disposiciones tomadas por los mismos norteamericanos en tiempo de guerra (la famosa “zona neutral” impuesta con Gran Bretaña en 1939), y se había reforzado con la Proclama del presidente Truman en 1945 respecto a los derechos a los recursos del mar adyacente a su país.
Como es del conocimiento de los especialistas, en los años subsiguientes fueron apareciendo conceptos como el de “zona exclusiva” y otros que intentan discriminar distintas circunstancias y modalidades de ejercicio soberano en tales materias. No está de más anotar que nuestro país no ha ratificado la Convención del Mar posiblemente al no haber consenso sobre una posible contradicción con las normas constitucionales vigentes.
En todo caso los documentos, incluido el que aparece a continuación, ponen en evidencia que los políticos salvadoreños evadieron hábilmente las presiones de los diplomáticos norteamericanos al punto de ponerlos ante “hechos consumados”. Las reiteradas peticiones de Shaw por una declaración oficial de rechazo a la propuesta salvadoreña nunca se materializaron, debido a “diferencia de criterios” en el mismo Departamento de Estado. En una nota que se le envía cuando ya la Constitución había sido aprobada, se le reconoce que sus intentos “confrontaron una creciente indiferencia local” y que el resultado resultaba “inevitable”.
Poco tiempo después el diplomático fue retirado de nuestro país. Como se puso en evidencia en la invasión a Guatemala en 1954, durante esos años los gobiernos norteamericanos no se preocuparían mucho por los formalismos legales cuando sus intereses fueran amenazados, real o supuestamente.
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Carta confidencial de 13 de mayo de 1950 dirigida por el señor embajador norteamericano en San Salvador, señor George Shaw al señor Edward W. Clark, funcionario encargado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Extractos.
Embajada de Estados Unidos,
San Salvador, El Salvador,
13 de mayo de 1950
Querido Ed:
Recibí su carta del 26 de abril, 1950, en la última valija diplomática e inmediatmante me di cuenta de que usted ha recibido presiones con respecto a la Asamblea [Constitucional], la Constitución, etc. porque las cosas están llegando a un punto crítico en este país.
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La opinión de las personas conservadoras, propietarias y ricas respecto a esta constitución es que temen mucho lo que podría contener la Carta Magna. Ya he hecho ver al gobierno, como se indica antes, y a Osorio y Galindo Pohl cuáles son las propuestas de la constitución que siento que son objetables. Usé como punto de partida las instrucciones que tenía de ese Departamento en el sentido de discutir el artículo 6 sobre el Zócalo Continental. Al respecto se me ha asegurado abundantemente que se tomarían en cuenta, en forma oral, pero nada por escrito. Nuestras notas no han sido contestadas, excepto para decir que se les dará consideración. Mi última conversación con Osorio fue sorprendente en el sentido de que, después de sus afirmaciones anteriores, dijo que tal vez no era mala idea reclamar soberanía sobre 200 millas, y que tal vez se podrían poner impuestos a los barcos de otros países que desearan pescar dentro de esa área. Le indiqué que sería un enorme trabajo recaudar esos impuestos y patrullar esas aguas. Él simplemente se rió y me dijo: “sí, eso es probablemente cierto, pero aún así podría no ser mala idea reclamar la soberanía de todos modos”. Durante esa conversación expresó mucha admiración por el pensamiento de Galindo Pohl y me llevé la impresión de que su propio pensamiento está considerablemente influenciado por él. Galindo Pohl es Presidente de la Asamblea Constituyente, y ha dado ya muestras de que intenta dirigirla. Yo personalmente pienso que él está muy a favor del borrador de la constitución tal como está redactado, y que deberíamos esperar que favorecerá disposiciones que son altamente nacionalistas y anti-extranjeros”.
*El Dr. Jorge Cáceres Prendes es profesor propietario en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. La fuente es: The Foreign Service of the United States of America CONFIDENTIAL No.52 American Embassy, San Salvador, El Salvador, May 13, 1950 (Código de referencia 716.03/5-1350). Editor responsable de esta entrega: Héctor Lindo-Fuentes.
