Una compleja estructura de empleados de aduanas y funcionarios corruptos que salpica incluso a la Vicepresidenta de la República fue desarticulada la semana pasada tras una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad financiada por Naciones Unidas para combatir la corrupción en ese país. Pero lo que debería significar una alegría para una nación tradicionalmente asfixiada por la impunidad se ha convertido en un terremoto político que amenaza con tumbar al partido en el Gobierno: su más probable candidato a la presidencia ha renunciado a la militancia; la Vicepresidenta, cuyo patrimonio está bajo sospecha desde hace años, queda más cuestionada que nunca; y el presidente Otto Pérez Molina, que hace un año insinuó que el trabajo de la CICIG debía concluir, parece condenado ahora a mantenerla viva en contra de sus propios intereses.
El mandato actual de la CICIG, creada en 2007 para funcionar durante plazos renovables de dos años, termina su funciones en septiembre y por ahora la decisión de extender o no su presencia en Guatemala pasa por una comisión de funcionarios que debería entregar un recomendable al Presidente este mismo mes. Desde hace semanas se daba por hecho que, cumplido el trámite del recomendable, Pérez Molina anunciaría la desaparición del organismo. Pero una cadena de investigaciones de alto impacto en los últimos meses, y especialmente la de esta semana, han reafirmado el prestigio de la CICIG y desautorizado a sus críticos. La misma vicepresidenta Roxana Baldetti, había dicho que el mandato no debía prorrogarse, pero ahora su mano derecha y secretario privado, Juan Carlos Monzón, huye de la justicia acusado de ser parte de la red de corrupción aduanera destapado por la CICIG.
Regida bajo leyes guatemaltecas y apoyada por policías y fiscales guatemaltecos, en sus ocho años de vida la CICIG ha desarticulado grupos de exterminio, ha resuelto casos de alto impacto político como el suicidio del abogado Rodrigo Rosemberg en 2009, y denunciado estructuras de corrupción enquistadas en las fuerzas de seguridad, el poder Judicial y el sistema penitenciario. En un país que según informes de WOLA es incapaz de investigar el 98% de sus homicidios, ya no se diga de sus crímenes más complejos, la CICIG ha inyectado buenas dosis de optimismo al haber logrado sentar en el banquillo de los acusados a funcionarios corruptos, militares responsables de crímenes de guerra y delincuentes millonarios cercanos al poder.
“Si la CCIG no sigue, van a seguir su fiesta los poderes fácticos de Guatemala, los que se benefician de los negocios turbios”, dice Gustavo Berganza, veterano periodista guatemalteco y probablemente una de las personas que mejor conoce los entresijos de la realidad política en Guatemala. Berganza cree que el oleaje favorece a la Comisión Internacional. En febrero, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) pasó una encuesta entre sus agremiados y el 71% dijo que estaba a favor de que la CICIG se mantuviera investigando estructuras corruptas en el país.
Pero hay voces en contra. Son quejas como que la CICIG, al estar integrada por investigadores de la comunidad internacional, resta soberanía al país. O señalamientos de que los anteriores comisionados, Francisco Dall'anesse y Carlos Castresana, cometieron errores procedimentales en casos tan graves como el de tres diputados salvadoreños asesinados en 2007, tuvieron una agenda política oculta o abusaron de su poder. “Hay un sector muy pequeño pero con mucha influencia en medios, la derecha más militarizada, que está en contra de la CICIG”, explica Enrique Naveda, coordinador del periódico digital Plaza Pública.
El argumento de la soberanía, aunque común en sectores conservadores, no tiene sustento jurídico: en 2006 fue el Estado de Guatemala el que solicitó formalmente a Naciones Unidas la creación de la CICIG después de que un intento previo de comisión internacional fuera declarado ilegal por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca. La CICIG se diseñó por tanto para no robar atribuciones a la máxima autoridad que investiga los crímenes en el país, la Fiscalía; solo así logró la aprobación del congreso guatemalteco en 2007.
Largo historial de casos
Al argumento de los deslices o excesos de anteriores titulares de la CICIG responde Helen Mack, presidenta de la fundación Myrna Mack y una reconocida defensora de Derechos Humanos guatemalteca, involucrada años atrás en la depuración de la Policía de su país: “Cada comisionado ha hecho su aporte; si no hubiese sido por el carácter y la personalidad de Castresana, la CICIG sería de media tintas. Él, en cambio, la supo posicionar”. Desde su creación la CICIG ha participado en 50 investigaciones, de las cuales 20 terminaron en condenas contra funcionarios , ministros, exdirectores de Policía, oficiales y empleados públicos corruptos.
La última fue la anunciada el miércoles 15 por el actual comisionado, el colombiano Iván Velásquez, que desnudó una estructura de funcionarios aduaneros y de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) que aceptaba sobornos a cambio de permitir contrabando hacia Guatemala. Jefes y exjefes de la SAT fueron detenidos y se libró orden de captura contra funcionarios de alto nivel como el secretario privado de la vicepresidenta. “Cuando la justicia es independiente, como en el caso de la CICIG, puede llegar a los niveles más altos”, sentencia Helen Mack.
En septiembre de 2014, por ejemplo, la Comisión logró la condena del director y el exdirector de centros penales de Guatemala tras demostrar que habían permitido que un reo, el excapitán del Estado Mayor Presidencial Byron Lima, condenado por el asesinato del obispo Juan Gerardi en 1998, montara un aparato de extorsiones y negocios ilícitos que recorría todos los recintos penitenciarios del país. Otra de las estructuras investigadas por la CICIG fue la que, comandada por el exministro de Gobernación Carlos Viellman y altos oficiales de la Policía, cometió ejecuciones extrajudiciales en las cárceles de Pavón y El Infiernito en 2005 y en 2006, por las que el entonces director de la Policía, Erwin Sperisen, fue condenado a cadena perpetua en Suiza.
“Con la CICIG, cualquier estructura de poder pierde su capacidad de influencia”, dice Juan Luis Font, director de la revista Contrapoder, cuando se le pide que interprete en interés de Pérez Molina y su vicepresidenta en no extender el plazo de la CICIG. “¿Qué presidente va a querer en su país una institución de esa envergadura con poder para investigar lo que ella decida? Ninguno”, agrega.
En El Salvador, la posible creación de una comisión similar se esbozó pero nunca prosperó. La idea surgió en 2011, cuando el primer gobierno del FMLN llegaba a su segundo aniversario, pero después de prometedores avances y diálogos diplomáticos se truncó por el silencio político del presidente Mauricio Funes .
En Guatemala, la oposición a la CICIG ha sido de todo menos silenciosa. En 2013 los viejos poderes políticos y económicos del país demostraron lo bien aceitada que tienen la maquinaria de influencia durante el juicio por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt, acusado del asesinato de miles de indígenas ixiles en los años 80, y cuya condena en juicio significó una derrota para la clase militar aun empoderada en Guatemala y para los empresarios que la apoyaron durante la guerra civil. La CICIG se convirtió en blanco de sus iras por apoyar públicamente el proceso y los abogados de Ríos Montt lograron que la sentencia se anulara solo diez días después de haber sido emitida. La mujer que llevó al banquillo de los acusados a Ríos Montt, la Fiscal General Claudia Paz y Paz, fue forzada a abandonar su cargo después de un año entero de pulso jurídico y político entre organizaciones civiles de defensa de los Derechos Humanos y la élite económica y partidista del país.
“A las pruebas me remito”, responde Helen Mack cuando se le pregunta si tienen razón los que dicen que el sistema judicial guatemalteco puede prescindir de la CICIG porque ya camina solo. Además de la salida temprana de la fiscal Paz y Paz, Mack recuerda que la forma en el que se eligió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones en 2014 violó todo el proceso de entrevistas y debate que establece la ley, y más bien respondió a un pacto de protección mutua entre el gobierno entrante y saliente en el que participó Otto Pérez Molina. Una jueza, Claudia Escobar, denunció este proceso irregular y tuvo que salir del país al tiempo que aquellos colegas que la respaldaron fueron trasladados a otros cargos.
Todos contra el presidente
Aparte de las de índole política, diversos periodistas guatemaltecos aseguran que Otto Pérez Molina tiene también razones personales para oponerse a la CICIG. Varias investigaciones periodísticas han revelado que familiares y personas cercanas al Presidente se han beneficiado de contratos del sector público, sin que hasta la fecha se hayan deducido responsabilidades. “No hay diferencia entre estos casos de probable enriquecimiento del Presidente y otras estructuras criminales investigadas por la CICIG”, opina Enrique Naveda. En uno de los audios mostrados por la CICIG para documentar su investigación de la SAT se escuchan dos alusiones al “presidente”, otra a “la señora”, y otra a “la R”. “Todo apunta a que se refieren al presidente (Pérez Molina) y a Roxana Baldetti como miembros de esta red”, afirma Naveda. “Otra cosa es que sea difícil mostrarlo a nivel judicial”.
Tanto Pérez Molina como Baldetti se encuentran cercados por una creciente ola de apoyo a la CICIG. El caso de la SAT solo vino a exacerbar la idea ya muy extendida de que la pareja presidencial se opone a la Comisión Internacional porque quiere mantener bajo la alfombra sus arbitrariedades y abusos de poder. “Todos sabemos que trabajan en mancuerna”, apunta Gustavo Berganza. “Si cae Monzón (el secretario privado de la vicepresidenta) cae Baldetti, y si Baldetti cae, cae Otto Pérez. La vicepresidenta no haría nada sin el apoyo de Otto Pérez Molina; ella sufre el desgaste político pero se benefician los dos”, coincide Helen Mack.
Incluso una parte importante de los empresarios guatemaltecos, tradicionales aliados de Pérez Molina, han comenzado a virar en una dirección contraria a la suya. La Cámara de Comercio y la Cámara de Turismo ya han pedido públicamente, a través de sendos comunicados, un mandato más de la CICIG. “Ha habido un desplazamiento de actores claves a favor de la CICIG, y la verdad es que no hay que hacer un análisis muy amplio. Hay que ver a los más importantes, a los que tienen más peso”, dice Enrique Naveda.
Periodistas y medios de comunicación han conformado un bloque de apoyo a la refrenda de las labores de la CICIG en Guatemala. También se han pronunciado a favor funcionarios del sistema de justicia, como la propia Fiscal General Thelma Aldana, nombrada por Pérez Molina hace solo un año.
Quizá el actor de más peso que aun no se ha pronunciado es la cúpula del sector empresarial organizado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), símbolo del poder económico tradicional en Guatemala. Este poderoso ente se ha limitado a felicitar a la CICIG por la investigación de la SAT, sin pronunciarse a favor o en contra de su estadía en el país, aunque eso ya representa un cambio en su discurso tradicional.
En el plano internacional, Estados Unidos no solo se ha pronunciado a favor de la permanencia de la CICIG sino que está presionando de forma pública al gobierno guatemalteco. El vicepresidente Joe Biden lo dijo expresamente en una visita al país centroamericano hace poco más de un mes para hablar de la Alianza por la Prosperidad, un multimillonario paquete de ayudas para el triángulo Norte de Centroamérica: “La CICIG debe ser extendida, y obviamente es una decisión soberana que ustedes deben tomar”. No hay margen para dobles lecturas. Estados Unidos promete dinero pero pide algo a cambio. La comisión de Asuntos Exteriores del Congreso estadounidense, que debe aprobar esos fondos, también se ha pronunciado a favor de la CICIG.
Si Pérez Molina dice no a la CICIG, lo único que recibirá a cambio son altos costos políticos. “La tiene difícil. ¿Cómo va a decirle no a Estados Unidos cuando ha ofrecido todo ese montón de plata?”, se pregunta Berganza.
¿Qué tanta presión soportará el presidente antes de decidir qué hacer con la CICIG? “Eso es incierto”, explica Juan Luis Font, periodista independiente con fuerte influencia en los sectores tradicionales del país. “Es un momento de profunda debilidad para el Gobierno, y se viene un período de presiones duras para el presidente Pérez Molina porque Estados Unidos puede presionar con sanciones económicas particulares a funcionarios o el retiro de visas estadounidenses”, dice.
La cuenta atrás
Hace dos o tres meses se contemplaban distintos escenarios de futuro posibles para la CICIG. Se hablaba incluso de que la Comisión recibiera una prórroga de dos años a cambio de recortar sus funciones, o asumiendo la misión expresa de ya no investigar casos, sino solo transferir capacidades y experiencia a las autoridades judiciales guatemaltecas. Pero ahora, explica Naveda, “los escenarios solo son dos: sí a la CICIG, o no”.
La Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, que es la encargada de estudiar el desempeño de la CICIG en sus ocho años de vida y hacer la recomendación al Presidente sobre su continuidad o no, está integrada por los titulares de diversas instancias, entre ellas la Fiscalía General, que apoya la prórroga, y el Ministerio de Gobernación, cuyo titular, Mauricio López Bonilla, anticipó hace un año a El Faro su postura: “En Guatemala nos encanta que vengan consultores internacionales a los que les entregamos el reloj para que ellos nos den la hora. Creo que el papel de CICIG en el país ya se ha cumplido”, dijo el ministro en una entrevista grabada. “Si no, así como puedo decir que siga otros dos años, después estaremos con otros dos, y deberíamos de caminar ya solos. Guatemala ya tiene suficientes cuadros propios para hacer toda una transformación, y también hay suficiente auditoria social para evaluarla”.
Los otros funcionarios involucrados en hacer una recomendación son el titular del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Josué Felipe Baquiax Baquiax; y el director de la Defensa Pública Penal, Remberto Leonel Ruiz Barrientos.
Mientras ellos deliberan, hay quienes aseguran que la CICIG ha sellado en cualquier caso el fin del gobernante Partido Patriota (PP). A solo ocho meses de las elecciones presidenciales, previstas para el seis de septiembre, el partido de Perez Molina está en aprietos: el domingo su precandidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, que era con el presidente y Baldetti uno de los tres personajes más importantes en el Patriota, renunció públicamente al PP en pleno escándalo por la corrupción en el SAT y acusó a la debilitada vicepresidenta de haber saboteado su campaña. “El Partido Patriota se queda débil, y quedará sepultado esta semana que viene o si no la próxima”, se aventura Juan Luis Font.
“La única tarea pendiente de Pérez Molina y Baldetti en los ocho meses de mandato que les quedan es evitar que los descubran in fraganti para meterlos directito a la cárcel. Adiós a uno de los peores proyectos políticos de la democracia”, afirmar el director del periódico digital Nomada, Martín Rodríguez, periodista especializado desde hace años en la política y las relaciones de poder del país.
Pero, con o sin Pérez Molina y Partido Patriota, ¿qué pasa si la CICIG se va de Guatemala?
La respuestas la tienen clara los analistas. Berganza lo ve desde la perspectiva internacional: “El problema es cómo quedaría el país ante la comunidad internacional. Guatemala volvería a asumir una imagen de paria como en los 70 y los 80”, dice. Pero el impacto mayor sería para el sistema judicial: “Los casos en los que se procesa a personas con alta influencia política desaparecerían”, dice Juan Luis Font. “Se enseñorarían y cobrarían mayor fuerza y poder esas cortes profundamente vinculadas con lo político, y mi previsión es que se produciría un deterioro del Sistema de Justicia en términos generales”.
